El 2012 ha sido un año marcado por los conflictos medioambientales. La ciudadanía está cada vez más exigente al momento de fiscalizar los proyectos que aprueba el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Precisamente a ese organismo entraron, durante este ejercicio, cerca de 1.100 iniciativas, las que suman US$ 29.688 millones. Muchos expertos aseguran que si gran parte de éstas no ven la luz, el abastecimiento energético del país para los próximos años estará en jaque.

Este complicado escenario ha puesto al Ministerio del Medio Ambiente, órgano del cual depende el SEA, en el centro de los cuestionamientos. De hecho, la titular de la cartera, María Ignacia Benítez, fue criticada por señalar que HidroAysén había sido “debidamente calificado y compensado”. Además, se enfrentó públicamente con la ex ministra del ramo, Ana Lya Uriarte, por diferencias de opinión sobre la megacentral y, meses después, la Corte Suprema se molestó luego que la secretaria de Estado dijera que el rechazo al proyecto Castilla que surgió de ese organismo se había hecho sin el sustento técnico necesario.

Ad portas de que entren en operación los Tribunales Ambientales -la semana pasada el Congreso aceptó los ministros propuestos para componerlos-, Benítez considera que desde ahora se podrán discutir las diferencias con menos discrecionalidad. Eso sí, aprendió la lección: hoy evita pronunciarse sobre cualquier proyecto en particular y asegura que “hay que tener coraza para hacerse cargo de este ministerio”.

-A Medio Ambiente se le responsabiliza  de las preemergencias ambientales hasta la aprobación de grandes proyectos energéticos. ¿Le caben todas esas responsabilidades?

-El juicio que hace la ciudadanía no es particularmente a este ministerio. Hay muchas cosas que son heredadas del gobierno anterior, y hemos tratado de mejorar el proceso de evaluación y la mirada técnica con el fin de que todas las evaluaciones sean cada vez menos discrecionales. Pero hay que entender que el SEA es un instrumento de gestión que no da para todo, ni para cumplir las demandas de toda la ciudadanía.  Es un elemento que fue específicamente creado para hacer gestión de proyectos, para que puedan desarrollarse, mitigarse y compensarse sus impactos, pero no es un instrumento para hacer políticas.

-¿Cómo se solucionan esas demandas?

-La política ambiental que hay en Chile es de 1998. Nuestra mirada es que habiendo instalado la nueva institucionalidad ambiental se requiere una revisión.  Debe ser una política basada en el desarrollo sustentable, que haga posible la inversión, pero con el cuidado de medio ambiente y la equidad social. Hemos empezado a trabajarla, pero no sé si vamos a alcanzar a terminarla, es de largo aliento, pero el país requiere esa política, donde se compatibilice el desarrollo económico con una mirada sustentable y proyectos compatibles con eso.

-A  juicio del ministerio Hidroaysén cumpliría con esas características ¿Por qué cuando lo dijo generó tantas críticas?

-No puedo opinar, ni ningún ministro de ningún proyecto, porque si luego se ingresa un recurso de reclamación por el mismo al Consejo de Ministros precisamente, si alguno de nosotros ha dado una opinión antes que suceda esa reclamación, se está anticipando el veredicto, y podría leerse como una tendencia favorable o negativa hacia una iniciativa. Después que el proyecto se analice podremos ver si hay alguna opinión. Y obvio que puede haberla.

-¿Y cómo se garantiza esa objetividad en casos como la central de Punta Alcalde, en el cual a nivel regional se dijo no al proyecto y luego a nivel central se autorizó?

-No puedo opinar sobre proyectos en particular, pero vale decir que el Consejo de Ministros y la reclamación ante ellos está garantizada por ley, y cuando un proyecto se rechaza o se aprueba todos tienen derecho a recurrir a ese comité.  Eso lo puede hacer el titular como otras entidades que hayan participado en la evaluación con el fin de emitir finalmente su opinión, ya sea igual a lo que dijo el servicio regional o diferente. Y tampoco pasa mucho, desde que asumimos hasta ahora debe haber habido 20 reclamaciones y se han aprobado, no sé, mil proyectos.

