Los esperaron el 13 de febrero en el Palacio de Justicia de Turín con banderas italianas pintadas con grandes letras negras. "Giustizia" rezaban los lienzos que llevaban en sus manos los cientos de residentes de Casale Monferrato, un apartado pueblo en las montañas de la región del Piamonte convertido en símbolo de desastre ambiental y humano. Pedían castigo a los responsables de la muerte y enfermedad de unas tres mil personas expuestas por décadas al asbesto utilizado en la planta Eternit Italia, cuya inhalación provocaba anomalías respiratorias crónicas, que en un alto porcentaje terminaron en mesotelioma, una agresiva forma de cáncer.
Pese a que los procesados no comparecieron al desenlace de este bullado juicio -iniciado en 2009-, los querellantes en los casos denunciados entre 1952 y 1986 estallaron en una mezcla de lágrimas y aplausos cuando el juez Giuseppe Casalbore dictó la sentencia: 16 años de prisión contra el belga Jean-Louis de Cartier de Marchienne (91) y el suizo Stephan Schmidheiny (65), por ser ellos importantes accionistas de la firma italiana. Además, se los sancionó por "daño premeditado y deliberado", con indemnizaciones que llegan a los 25 millones de euros.
Este desenlace llevó de golpe a Schmidheiny -accionista principal hasta 2003 de Masisa, la tercera forestal más grande de Chile- a una etapa que intentó cerrar 23 años antes: cuando cortó sus lazos con Swiss Eternit Group, accionista de Eternit Italia, el imperio de productos para la construcción que presidió por 13 años a partir de 1976.
La dura sentencia judicial por contaminación contradice de plano su trayectoria como empresario "verde" internacional. Ésa que lanzó en la Cumbre de Río de 1992, cuando invitó a diversas corporaciones a un consejo mundial para el desarrollo sustentable, y que llevó a Forbes a declararlo el "Bill Gates de Suiza".
La apelación
Por estos días Schmidheiny -quien pasa la mayor parte de su tiempo en Zúrich, donde se encuentra su residencia- está concentrado en "apelar a la próxima instancia", como relata él mismo en su página web. Sus cercanos interpretan sus dichos. Dicen que el magnate está incluso dispuesto a acudir a la Corte Suprema para revertir la sentencia, que pone en entredicho a un empresario respetado en círculos ambientales y empresariales.
Miles de manifestantes celebraron el fallo del Tribunal de Turín que sentenció a Schmidheiny con cárcel y el pago de indemnizaciones por 25 millones de euros, decisión que causó impacto en las redes ambientalistas en Chile y el mundo.
Su trayectoria es contundente: a los 22 años comenzó trabajando en Swiss Eternit Group, cuando su padre Max lo envió a cargar sacos de asbesto en las filiales del grupo en Brasil y Sudáfrica, para que así conociera in situ las faenas. En 1969, cuando se integró a la plana ejecutiva, llegó a la convicción de que era necesario erradicar ese material de sus plantas repartidas en 20 países: algunas las reconvirtió y otras sencillamente las cerró. Eso sucedió, en 1986, con la sancionada Eternit Italia, compañía que entonces estaba asociada a Etex, su par belga en este rubro y dueña de Pizarreño, la mayor firma productora de materiales de construcción en Chile.
En 1989, traspasó Swiss Eternit Group a Holcim, grupo encabezado por su hermano Thomas. Fue entonces cuando decidió alejarse del mundo de la construcción para diversificar su porfolio que había esbozado años antes. Logró fama como inversionista en compañías en crisis, que saneaba para vender a buen precio: tomó el control de Asuag-SSIH, que en 1998 se transformó en el Grupo Swatch; en 1987 fusionó su firma de ingeniería Brown Boveri & Co con la sueca Asea para formar la gigante ABB, de la que se retiró en 1997, ganando "varios cientos de millones de francos suizos". Su prestigio lo llevó a directorios de firmas como la Union Bank of Switzerland -antecesor de UBS AG- y Nestlé.
