En Europa la crisis financiera aún no termina. El riesgo país vuelve a subir. Las economías no crecen y el desempleo va al alza. Sólo en España hay más de cinco millones de cesantes.

En Chile las cosas son distintas. La crisis duró menos de un año y la recuperación partió rápida a fines del 2009.

Una gran diferencia entre nuestro país y Europa estuvo en la política fiscal. En Chile durante la última década aplicamos una nueva política fiscal 1.0. Para hacer frente a los nuevos desafíos, llegó el momento de aplicar una política 2.0, que parta con una indispensable reforma tributaria.

Un poco de historia ayuda a entender por qué. En los llamados países PIGS, por sus siglas en inglés -Portugal, Italia, Grecia y España-, los gobiernos por años gastaron más de lo que tenían, apostando que otros, en un futuro lo más lejano posible, se encargarían de pagar la cuenta.

Pero así, tarde o temprano, la confianza en los gobiernos y su capacidad para pagar sus deudas se rompe. En Europa esa confianza hoy está trizada -y en Grecia, hecha añicos-.

Con la crisis fiscal han sufrido los más pobres, los que se educan en esas escuelas públicas y se atienden en esos hospitales públicos de Europa que hoy experimentan recortes dramáticos.

Para evitar este síndrome, Chile hace mucho tiempo viene construyendo instituciones y reglas que limitan la tentación de comportarse como PIGS. Algunas de estas instituciones son de larga data, como la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia de gasto. Otras son más recientes, como la regla fiscal de balance estructural, que implica que el gasto público se fija en función de los ingresos permanentes del fisco, y no de los altibajos en el precio del cobre.

Diversos estudios han documentado los importantes beneficios para nuestro país derivados de la política fiscal 1.0: permite estimular la actividad y el empleo durante la crisis financiera de 2008-2009; da sustentabilidad financiera a la red de protección social y a la inversión pública; ayuda a resguardar la competitividad del sector exportador; y reduce la necesidad de financiamiento externo.

El éxito de la política de balance estructural se refleja también en que países tan diversos como Colombia, Nigeria  y Mongolia han comenzado a aplicar reglas similares a la chilena. Y si se cumple el pacto fiscal firmado hace menos de un mes, todos los países de la Eurozona deberán hacer lo mismo.

¿Está completa la tarea entonces? En ningún caso. No hay que dormirse en los laureles. Los desafíos de hoy nos exigen ser audaces, como audaces fuimos en el pasado para construir instituciones fiscales hasta entonces inexistentes en la región. Pero en materia fiscal, la audacia va de la mano de la responsabilidad. Responsabilidad sin audacia es letargo; audacia sin responsabilidad es suicidio.  De ahí la necesidad de una política fiscal 2.0.

En materia fiscal, la audacia va de la mano de la responsabilidad. Responsabilidad sin audacia es letargo; audacia sin responsabilidad es suicidio.  

El comité asesor presidido por Vittorio Corbo aportó ideas importantes para esta nueva institucionalidad fiscal. Las autoridades del Ministerio de Hacienda han dicho que adoptarán algunas recomendaciones del comité, pero los plazos no están claros.

Fortalecer la institucionalidad es imprescindible para evitar un deterioro duradero en nuestra situación fiscal. En los últimos dos años se han generado significativos compromisos de gasto público sin aumentar de manera equivalente las fuentes de financiamiento, lo que rompe el principio básico de responsabilidad fiscal.

La eliminación de la cotización para salud de los jubilados, la extensión del posnatal, el llamado Ingreso Ético Familiar y los mayores beneficios ya comprometidos en educación superior implican en conjunto cerca de 850 millones de dólares anuales en régimen. Y una reforma educacional de fondo requerirá un monto mucho mayor, que diversos estudios cifran en más de un punto -o acaso dos- del Producto Interno Bruto.

 ¿De dónde saldrá un monto similar de nuevos ingresos fiscales permanentes? El gobierno de Sebastián Piñera no lo ha aclarado.

Son al menos cuatro los puntos prioritarios donde debemos concretar avances.

Primero, hay que reforzar el compromiso de que son los ingresos permanentes del fisco los que determinan el gasto público. No es saludable comprometer gastos permanentes a cuenta de ingresos tributarios transitorios, como ocurrió en 2010 con motivo del paquete fiscal posterremoto del gobierno actual. Para corregir este error, y para hacer frente a los mayores gastos ya comprometidos y a los otros por venir, Chile precisa hoy una reforma tributaria que allegue ingresos permanentes al fisco y permita regresar a la brevedad a una situación de equilibrio estructural en las cuentas públicas.

Segundo, debemos derogar la Ley Reservada del Cobre para ampliar el espectro de aplicación de las normas de responsabilidad y transparencia fiscal a la totalidad de los recursos del cobre, terminando así con los privilegios presupuestarios injustificados para el sector defensa, que actualmente representan el mayor rezago de nuestra institucionalidad fiscal. Pero no se trata de cambiar unos privilegios por otros, como parece ser la intención del gobierno. Se trata de adecuar a las FF.AA. a un sistema presupuestario moderno, según se usa en las democracias avanzadas.

Tercero, es necesario normar el uso que el gobierno le puede dar al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), para garantizar que no exista un sesgo a favor de gastárselo indiscriminadamente en vez de utilizar otras alternativas de financiamiento.

Cuarto, debemos crear una instancia formal encargada del seguimiento de la regla estructural y su rendición de cuentas: un consejo fiscal permanente y autónomo respecto del gobierno, que audite el balance estructural y proponga recomendaciones de política fiscal.

La tentación de actuar como los PIGS está siempre presente en los ciclos políticos. Pero nuestra historia y la de Europa nos enseñan que el populismo fiscal termina dañando precisamente a las familias vulnerables que dice querer ayudar. Audacia con responsabilidad: ése debe ser el sello de la política fiscal 2.0.