Aunque es uno de los paños más cotizados del sector oriente, hoy poco y nada se puede hacer allí. Hace siete  meses tres miembros del clan Del Río -dueños de Derco- están enfrascados en un arbitraje por un terreno de 10 mil m2, con la inmobiliaria que controla ese sitio, cuyo principal accionista es el empresario Leonidas Vial, cabeza del banco de inversión LarrainVial. 

Se trata del paño donde tuvo sede el ex Club de Campo, el histórico recinto deportivo emplazado en Avenida Las Condes y que cerró sus puertas en 1992.

Desde entonces, el sitio está deshabitado y es foco de atención de los principales grupos económicos del país. Entre ellos, Rentas Comerciales -sociedad controlada por los Del Río-, quien en 2010 se acercó a Inmobiliaria Club de Campo S.A. -sus actuales dueños- para manifestar su interés en una hectárea de aquel pedazo de tierra.

Las tratativas prosperaron: un año después, Juan Pablo, Felipe y Carolina Del Río Goudie firmaron una promesa de compraventa para adueñarse de ese paño. Querían levantar ahí un complejo de oficinas que incluía dos modernos edificios y una plaza de autos Derco. Pero en diciembre de 2011 el panorama cambió drásticamente: los miembros de la sociedad dueña de esas tierras les informaron a los Del Río que no les venderían el paño.

Los hermanos reaccionaron de inmediato. Para ellos, el abrupto fin al contrato tenía una sola explicación: “Los accionistas de la inmobiliaira debían tener otro interesado dispuesto a pagar más por el terreno. Por supuesto, ellos no iban a aceptar ese cambio de planes”, dice un cercano al grupo. Con la idea de dar esa batalla, el clan contrató al abogado Max Letelier -socio de Barros y Letelier-. Lo primero que hizo el jurista fue presentar una medida prejudicial ante el Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago para prohibir a Club de Campo vender dicho terreno. El tribunal acogió la medida a fines de enero pasado.

Los hermanos fueron más allá: acudieron a la Cámara de Comercio de Santiago para solicitar que un experto en esta materia exigiera el cumplimiento del contrato y que actuara de mediador entre las partes. Así,  durante el verano pasado, se designó como árbitro en el caso al abogado Jorge Barros Freire. El conflicto estaba desatado.

Las audiencias del arbitraje comenzaron en abril pasado. En ellas han quedado contrapuestas las versiones de ambos grupos: los denunciantes reclaman que la inmobiliaria no cumplió con el acuerdo, mientras los acusados apuntan a los dueños de Derco como los responsables de que la transacción se haya venido abajo. ¿La razón? Dicen que los Del Río no llegaron a firmar el contrato el día que correspondía.

 

Tierra en deuda

La “tierra de la discordia” ha tenido varios oferentes desde que, en 2006, los socios de Club de Campo decidieran vender el terreno de 37.500 m2 que pertenece a Vitacura, aun cuando se encuentre en el corazón de Las Condes, casi al frente del Cantagallo. La idea de los socios era desprenderse de las casi cuatro hectáreas.

La alternativa que entonces manejaba la sociedad era subdividir el paño en varios lotes, lo que permitiría encontrar diferentes interesados. El terreno era considerado una “joyita inmobiliaria”: está emplazado entre supermercados, colegios, centros comerciales y automotoras. Además, colinda con el río Mapocho. Tres de los grandes retailers del país manifestaron su interés por acceder a ese paño. Pero ninguno de ellos ofreció lo que los accionistas pedían por él.

Había que pensar en otra salida. Con ese ánimo, en 2009 contrataron al arquitecto Emilio Soto. Querían que diseñara un nuevo plan maestro para concretar, por fin, la venta de esas hectáreas. La fórmula era dividir el terreno en seis, para así obtener un mix de valorizaciones. 

Los socios, liderados por Vial, tenían las cosas claras: venderían a 25 UF el m2 en los cuatro paños que dieran hacia Las Condes y a 15 UF por m2 en los dos que bordeaban el río Mapocho, cuyo uso sería habitacional.

Los Del Río quieren que se respete el precio fijado hace dos años (22,5 UF por m2) y Leonidas Vial y sus socios  pretenden que se les pague el precio actual, o sea 51,4 UF por m2”, señala Manuel Vial, gerente general de la inmobiliaria.

