Con la mayor de las discreciones, Paula Mazzachiodi Armijo, ex gerente comercial de Farmacias Ahumada, llegó el miércoles 25 de enero al Centro de Justicia de Santiago. Cruzó en silencio la plaza central del complejo, ingresó al edificio de la Fiscalía y tomó el ascensor hasta el octavo piso, donde la esperaba Luis Inostroza, el fiscal a cargo del caso de colusión entre las farmacias.
Unos anteojos oscuros de sol ocultaban el rostro más emblemático de este proceso, el cual, paradójicamente, es la cara menos fotografiada de esta trifulca: fue ella quien, tres años atrás, relató cómo se llevaba a cabo la coordinación con las otras dos cadenas. Gracias a su testimonio y las pruebas que aportó, el ilícito salió a la luz en marzo de 2009.
Tres años de juicios y alegatos componen esta batalla, cuyo clímax se vivió el martes pasado: el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a Cruz Verde y Salcobrand al pago de US$ 38 millones porsubir, coordinadamente, el precio de 206 medicamentos. Farmacias Ahumada, también parte del trato colusorio, fue marginada debido al acuerdo conciliatorio logrado en 2009 con la Fiscalía Nacional Económica.
Con el contundente fallo, la arista penal -que podría llevar a 17 ejecutivos de farmacias y laboratorios a la cárcel- recién comienza a escribirse, y en ella la ex ejecutiva de Fasa tiene reservado un papel protagónico.
Pero la presencia de Mazzachiodi causó incomodidad entre el resto de los imputados apenas supieron del encuentro. De inmediato trascendió que la ingeniera comercial negociaba una salida alternativa al juicio, el cual comenzará durante el primer semestre de este año. Una vía que la libere de la cárcel, a cambio de transformarse en uno de los pilares para sustentar la colusión y que podría llevar a otros "cerebros" del acuerdo de precios a prisión.
Desde ese momento se desató el fuego cruzado. Salcobrand, empresa que tiene a cinco ejecutivos en la lista de imputados y que es defendida por el estudio Puga Ortiz, cuestionó la idoneidad de su testimonio. Ello, dado su historial de contradicciones: en la declaración de 2009 ante Nicole Nehme, entonces representante de Fasa, -y certificada ante la FNE- aseguró la existencia de un acuerdo con las otras farmacias. Con el correr de los meses, sin embargo, explicó que su testimonio fue producto de presiones por parte de su ex empleador. "Hay contradicciones a lo largo de su relato", aseguran en Salcobrand.
Cruz Verde -con dos ejecutivos imputados- también ha manifestado su molestia al fiscal por este eventual "perdonazo".
La reciente batahola por la presencia de la ex ejecutiva en el Centro de Justicia, en todo caso, sólo vino a intensificar lo que ha sido la tónica de esta causa penal: desde 2010 los formalizados se lanzan misiles unos contra otros con un solo fin: desacreditar los testimonios de la contraparte, para librarse de la prisión. Así, el mayor caso de delitos contra la competencia en la historia de Chile ha quedado reducido a un rally de alegatos, donde cada cual intenta demostrar su inocencia apuntando al otro; algo que muchos han bautizado como "el sálvese quien pueda".
Desde 2010 los imputados se lanzan misiles unos contra otros con un solo fin: desacreditar los testimonios de la contraparte para librarse de la prisión. Así, el mayor caso de delitos contra la competencia en la historia de Chile ha quedado reducido a un rally de alegatos, donde cada cual intenta demostrar su inocencia apuntando al otro; algo que muchos han bautizado como "el sálvese quien pueda".
Las cartas bajo la manga
A un mes de que el fiscal ponga fin al período de investigación, las defensas de Cruz Verde, Salcobrand, Laboratorio Chile, Medipharm, Grünenthal, Recalcine y Farmacias Ahumada -entidades a las cuales están ligados los imputados- alistan la artillería final. Lo mismo Inostroza, que ya ha solicitado una serie de diligencias de última hora.
Dos de ellas fueron los informes solicitados al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y al Servicio Nacional del Consumidor. Al primero, le pidieron un análisis que compare el impacto del alza de precios entre noviembre de 2007 y abril de 2008, en el IPC, para dimensionar el daño de la colusión; y al segundo, un estudio sobre el alza de medicamentos en el mismo período. El INE ya entregó su documento: desde la Fiscalía aseguran que las alzas impactaron en la inflación de ese periodo.
