“Las desigualdades en Chile son excesivas, inmorales, intolerables”, dijo el presidente Sebastián Piñera pocos días antes de que una ola nacional de caceroleos terminara por cristalizar el apoyo ciudadano al movimiento por la educación. Ese es el contexto en que se presenta la reforma tributaria del gobierno, y cabe preguntarse si el esfuerzo se condice con la magnitud de las desigualdades que subyacen o, incluso, si esas desigualdades merecen atención.
El PIB de Chile bordea los 250.000 millones de dólares, que equivale a un ingreso familiar de cerca de 2,4 millones de pesos al mes para un hogar de cuatro personas, un monto que permitiría a cualquier familia chilena vivir relativamente bien. Sin contar imprevistos de salud o desempleo prolongado -en parte cubiertos por la red de protección social instalada en la última década (AUGE, seguro de desempleo, programa Chile Solidario, pensión solidaria, asignaciones de vivienda)-es posible que un tercio de ese ingreso- unos 800.000 pesos mensuales-sea suficiente para que un hogar en Chile tenga una vida con ciertas premuras, pero digna. Siendo Chile un país muy desigual, para la inmensa mayoría la realidad económica dista del promedio. Sólo un 30% de los hogares vive con el equivalente de 800.000 pesos (o más) al mes para cuatro personas, y el ingreso representativo del 30% de los hogares más pobres es de unos 250.000 por mes.
Una reforma integral del sistema educacional en régimen -hacia el 2020- requiere un aumento gradual del gasto público de 2 puntos del PIB o más.
La desigualdad en Chile no es cosa nueva. Lo nuevo es que hoy la producción permitiría sostener niveles de bienestar material dignos para cada persona, poniendo de relieve el problema distributivo.
¿Es un problema esta desigualdad? ¿Es viable reducirla significativamente? ¿Qué políticas públicas y tributos se requerirían?
Sin responder estas preguntas, no es claro que Chile alcance niveles de desarrollo humano sostenible ni las condiciones necesarias para seguir existiendo como una comunidad nacional -y no una sociedad fragmentada donde se superponen intereses en conflicto-. Esta reflexión está animada por la convicción de que es posible alcanzar un consenso básico en esas respuestas, acordar los márgenes de disenso y los mecanismos democráticos para resolverlos. Es ese consenso el que debe expresarse en políticas de Estado, incluyendo las reformas educacional y del sistema tributario.
¿A quién le importa la desigualdad?
Hay razones prácticas para reducir la desigualdad. Mayor desigualdad está asociada con mayores índices de criminalidad, peor salud mental, menor satisfacción con la vida, mayor desconfianza interpersonal e inestabilidad política.
Más allá del valor instrumental de reducir la desigualdad, existe un largo debate filosófico-moral sobre la desigualdad, con fuerte expresión política. La historia de la centroizquierda se identifica con la bandera de la justicia social y la igualdad: de derechos, oportunidades y resultados. Recientemente en Chile, en especial desde la explosión de los movimientos sociales, líderes de la centroderecha han expresado la necesidad de avanzar hacia una sociedad de “igualdad de oportunidades”. “La gente pide igualdad de oportunidades, y tiene razón”, señaló el presidente este verano. Hay voces en la derecha que se resisten a que la desigualdad es, en sí misma, un problema e izquierdistas que reclaman que la igualdad de oportunidades es insuficiente. Sin embargo, aquí hay espacio para un consenso extendido, de izquierda a derecha, de amplia base ciudadana: construir una sociedad con mayor igualdad de oportunidades.
No es suficiente
La pregunta es cómo se aterriza, coincidir en un discurso no basta. Igualdad de oportunidades significa que cualquier desigualdad que se origina en circunstancias de las que cada individuo no es responsable, es moralmente inaceptable. Se sigue el principio que es moralmente inaceptable que un niño de La Pintana no puede asistir a un colegio de la calidad de la Alianza Francesa simplemente porque sus padres no pueden costearlo. Del mismo modo, es inaceptable que el mismo niño reciba atención médica deficitaria -sin acceso a especialistas, por ejemplo- por su origen.
