El sábado 14 de abril cerca de 50 vecinos de la población Rapa Nui del cerro Rodelillo, en Valparaíso, recibieron una visita inédita. Se trataba del gerente corporativo de Mall Plaza, Cristián Somarriva. La reunión tenía como fin que los vecinos de ese tradicional barrio porteño conocieran en detalle el proyecto Mall Plaza Barón, el que según sus proyecciones comenzaría a construirse en pocos meses en la zona del histórico atracadero.
Al comienzo, el encuentro fue tenso: una guerra de acusaciones ha alejado a la ciudadanía de la idea de que se construya ese centro comercial, el mismo que es sindicado por agrupaciones ciudadanas como poco amistoso y agresivo con el paisaje porteño. Pero de a poco los ánimos se fueron relajando y Somarriva dejó el lugar con la sensación de que se había “ganado” a los pobladores.
Para el ejecutivo de la empresa controlada por el Grupo Falabella estas reuniones se han hecho constantes y es habitual que los fines de semana los destine a encuentros con diferentes actores ciudadanos para explicar los alcances de su propuesta. Ha sido un trabajo inédito para una compañía que ha levantado más de una decena de centros comerciales dentro y fuera de Chile. Pero la rutina es considerada fundamental, sobre todo en el escenario actual, marcado por las acusaciones sobre el daño que esta obra puede producir en la identidad de Valparaíso.
En lo concreto el proyecto contempla la habilitación de 12 hectáreas del borde costero propiedad de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y concesionadas a Mall Plaza en el año 2006. Del total, cerca de 9 hectáreas serán espacios de uso público. A ello se suman restaurantes, un centro de salud, tiendas por departamentos, supermercados, cines, gimnasio y un centro automotor, todo en sus cerca de 130 mil m2 construidos, según los planos entregados por la empresa en la municipalidad.
Los opositores acusan irregularidades del contrato entre EPV y Mall Plaza. La más grave: un pago que se realizará a la empresa por la manutención de los espacios públicos por US$ 21 millones durante los 30 años de la concesión.
Para su concreción, según la compañía, sólo resta que el municipio otorgue el permiso de obras a la empresa y ésta comience a levantar el mall, lo que estiman sucederá durante 2012. Sin embargo, los detractores del proyecto no creen en esta versión. De hecho, hay una serie de asociaciones -que representan a trabajadores portuarios y agrupaciones ciudadanas y empresariales- que pretenden impedir a toda costa que ello suceda: ya presentaron una querella criminal, una solicitud de nulidad del contrato y quieren exigir que el proyecto se someta a una Evaluación de Impacto Ambiental, lo que podría atrasar en varios meses el tema e, incluso, paralizarlo.
La ofensiva está bien organizada. Tanto que hace unas semanas algunos de sus líderes se reunieron informalmente con el hermano del Presidente de la República Pablo Piñera. “Él se comprometió a comentarle al mandatario los problemas que la construcción de este mall puede acarrearle al gobierno, como, por ejemplo, marchas ciudadanas en su contra”, relata el abogado Pablo Andueza, quien asistió a la cita. A ello se suma un encuentro agendado para este viernes en Palacio: María Luisa Brahm, jefa de asesores del presidente, se reunirá con el diputado RN de la Quinta Costa, Joaquín Godoy -quien se opone férreamente a la construcción del centro comercial-; el presidente de EPV, Alfonso Mujica, y el presidente del Sistema de Empresas Pública (SEP, Domingo Cruzat, con el objeto de que ambas entidades expliquen algunos alcances del proyecto. En paralelo, la empresa acaba de contestar las cerca de 25 observaciones que la municipalidad hizo al proyecto. Creen que sería sólo cuestión de meses para contar con el visto bueno de la autoridad.
Ataques cruzados
El Decreto 144 selló el destino de 12 hectáreas ubicadas en pleno puerto de Valparaíso, frente al tradicional cerro Barón y que recorre casi todo el centro de Valparaíso por la Avenida Errázuriz. El documento plasmó la intención de la Empresa Portuaria de Valparaíso de darle un nuevo destino a una explanada que no era parte de sus terrenos estratégicos y que en 1991 había sido declarada como un espacio clave para permitir el reingreso de los porteños al borde costero.El decreto,firmado por la Presidenta Bachelet, desafectó los terrenos y permitió su enajenación, con un uso distinto al del negocio portuario.
La propuesta se tradujo en que en el año 2006 la firma llamó a un concurso público para adjudicar la obra, que debía equilibrar espacios de uso público y una placa comercial. Así, Mall Plaza se adjudicó el proyecto, siendo el único oferente. Su apuesta era bastante obvia: construir un shopping que incluyera todo tipo de servicios.
El acuerdo entre ambas empresas quedó cristalizado en más de 300 páginas del Contrato de Concesión y Arrendamiento Proyecto Puerto Barón. Precisamente ese documento es hoy el meollo de la polémica, pues entre otrsas cosas señalan que se firmó antes que se tomara razón del Decreto 144, lo que la empresa desmiente.
El abogado Mario Zumelzu es uno de los profesionales que lideran la ofensiva contra Plaza Barón. Él representa a la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave) y a la Confederación de Gentes de Mar, organizaciones que se oponen al proyecto, pues consideran que entorpece el desarrollo estratégico del puerto.
Desde esa vereda acusan irregularidades del contrato entre EPV y Mall Plaza. La más grave dice relación con un pago que se realizará a Mall Plaza por la manutención de los espacios públicos. El contrato fijó un pago de 490.000 UF por los 30 años de la concesión (unos US$ 21 millones) para apoyar la conservación de las 9 hectáreas de uso común, monto que además de estimar elevado, Zumelzu considera un subsidio indirecto hacia un privado.