Schmidheiny es un empresario reconocido en Chile. La última vez que apareció en el país fue para la celebración de los 50 años de Masisa, en noviembre de 2010. Ahí compartió con Juan Obach, cabeza del grupo Pathfinder, al cual en julio de 2002 compró el paquete controlador de la forestal que hoy opera en Argentina, Brasil, Venezuela y México, sumando ventas que hoy llegan a US$ 1.251 millones. Así coronaba su trayectoria en este mundo: comenzó en el 82, comprando 4.000 hectáreas de bosques en la VIII Región, y luego se convirtió en dueño del 30% de CAP, posición que cambió en el marco de la reestructuración de esa compañía a fines de 1994 para concentrarse en el área forestal: Terranova fue el primer paso en su historia en este sector.
Masisa puertas adentro
Mientras abultaba su fortuna, Schmidheiny fue construyendo una nueva faceta: la del empresario sustentable. En 1994 fundó Grupo Nueva, controlador del 65,94% de Masisa. Fue a través de este holding que Schmidheiny llevó a "papel" su pensamiento: en 2003 donó el 100% de las acciones de Grupo Nueva para crear el fondo VIVA Trust, fideicomiso que maneja un patrimonio de US$ 1.100 millones, para apoyar a diversas instituciones ambientales y urbanas. Entre ellas, la Fundación Avina, a través de la cual "concretó su proyecto de impulsar un proceso de transformación social en el continente", afirma Ximena Abogabir, directora ejecutiva de Casa de la Paz, la primera institución local que recibió aportes del magnate suizo, quien ha apoyado a diversas fundaciones en toda Latinoamérica.
Sentenciado
Schmidheiny sigue perteneciendo al "club de los multimillonarios". Según el último ranking Forbes ocupa el puesto 442 con una fortuna de US$ 2,7 mil millones distribuidos en una cartera diversificada de acciones, bonos e inversiones de capital privado, administrados por profesionales. Tras la "donación irrevocable" de las acciones a VIVA, su presidente Roberto Artavia enfatiza que este fideicomiso no tiene "ningún vínculo de propiedad con Stephan Schmidheiny; él tiene el título de fundador, como siempre ocurre en un trust, pero esto no le da derecho a participar en las decisiones, a las cuales renunció en el momento que firmó la creación del trust, en marzo de 2003". Eso sí, añade, "por cortesía lo mantengo informado de la evolución del grupo y él siempre está muy interesado en conocer de la industria, de la empresa y de la región a la que tanto ha dado".
Por eso no extraña que su figura siga en la retina del mercado. El 6 de marzo, en un desayuno que Masisa organizó con inversionistas en el club El Golf 50, uno de los asistentes consultó al gerente general corporativo, Roberto Salas, acerca de los eventuales efectos de la sentencia de Turín. Aunque Salas reiteró la independencia de la compañía respecto a Schmidheiny, lamentó que el empresario esté enfrentando esta situación, sobre todo por su trayectoria en pro del medioambiente.
El otro conflicto
El financiamiento que VIVA Trust entrega a Avina - US$ 20 millones en 2011- ha generado más de un roce con el resto de la industria forestal. Un ejecutivo maderero recuerda que en el sector hubo quienes vieron "una motivación del empresario por descontar esta inversión de los impuestos que se generaban en Suiza, producto de sus otros intereses económicos, y para demostrar preocupación por el medioambiente mientras comenzaba a ser cuestionados por el uso de asbesto". Juicios que la directora ejecutiva de Terram, Flavia Liberona, atribuye al efecto de la estrategia sustentable de Masisa en 2002 ", que generó cambios relevantes que subieron los estándares del sector forestal y produjeron un proceso de certificación internacional, mientras Arauco y CMPC operaban con una lógica mucho más antigua, que evidenciaron creando un sello propio nacional que no tuvo el efecto deseado".
Las suspicacias llegaron a su peak en 2006 cuando Celulosa Arauco salió al paso. Cuestionaron el financiamiento que Avina entregaba a organizaciones como Acción por los Cisnes, críticos a la empresa del grupo Angelini. El conflicto entonces resintió las relaciones con Masisa. En su mirada al episodio, el director de Innovación Social de Avina, Guillermo Scallan, afirma que "esa situación fue un espiral de malos entendidos, porque nuestra organización buscaba sentar en una mesa a distintos actores para llegar a un acuerdo, nunca perjudicar a Arauco".
