La batalla legal en que están enfrascadas Codelco y Anglo American, desde que el 9 de noviembre la empresa basada en Londres informó la venta del 24,5% de sus acciones en Anglo Sur (ex Disputada) a Mitsubishi -truncando así la intención de la estatal chilena de ejercer su derecho de compra del 49% de la compañía en enero del 2012- es sólo el último capítulo de una larga historia de encuentros y desencuentros entre ambas empresas.
Si bien esta historia comenzó a tejerse en el 2002, hay antecedentes que se remontan a enero de 1978, cuando Enami selló la venta a Exxon del total de las acciones que tenía en la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A., correspondientes al 86,58% de la empresa. Como se trataba de un contrato de privatización de una empresa estatal, el documento de compraventa firmado por ambas compañías estableció varias cláusulas.
Entre otras, el documento estipuló que la compañía norteamericana debía otorgar a Enami, u otra entidad que pertenezca en su totalidad al Estado de Chile, el derecho a comprar acciones de Disputada hasta por un número máximo del 49% de la totalidad de ellas, al momento de realizar la transacción.
Las versiones esgrimidas para acordar esta cláusula difieren. Hay quienes señalan que al tratarse de la primera privatización de un activo minero, el gobierno de la época tuvo la sabiduría de resguardar su opción de recomprar un bien estratégico para el país, como son sus recursos naturales. Hay otros que aducen que la disposición fue la moneda de cambio que exigió la Junta Militar para aprobar la venta, pues a los militares nunca les gustó la idea de privatizar la minería nacional.
Una tercera versión apunta a una exigencia realizada por la propia Exxon: "La venta se realizó en 1978, pocos años después de la nacionalización de la minería chilena, un proceso muy traumático para los inversionistas extranjeros en general. Cuando Exxon decidió comprar, quiso que el Estado chileno le diera ciertas garantías de que no iban a expropiarle posteriormente. Como las autoridades no podían comprometerse a priori a eso, la norteamericana pidió que el Estado accediera por escrito a que en el futuro sólo podría aspirar al 49% de la compañía y a un precio convenido legalmente", recuerda un abogado que conoció las negociaciones de la época.
El negocio que no pudo cerrar Codelco
Exxon pagó a Enami cerca de US$ 90 millones por la Disputada y mientras estuvo a su cabeza jamás pagó impuesto a la renta por sus operaciones. La norteamericana se defendía diciendo que la empresa tenía pérdidas acumuladas desde que asumió su control por inversiones estimadas en US$ 1.800 millones. Este difícil escenario, junto a su decisión de salir de todos sus negocios mineros en el mundo en 2002, se tradujo en que ese año comenzara un proceso de licitación privada de la Disputada, en el que participaron varias mineras, incluida Codelco.
Codelco ofertó US$ 940 millones y Exxon contraofertó por US$ 1.200 millones. Juan Villarzú convenció a Nicolás Eyzaguirre para aumentar el monto inicial. A fines de septiembre del 2002, el negocio se cerró de palabra. Los problemas comenzaron días después: Anglo American había negociado directamente con la matriz de Exxon.
Según un alto ejecutivo de la minera estatal de la época, decidieron participar en la licitación luego de un largo análisis que concluyó que el negocio, pese a las pérdidas exhibidas hasta entonces, era rentable: podían conseguir importantes sinergias entre el yacimiento Los Bronces -propiedad de Disputada- y Andina -bajo su control-, pues comparten la misma veta.
Las conversaciones entre ambas compañías, según el mismo personero, avanzaron por buen carril, tanto que Exxon resolvió hacer una negociación "uno a uno" con Codelco. La estatal ofertó US$ 940 millones y la norteamericana contraofertó por US$ 1.200 millones. Fue ahí cuando Juan Villarzú, presidente de la empresa chilena en esa época, se reunió con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para que éste autorizara aumentar los dineros para efectuar la compra. No fue fácil convencerlo, pero Eyzaguirre accedió a aumentar la oferta original.
A fines de septiembre del 2002, según ratifica la misma persona, el negocio se cerró de palabra entre los máximos ejecutivos de Codelco y Exxon, sin embargo, no se anunció públicamente. Pero los problemas comenzaron pocos días después: Juan Villarzú recibió un llamado de Joe McMillan, uno de los máximos representantes de Exxon, para decirle que Anglo American había negociado directamente con la matriz estadounidense de la compañía, ofreciendo US$ 1.300 millones por sus activos en el país. Villarzú comunicó el hecho a Eyzaguirre, quien decidió mantener firme la oferta nacional en US$ 1.200 millones.
Luego de este traspié, Codelco simplemente informó que salía del proceso sin dar mayores explicaciones. Pero cercanos a Villarzú aseguran que el ejecutivo interpretó la movida de Anglo American como una actitud agresiva y poco transparente, ya que entró a un negocio por la puerta de atrás.
Personeros ligados a la compañía de capitales sudafricanos e ingleses desdramatizan esta versión. "La idea original de Anglo American no era comprar directamente la Disputada, sino que sus socias en el exterior. Por otro lado, el proceso fue bastante abierto en Chile y contrataron abogados nacionales (el estudio Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz) en febrero del 2002, nueve mese antes de sellar completamente el negocio".
La historia oculta de la Disputada
La demanda contra Exxon
En noviembre del 2002, y con Anglo American como único controlador de la Disputada, comenzó una nueva etapa en las tratativas de esa compañía con las empresas estatales chilenas. Y el tema no era menor. Durante el proceso de due diligence entre la anglo sudafricana y Exxon pocos meses antes, Anglo American se percató del derecho de compra que el contrato de 1978 daba a Enami para adquirir hasta el 49% de la empresa. Pero cuando le preguntaron por este tema a los norteamericanos, ellos contestaron que esa opción ya no existía para la estatal.
