El expediente estaba listo para su visto bueno en la Dirección General de Aguas (DGA). No se trataba de una carpeta cualquiera: allí estaba la petición de un derecho de aguas solicitado por la eléctrica Guardia Vieja de Colbún -firma controlada por el grupo Matte-, que “descansaba” en el servicio desde 1995.

Habían pasado casi 20 años desde la primera vez que se había pedido ese derecho en el río Putaendo. Considerado un “tema conflictivo”, dicen ex funcionarios de la DGA, siempre postergaron la decisión de otorgarlo. Pero tras varios análisis, el entonces director del servicio, Matías Desmadryl, decidió cambiar las cosas: en diciembre de 2011 consideró que no habían razones jurídicas o técnicas  para negar ese derecho. Así, firmó el expediente, tal como lo hacía para aprobar las demás peticiones que ingresan al organismo.

El conflicto no tardó en estallar: a los seis meses de su aprobación, la Junta de Regantes de Río Putaendo acusó a la DGA de entregar el derecho, a pesar de que ellos le habían advertido que obstaculizaba la construcción del Embalse Chacrillas, obra estatal anunciada por el presidente Piñera en agosto del 2011, en una visita a la zona. A juicio de los regantes, la decisión se traducía en “secar” esa iniciativa que aseguraba el riego de sus cultivos.

Las críticas apuntaban directamente a Desmadryl. Justo antes de que la cabeza de la DGA tomara esa importante determinación, dicen los regantes, el director de Aguas había respondido a regantes y parlamentarios de esa zona que esos derechos solicitados en 1995 -y no otorgados anteriormente- seguirían rechazados y “que Guardia Vieja tenía 30 días para apelar, pero que prevalecería la opinión de la DGA”, según consta en una carta que le hicieron llegar los agricultores a Piñera.

Después de tensas reuniones, en septiembre el incidente se solucionó fuera del organismo: fueron los agricultores y Colbún, quienes después de arduas negociaciones llegaron a un acuerdo de conciliación: construirían en conjunto una central de pasada que permitía conciliar ambos proyectos. Pese a que el MOP le resta gravedad al tema, el hecho puso en el ojo del huracán la gestión de la DGA, organismo del que Desmadryl se alejó voluntariamente, aunque muchos cuestionan su gestión. “Le faltaba experiencia para manejar un organismo tan complejo como ése. Por eso generó anticuerpos”, dice una fuente de gobierno. Además, como venía del mundo privado, le critican “el sello que le dio a la institución”. Él se defiende: “Respecto de mi salida, hay quienes dicen que habrían existido presiones políticas. Yo me resisto a creerlo”.

“Le faltaba experiencia para manejar un organismo como la DGA. Por eso generó anticuerpos en el gobierno”. Además, le critican “el sello empresarial que le dio a la institución”. Él se defiende: “Hay quienes dicen que habrían existido presiones políticas. Yo me resisto a creerlo”.

Al pizarrón

Cuando Matías Desmadryl asumió en la DGA, el 5 de abril de 2010, la misión que le encargó Sebastián Piñera era clara: realizar un diagnóstico acabado de un servicio que estaba funcionando mal. El primer paso de este abogado -quien trabajó para Aguas Andinas- fue estratégico: pidió un informe al Banco Mundial para que analizara los principales problemas y la ruta que debía seguir la política hídrica chilena. El trabajo tardaría tiempo. Por eso, mientras los resultados llegaban, puso en práctica una serie de cambios que tenían como fin mejorar la gestión cotidiana de la DGA: apurar los plazos de tramitación y optimizar su sistema de información.

“Se intentó hacer mejorías administrativas con el Código de Aguas existente. No se entró en una discusión de fondo para debatir una reforma política más profunda”, explica Pedro Rivera, ex jefe de Estudios de la DGA.

Esa decisión generó “ruidos” al interior del organismo: varios de los “herederos” de la administración de Rodrigo Weisner -director de Aguas durante el gobierno de Miche-lle Bachelet- se sentían incómodos con el estilo del nuevo director. Hubo otro escenario complejo: Desmadryl se encontró con un servicio que registraba una deuda histórica de $ 300 millones y un sistema de información donde estaba catastrado sólo 17% de los derechos de aguas del país.

Estas mismas materias le valieron cuestionamientos: en octubre de 2010, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) requirió al organismo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por no haber informado sobre la entrega de derechos de aguas para proyectos hidroeléctricos, solicitando una multa de casi US$ 1 millón.

La FNE dijo que de 13 oficios que le había enviado, sólo había respondido a seis. Entonces, Desmadryl se defendió señalando que el requerimiento obedeció a una falencia histórica de la DGA. El conflicto terminó en una nueva mediación, pero puso al gobierno en una situación incómoda. “Históricamente la DGA no disponía ni procesaba toda la información solicitada, quedando apilada en estantes”, explica hoy Desmadryl.

No fueron las únicas críticas. A mediados de 2010, la DGA contrató al ex asesor de HidroAysén, Carlos Chiappa, justo en momentos en que se definía si otorgarle o no un derecho de aguas adicional a ese megaproyecto. Los ambientalistas salieron al paso y pusieron en tela de juicio el nombramiento. Desmadryl también se defiende. “El señor Chiappa, según lo dispone la ley, como cualquier otro funcionario público debe abstenerse cuando concurran las causales correspondientes, y en el caso de HidroAysén así lo hizo”, asegura.

Las críticas fueron acumulándose, así como la desconfianza sobre si la DGA mejoría o no su gestión. En septiembre pasado, Desmadryl comunicó su renuncia voluntaria a la DGA para asumir un cargo en el Banco Mundial. Muchos afirman que su salida fue resultado del conflicto generado por el visto bueno que le dio a Colbún, pero en el MOP niegan esa versión. En todo caso, su reemplazante será elegido mediante un concurso de Alta Dirección Pública.