Santa Bárbara es un pueblo tranquilo. Ubicado a unos 45 minutos de Los Ángeles, viven ahí cerca de 15 mil personas. Su principal atractivo es una pequeña plaza, rodeada por la iglesia, la biblioteca municipal y la compañía de bomberos, desde ésta todos los días  a las 12 suena la sirena para marcar que ya comenzó la tarde. En Santa Bárbara, los hombres todavía usan chupalla cuando salen a la calle, y reconocen rápidamente cuando algún forastero llega al pueblo. 

-¿Sabe de algún hotel por aquí?. La señora sonríe ante la pregunta. 

Es que en Santa Bárbara los servicios son básicos y las dos únicas pensiones que existen están “tomadas” por los nuevos vecinos de la comuna: 3 mil trabajadores que hace dos años llegaron al pueblo para levantar -30 kilómetros hacia la cordillera- la central hidroeléctrica Angostura: la única generadora de su tipo que entrará en operación en el corto plazo, y que le costará a la eléctrica de la familia Matte alrededor de US$ 650 millones.

“Angostura cubrirá el 3% de la demanda del SIC, generación que equivale al consumo de 200 mil habitantes. Con 316 MW de potencia instalada, este será el primer proyecto hidroeléctrico sobre 300 MW que entrará en operación en la última década. Además, ya sabemos que será la última central de esta magnitud que ingresará al sistema en los próximos cuatro a cinco años”, detalla Ignacio Cruz, gerente general de Colbún.  

El proyecto lo conoció la comunidad de Santa Bárbara en 2007, incluso antes de que Colbún oficializara frente las autoridades ambientales la iniciativa. La idea de este acercamiento fue evitar los errores que se habían cometido en proyectos similares en la zona, como la central Ralco, los cuales despertaron una ola de críticas desde sectores ambientalistas, lo que finalmente se tradujo en la demora de su puesta en marcha. 

Hoy, cinco años después de ese primer acercamiento -y tras haber logrado su aprobación ambiental en noviembre de 2009 por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)-, la obra presenta un avance cercano al 80% y es calificada por la industria como estratégica para estabilizar el abastecimiento de energía del país. Por eso los plazos para su puesta en marcha corren contra reloj. 

Para que este proceso se cierre con éxito son clave una serie de negociaciones que la empresa ha sostenido con 46 familias con predios en la zona afectada por el embalse, que pretenden llenar a fines del 2013. Del total, 42 ya llegaron a un acuerdo trasladarse del lugar. En paralelo, la empresa debe llegar a un arreglo con propietarios de otros 24 terrenos ubicados en un área que se verá parcialmente inundada (fuera del sector de operación).

 

RECONOCIENDO TERRENO

Desde su arribo a Santa Bárbara, en Colbún sabían que tendrían que hacer un trabajo intenso para convencer a la comunidad de que éste era un proyecto que los beneficiaría. Lo primero, recuerda Ignacio Cruz, fue marcar diferencias con otros procesos que habían “asustado” a la gente.

“Antes de ingresar el proyecto al Servicio de Impacto Ambiental, Colbún realizó más de 50 reuniones con las comunidades y organizaciones sociales de base para que conocieran la iniciativa y a la vez recoger sus inquietudes. Una de las prioridades fue resguardar un estilo de vida propio del sector y de la gente, priorizando mantener las características ambientales y patrimoniales de las familias relocalizadas”, relata el ejecutivo.

Tras el visto bueno del SEA al proyecto, cerca de 27 consultores de ocho empresas comenzaron un intenso trabajo con el fin de visitar a las familias, conocerlas y hacerles una oferta de reubicación: Colbún les compraría un terreno donde ellos quisieran, una casa, animales, muebles (entre otros), y los ayudaría a tener un sistema de vida que les permitiera subsistir en mejores condiciones.

Pese a la desconfianza inicial, con el paso de los meses muchos aceptaron el trato. “Ha sido un trabajo largo, que hoy ve sus frutos”, reconoce Leonardo Díaz, gerente del proyecto: del total de familias que están en el cauce inundable, 42 ya han alcanzado un acuerdo con la empresa. Resta cerrar el acuerdo con propietarios de 24 terrenos.

