En un contexto donde hablar de equidad e igualdad parece cada vez más difundido en la opinión pública, la idea de una reforma tributaria que promueva estos objetivos ha surgido con fuerza. Frente a esto es importante subrayar en todo caso que la política tributaria tiene en realidad varios objetivos, no solamente uno. Más aún, hay que tener presente que la equidad tributaria no es sinónimo de una mayor igualdad de ingresos. En este sentido, el debate actual sobre temas tributarios es incompleto y parece incluso desenfocado desde varios puntos de vista.

El situar la igualdad como valor casi dominante en el eje de la discusión pública nos ha hecho olvidar que existen costos asociados a las políticas redistributivas. Como ha argumentado Richard Epstein, la innovación se fomenta a partir de la desigualdad. Es la posibilidad de ser exitoso lo que incluye, entre otras cosas, obtener ganancias económicas, lo que estimula a los emprendedores a innovar. Una política basada en gravar de forma excesiva a los emprendedores exitosos para redistribuir de forma extendida tiene costos económicos (y sociales) importantes. Se dirá que ninguna propuesta actual implica llegar a este punto, pero las virtudes de la innovación parecen en riesgo en el margen. La eficiencia tiene un valor social ya que conlleva la creación de empleos, mejoras salariales y, en definitiva, una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

El sistema tributario de nuestro país ya presenta grados importantes de equidad vertical. Además, la red de políticas sociales existente focaliza el gasto público en los más necesitados. A pesar de algunas ineficiencias que salen a la luz pública cada cierto tiempo, y sobre lo cual ciertamente vale la pena reclamar, estas políticas han resultado ser exitosas en términos sociales. Como ha mostrado Claudio Sapelli, la distribución del ingreso ha mejorado entre las cohortes más jóvenes de la población. Sin embargo, hoy en día uno escucha algunas voces en favor de profundizar la progresividad del sistema tributario para avanzar en una línea proigualitaria. Ello no reconoce los costos de eficiencia asociados a impuestos más progresivos, lo que podría redundar en que una propuesta de este tipo tenga resultados muy distintos a los esperados.

El paternalismo reinante en la discusión sobre políticas públicas y tributarias debe ser contrarrestado.

En una línea distinta, se ha argumentado que extender el ámbito de la política social requiere de mayores niveles de recaudación tributaria. Este postulado invita a una discusión sobre las verdaderas preferencias de los ciudadanos por bienes y servicios públicos, y sus costos, la cual debe ser abordada. Además, aquí se requiere un examen sobre la eficiencia recaudadora de nuestro sistema tributario actual.

No es mucho lo que se puede decir a priori respecto del primer punto, excepto enfatizar la importancia de que exista una correspondencia entre los beneficios y los costos asociados a los distintos programas públicos que se propongan. Desgraciadamente, la estructura de nuestro sistema tributario, donde son relativamente pocas las personas que pagan la mayor parte de los impuestos directos, ha llevado a que esta relación se haya relajado. Retomar este enfoque es importante si queremos ver un debate más balanceado en materias tributarias, donde actualmente hablar de rebajas de impuestos parece una herejía. Asimismo, el paternalismo reinante en la discusión sobre políticas públicas y tributarias debe ser contrarrestado. En muchos ámbitos de la regulación ya vemos un sesgo paternalista excesivo (recordemos, por ejemplo, el llamado proyecto de ley del Super8). Pareciera que la política tributaria busca profundizar esta situación. Es partiendo de la base que los ciudadanos pueden llegar a ser consumidores irresponsables que se propone que estos le den su plata al Estado, vía impuestos obligatorios, para que éste la gaste por ellos en actividades consideradas socialmente más provechosas. Pero cuando se propone la imposición de impuestos sobre los "males públicos", ¿quién va a determinar cuáles van a ser las actividades definidas como nocivas? En este punto vale la pena volver a instalar en la ciudadanía los valores de la libertad y responsabilidad individual.

En cuanto al segundo tema, es claro que la evasión tributaria involucra una violación del contrato social que es de la mayor gravedad. Si bien existe una especie de arbitraje regulatorio que pueda hacer necesario realizar algunos ajustes a nuestro sistema tributario para controlar la evasión, hay un tema ético fundamental de por medio aquí. Pero con la misma claridad uno debe decir que las ineficiencias en materia de la asignación del gasto público también son inmorales (el caso de los gastos a favor de falsos indigentes que Fonasa acaba de identificar, mas no corregir, es un ejemplo reciente en este sentido, pero uno podría recordar también los gastos para subsidiar al Transantiago, entre otros casos), y deben ser abordadas satisfactoriamente antes de proponerse nuevos o mayores impuestos.

En definitiva, el debate tributario en Chile va mal encaminado. Los objetivos que guían la discusión hasta el momento son parciales, lo que lleva a un debate sesgado. Comparaciones internacionales en materia tributaria, en particular con países de la OCDE, están mal enfocadas al comparar economías en distintos estados de desarrollo. La política tributaria afecta la eficiencia y el crecimiento económico. El Estado no va a generar una sociedad más próspera cobrando mayores impuestos (ello es indudable si se sigue gastando de forma ineficiente), aunque sí podría hacer que fuéramos igualitariamente más pobres. En vez de pensar en subir impuestos, pensemos en bajar impuestos. Consideraciones de equidad intergeneracional asociadas a las inversiones públicas actuales lo reclaman. Para empezar, reduzcamos los impuestos a las personas, y sigamos bajando los impuestos al comercio exterior donde, producto de la red de acuerdos bilaterales ya existentes, se ha generado una estructura ineficiente y engorrosa de impuestos diferenciados.