© Danny Jiménez
Una vez al año, y como es usual cada febrero, la medialuna de la localidad de Coirón cobra vida. Por un par de días las endebles graderías, encajonadas entre las áridas montañas de Salamanca, en la IV Región, ponen a prueba su resistencia cuando los vecinos se acomodan para disfrutar del rodeo local. Es el punto de reunión anual para las comunidades agrícolas de la zona, pero en febrero pasado la apacible tradición cambió.
Un mes antes de iniciarse los festejos en Coirón, el vecino más imponente del valle lanzó un misil que hasta hoy tiene convulsionadas las riberas del río Choapa: Minera Los Pelambres, de propiedad de los Luksic y presidida por el menor del clan, Jean Paul, solicitó nuevos derechos de agua subterráneos, equivalentes a 612 litros por segundo. Casi la misma cantidad que emplea la compañía para mover sus operaciones diarias en lo alto de la cordillera. Como un rumor que se propaga de manera viral, los asistentes se enteraron en la medialuna de las intenciones de la cuprera. Ese día se desató la guerra en la cuenca del Choapa.
Cuando el 4 de enero Minera Los Pelambres acudió a la oficina de la Dirección General de Aguas (DGA) en Illapel, para solicitar nuevos derechos provisionales de extracción de agua, no sólo encendió las alarmas entre los pequeños agricultores de Salamanca. Grandes empresarios, como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que en la zona tienen la Agrícola Mercedario a 40 kilómetros del yacimiento, también entraron al campo de batalla. Y no fueron los únicos. Hace pocos meses la familia Del Río, mayores accionistas individuales de Falabella, compró un fundo de 600 hectáreas 35 kilómetros río abajo de Mercedario. A través de los canalistas de Pintacura Norte, el área donde pretenden cultivar paltos y nogales, ellos también se hicieron parte. Se trata de un caso de acusaciones cruzadas en una cuenca que, aparentemente, no aguanta más usuarios, un conflicto que repite patrones como los vistos en Huasco (Pascua Lama), donde pequeños y grandes usuarios comparten riberas.
Luksic versus Délano
Aquel día de enero, en el cual los abogados Gonzalo Montes y Renzo Stagno solicitaron derechos de agua a nombre de Minera Los Pelambres, se inició la guerra en el valle del Choapa. Sin embargo, meses antes ya se habían registrado un par de pugilatos entre la compañía liderada por Jean Paul Luksic y la agrícola de Carlos Alberto Délano, pero se mantuvieron en secreto.
Los capítulos previos sucedieron así: en julio de 2011, cinco meses antes de que Pelambres hiciera lo propio, Agrícola Mercedario pidió la concesión de 344 litros por segundo de recursos hídricos de carácter subterráneo, para regar la expansión de su campo de 650 hectáreas en el sector de Panguecillo, al este de Salamanca.
Apenas la Junta de Vigilancia del Río Choapa, entidad que agrupa a la mayoría de los regantes de la zona -incluidos Pelambres y Mercedario- se dio por enterada, el grupo Luksic inició una ofensiva para frenar los propósitos de la firma de Délano y Lavín. Aprovechando que en la mesa directiva de la junta la minera tiene un director, el mismo Gonzalo Montes, Pelambres se informó casi de inmediato de la jugada de Mercedario. A los pocos días rechazaron formalmente los deseos de la agrícola en las oficinas de la DGA regional.
No sólo eso. Al mismo tiempo Montes, desde su puesto en la Junta de Vigilancia, asesoró a la mesa para que ésta también contraviniera la solicitud de Délano y compañía. Así se formaba un frente amplio de oposición a Mercedario. Una estrategia bien pensada, ya que de los 18.000 litros por segundo que han sido adjudicados en el río Choapa, 16 mil están reunidos en esta entidad. Con el tiempo, esta acción terminó desechando las pretensiones del campo de los dueños de Penta.
La devuelta de mano
Pasaron cuatro meses desde aquel primer desencuentro entre Luksic y Délano, y Agrícola Mercedario volvió a la carga. En noviembre solicitaron nuevamente derechos provisionales de agua por otros 13 litros por segundo, sumándose a la petición anterior. Como asegura el gerente general de la firma, Arturo Miquel, el recurso se requiere para ampliar la producción de paltos y cítricos en 250 hectáreas, tiñendo de verde los desérticos cerros. Pero como era de esperarse, sus vecinos volvieron a oponerse. Esto porque la agrícola no tiene planes de reutilización del recurso, según sus detractores, por lo cual entregarles más agua sería hipotecar el futuro del valle, tal como ha ocurrido en Petorca o en Copiapó.
Pero llegó el 4 de enero y Pelambres solicitó 612 litros por segundo. Mercedario devolvió la mano y presentó un rechazo a las pretensiones de la cuprera. “Quieren secar el valle”, acusa Miquel. Los Penta no fueron los únicos oponentes.
