El 13 de enero pasado, y mientras se desarrollaba una reunión interna en la oficina del presidente de la Asociación de Productores Avícolas (APA), Juan Miguel Ovalle, un grupo del OS9 de Carabineros allanó la institución sorpresivamente. La operación terminó con la incautación de un computador y voluminosa documentación de la entidad.
La diligencia -inédita para un gremio empresarial- fue ordenada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y estuvo seguida de acciones similares en los cuarteles generales de las tres principales empresas de aves del país. Así, el brazo de la autoridad antimonopolio dejó clara su voluntad de llegar al fondo de su nuevo objetivo: demostrar la existencia de colusión que habría operado por más de una década, a través del manejo ilegal de la producción y de cuotas de ese mercado.
El golpe de la entidad que encabeza Felipe Irarrázabal marcó la cuenta regresiva para la "bomba" que lanzó hace justo una semana contra las empresas Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la APA, al pedir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las multe por un total de US$ 110 millones por "ejecutar un acuerdo entre competidores", dando fin a la investigación que inició en septiembre del 2010.
La estocada, sin embargo, no pilló a las empresas que controlan las familias Vial, Ariztía y Covarrubias -que suman un 92% del negocio local- desprevenidas: los allanamientos del verano pasado habían encendido la alerta, y una vez conocido el requerimiento sólo tuvieron que dar el vamos a su estrategia de defensa.
Desde marzo, en Agrosuper se abocaron de lleno en el diseño de un plan de acción. Para ello, contactaron al abogado Luis Eduardo Toro, del estudio Barros y Errázuriz, quien dirigió al grupo legal que tomó el caso y a un selecto team de asesores económicos que comenzaron a elaborar estudios en torno al tema. A ese trabajo se sumó también el apoyo comunicacional de Extend, propiedad de las hermanas Pilar y Marilú Velasco, de quienes son clientes hace ya varios años.
Del mismo modo, Ariztía encargó su defensa al abogado Álvaro Ortúzar, de Ortúzar, Aguila y Concha. Además, contrató los servicios de la firma Azerta, ligada a Cristina Bitar y Gonzalo Cordero, para que manejaran todo el tema comunicacional.
Aunque algo más tarde, en Don Pollo también decidieron tomar cartas en el asunto, y Ramón Covarrubias entregó recientemente esta misión al estudio Barros Letelier & Cía. La tarea la asumió directamente su socio principal, Enrique Barros, quien personalmente ha dirigido el equipo de libre competencia a cargo de estas materias. A su vez, APA está representada por Felipe Vial, del estudio Vial y Cía.
El panorama para el llamado "cartel de los pollos" es complicado: su situación ha sido comparada con el polémico caso de las farmacias. Pese a las sostenidas críticas, en público los requeridos han mantenido el hermetismo. Sin embargo, en privado se confiesan golpeados.
Mientras los denunciados preparan su respuesta ante el TDLC dentro del plazo de 15 días hábiles, las "esquirlas" de este caso impactan en varios frentes: el fiscal nacional, Sabas Chahuán, abrió este martes la arista penal al declarar que evalúa investigar de oficio. Asimismo, el ministro de Economía, Pablo Longueira, anunció que puso a la APA bajo la lupa, y que la entidad arriesga, incluso, la pérdida de su personalidad jurídica.
Hermetismo en la industria
El panorama para el llamado "cartel de los pollos" es complicado: su situación ha sido comparada con el polémico caso de las farmacias. Con todo, y pese a las sostenidas críticas, en público los requeridos han mantenido el hermetismo y la contención. En privado, sin embargo, sus cercanos aseguran que se confiesan golpeados con la "virulencia del requerimiento, que presume las peores conductas y establece las máximas multas".
La política detrás de este cuidado bajo perfil es "mostrar con nuestra relativa tranquilidad la confianza que tenemos de que el TDLC rechazará el requerimiento, en la convicción de que nunca se ha incurrido en las conductas de las cuales se nos acusa", explica un ejecutivo.
Así, sólo José Guzmán, gerente general de Agrosuper, ha salido a dar la cara frente al mercado y los medios. De hecho, el lunes reiteró frente a un grupo de inversionistas en el road show por un bono por hasta US$ 225 millones que colocará la próxima semana, que las denuncias de la FNE carecen de veracidad. Su idea era dar una clara señal de que la compañía de propiedad de Gonzalo Vial mantiene a firme su estrategia de negocio.
Pero más allá del silencio público, estos días han sido frenéticos en el frente interno. En Agrosuper, un comunicado interno alineó al personal en el rechazo de plano a la denuncia apenas ésta se hizo pública. "La gente se declara tranquila, aunque no dejan de manifestar su pena por el hecho de que los juzguen públicamente", indica una fuente cercana a esa compañía.
Una medida similar aplicaron en Empresas Ariztía el mismo día que se conoció la denuncia, seguida de intensas reuniones entre las cabezas de esta firma con sede en Melipilla.
