Hace cuatro años la rutina de Alejandro Contin Naranjo (68) cambió radicalmente. En el pasado quedaron sus comidas con destacados empresarios y sus travesías en su yate personal, bautizado como El Gran Mastín. Hoy se le ve con frecuencia caminando por calle Mac Iver, en el centro de Santiago, rumbo a la oficina de su abogado, Pablo Gómez Edwards.
Varias veces por semana el ex dueño de la corredora de bolsa Alfa va al céntrico bufete y pasa sus horas leyendo documentos que le ayuden a reconstruir qué pasó a inicios de 2008, cuando la empresa que fundó en 1984 y que se convirtió en una de las más importantes del mercado cayó en desgracia. El 22 de abril de ese año la firma suspendió sus operaciones por problemas financieros y, a las pocas semanas, quebró.
Desde ese entonces el presidente del ex grupo Alfa, hoy formalizado por quiebra fraudulenta -entre otros cargos-, aboca sus esfuerzos en su defensa y en la de su hijo Antonio, ex gerente general de Alfa, quien también está imputado. Ambos han guardado silencio por más de cuatro años, situación que comenzarán a revertir a contar del lunes. A las 9 de la mañana de ese día, en el décimo piso del Centro de Justicia, se dará inicio a la audiencia de preparación del juicio contra él y Antonio. El comienzo de la recta final de un largo periplo, inédito en la justicia local: es la primera vez que el mercado cuestiona la veracidad de una quiebra y también el primer caso en que una intermediaria de valores es denunciada por uso de custodia de terceros.
A ambos ex ejecutivos se les acusa de obtención ilícita de créditos bancarios, quiebra fraudulenta y de violar la Ley de Mercados en reiteradas ocasiones, principalmente por utilizar los dineros de las acciones en custodia de sus clientes, aunque ninguno de ellos resultó finalmente afectado. En total, cinco delitos y una potencial pena de 17 años, en un caso que no tiene precedentes en Chile, debido a la poca historia que tiene la ley vigente.
A partir del lunes, los Contin iniciarán una fase en la cual se defenderán con todo lo que tengan a mano. Para eso el patriarca ha encabezado su defensa, pero también un contraataque dirigido a las principales corredoras de Chile, entre ellas LarrainVial. Las acusa de provocar la quiebra de su firma y de quedarse con su botín más preciado: el 9,7% que mantenía en la AFP Provida. Una arista diametralmente opuesta a la que mueve la acusación en su contra y que lo llevará este lunes a comparecer ante la justicia.
La estrategia de los Contin apunta a las principales corredoras de Chile, entre ellas LarrainVial. Las acusa de provocar la quiebra de su firma y de quedarse con su botín más preciado: el 9,7% que mantenían en la AFP Provida.
Las entidades financieras, entre ellas el Banco de Chile y el Bice, imputan a la dupla familiar el haber solicitado líneas de crédito el 21 de abril de 2008, un día antes de destaparse el escándalo, causándoles daños por sobre los $21 mil millones, a sabiendas de que el fin de Alfa estaba por ocurrir.
El primer round en el estrado
Cuando se inicie el juicio por la quiebra de Alfa, lo cual debería ocurrir a fines de octubre, no sólo será la oportunidad para que los Contin expongan su artillería. Será principalmente el momento en que el Ministerio Público, con el fiscal Luis Inostroza a la cabeza, exhiba los casi cuatro años de investigaciones, con el fin de poner tras las rejas a los dos formalizados.
La piedra angular de la etapa probatoria del fiscal serían los discos compactos que varias corredoras de bolsa aportaron, donde se da cuenta de las últimas transacciones que realizó Alfa con una sociedad denominada Inversiones Fox, también de propiedad de los Contin.
Han sido estos movimientos de acciones la arista que con más fuerza sostiene parte de los 17 años 
de cárcel que solicitó el Ministerio Público como pena para los imputados. Con ayuda de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) monitorearon todas las operaciones entre ambas firmas durante el verano de 2008 hasta el 22 de abril. Según el expediente del caso, Alfa traspasaba las acciones a Fox y desde ahí los imputados realizaban -de acuerdo a la acusación- el uso ilegítimo de los papeles bajo su custodia con fines personales, para sanear la situación de crisis que vivía la fallida corredora.
“La evidencia de que se coordinaban o no a través de correos electrónicos no es tan relevante porque ambos podían ponerse de acuerdo en el auto, en la casa, porque son padre e hijo y vivían juntos. Acá lo relevante fue que llegamos de inmediato y nos hicimos de la información contable, con la cual pretendemos acreditar principalmente tanto la quiebra fraudulenta como las operaciones ilícitas entre Alfa e Inversiones Fox”, comenta Inostroza.
Será en ese juicio, el cual podría durar 4 a 5 semanas según las estimaciones de la fiscalía, donde además se abrirá todo el nutrido expediente investigativo. Más de 130 documentos, entre ellos seguimientos de las operaciones bursátiles y los informes de las cuentas bancarias de los imputados serán parte de las pruebas. También se conocerán las declaraciones de 45 testigos, entre ellos contadores, analistas bancarios y ex funcionarios de la fallida intermediadora de valores. Ahí también estarán contenidas las declaraciones de Alejandro y Antonio, quienes acudieron en dos oportunidades al noveno piso del Centro de Justicia, a la oficina de Inostroza. Peritajes y otros documentos sellarán el dossier de testimonios.
