A simple vista las relaciones continuaban tan fluidas como siempre. El 21 de junio pasado, el empresario Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, se sentó en primera fila en el seminario “Latam: be or not to be”, que organizó Moneda Asset Management. Nadie sospechaba entonces que el vínculo entre Ponce y Pablo Echeverría, presidente de la administradora de fondos privados, pasaba por su peor momento.
Seis meses antes, la cabeza del principal productor mundial de litio había recibido un documento elaborado por un socio de Moneda. En él se entregaban “antecedentes de prácticas impropias” graficadas en cuatro operaciones, realizadas entre 2009 y 2011. Éstas, según el informe, respaldaban la “presunción de abusos” por parte de Ponce en Oro Blanco y Norte Grande, dos de las sociedades que controlan SQM, y de las cuales Moneda y varias AFP son accionistas minoritarios.
El título del informe, realizado en enero de 2012, y que se ha manejado en total reserva era decidor. “Potencial abusos contra accionistas minoritarios”. El conflicto se desató. Cercanos a Ponce argumentan que Echeverría intentó buscar un acuerdo desde el primer minuto. La idea era que el empresario cediera, por fin, a la propuesta de fusionar las distintas sociedades que controlan SQM a través de un esquema de cascadas: Calichera, Potasios, Oro Blanco, Nitrato y Norte Grande. La petición, en palabras simples, buscaba reducir la tasa de descuento que el mercado aplica a las acciones aguas arriba. A cambio, Echeverría se comprometía a no enviar el “comprometedor” documento a la SVS.
Las negociaciones duraron seis meses. En reiteradas oportunidades Julio Ponce aterrizó en las oficinas de Moneda, en Isidora Goyenechea, para aunar posiciones. Si bien el empresario habría ofrecido aumentar los cupos para directores independientes en Oro Blanco y Norte Grande, se negó siempre a fusionar las sociedades: si ello ocurría perdería el control de SQM, una empresa avaluada en bolsa en US$ 16 mil millones, a lo cual él no estaba dispuesto. En esas reuniones participaron también dos abogados, Pedro Pablo Gutiérrez y Pablo Guerrero, ambos directores de Moneda. Este último, además, por esos días también era director de una de las sociedades de Ponce.
Paralelamente, el escenario se volvió más complejo: en abril la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inició un proceso de fiscalización respecto a las operaciones de todas las sociedades de las cascadas. Los minoritarios afirman que muchas de ellas eran entre relacionadas y no habían sido informadas debidamente al ente regulador. El asunto comenzó a escalar.
El cara a cara
Pese a los intentos por conciliar posiciones, hace tres semanas quedó sepultada la idea de lograr un acuerdo.
Las cuatro operaciones que se cuestionan en el documento elaborado por un socio de Moneda habrían provocado pérdidas para Oro Blanco y Norte Grande por cerca de US$ 500 millones.
Antes de la junta extraordinaria de accionistas de Oro Blanco, del 31 de julio, Moneda hizo pública su disconformidad con el aumento de capital por US$ 315 millones propuesto por Oro Blanco, el 22 de diciembre de 2011. Pero durante esa asamblea, que duró más de cinco horas, Echeverría planteó sus reparos frente a ciertas operaciones de ese año. Cuestionó que Oro Blanco vendiera acciones de Calichera a $726 en un remate bajo precio de mercado (entonces la acción bordeaba los $810), el cual fue anunciado con menos de 24 horas de antelación, y que gran parte de esas acciones fueran compradas por Inversiones SQ, relacionada con Ponce. Además criticó que sólo siete meses después Oro Blanco, a través de su filial Potasios, comprara acciones de Calichera a $1.064, el mayor precio del año, y que la acción justo después bajara de precio. El vendedor de gran parte de estas acciones fue Inversiones SQ. Según el documento Potencial abuso contra accionistas minoritarios la pérdida para Oro Blanco en estas transacciones “ascendería a $44 mil millones”.
En la junta, Echeverría fue más allá. Afirmó que se sentía con el deber de señalar: “Creemos que existen serios reparos con respecto a otras operaciones de 2011, como de ejercicios anteriores que deben ser revisados por el directorio y por los accionistas de la compañía sin perjuicio de las facultades de la SVS”, dice el acta.