Si estamos dispuestos a avanzar hacia un acuerdo nacional que garantice mínimos de igualdad en base al principio de igualdad de oportunidades, la pregunta en el contexto educacional es cuánto cuesta una reforma que permita a cualquier niño de Chile -de La Pintana, La Florida o Las Condes- acceder a un colegio de calidad comparable a la Alianza Francesa o un colegio público promedio de un país desarrollado. En salud, ¿cuánto cuesta garantizar que cualquier persona tenga acceso oportuno a prestaciones similares a las de un hospital clínico de las principales universidades? Uno podría preguntarse algo similar en otras dimensiones de bienestar como el acceso a áreas verdes y cultura. ¿Es viable?
Mantener el pasto verde
Una estimación con académicos de la Universidad de Chile muestra que una reforma integral del sistema educacional en régimen -hacia el 2020- requiere un aumento gradual del gasto público de 2 puntos del PIB o más. Se estima que un fondo solidario de salud que equipare significativamente las diferencias en prestaciones requiere cerca de 1 punto adicional del PIB de recaudación. Sólo en salud y educación, emparejar la cancha en forma elocuente demanda una recaudación adicional de 3 puntos del PIB en el mediano plazo.
>Alemania y Holanda tienen cargas tributarias relativamente altas comparados con EE.UU., pero cifras de crecimiento y competitividad similares y una desigualdad muy inferior.
Suele argumentarse que un alza significativa de la carga impositiva a las empresas puede reducir la inversión, el empleo y el crecimiento. La evidencia internacional sugiere que no existe una relación marcadamente clara entre la carga tributaria o el tamaño del Estado en una economía y el crecimiento económico. En un artículo de discusión reciente mostramos que existe una correlación entre la carga tributaria de los países al cruzar los 20.000 dólares per cápita y mejores indicadores de desigualdad calidad de vida, pero no hay una correlación clara con crecimiento económico (“Algunas correlaciones incómodas”, TIPS, Universidad de Chile, 2012). De hecho, los países nórdicos, Alemania y Holanda tienen cargas tributarias relativamente altas comparados con EE.UU., pero cifras de crecimiento y competitividad similares y una desigualdad muy inferior. Una explicación plausible es que el desincentivo a la inversión por tributos más altos se compensa si esa recaudación financia la formación de recursos humanos -educación, capacitación, salud- que contribuyen al crecimiento y se distribuyen más equitativamente en la población. Aun si hubiese un costo en crecimiento por reducir la desigualdad puede ser un imperativo social.
Si además de educación y salud se estiman las necesidades de financiamiento en infraestructura e I+D, se requiere un aumento gradual de la carga tributaria de 4 ó 5 puntos del PIB de aquí al 2020. Es considerable, pero no haría más que alinear a Chile con el promedio de la carga impositiva de los países de la OCDE cuando alcanzaron los 20.000 dólares per cápita. Reducir la desigualdad y crecer sostenidamente en Chile parece viable, así como lo fue para los países europeos o EE.UU. después de la gran depresión y en la posguerra.
El futuro de la reforma
La propuesta tributaria del gobierno plantea una serie de interrogantes. ¿Cuál es el impacto de un alza mayor del impuesto a las utilidades en la actividad económica? ¿Se justifica rebajar las tasas marginales del impuesto a la renta que afecta solo al 18% con mayores rentas y un subsidio indirecto para la educación escolar privada para parte de esa población? ¿De dónde saldrían los recursos para financiar anuncios como duplicar la subvención escolar al 2018 o el gasto en I+D en el programa?
Lo claro es que recaudaría a lo más un 0,3 por ciento del PIB, diez veces menos que la reforma realizada en el gobierno de Aylwin. Más importante, existe una distancia sustancial entre esta propuesta y los 4 a 5 puntos del PIB que se requerirían para avanzar decididamente hacia un modelo desarrollo más equitativo. Dada la distancia, más que una batalla legislativa o el final de un debate, el ajuste se plantea como una apertura hacia una discusión que tomará cuerpo al acercarse la próxima elección presidencial.
Es de esperar que en la próxima administración la dirigencia política tenga la visión, voluntad y la capacidad política para conducir hacia un acuerdo nacional por la equidad, un pacto social que garantice un mínimo de igualdad. La gente pide igualdad de oportunidades, y tiene razón.
