El 11 de febrero de 2000 el abogado y entonces socio de la consultora Price Waterhouse, Julio Pereira Gandarillas llegó a la desaparecida notaría Bianchi en pleno centro de Santiago, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Iba a reunirse con el empresario Horst Paulmann. El dueño de Cencosud y el actual director del Servicio de Impuestos Internos tenían un buen negocio entre manos.

En la cita, se firmó un contrato de 39 carillas, en el que Pereira, en representación de la sociedad Molino Viejo Limitada, entregaba en arriendo a Paulmann y su Inmobiliaria Las Verbenas S.A., un terreno de 51 mil metros cuadrados ubicado en la esquina de las avenidas Francisco de Bilbao y Padre Hurtado en Las Condes. El proyecto del empresario chileno-alemán era construir allí el centro comercial que hoy se conoce como Portal La Reina y que alberga un supermercado Jumbo, una tienda Easy, una multitienda La Polar y 40 pequeños locales comerciales.

El sitio era una antigua propiedad de la familia materna de Pereira: los Gandarilla. Él, junto a su hermano, el periodista Francisco Javier Pereira, tienen los derechos sobre el 50% de ese terreno, a través de Molino Viejo, mientras la otra mitad es de Inversiones Caburgua Limitada, propiedad de las primas del abogado, María Luisa y María Josefina de la Cerda Gandarillas, quienes en la firma del contrato de arriendo fueron representadas por su padre, Gustavo de la Cerda.

El monto mínimo fijado para el alquiler del lugar fue de 47 mil UF al año o 3.916,6 UF mensuales, que al cambio de enero de 2013 corresponden a $ 89,4 millones al mes. Éstos se reparten entre los hermanos Pereira y sus primas, es decir, cada mes le llegan a cada uno cerca de $ 22 millones. O bien -dice el documento- el arriendo será un porcentaje (de poco más del 1%) sobre las ventas anuales netas de IVA del centro comercial, sólo en el caso que esta cifra sea mayor que las 47 mil UF pactadas. El acuerdo tiene una duración de 32 años, es decir, sigue vigente hasta 2032.

El hasta ahora desconocido vínculo comercial que mantienen Cencosud y Pereira podría complicar aún más la delicada situación que atraviesa el abogado al mando del SII: la empresa de retail fue uno de los principales beneficiados con la condonación de la deuda que la tienda Johnson´s mantenía con el fisco. En noviembre de 2011 el organismo resolvió perdonar a la tienda comercial cerca de US$ 119 millones que adeudaba en multas e interés, reduciendo el pago a sólo US$ 8 millones, para así evitar su quiebra. Esto permitió que Paulmann concretara su proyecto de comprar el 85% de la empresa ya saneada a la familia Calderón.

 

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Los procesos de condonación de multas e interés y la venta de la compañía se movieron en paralelo: Cencosud informó el 7 de octubre de 2011 a la Superintendencia de Valores y Seguros su intención de adquirir Johnson’s.  El 14 de octubre representantes del SII, de la retailer con riesgos de quiebra y del Banco de Chile sostuvieron una reunión donde le expusieron al banco que existía un acuerdo no escrito para regularizar la situación de la tienda, siempre y cuando los dueños de Johnson´s pagaran US$ 8 millones y se desistieran de todos los juicios tributarios que aún mantenían contra el SII.

Según informaciones de prensa, para realizar el préstamo la banca puso como condición que Cencosud garantizara un aumento de capital de US$ 100 millones para la nueva compañía. Parte de esa inyección de dinero -US$ 40 millones- iba destinada a pagar el 15% de la deuda que la retailer mantenía por el crédito sindicado firmado con los bancos y que ascendía a US$ 300 millones.

Finalmente, el 24 de octubre se hizo el depósito del monto acordado al SII, y el 7 de diciembre salió el documento final condonando las deudas de la empresa. Paulmann tomó el control de la compañía el 20 de diciembre de ese año, pagando un total de US$ 64 millones.

 

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El acuerdo de Johnson’s y el SII generó amplio debate no sólo por los montos involucrados, sino por las acusaciones de posible conflicto de interés en que podrían haber incurrido Pereira y el subdirector del servicio, Mario Vila, quienes hasta marzo de 2010 se desempeñaron como encargados jurídicos y tributarios de Price Waterhouse, consultora que asesoró a Johnson´s en esas materias. Para aclarar el caso se constituyó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y la Contraloría General de la República ordenó la realización de un sumario a petición de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII.