Desde el entorno de Moneda le recriminan a Ponce -que controla un 80% de Oro Blanco- que esté llevando a cabo transacciones que no benefician a la sociedad. Uno de sus ejecutivos cuestiona que se haya llamado a remate con tanto apuro, cuando para ellos se hubiera podido obtener un mayor beneficio si se hubiese anunciado con mayor antelación.
Después de esa junta, primero Habitat, luego Provida y más tarde Capital se sumaron a la arremetida contra las cascadas de Ponce. Desde las AFP afirman que se han realizado múltiples operaciones en los últimos tres años que han reportado pérdidas a las sociedades Oro Blanco y Norte Grande: entre agosto de 2009 y agosto de 2012, SQM aumentó su valor en 56%, mientras que sus “dueños” operan en sentido contrario: Norte Grande ha perdido 28% su valor, y Oro Blanco, un 25%, según cifras de la Bolsa de Comercio. Además las administradoras de fondos de pensiones pidieron al regulador investigar los precios de acciones erróneos, publicados en sus memorias.
Dardos hacia Moneda
Luego de la última junta, Pablo Echeverría se reunió con Fernando Coloma, titular de la SVS, para entregarle mayores detalles de las distintas operaciones realizadas por Oro Blanco y Norte Grande. En las oficinas de la SVS estaría también ahora el documento “Potencial abuso contra accionistas minoritarios”.
La batalla soterrada en SQM
Desde la junta extraordinaria de accionistas de fines de julio, el controlador de SQM dejó de hablar con Echeverría. Cercanos a Ponce afirman que esta “es una arremetida de Moneda para justificar, de alguna forma, el mal negocio que hizo la administradora de fondos al vender entre 2008 y 2010 toda su participación de Calichera”. Incluso más. Desde SQM afirman que el 4 de mayo de 2010 Moneda vendió dos paquetes de acciones de Calichera a $851 y compró cinco paquetes de Oro Blanco a más de $8. “El problema es que hoy Calichera vale cerca de $880 y Oro, $6. Han perdido mucha plata”, dice un cercano a Ponce.
Sin embargo, agrega esta fuente que en su momento todo indicaba que deshacerse de acciones de Calichera y comprar Oro Blanco y Norte Grande, cuestión que replicaron las AFP, había sido “negocio redondo”. Tanto que en 2010, durante el cóctel que Echeverría organizó en su departamento en San Damián para despedir a Juan Luis Rivera, uno de sus socios que partía a Estados Unidos, y donde llegaron cerca de 100 personas, entre ellas empresarios, autoridades de gobierno y el propio Ponce, el anfitrión habría comentado que “la oferta de vender Calichera con un premio de 5% sobre el valor de mercado y con un descuento había sido irresistible”, dice uno de los comensales.
Un ejecutivo de SQM lanza nuevos dardos. “Tanto Moneda como las AFP han realizado swap de acciones de Calichera por Oro Blanco, lo que significa que hubo un acuerdo en el precio con las corredoras sin pasar por bolsa”. Aunque tanto las AFP como Moneda desmienten esta versión, la memoria del 2010 de la administradora de fondos la avala. En su página 12, el fondo Pionero de Moneda afirma que el retorno se eleva a 63% e indica que entre las operaciones cabe destacar las swap de las acciones de Calichera por Oro Blanco.
Por otra parte, fuentes cercanas al controlador se defienden de que la valorización de Oro Blanco y Norte Grande haya caído en relación a SQM. “Esto es simplemente porque las sociedades de arriba hoy tienen poca liquidez: Ponce controla el 80% de Oro y finalmente dependen de si él vende acciones o no. Anteriormente la liquidez de Calichera era alta, porque había mucha acción libre”.
Operaciones cuestionadas
La operación denunciada en la junta de julio era sólo uno de los cuatro casos que el informe del socio de Moneda detalla en sus páginas. En éste se desmenuza el modus operandi con que Ponce manejaría las sociedades controladoras de SQM. Eso, al menos, es lo que literalmente expone el documento que hoy manejan además de Moneda, varios de los departamentos de estudio de instituciones financieras como Santander y Consorcio.
“En la situación que se presenta hay elementos suficientes para evaluar la posibilidad de expropiación de riqueza al accionista minoritario atendiendo que la sociedad controladora frecuentemente está comprando y vendiendo acciones de sus sociedades filiales. Si bien la compra y venta de dichas acciones se hace a través de movimientos de mercado, teniendo en cuenta elementos como la escasa liquidez de los activos transados, los volúmenes de los montos transados y lo repentina de tales operaciones, resulta plausible esta hipótesis”, reza el estudio.
