Hasta el viernes pasado, el grupo canadiense Goldcorp esperaba con impaciencia que el invierno chileno terminara. La hoja de ruta trazada para la concreción de su proyecto minero -de oro y cobre- “El Morro”, ubicado en la cordillera de los Andes, a 84 kilómetros de Vallenar, indicaba septiembre como la fecha óptima para iniciar las obras de campo con una inversión estimada en US$ 3.900 millones. El plan, sin embargo, sufrió un duro revés: a fines de la semana pasada, la Corte Suprema revocó unánimemente la resolución ambiental que autorizó en marzo del 2011 el levantamiento del proyecto con el cual la compañía con sede en Vancouver esperaba convertirse en el quinto actor del rubro en Chile.
Hoy, las llaves del futuro de “El Morro” están en manos de 270 familias de pastores y agricultores del valle del Huasco, agrupados en la comunidad diaguita Huascoaltinos. Fueron ellos quienes ganaron en febrero pasado en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y dos meses después en la Suprema un recurso para impugnar el Estudio de Impacto Ambiental que ya había sido aprobado por las autoridades. La acción de la comunidad se basó en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos originarios, la cual fue finalmente ratificada por el máximo tribunal.
El futuro de la mina “El Morro” está en manos de 270 familias del valle del Huasco, agrupados en la comunidad diaguita Huascoaltinos. Ellos interpusieron el recurso que impugnó el EIA que ya había sido aprobado.
Vigente desde septiembre del 2009 en el país, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales fue ratificado justo un año antes por la presidenta Michelle Bachelet. Su firma puso fin a un trámite legislativo que se prolongó por más de 17 años en el Parlamento chileno. De esta manera, Chile finalmente se alineó con otros 21 países, entre ellos México, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y España. En su punto principal, el acuerdo consagra el derecho de los indígenas a ser consultados ante toda medida administrativa y legislativa que les afecte, con carácter vinculante para los países que lo suscriben.
Por ello en la actualidad, y cada vez con más fuerzas, se alzan voces, sobre todo en las industrias mineras y eléctricas, que aseguran que esta normativa abre nuevos e insospechados flancos que ponen en serio riesgo la concreción de millonarias inversiones en el país. De hecho, a la fecha tres proyectos han visto frenado su normal desarrollo por sentencias favorables al convenio dictadas por la Corte Suprema. Y otros tres sufrieron largos retrasos, luego de recibir fallos favorables en segunda instancia que luego fueron revocados por el máximo tribunal. En conjunto los seis proyectos suman inversiones por más de US$ 4.280 millones.
Aunque su impacto inmediato es la considerable ampliación de los plazos y costos de los proyectos industriales, en el sector privado existen temores más profundos sobre el curso que tomarán las consultas que se deben hacer a las comunidades indígenas, de las cuales todavía no existen resultados. Como resume el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga, la norma “tiene objetivos bastante generales sin que esté claro cómo se llevan a la práctica en forma específica”.
De ahí que la defensa de “El Morro” -asumida por el estudio Vergara, Galindo y Correa- haya puesto en tela de juicio la condición de pueblo originario de la comunidad Huascoaltinos, pues no está inscrita en el registro de la Conadi, luego que parte de sus miembros no quisieran cambiar el régimen de propiedad desde agrícola a indígena en la década pasada. Argumento que finalmente fue desechado por la justicia.
El rol de José Aylwin
La ofensiva indígena amparada en el Convenio 169 de la OIT ante los tribunales se inició en 2009 en La Araucanía con triunfos parciales. Si bien comunidades mapuches revocaron en primera y segunda instancias las aprobaciones ambientales de una piscicultura en Palguín -en Pucón, con un costo de medio millón de dólares- y del nuevo Aeropuerto de Temuco en Quepe, que involucra US$ 125 millones, en definitiva perdieron en la Suprema en mayo de 2010 y de 2011, respectivamente.