Las claves de la defensa
En esta fase de preparación de la réplica ante el TDLC, un factor clave es no dar pie a ninguna impresión de actuación coordinada: "No nos hemos contactado con los otros productores, ni ahora ni antes", asevera un ejecutivo de Agrosuper.
Pese a esto, los argumentos que cada una de las empresas y sus asesores preparan para salir al paso de las acusaciones hechas por la FNE tienen gran similitud. La tesis más esgrimida es la que pone en tela de juicio el mercado relevante que consideró la fiscalía. "La FNE simplificó: dice que las cuotas de participación no han variado -en torno a 61% para Agrosuper, 31% para Ariztía y 8% para Don Pollo-, pero ¿dónde está el 16% de las importaciones, en el que operan competidores con una escala mucho mayor de Brasil y Estados Unidos", reclama un profesional ligado a la industria.
La defensa de los pollos
También centran la artillería en la acusación de que por años la coordinación de las tres empresas desde la APA controló la cantidad producida y por esa vía las condiciones del mercado. "Si la FNE no habla de precios es porque no tiene cómo demostrar este efecto. Nuestro análisis de las series de precios en 10 años demuestra que están absolutamente correlacionadas con la tendencia del maíz, que ha subido tres veces en cinco años. Pero al respecto no dice nada, pese a que la alimentación representa un 70% del costo final", indica un experto.
Y mientras la FNE afirma que las empresas "respetaron las cuotas de mercado acordadas, logrando mantener la estabilidad del cartel desde 2006", en el entorno de las avícolas sostienen que las cifras reales no permiten demostrar esta relación. "Se le ha dado a este predictor de cómo viene el mercado un efecto y sentido de la urgencia que no tiene", destacan. Un profesional cercano a la industria asegura que lo anterior queda demostrado en el caso de Agrosuper, cuyas producciones efectivas "tuvieron desviaciones estándar sustanciales en niveles de 15% a 16% anual promedio en los últimos años", respecto de la estimación del gremio.
Estos mismos argumentos son los que piensan enarbolar si prospera la embestida de Chahuán de perseguir por oficio a los involucrados en esta supuesta colusión. De hecho, los equipos legales de las firmas cuestionadas ya están viendo las fórmulas para poner en entredicho la solidez legal de esta arremetida. "Se basa sobre un antiguo articulado sobre manipulación de precios, pero el propio requerimiento de la FNE habla de cuotas y volúmenes de producción", puntualiza una fuente legal.
¿Un cartel como la Opep?
"Matar pollitos", "eliminar descuentos", "congelar más". Con estas frases destacadas del intercambio de correos entre las empresas y la APA, la FNE describe el mecanismo a partir del cual operaba el cartel que denunció ante el TDLC y que realizaba acciones como aumentar el stock de congelados o intensificar las exportaciones.
Quienes cuestionan el manejo de los actores dominantes del sector avícola comparan su estrategia con la de la OPEP, en el cual los países miembros toman decisiones respecto del mercado por la vía de acuerdos de producción que determinan finalmente el precio del crudo.
Quienes cuestionan el manejo de los actores dominantes del sector avícola comparan su estrategia con la de la OPEP, en el cual los países miembros toman decisiones respecto del mercado por la vía de acuerdos de producción que determinan finalmente el precio del crudo. "Eso es posible porque en la OPEP están todos los actores, lo que no pasa en el sector avícola chileno", contraataca el gerente de una de las compañías.
Puestos en el ojo del huracán, en el entorno del gremio avícola reiteran que "no han participado -ni está dentro de su rol- en las actividades para coordinar de ninguna forma acuerdos de cuotas de producción que señala el requerimiento de la FNE". Agregan que Chile es un mercado abierto, en el cual el comercio internacional de la industria avícola representa el 41% del consumo, con importaciones que superan el 15% y que tienen un crecimiento continuo sin limitaciones para la importación de pollos frescos refrigerados.
La arista política
Con cuatro intervenciones públicas en este caso desde que se hizo público el requerimiento ante el tribunal, el ministro Longueira asumió un rol protagónico en la ofensiva contra las empresas requeridas y sobre todo en contra de la APA. Junto con advertir que la FNE tiene más antecedentes en sus manos -algo que todavía se desconoce-, afirmó que si la investigación iniciada por su cartera demuestra que la entidad gremial vulneró sus estatutos "le vamos a caducar su personalidad jurídica".
Un antecedente que los denunciados en este caso no pasan por alto. "Esta performance a nivel de gobierno ha causado mucha irritación, ya que no da garantías de un debido proceso y pone en un escenario complicado a quienes tienen que resolver", señala un abogado ligado a este caso.
La iniciativa del timonel de Economía se coronó el miércoles con la conformación de una Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia, que preside el economista Francisco Rosende, y que coordinará el subsecretario de Economía, Tomás Flores, junto a otros 11 integrantes.