Las otras tres operaciones que se detallan allí y que son calificadas como “presuntos abusos contra los minoritarios” por parte del controlador indican que las pérdidas para Oro Blanco y Norte Grande se elevarían a US$ 500 millones (cerca de $260 mil millones).
“Tanto Moneda como las AFP han realizado swap de acciones de Calichera por Oro Blanco, lo que significa que hubo un acuerdo en el precio con las corredoras sin pasar por bolsa”, asegura un ejecutivo de SQM.
La primera operación que exponen ocurrió en mayo de 2009, cuando Oro Blanco vendió el 11% de sus acciones de Calichera en un remate a $576. Un mes y medio más tarde Oro Blanco compró acciones de Calichera a $830. En octubre fue por más: adquirió un paquete por $910 y otro por $920. Por ello los accionistas le cuestionan a Ponce el vender barato y comprar caro, en desmedro de la sociedad, lo que se tradujo, según el documento, en una pérdida de más de $36 mil millones.
Desde el entorno de Ponce tienen una explicación clara. Afirman que la situación en 2009 era muy compleja. Los había atacado la crisis subprime y la cadena de sociedades había abultado una deuda de US$ 800 millones. Además, el Banco de Chile había exigido que Oro Blanco pagara un crédito de US$ 100 millones que estaba a punto de vencer. La decisión fue tan drástica, que los gerentes de la sociedad incluso llegaron a pensar que el grupo Luksic estaba interesado en comprar SQM, explican en la firma.
Desde la otra vereda, dicen, entienden que haya apuros que impliquen pérdidas. Lo que no comparten es que se repitan con tanta frecuencia. En el informe se indica que en 2009 también hubo perjuicios en Norte Grande. En abril, esa sociedad decidió no suscribir sus acciones de Oro Blanco a $5,92. En mayo, estas acciones no suscritas se remataron a $7,92. El comprador fue Inversiones del Sur, relacionada con el controlador. El hecho que cuestionan los minoritarios es que de agosto en adelante Norte Grande -que no había suscrito acciones de Oro- ahora las comprara por $9,4, casi al doble. El informe acusa que fue la Sociedad Agrícola Ganadera San Carlos, relacionada a Aldo Motta, gerente general de Norte Grande, quien vendió parte de esas acciones. El 9 de octubre, Oro Blanco colocó en remate otras acciones no suscritas a $7,92. Menos de un mes antes Norte Grande había pagado $9,4. Además no participó del último remate y meses después compró acciones sobre $8,5. Las pérdidas, según el documento, ascenderían a cerca de $60 mil millones.
Cercanos a Ponce afirman que Norte Grande no suscribió debido a la deuda que los aquejaba. Además explican que “en esta pasada todos ganaron, puesto que el precio del remate se inscribió a $5,92, y terminó adjudicándose a $7,92”. En esta operación, agregan, la corredora LarrainVial colocó el remate en el mercado por cuenta de Oro Blanco. Paralelamente, Celfin abrió otro libro. Pero fue LarrainVial quien ganó: su representado Inversiones del Sur -ligado a Ponce- compró gran parte de ese paquete.
La última de las operaciones que según el documento genera dudas tiene relación con un aumento de capital que el controlador propuso en 2010: Oro Blanco no suscribió a $512 las acciones de Calichera que le correspondían. Así, perdió un dividendo de $108. Ello terminó en un remate a $780. Sólo tres meses después Oro Blanco compró Calichera, esta vez a $988 por acción, lo que según el escrito generó una pérdida de más de $100 mil millones. Lo que piensan algunos minoritarios es que los beneficiados fueron sociedades ligadas a Ponce, cuestión que desde el círculo del empresario niegan drásticamente. Con todo, para comprobar o desechar esta teoría, fuentes del mercado aseguran que la SVS habría solicitado a los bancos y corredoras que entreguen los RUT de las sociedades que han comprado y vendido acciones en estos años. El jueves 23 de agosto finalizó el plazo para que Julio Ponce entregara el detalle de todas las operaciones de las cascadas.
La batalla aún continúa. Y será la SVS -que hoy maneja el caso como primera prioridad- la que dirima si en estos tres últimos años hubo acciones que atentaron contra los minoritarios, la Ley de Sociedades Anónimas y si hubo triangulaciones entre las cascadas.