La hora de los Contin
Un camino sinuoso
Los 52 meses que ha demorado la investigación y el inicio del juicio no han estado exentos de dificultades para los Contin. Convencidos de su inocencia, comenzaron a asesorarse por el ex ministro del gobierno de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, y contrataron los servicios legales del estudio Puga Ortiz. Pero en la mitad del camino, la relación con los últimos se fracturó irreparablemente.
Parte de la nueva estrategia de los acusados, de ir a la carga contra las mismas entidades que hoy los acusan de provocarles millonarios daños, fue la piedra de tope durante los dos primeros años del caso. Para Alejandro Contin era necesario ir contra las corredoras de bolsa y los bancos que, a su juicio, aceleraron su caída. Para su antigua defensa, ese escenario no era el recomendable, ya que calentaría los ánimos y los perjudicaría. Hasta que trabajaron juntos Contin y Luis Ortiz, uno de los socios del estudio, no se optó por ese camino.
Pero el quiebre final vendría en noviembre de 2010. Según coinciden varios involucrados en el proceso, los antiguos juristas de los Contin tendieron puentes con el Ministerio Público y, hacia fines de ese año lograron negociar una salida abreviada con el fiscal Inostroza. Discutieron una pena de cuatro años -dando opción a que el juez otorgase una libertad vigilada- y pusieron fecha para esa audiencia. Dos días antes de cita programada, los clientes decidieron no aceptar la oferta. Alejandro Contin habría señalado categóricamente que no estaba dispuesto a reconocer algún grado de culpabilidad, y que seguirían adelante con el juicio. Se desechó el acuerdo, y a las pocas semanas contrataron a Pablo Gómez.
Fue en ese entonces que los Contin decidieron adoptar un camino más confrontacional. Por meses el patriarca había estado dándole vueltas a la idea de demandar y querellarse contra quienes compraron las acciones que él mantenía en Provida a un precio por debajo del mercado, como lo hace notar su defensa.
El caso de los Contin es inédito en la justicia local: es la primera vez que el mercado cuestiona la veracidad de una quiebra y, también, el primer caso en que una intermediaria de valores es denunciada por uso de custodia de terceros.
Tras discutirlo con su abogado, en agosto de 2011 pusieron una querella criminal por quiebra fraudulenta contra ocho corredoras de bolsa. Su principal objetivo fue el banco de inversiones LarrainVial.
El contraataque esperado
Aprovechando el desarrollo del juicio, Alejandro Contin además de refutar las acusaciones del fiscal Inostroza, pondrá sobre la mesa un cargo que, hasta ahora, no ha tomado fuerza, pese a que pusieron la querella hace más de un año. Según los Contin, ninguna de las corredoras que compraron el 9,7% de Provida respetó el convenio privado que Alfa y las instituciones Bci, Scotiabank, Penta, Bice, Ureta y Bianchi (hoy Merrill Lynch), EuroAmerica, Tanner y LarrainVial firmaron el 28 de abril de 2008, a seis días de destaparse el escándalo, con el fin de rematar el porcentaje de la AFP.
Tal subasta, manejada por LarrainVial, se realizó el 7 de mayo y los 17 millones de papeles de la AFP que los Contin tenían en su poder, el bien más preciado para Alejandro, se repartió entre varias corredoras, siendo LarrainVial, el Bice, Penta y Banchile los compradores del 90% de los títulos. “A un precio muy inferior al que deberían haber salido a remate, porque LarrainVial inundó el mercado con acciones de Provida y el precio se fue al suelo”, comenta el abogado Pablo Gómez. La pérdida de ese patrimonio habría gatillado rápidamente su quiebra.
De ahí el enojo y las ganas del patriarca por deshacer la subasta y volver a tener casi el 10% de la administradora de fondos de pensiones, para así pagar todos los compromisos. Según sus cercanos, con el tiempo se ha dado cuenta que fue presionado por los acreedores para desprenderse de su participación en Provida. En su entorno relatan que él confió en que los bancos buscarían el mejor precio para los papeles y pagar la deuda e incluso quedar con patrimonio, debido al alto precio de las acciones de la administradora de pensiones. De ahí la ira de Contin, enojo que se ha enfocado principalmente contra LarrainVial, banco a cargo de la polémica subasta.
Según los cálculos de la defensa de Contin, históricamente se transaban entre 100 mil y 130 mil acciones de Provida cada día. LarrainVial, dicen, habría atiborrado el mercado con paquetes de un millón cada uno, haciendo que la acción cayera. Al final, de acuerdo a sus estimaciones, habían dejado de ganar $45 mil millones por el remate.
Por eso que sus dardos apuntan hoy a Leonidas Vial, principal socio del banco de inversión: intentarán que declare durante los próximos meses. Según la defensa de Contin, se persigue que él esclarezca la forma en que se llevó a cabo el remate. También que devuelva los $40.120 millones (US$ 80 millones) en acciones que compró de la AFP, acto que también debería hacer el resto de los compradores, si es que el 23 Juzgado Civil, donde los Contin alojarán esta cruzada civil, así lo dictamina y anula el remate, que movió casi US$ 155 millones. Un alto ejecutivo de LarrainVial asegura que el rol del banco fue netamente intermediador para luego vender a su cartera de clientes. El resto, asegura, se verá si prosperan las acciones de los ex dueños de Alfa.