"Entregaron varios argumentos legales para sustentar el tema, pero el básico era que Enami, según el contrato, tenía la opción de comprar acciones de la empresa, pero que ellos -Exxon- habían transformado a la Disputada de una sociedad anónima a una sociedad de responsabilidad limitada y, por lo tanto, ya no había acciones para adquirir", explica un profesional involucrado en el proceso.
Es más, en Exxon pusieron por escrito estos argumentos y durante el 2002 mandaron el documento a los ejecutivos de Enami, quienes poco antes habían enviado un recordatorio de su derecho a los representantes de Exxon. La respuesta cayó pésimo y rápidamente se encendieron las alarmas en el Estado chileno. Lo que siguió fue una demanda de Enami en contra de Exxon por desconocer su opción de compra en el juicio rol 2595-2002 del Tercer Juzgado Civil de Santiago y detener la operación de venta en favor de Anglo American. Con todo, la demanda nunca fue notificada y por ello todos los involucrados la interpretaron como un instrumento de presión.
Cercanos a Anglo American explican que ante la gravedad de la situación, la empresa decidió tomar cartas en el asunto. Los más altos ejecutivos de la compañía se comunicaron con sus pares de Enami para confirmarles que ellos les reconocían su derecho de compra y que lo que seguía era sentarse a negociar un documento aclaratorio del contrato original estipulado en 1978.
Así lo hicieron y el 13 de noviembre de ese año firmaron un nuevo acuerdo. A grandes líneas, el convenio ratificó el derecho de compra de Enami -u otra empresa del Estado chileno que ellos determinaran- de hasta el 49% de las acciones de la Disputada. También estableció las fórmulas para calcular el precio de las acciones y que Anglo American debía entregar cierta información de la compañía en un periodo acotado de tiempo para que la estatal pudiera hacer su oferta. Asimismo, se estipularon las fechas en que se podía ejercer el derecho de compra: cada tres años, dentro de los 30 días siguientes al 1 de enero, comenzando en 2003 y finalizando en 2027.
El acuerdo en cuestión permitió que saliera humo blanco entre ambas empresas. Sin embargo la operación entre Exxon y Anglo American tuvo efectos políticos importantes en el país: Exxon no sólo desconoció en primera instancia el derecho de Enami, sino que además vendió fuera del país y así evitó pagar todos los impuestos por los gananciales. Como consecuencia de esto un año después se aprobó la Ley del Royalty minero.
El tira y afloja entre Enami y Codelco duró cerca de dos meses. Finalmente, a mediados de diciembre del 2008 se acordó, con la venia del gobierno de Michelle Bachelet, que Codelco comprara a Enami su derecho en los mismos US$ 175 millones que le había ofrecido Anglo American.
¿De quién es el negocio?
Las aguas se mantuvieron calmas por un par de años. Incluso, a mediados del 2005 cuando se analizó la posibilidad de ejercer la opción de compra en enero del año siguiente, la decisión de los ejecutivos de Codelco y Enami de la época fue no hacer nada: se avecindaba un cambio de gobierno y no era prudente dejar amarrado un proceso que quizás las autoridades venideras preferirían desestimar.
El panorama cambió radicalmente en 2008. A comienzos de ese año, Enami contrató los servicios del banco de inversiones JP Morgan para que los asesorara sobre cuál era el mejor camino para maximizar su opción de compra en enero del año siguiente. De la misma forma, y en privado, los ejecutivos de la estatal le informaron de su interés a sus pares de Anglo American. Enami pasaba por un duro momento económico y sus autoridades estaban decididas a jugar sus mejores cartas para sanear las alicaídas arcas financieras de la empresa.
Paralelamente, ese año Codelco, liderada por José Pablo Arellano, comenzó a estudiar los yacimientos en propiedad de la Disputada. Crearon un departamento especial de trabajo investigativo con abogados (Carey y Cía.) y con expertos en finanzas y en minería para abordar el proyecto. Como habían participado en la licitación del 2002 conocían su real valor y todavía se mantenían intactas las pretensiones de unir el yacimiento Los Bronces con Andina.
Por eso durante el primer semestre del 2008, Arellano se juntó con Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de Enami, para decirles que como empresa tenían mayores espaldas financieras para comprar el 49% de la Disputada y que por lo tanto parecía oportuno que les traspasaran su opción de compra. Sólo en esa reunión las autoridades de Codelco se enteraron de que las conversaciones entre Enami y Anglo American estaban bastante avanzadas y que, incluso, la inglesa había hecho una oferta a Enami para que desistiera de su compra: US$ 175 millones.
El tira y afloja entre Enami y Codelco duró cerca de dos meses. Finalmente a mediados de diciembre del 2008 se acordó, con la venia del gobierno de Michelle Bachelet y especialmente del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco -quien visó los montos-, que Codelco comprara a Enami su derecho en los mismos US$ 175 millones que le había ofrecido Anglo American.
Una vez firmado el deal, la empresa liderada por Arellano se apuró para concretar la oferta, pero los mercados internacionales dictaron otro camino: el último trimestre de ese año estalló la crisis económica y todo se vino abajo. Las líneas de financiamiento se cerraron y los grupos económicos (mineras y bancos de inversión estadounidenses) con los que habían conversado se desistieron de invertir en el tema.
En Anglo American observaron este proceso con escepticismo. Sabían que Enami sería incapaz de ejercer su derecho y respiraron tranquilos, una vez que Codelco tampoco pudo concretar la opción. Y así, el 31 de enero del 2009, guardaron en carpetas las seis alternativas que habían barajado para bloquear las pretensiones de las estatales chilenas por convertirse en sus socios ese año.