El Sernac, en tanto, no realizó el peritaje, argumentando que no tienen competencia para ello.
Estos últimos avances no son los únicos trámites que ha movido la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte. La reunión con Mazzachiodi el miércoles 25 fue altamente estratégica. El fiscal debía asegurar que la ex ejecutiva de Fasa mantuviera su primera versión: que había colusión. Para despejar todas las dudas, Inostroza ya tiene agendado para los próximos días un nuevo encuentro con ella. "Si va a ser su testigo estrella no puede llegar con un testimonio débil", comenta un abogado. Mientras tanto, el fiscal ordena su estrategia, la cual se apoya en decenas de correos electrónicos, peritajes independientes de precios, y monitoreo de los medicamentos entre noviembre de 2007 y abril de 2008, los meses de la discordia. Todas estas pruebas llevarían al fiscal a "demostrar" la coordinación de los ejecutivos.
Paralelamente, varios abogados querellantes respaldan la tesis de la Fiscalía. Para engrosar el expediente solicitaron hace un mes actas de directorio de las tres cadenas para buscar responsabilidades aguas arriba: hasta la fecha sólo el gerente general de Salcobrand, Roberto Belloni, y Sergio Purcell, ex gerente general de Fasa, han sido involucrados en el proceso. Dichas pesquisas se han mantenido en total reserva.
Al otro lado de la vereda, las defensas también preparan el contraataque. Cruz Verde -representada por Juan Domingo Acosta y asesorada además por el estudio Insunza Abogados- entregaría un nuevo cronograma de precios -distinto al elaborado por la FNE-, el cual intenta convertirse en prueba de que ellos sólo siguieron precios al monitorear los locales de la competencia. Sin colusión de por medio.
Los dardos de Salcobrand apuntan, por su parte, a citar nuevamente a varios ex ejecutivos de la farmacéutica, testigos que reafirman la tesis de inocencia. Más allá de eso, su apuesta es ir a un juicio oral, pues varios de los imputados -como Roberto Belloni- continúan trabajando en la firma. Ello explica por qué Salcobrand rechaza cualquier proceso abreviado.
Todos contra todos
Buscando una salida
Tres son, hasta el momento, las personas a quienes la Fiscalía podría ofrecer una salida alternativa al juicio. A cambio, deberán aportar las pruebas que conduzcan a demostrar la colusión y la participación de algunos de los 17 formalizados en el caso. Además de Mazzachiodi, Alejandra Araya y Lisette Carrasco, ambas ex category managers de Fasa, son las más cercanas a obtener este beneficio. Ello explica por qué ambas han visitado el Centro de Justicia con tanta frecuencia. Las tres ejecutivas tienen una "pata coja": han ido matizando sus testimonios a lo largo del tiempo, y el resto lo sabe.
Al igual que Mazzachiodi, Araya también se retractó de sus dichos en más de una oportunidad. "Firmé un papel estúpidamente y siento rabia contra la cadena (Fasa). Fue una reunión informal para preguntarme cosas muy generales respecto de mi gestión, y la señora Nehme me especificó que era sólo para saber quién era yo y qué hacía en ese minuto", dijo Araya en una de las últimas audiencias en el TDLC.
Declaraciones como ésta utilizarán Cruz Verde y Salcobrand para botar no sólo la tesis de la colusión, sino para aniquilar a las testigos cruciales del caso que construye Inostroza. Pero no sólo sus dichos las ponen en aprietos. Las indemnizaciones que recibieron tras salir de Farmacias Ahumada, y los cuestionamientos de Cruz Verde y Salcobrand al respecto, ya llegaron a oídos del fiscal. Por lo mismo, la próxima semana Mazzachiodi deberá llevar todas las boletas por las asesorías que realizó luego de su salida de Fasa, las cuales sumarían $ 100 millones, y también deberá exhibir los comprobantes del finiquito, por otros $ 80 millones, sólo meses después de haber estallado el escándalo. Inostroza espera que logre acreditar por qué recibió -y qué cantidad- dineros de su ex compañía, para ver si continúa negociando una salida alternativa. Lo mismo correrá para Carrasco y Araya.
El hermetismo de los laboratorios
Pese a que la FNE jamás incluyó a los laboratorios, Mazzachiodi fue la primera en involucrarlos en la colusión. Su rol, explicó en la declaración de 2009, fue el de oficiar de mensajeros. Fue su primera estocada.