Pero el 6 de enero del año pasado, el máximo tribunal sí acogió un recurso de la dirigente mapuche Faumelisa Manquepillán en contra de la estación de transferencia de residuos que licitaba la Municipalidad de Lanco. “Esto marcó jurisprudencia”, indica la abogada Consuelo Labra, quien asesoró a los comuneros en este litigio. Ella misma estuvo detrás de otro caso emblemático: el rechazo a la ampliación del plano regulador de San Pedro de Atacama, en julio de 2011, proceso que se encuentra actualmente en consulta ciudadana.
Labra es parte de la ONG Observatorio Ciudadano, fundación creada en 2004 en Temuco por el menor de los hijos del ex presidente Patricio Aylwin, José Aylwin Oyarzún, para la defensa de los derechos de los pueblos originarios, al fragor del conflicto mapuche. Miembro de la comisión que a inicios de los 90 elaboró el anteproyecto de la Ley Indígena y activo investigador en derechos étnicos y ambientales en Chile y el extranjero, Aylwin Oyarzún es un férreo defensor de la causa mapuche y un duro crítico de los gobiernos de turno en las sucesivas crisis en La Araucanía.
Hoy, su ONG es codirigida por la abogada Nancy Yáñez, quien ha encabezado la ampliación del Observatorio Ciudadano hacia el norte del país. De hecho, Yáñez trabajó en el reconocimiento de los diaguitas como etnia originaria en 2008 y apoyó a los Huascoaltinos en su batalla contra el proyecto “El Morro”.
Es por esto que a ojos de muchos en el sector privado, esta organización es el “cerebro” detrás de la arremetida del Convenio 169 en la paralización de proyectos, en su mayoría eléctricos y mineros. No en vano, la ONG ha estado detrás de todos los casos que han invocado este acuerdo, con excepción de la detención del Parque Eólico de Chiloé, proceso en que la comunidad Antu Lafken de Huentetique fue asesorada por la ONG El Canelo de Nos.
De ahí que José Aylwin esté optimista. “La incorporación del Convenio 169 de la OIT en el ordenamiento jurídico interno es parte de una evolución de la justicia chilena y su jurisprudencia”, asegura. Y agrega que seguirá asesorando a las comunidades y “asumirá casos específicos ante tribunales nacionales e internacionales”. Por eso, insta al empresariado a modernizarse, ya que “existe una globalización del derecho que se manifiesta en la emergencia de un derecho supraestatal”.
En su batalla, el Observatorio Ciudadano no está solo. En la actulidad recibe apoyo de importantes fundaciones internacionales. Según el cientista político Carlos Martínez, entre sus principales financistas están la Fundación Ford -con aportes que suman unos US$ 400 mil en los últimos 4 años, de acuerdo a la información del Departamento del Tesoro de EE.UU.-; la Comisión Europea, que dona 143.000 euros en programas bianuales, el gobierno y Embajada de Australia, la organización suiza International Work Group for Indigenous Affairs y la Ayuda Popular Noruega, del movimiento obrero de ese país.
Otra ONG activa en este ámbito, como demostró contra Pascua-Lama, es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que dirige Lucio Cuenca, entre cuyos financistas están las estadounidenses Foundation For Non Violence y Global Green Foundation.
Alerta- 169
Alerta en el mundo minero
Entre empresas, gremios y asesores legales, el revés judicial de Goldcorp encendió las alertas. Mientras en la Sociedad Nacional de Minería reconocen preocupación, entre los abogados existe la impresión que el péndulo se movió hacia el reconocimiento de los derechos de las etnias originarias por sobre otros derechos. Así lo resume un experto que participó en el diseño de políticas indígenas: “La combinación de la potencia jurídica del Convenio 169 con una creciente alianza ambiental indígena y un proceso de ‘reetnificación’ de comunidades, hacen un cóctel muy complejo”.