El plan tuvo éxito: a mediados del 2010 la sociedad Rentas Comerciales -controlada por los Del Río- realizó una oferta concreta: querían un lote de 10 mil m2, que diera a Las Condes. El 30 de junio ambas sociedades firmaron la promesa de compraventa: fijaron el precio en 22,5 UF el m2, unos $ 5 mil millones. La compra debía concretarse antes del 4 de abril de 2012.

 

Proyecto al suelo

Varias inmobiliarias tenían puestos sus ojos en ese sector, que en los últimos años se ha transformado en un nuevo polo de negocios. No sin razón los Del Río vieron en ese sitio una oportunidad.

La elección del arquitecto no fue al azar: contactaron a Emilio Soto, el mismo que había trabajado para los accionistas de Club de Campo, un conocido de los dueños de Derco, pues ha desarrollado varios de los proyectos del clan. A comienzos del 2011 el profesional presentó un bosquejo de lo que sería la nueva apuesta empresarial del grupo, que contaba con dos torres sustentables, de 11 pisos, unidas en su parte inferior por un parque de automóviles. A fines del 2011, la Dirección de Obras de Vitacura aprobó el anteproyecto.

Todo iba sobre ruedas, hasta que en diciembre del año pasado se vino, inesperadamente, abajo el acuerdo: Club de Campo reclamó que ya se habían cumplido los requisitos para concretar la compraventa antes del deadline, fijado para el 4 de abril de 2012. Según ellos, el plazo debía adelantarse porque la Dirección de Obras de Vitacura ya había aprobado el anteproyecto de edificación. “El contrato se tenía que firmar dentro de los 10 días hábiles después de tener el visto bueno de la autoridad”, dicen cercanos a los dueños del terreno.

Así, el “plazo fatal” para concretar el negocio era, para ellos, el 23 de diciembre. Al no tener noticias de los compradores, les enviaron una carta el 21 de diciembre, señalándoles que dos días después caducaba el plazo para concretar la firma.

Rentas Comerciales hizo caso omiso aduciendo que el plazo no vencía, según lo estipulado hasta abril del año siguiente. Cercanos al grupo indican que “la agresiva actitud de la inmobiliaria se explica porque tenían un mejor comprador y porque no quieren seguir con la venta”. Agregan que había un “acuerdo de caballeros, sellado en notaría y que no se buscaron instancias de conversación para acordar los plazos”.

Los Del Río no se presentaron el 23 de diciembre. Cercanos al grupo señalan que cuando recibieron la notificación de la inmobiliaria, aún estaba pendiente la entrega de varios documentos de esa sociedad a Rentas Comerciales, como el certificado de asignación de roles del SII; la copia de las inscripciones de dominio originales del bien raíz; y el certificado de que las contribuciones estuvieran pagadas.

“Les pidieron esos documentos para poder efectuar la calificación de los títulos, confirmar su adecuado estado y así cerrar la compraventa. Sin embargo, nunca entregaron los documentos. Al poco tiempo, nos informaron de la disolución del contrato”, dicen cercanos al caso.

Con la ausencia de una de las partes, el contrato se disolvía automáticamente: en teoría, Club de Campo quedaba libre para vender el terreno a un tercero.

Contraataque

Al enterarse de lo ocurrido, los hermanos organizaron una reunión “de emergencia”: debían impedir la disolución del contrato y estaban dispuestos a llegar lejos. Un día después de recibir la nota de Club de Campo, presentaron una medida precautoria para prohibir celebrar contratos sobre esta hectárea en disputa. El terreno quedaba congelado. Y sobre él se levantaba un arbitraje, que lleva seis meses sin concitar acuerdo.

Hace dos semanas comenzó la fase de conciliación, etapa que busca que las partes lleguen a un pacto amistoso. Sin embargo, hoy sus posturas son irreconciliables. “Rentas Comerciales quiere que se respete el precio fijado hace dos años (22,5 UF por m2) y Club de Campo pretende que se les pague el precio actual, o sea 51,4 UF por m2”, señala Manuel Vial, gerente general de la sociedad e hijo de Leonidas Vial.

El escenario es complejo: si las partes no llegan a acuerdo, será el árbitro quien decida antes que termine el año. Después de su sentencia no hay reclamo que valga.