Aunque tanto Pereira como Vila argumentan que ellos no participaron directamente en la condonación de la deuda de la tienda, ya que este proceso estuvo a cargo de la Dirección de Grandes Contribuyentes (DGC) del SII e incluso Vila se inhabilitó en la operación, los dichos se contradicen con el testimonio de la directora de la DGC, Mirtha Barra. La funcionaria declaró en la comisión de la Cámara Baja que participó en una reunión con Pereira y Vila donde se le instruyó que existía una decisión de condonar a las empresas Johnson’s y que debía realizar la operación manteniendo informado al director y al subdirector del servicio. Barra detalla varias reuniones en que participó Vila donde se trató el caso y las instrucciones que recibió directamente de Pereira durante todo el proceso.

El director del SII aclaró que si bien él monitoreó el tema de la condonación y pidió que lo mantuvieran informado, ya que era su obligación legal, no participó en las instancias operativas. Pereira declaró ante Contraloría que “en calidad de jefe de servicio, no podía dejar de cumplir las funciones propias de su cargo” y que “la inhabilitación no es una decisión que sea posible de adoptar respecto de conflictos de interés meramente potenciales”.

En el dictamen número 80509 de Contraloría del 27 de diciembre de 2012 sobre “conflictos de interés del director y subdirector jurídico del SII” se recalca que los funcionarios deben “observar una conducta intachable” y dar preeminencia al interés general sobre el particular y que, según el artículo 62 número 6 de la Ley 18.575 (Ley de Bases Generales de la Administración del Estado), “contraviene especialmente ese principio el participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, añadiendo que las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de intervenir en estos asuntos”.

Éste es el argumento que el propio contralor, Ramiro Mendoza, utiliza para referirse a la investigación sobre eventuales conflictos de interés del director del SII. Sólo que hasta el momento cualquier indagación está referida a su antiguo rol en Price Waterhouse. El tema se complejiza al considerar que Pereira tiene una relación contractual con Cencosud. La misma Ley 18.575 señala que contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa varias conductas. Entre ellas, intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal. Éste es un punto que, según abogados, podría abrir un nuevo flanco.

Aún se desconoce si Pereira ha informado al interior del SII o al Ministerio de Hacienda sobre su relación contractual con Paulmann. Revista Qué Pasa intentó sin éxito obtener una versión oficial del organismo sobre esta materia.

 

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El terreno donde funciona el Portal La Reina de Cencosud es uno de los varios paños que poseen las cuatro hermanas Gandarillas Guzmán en el sector oriente de Santiago. Ellas son las herederas de la Casona Santa Rosa de Apoquindo, monumento nacional que luego donaron a la Municipalidad de Las Condes.

Según la información del Conservador de Bienes Raíces, en 1986 el terreno de Bilbao con Padre Hurtado -donde hoy se empina el mall- quedó en manos de Paz Gandarillas y su hermana Yolanda, la madre y la tía de Julio Pereira. Esto hasta 1996, cuando el abogado creó junto a su hermano la sociedad Molino Viejo, que adquirió el 50% de los derechos de ese terreno. La otra mitad fue transferida por Yolanda a sus hijas.

El 22 de diciembre de 2009, cuando Sebastián Piñera ya había pasado a la segunda vuelta presidencial y pocos meses antes de asumir su cargo en el SII, Pereira hizo una profunda transformación a Molino Viejo: la sociedad limitada fue adquirida por dos sociedades por acciones: Inverness Spa y Piedras Blancas Spa. Así, los hermanos le traspasaron a éstas la “nuda” propiedad, mecanismo que les permite seguir recibiendo el 100% de las utilidades como usufructuarios.

Los beneficios de las sociedades por acciones son su rápida constitución -requieren un solo socio- y que no necesitan de directorios. Inverness Spa y Piedras Blancas Spa fueron creadas a su vez por otras dos sociedades: Rentas Glasgow Sociedad Colectiva Civil y Rentas Punta Centinela Sociedad Colectiva Civil. Las sociedades del tipo “colectiva civil” tienen otra característica: no requieren ser inscritas ni necesitan ser publicadas en el Diario Oficial.

En cualquier caso, ambas sociedades registran domicilio en Camino de La Viña, en San Damián, la misma dirección de otras de las sociedades de Pereira.

 

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El 10 de marzo de 2010, un día antes del cambio de gobierno, Pereira volvió a modificar Molino Viejo. Esta vez para entregar definitivamente la administración y representación de la sociedad al ingeniero Francisco Gutiérrez Philippi. La información oficial no registra que el director del SII se haya desprendido de la sociedad ni que se haya anulado el contrato de arriendo con Cencosud.

En sus declaraciones de patrimonio e intereses, presentadas en abril de 2010 a Contraloría, Pereira señala participar en Piedras Blancas Spa y Rentas Punta Centinela con un 99,8% del usufructo y en Molino Viejo con un 49% del usufructo. Nada se menciona sobre el contrato con Paulmann: la ley no exige a las autoridades detallar los negocios que hacen por medio de sus sociedades.