Un cuadro que las mineras analizan con suma atención, pues “El Morro” no es un caso aislado. El 30 de marzo, la Suprema falló a favor de un recurso del consejero de Alto Tarapacá, Marcelo Condore, a nombre de la comunidad aimara de Cultane para anular la aprobación de un proyecto de Minera Paguanta, de la australiana Herencia Resources en Huara, I Región. Se trata de un sondaje de prospección avaluado en US$ 5 millones. El veredicto sorprendió a la empresa asesorada por el estudio Cariola Diez y Pérez Cotapos, que no esperaba tramitar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)-incluída la consulta bajo el Convenio 169- “para una actividad limitada que no usa ningún contaminante”, señala el gerente de proyectos, Sergio Avendaño. Para la compañía, aprobar esta obra es indispensable para construir su planta de zinc y plata con inversiones por US$ 70 millones, que aspiran a tener operativa hacia 2014-2015.
Muchos ven a la ONG de José Aylwin, Observatorio Ciudadano, como el “cerebro” detrás de la arremetida del Convenio 169 en la paralización de grandes proyectos: no en vano, la entidad ha estado detrás de casi todos los casos que han invocado esta norma.
Casos como éstos han encendido las luces de alerta en otros proyectos mineros que existen en carpeta en el norte del país. Tal es el caso de la canadiense Teck, que elabora el proyecto de cobre Relincho, también en el valle del Huasco, con inversiones que superan los US$ 2.500 millones.
Incertidumbre en el sector eléctrico
El Convenio 169 también impacta al negocio eléctrico. El 23 de marzo, la Suprema revocó la aprobación ambiental del Parque Eólico Chiloé, un proyecto por US$ 230 millones con 56 torres de generación a 21 kilómetros de Ancud. Tres semanas después, la comunidad Antu Lafken de Huentetique celebró con un asado de cordero en la playa Mar Brava, al noroeste de la isla. Ante docenas de lugareños, el vocero huilliche Omar Huentelicán brindó “por nuestro triunfo y lo que significa”, instándolos a seguir firmes en su rechazo a la iniciativa de la firma Ecopower. Para la empresa, sin embargo, el veredicto significó un verdadero shock. Los inversionistas de origen sueco no podían creer el resultado adverso luego de haber cumplido, a su juicio, con todo lo que les habían pedido las autoridades. El gerente general del proyecto eólico, Julio Albarrán, considera que establecieron un diálogo efectivo con la comunidad. Pero el coordinador de El Canelo de Nos en Ancud -ONG que lideró la articulación de la campaña en contra-, Patricio Peñaloza, critica que “se acercaron muy tarde y no dimensionaron el poder social del territorio”. Del mismo modo, advierte que la iniciativa ya no es viable en su actual emplazamiento porque “las organizaciones piden su relocalización”.
Mientras Ecopower evalúa la continuidad del proyecto, otro desarrollo eléctrico -la línea de transmisión de 98 kilómetros entre Melipeuco y Freire- aguarda el pronunciamiento de la Suprema al recurso de la asociación Tragun Mapu Maile Allipén en oposición a este tendido que pretende conectar a 13 minicentrales. El proyecto pertenece a la firma Enacon, ligada a Manuel Madrid, y su inversión está avaluada en cerca de US$ 20 millones. Casos que para la Asociación Chilena de Energías Renovables demuestran que “este tipo de legislaciones abre ventanas tremendamente peligrosas y podemos encontrarnos con que la inversión se frene o retrase gravemente”, advierte su presidente, Alfredo Solar.
Y no se detiene ahí: todo indica que a HidroAysén también le complicará este acuerdo, pues según ha trascendido entre sus detractores hay cerca de 25 comunidades indígenas ubicadas entre Los Lagos y Valdivia que se opondrán, invocando el convenio de la OIT, al levantamiento de la línea de transmisión del megaproyecto eléctrico.