Luego vendría el golpe final: entregó los nombres de los ejecutivos de los laboratorios. Ahí radica la riqueza que ve la Fiscalía en su relato. Sólo cinco ejecutivos de esa industria fueron formalizados por Inostroza. Son Mario Zemelman (Medipharm), Marcelo Flores (Recalcine), Gonzalo Izquierdo (Grünenthal), Cecilia Rojas y Fernando Solovera (ambos del Laboratorio Chile). Cercanos al proceso comentan que no se descarta que el organismo pueda sumar a otros. "Les gustaría agregar nuevos nombres, porque ven claro que se han coordinado, pero aún no tienen pruebas contra ellos", asegura una fuente del proceso.
Por lo mismo, la defensa de los laboratorios ha mantenido un total hermetismo. Intentan no ser involucrados en el caso, ni tampoco en el ataque cruzado entre farmacias y testigos.
Según los abogados defensores, el Código Penal castiga la alteración "fraudulenta" de los precios. "El delito exige fraude, que normalmente consiste en un engaño. La colusión no es eso, sino un acuerdo entre competidores", agrega un penalista. "Puede haber colusión, pero no pena", dice otro jurista.
Jorge Mario Saavedra, abogado de Guido Girardi, quien se querelló contra todos los responsables, es uno de los que apoyan la cruzada de Inostroza de ampliar el giro hacia los laboratorios. El penalista está estudiando alternativas para que algunos gerentes de esa industria vayan a declarar en marzo. Hasta ahora, eso sí, ese panorama es poco auspicioso. De hecho en diciembre pasado los imputados del Laboratorio Chile, representados por Ciro Colombara y Rodrigo Piergentili, consiguieron que se eliminaran las medidas cautelares que los obligaban a firmar mensualmente. "Pruebas poco contundentes", fue el argumento del juez de aquella audiencia.
¿Sin delito no hay pena?
Pese a las millonarias multas y la indignación ciudadana, los tecnicismos jurídicos podrían dejar en cero las prometidas penas de cárcel que arriesgan los gestores de la colusión. De fallar los intentos por desacreditar a Mazzachiodi y compañía, y aquellos por demostrar la inocencia de sus clientes, la defensa de los acusados pondrá algo más que argumentos y pruebas sobre la mesa: el Código Penal. Según la opinión de los abogados defensores, los artículos 285 y 286 castiga la alteración "fraudulenta" de los precios. "El delito exige fraude, que normalmente consiste en un engaño. La colusión no es eso, sino un acuerdo entre competidores", agrega un penalista. Todas las partes están conscientes que será un punto clave, y la última carta que pondrán sobre la mesa los acusados en el caso. "Puede haber colusión, pero no pena", dice un abogado.
Con las leyes en la mano, los defensores complementarán este argumento basándose en que la última modificación al Decreto Ley 211 de 2003 despenalizó la colusión, en línea con lo que dice el Código Penal, que sólo castiga explícitamente el fraude.
En el otro frente aseguran que tácitamente la ley castigaría también la colusión, pero eso quedaría bajo la interpretación del juez y de la calidad litigante de las defensas.
Bajo este incierto panorama, algunos querellantes pedirán que se amplíe la formalización de este caso bajo la figura de estafa. En esa cruzada están los penalistas Sebastián Sánchez y Fernando Santelices -este último ex fiscal del Ministerio Público-, quienes representan al ex parlamentario Jaime Mulet, quien se hizo parte de los acusadores cuando era diputado . "Queremos que se acuse por estafa residual, pues hay evidencia de que cuatro veces existió coordinación de precios y eso implica que fueron cuatro delitos distintos", explicaron. Sin embargo, el fiscal Inostroza no estaría dispuesto a ampliar la figura de la acusación. La mantendrá bajo la carátula de "alteración fraudulenta de precios", confiado en que igualmente conseguirá prisión efectiva para los imputados.
Este febrero será un mes sin feriado judicial para los involucrados en este caso. Con el reciente fallo del TDLC en sus manos, la causa penal vivirá sus últimos trámites, donde será común ver a Mazzachiodi, Araya y Carrasco deambulando por el Centro de Justicia. Quizás pronto ya no como imputadas, sino como nexos estratégicos para terminar este capítulo de la colusión de las farmacias.