La acusación es seria, pero en Mall Plaza se muestran confiados en que el cobro se ajusta al contrato vigente. “Más del 65% del terreno es público y el cobro de manutención está pactado en el contrato y es hasta inferior a lo que costará mantener las áreas verdes”, dice Somarriva.
Plaza de la discordia
El abogado de la firma, Edgardo Palacios, añade que existen informes en derecho que respaldan que cumplen con todas las normas legales. “No hay fundamentos para hablar de irregularidades. En el pasado ha habido tres o cuatro intentos similares para detenerlo y ninguna acción ha sido acogida por la autoridad judicial”, acota.
Y pese a que el municipio porteño no quiere involucrarse en la disputa legal entre privados, reconoce que la fórmula de mantención de los terrenos le acomoda. “Aclaremos que la ley chilena no permite que el Estado sea dueño del borde costero. Por otro lado, quiero dejar muy en claro que no existe posibilidad alguna de que el municipio se haga cargo de regar una planta más en la comuna”, señala enfático el alcalde porteño, Jorge Castro.
La ofensiva de Zumelzu también se basa en modificaciones que se habrían hecho al proyecto en forma posterior a la firma del contrato en 2006, entre las cuales está haber cambiado el destino de terrenos inicialmente contemplados para la construcción de viviendas. “La licitación indicaba que en caso de querer construir viviendas había una zona delimitada, pero si se trataba de un proyecto comercial podíamos hacerlo dentro de esa zona en el lugar que quisiéramos”, retruca Somarriva.
Con todo, los opositores confían en que el talón de Aquiles para iniciar las obras será la necesidad de ingresar el proyecto a una evaluación ambiental, lo que podría sumarle varios meses de tramitación. Por ello, los enemigos del centro comercial celebran una indicación firmada por la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, Magdalena Prieto, quien sugiere a la empresa realizar la tramitación ambiental. En la firma, en todo caso, aclaran que “no es una opinión vinculante y queremos explicarle a la autoridad que no se cumple ninguna condición para que ello sea necesario”.
¿Patrimonio en riesgo?
Un segundo frente en contra del proyecto es liderado por el abogado Pablo Andueza, quien representa al Sindicato de Trabajadores Transitorios Portuarios Espigón Terminal Número Dos Valparaíso y a la Federación de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Afines de Valparaíso. “Se eliminan indirectamente una serie de actividades pesqueras de Valparaíso que no se reubican. Esto afecta a los trabajadores y además a la identida de Valparaíso”, asegura el abogado, que presentó una demanda de nulidad del contrato entre Mall Plaza y EPV.
En esa línea, Andueza acusa que el proceso ha estado plagado de irregularidades, entre ellas no haber informado a la Unesco de la construcción del mall. “No queremos que peligre la denominación de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad”, señala. De hecho, se contactaron con la Unesco para que tome cartas en el asunto y con el embajador de Chile en Francia Jorge Edwards para que interviniera en la situación.
Ello pese a que desde el operador de centros comerciales explican que el proyecto está fuera de la zona patrimonial y que cuentan con el respaldo que manifestó la directora de la Oficina de Gestión Patrimonial de Valparaíso, Paulina Kaplán, quien dijo en abril pasado que el proyecto no afectaría la visión de la Unesco sobre la ciudad. Otra de las críticas es el uso que se hará de la bodega Simón Bolívar, inmueble denominado de conservación histórica y que de hecho está incoporado como base del diseño del mall y de la fachada del centro comercial.
Desde el operador de centros comerciales explican que el proyecto está fuera de la zona patrimonial, y que cuentan con el respaldo de las autoridades porteñas, que señalaron en abril pasado que el proyecto no afectaría la visión de la Unesco sobre la ciudad.
Los “barones” del mall
Al interior de la firma esta disputa ha sido tratada con suma delicadeza. Cercanos al directorio comentan que ha sido tema de largas conversaciones y que pese a los problemas que ha suscitado, una decisión es clara: “Hay que sacar adelante esta obra. Es el primer mall de Valparaíso y tendrá una rentabilidad asegurada”, dice un cercano al grupo. Para lograrlo el equipo ya está armado: Cristián Somarriva es la cara visible del proyecto y en sus manos están la tramitación y la difusión de éste. Por carril paralelo está la oficina Urbe. A su cargo está la planificación arquitectónica de la obra y las distintas versiones que ha tenido el proyecto. Hoy su dedicación es exclusiva a este megaproyecto, no sólo acompañan a los ejecutivos en cada una de las presentaciones que realizan, sino que también han debido interpretar en el papel todas las aprensiones de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso.
El trabajo reciente está relacionado con ajustes que ha sufrido la fachada del mall , y respecto a la visión aérea del proyecto, es decir lo que obsverán los vecinos del cerro Barón. “Es algo que no era obligatorio, pero son aspectos con los que hemos ido mediando”, explica Somarriva. Otra particularidad es que las fachadas serán de vidrio absolutamente transparente para permitir la entrada de luz natural y dar la sensación de continuidad hacia el mar. Otro ajuste significativo que debió plantear la empresa fue realizar un plan de evacuación ante un posible tsunami, todo tras el 27/F. Para despejar cualquier duda contrataron la asesoría del geógrafo de la Universidad Católica Marcelo Lagos, quien los orientó sobre los efectos que una ola de proporciones podría generar en la zona del proyecto. “Presentamos una propuesta de evacuación vertical y por eso la relevancia también de los techos del proyecto”, detalla Somarriva.
La empresa confía en que una vez que consigan el permiso de obras del municipio todo avanzará con normalidad. Ya obtuvieron -en octubre pasado- el visto bueno del Estudio de Impacto Vial, clave para destrabar la construcción del mall. Eso en la medida en que no prosperen las acciones de sus opositores.