Pero las suspicacias quedaron en el aire. De ahí que muchos privados analizaran con atención los pasos de esta fundación en la ofensiva contra las represas en Aysén, zona en la que habían intervenido en 2007, creando un programa para crear una visión social, económica y ambiental común. Sin embargo, la petición de ayuda formal por parte de líderes locales contra HidroAysén no fue acogida por la fundación creada por Schmidheiny. "Pero ha habido apoyos de esa fundación a líderes que actúan a título personal en esa zona", explica Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia. Un ejemplo, añade, es Peter Hartmann, director de Codeff Aysen y líder de Avina desde 2001.
Schmidheiny es un empresario reconocido en Chile. La última vez que apareció en el país fue para la celebración de los 50 años de Masisa en noviembre de 2010, ocho años después de su toma de control de la forestal, que posteriormente traspasó al fondo VIVA Trust.
El "respaldo" chileno
El fallo de Turín no sólo ocupó las primeras planas de diarios italianos, sino que también tuvo una amplia repercusión en las redes ecológicas internacionales, como confirma Flavia Liberona, que se enteró de inmediato del desenlace por boletines del exterior.
Sin embargo, el conflicto no era desconocido para quienes conocían al magnate en Chile. Hartmann señala que el tema de la relación de Schmidheiny con el asbesto fue discutida hace seis años en un encuentro de líderes de Avina del Cono Sur, en la península de Valdés. "Fue debatido en forma abierta y transparente, porque obviamente es un tema que nos provoca conflictos. A su vez, Ximena Abogabir señala que "Avina siempre nos mantuvo informados a quienes nos relacionábamos con la fundación".
La confirmación del castigo, sin embargo, fue recibida con reserva por las organizaciones y líderes ambientales chilenos. Aunque la mayor parte de ellos tienden a respaldar al empresario, hay excepciones, como el director de Ética en los Bosques, Bernardo Reyes. "La gente no conoce la historia de este señor en la industria del asbesto. Ven en él a un mecenas. Yo nunca pensé en recibir financiamiento de ellos. Sé de dónde venía su dinero, un dinero con sangre".
El nombre de Schmidheiny ha sido bastante más cuestionado en Argentina, Colombia y Brasil. En este último país, la fundadora de la asociación que reúne a las víctimas del asbesto, Fernanda Giannasi, lo cuestiona por "no pagar ni un centavo de indemnización a los afectados por el asbesto luego que dejó este negocio".
El caso Pizarreño
Mientras Schmidheiny prepara su apelación en total silencio, su vocero Peter Schürmann define esta acusación como "absurda e injusta", aun cuando las informaciones que se publican en Casale Monferrato afirman que una persona a la semana sigue muriendo allí producto del asbesto. Dicen que aunque la compañía cerró hace 26 años, los efectos son progresivos.
En su casa en la Villa Portales, en Maipú, Raúl Gutiérrez -ex operario por 43 años de Empresas Pizarreño- vive ajeno al caso. A sus 90 años, se declara afortunado por tener controlada su asbestosis y no haber corrido la suerte de tantos ex compañeros fallecidos. Ni la de su mujer, que no sobrevivió a esa enfermedad que él atribuye a los 10 años que vivieron en la Villa Pizarreño, a metros de la planta. Él afirma que los muertos llegaron a 300 y que él participó en la campaña organizada por el Instituto de Ecología Política que terminó en la prohibición de este producto, estratégico hasta ese momento en la fabricación de planchas y tubos, en julio de 2001.
Menos suerte que en Italia han tenido los ex empleados de Pizarreño para lograr resultados en las querellas que interpusieron contra la empresa a principios de la década pasada. "Esto ha sido muy largo, pero confío en que al final ganaremos", dice Gutiérrez, quien trabajó diariamente expuesto al asbesto casi en el mismo lapso considerado en la sentencia del tribunal de Turín.