Fue tal el shock que causó en Choapa la solicitud de Pelambres, la cual se ventiló en diversos programas radiales de la región, que en pocas semanas se presentaron 231 oposiciones. Entre ellas, la del municipio de Salamanca, la de la sanitaria local Aguas del Valle, y de todas las agrupaciones de canales de la zona, como la comunidad donde participan hoy los Del Río. También sus ex aliados contra Mercedario, la Junta de Vigilancia del Río Choapa, manifestaron su antagonismo.
Cuando Minera Los Pelambres acudió a la oficina de la DGA para solicitar nuevos derechos provisionales de extracción de agua, no sólo encendió las alarmas entre los pequeños agricultores de Salamanca. Grandes empresarios, como Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, también entraron al campo de batalla.
Asesorados por el ex director nacional de la DGA, y hoy socio del estudio Puga Ortiz, Rodrigo Weisner, la mesa directiva de la junta decidió incentivar a otras comunidades para que rechazaran de manera independiente la demanda: así se generaba más presión ante la DGA de Coquimbo. “No queremos que se entreguen más derechos de agua, ni superficiales ni subterráneos, porque las cuencas se alimentan de manera dependiente la una de la otra, y van a terminar secando el acuífero. La misma DGA resolvió en 2009 que esta cuenca tenía restricción para nuevos derechos, entonces de ahí nace la idea de armar esta gran causa”, explica el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, Luis Lohse.
La batahola dio resultados. La DGA de Coquimbo rechazó en marzo las dos peticiones de Mercedario y, a mediados de abril denegó los permisos provisionales a los cuales aspiraba Pelambres. Triunfo para los casi tres mil regantes. Aunque sólo momentáneo: Mercedario ya inició un proceso de reconsideración en la oficina central de la DGA en Santiago, abriendo un nuevo flanco.
Hasta la última gota
Los estudios de Pelambres
Pedro Moyano viajaba desde Illapel -a media hora de Salamanca- cuando lo llamaron a su celular. Como dirigente de los regantes del canal Silvano venía de estampar la oposición a los derechos de agua solicitados por Pelambres. Ese 1 de marzo, coincidentemente, una comitiva de ejecutivos de la minera lo esperaba en la sede comunitaria.
Allí estaba el subgerente de Asuntos Públicos, Alejandro Escudero, quien quería explicarle las razones de haber pedido derechos adicionales a los casi 1.400 litros que ya poseen. Allí supo que la minera quería, con los nuevos derechos, analizar el comportamiento del acuífero. Que en vez de sacar los 650 litros que requieren hoy en día desde el río (de un máximo de 829 que tienen autorizados para el yacimiento), deseaban hacerlo de manera subterránea, y así poder comprobar su tesis: que las napas se alimentan y regeneran de manera independiente al Choapa. Para ello necesitaban de la autorización de la DGA, ya que la gran mayoría de su actual concesión son derechos superficiales. También les dijeron -recuerda Moyano- que al tener más derechos que los permitidos para la operación, podrían entregar excedentes a las comunidades en tiempos de sequía, algo que no haría Mercedario.
Con todo, no hay humo blanco en esta batalla. Precisamente, porque lo que está en juego vale oro. Diez años atrás una parcela de una hectárea se vendía en $ 1 millón y el agua era gratis. Hoy, si la tierra trae derechos de extracción incluidos, puede costar $ 10 millones. Y un litro por segundo adicional se revende en algo así como $3,5 millones.
El temor al lobby
Por ahora sólo Mercedario ha persistido en su cruzada. Hace pocas semanas presentaron un recurso de reconsideración, y ahora será el director nacional del organismo estatal, Matías Desmadryl, quien decida si entrega los nuevos derechos. En Pelambres en cambio creen que desistirán. Pese a ello, los canalistas están inquietos. Les preocupa que la decisión final sobre la solicitud de Penta se tome en Santiago. “No podremos participar en la discusión. Le tememos al lobby; que ambos grupos, con el poder que tienen, puedan mover influencias”, explica el presidente de la junta, Luis Lohse.
Los agricultores tienen otros temores. El miércoles 9 recién pasado, en un directorio de la Junta de Vigilancia, se discutieron los últimos avances de las causas contra Mercedario y Pelambres. Parte de la testera hizo ver sus aprehensiones ante un exceso de otorgamientos de derechos en el río. “Aun cuando sean provisorios, después de 5 años nadie se los quita”, reclamó uno de los asistentes. Además de esas interrogantes hay otros temas que preocupan: el gobierno regional realiza un plan hídrico para monitorear la realidad de cada cuenca, y así dar mejor distribución a los derechos de agua. Pero una de las profesionales a cargo de levantar esos datos es la ingeniera Damaris Orphanopoulos, la misma persona que asesoró a Mercedario en sus solicitudes de agua, como corroboró el gerente de la agrícola, Arturo Miquel. Ello levanta sospechas entre los canalistas. A juicio de Desmadryl es una situación diferente que no genera interferencia, disipando de paso los temores que cruzan a la convulsionada cuenca del Choapa.