-¿Pero son evaluaciones objetivas?

-En general, la evaluación ambiental y los diferentes servicios que participan en ella son entes técnicos. Por lo general, se resuelven los proyectos en las comisiones regionales. Y por supuesto que puede haber errores, pero para eso están los recursos administrativos y legales, a los cuales tanto titulares, afectados, o ciudadanos pueden recurrir.

-Pronto comenzarán a operar los Tribunales Ambientales, ¿se podrán entender armoniosamente con el ministerio y los objetivos del el gobierno?

-Lo primero es que los Tribunales Ambientales tienen competencias específicas en esas materias y son absolutamente independientes. El ministerio se rige por las reglas de cualquier secretaría de Estado, donde el Presidente de la República nombra a su titular. En el caso del Servicio y la Superintendencia de Evaluación Ambiental, están sujetos a la evaluación de la Alta Dirección Pública, pero por supuesto que tenemos la misma política, trabajamos coordinadamente. La lógica es que los tribunales tienen competencias técnicas que fallarán en derecho con ese conocimiento.

-¿Los tribunales despejarán la cantidad de interpretaciones que se dan en torno a la evaluación de los proyectos?

-Estos tribunales son importantes, porque son especializados en materias ambientales y en derecho administrativo. Asumirán un rol donde se garantice que los proyectos que llegan a ese tribunal se analicen de manera técnica, que esas controversias se resuelvan así. Los ministros que compondrán el tribunal, además, son de conocida trayectoria y dan garantía de que su trabajo va a ser independiente.

-¿Evitará que casos específicos recaigan en manos de jueces que pueden desconocer estas materias?

-Hay que aclarar que los recursos de protección están garantizados por la Constitución, eso no desaparece, lo que sí va pasar es que cuando se produzca una reclamación de un proyecto, estas causas se podrán derivar a los Tribunales Ambientales. Además, por ley se establecen todas las competencias y procedimientos sobre los cuales puede discutirse en ese tribunal.

-¿Y terminará con los desacuerdos que se generan, por ejemplo, con la Corte Suprema cuando han revertido decisiones del SEA?

-Los Tribunales Ambientales responden a un requerimiento del país, nacen de un requerimiento del Congreso y finalmente reflejan una necesidad de la sociedad de contar con ellos, por lo tanto, espero que sí disminuyan las tensiones y que sean un órgano competente.

-Tras la promulgación de los tribunales, la Superintendencia tendrá un rol fiscalizador más relevante. ¿Cuál es su objetivo?

-Es un modelo que descansa sobre la base de las competencias de fiscalización que tienen los servicios sectoriales. O sea, aprovecha todas las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Salud, el SAG, Conaf, además de toda la fiscalización propia que puede hacer. Es un paraguas que permite abordar la fiscalización de forma mucho más efectiva. Los programas los establece la superintendencia, los que va a fiscalizar por cuenta propia y lo que tienen que fiscalizar los servicios. Así se logra armar un programa muy completo, que permite además una alta focalización.

-¿Es también un ente preventivo?

-La Superintendencia crea una institucionalidad más fuerte, por lo tanto, las empresas van a pensar más en ser responsables de lo que hacen y respetar la normativa. Tiene también un efecto de prevención. Pero hay que dar un mensaje a las empresas, ya no basta con instalarse y dar trabajo, tienen que relacionarse con su entorno, con las personas que están ahí. Es algo que está claro y su desafío es cómo relacionarse mejor con esas comunidades. La Superintendencia va a fiscalizar con multas más altas y, por otro lado, hay un efecto de que la relación con las comunidades debe ser mucho más cercana y más comprensiva con los problemas de las personas.