“Eligen donde irse, qué tipo de casa quieren que se construya y, dependiendo del perfil, algunos han solicitado que los apoyemos en proyectos de emprendimiento. Hay que considerar que 38 familias estaban bajo la línea de la pobreza”, explica José Trabucco, gerente de Asuntos Corporativos del Proyecto Angostura. 

Cerrar con todas las familias restantes es crucial, reconocen en Colbún, pues sin sellar un trato con todos los involucrados que estableció el plan de reubicación del SEA, no es posible llenar de agua el embalse y, por ende, la central no puede funcionar. 

 

EL MURO DE SANTA BÁRBARA

Renato Flores y Juana Méndez son vecinos en el sector de Los Notros: sus casas están a pocos metros del límite de inundación del embalse. Ellos son parte del grupo de 46 familias que viven a metros del cauce inundable y dos de los cuatro dueños que no han llegado a acuerdo con Colbún. 

El caso de ambos reviste ciertas particularidades. Son reubicados de la central Pangue, que les entregó el terreno en el que viven hoy y una precaria casa que ni siquiera tiene alcantarillado. “Llegamos acá hace como 20 años y esta casa fue las que nos dio Endesa. Nos prometieron semillas y ayuda, pero nada se cumplió”, dice Renato. De ahí su desconfianza con la propuesta de Colbún. Su idea es que, además de entregarle una nueva casa en un nuevo terreno, la empresa lo indemnice por los cambios que el proyecto generará en su vida. No están solos en esta disputa. El abogado Roberto Celedón los asesora. Es necesario: ellos no saben leer. Lo que piden en concreto es cerca de $ 120 millones para cada uno, además de la reubicación de sus casas. 

La empresa, en todo caso, no espera de brazos cruzados. En diciembre pasado, Colbún ingresó al SEA un proyecto bautizado como Terraplén Los Notros. Se trata de un muro de cuatro metros de alto, en el cual la empresa desembolsaría cerca de US$ 700 mil, con el objetivo de evitar la relocalización de las familias con las que no lleguen a acuerdo.

La construcción permitiría resguardar la seguridad tanto de las viviendas como de los terrenos de las familias ante una crecida del río. “Creen que por eso vamos a vender y listo. Además, nos explicaron que un desborde ocurre cada 10 mil años, pero hace como 10 años el agua del río se desbordó y en mi casa me sobrepasaba las rodillas”, asegura Juana Méndez.

El muro, en todo caso, no es una solución cerrada. El afán de la empresa es llegar a un acuerdo con la pareja y que dejen la zona. Con todo, la mayor complicación son los Salamanca: el padre y el hijo que viven en casas vecinas metros más delante de Renato Flores, ni siquiera han abierto la puerta de sus hogares para conversar. Basta que sólo una casa no se mueva para que el llenado del embalse se suspenda, en ese caso el muro cobra importancia y deberá ser levantado.

 

LA OTRA NEGOCIACIÓN PENDIENTE

Paralelamente, a Colbún aún le resta negociar con 20 familias del sector de Aguas Blancas y 4 de Las Nieves, zonas aledañas al proyecto, donde viven propietarios a los que se les inundará parte de sus terrenos. En este grupo están los principales detractores del proyecto. Uno de ellos es William Salazar. Tiene una casa junto a su padre en el sector y, a su juicio, pese a que sean extensiones de tierra pequeñas -en algunos casos no superiores a 1 hectárea-, se les debe pagar por el daño moral que les genera la central.

 “Van a cambiar un camino, lo que significa que aumentará el tiempo de viaje en una hora caminando desde la vía actual, porque acá la gente camina no anda en auto”, relata. Salazar, además, es uno de los pobladores que fueron demandados por Colbún. 

“Es un procedimiento establecido en el Código de Aguas que incluye una instancia previa de conciliación entre las partes, y en caso de no haber acuerdo, la realización de un peritaje, hecho por un experto nombrado por el propio tribunal que busca determinar el real valor del terreno”, detallan los abogados de Colbún.

En este pleito, William y otros pobladores están siendo asesorados por el estudio de abogados de Alex Quevedo, el mismo que negoció con Ralco en representación de las hermanas Quintramán. Las tratativas entre la empresa y los pobladores son intensas y, por cierto, millonarias. Muchos de ellos quieren sobre los $ 100 millones por sus terrenos, de los cuales los abogados pueden llevarse hasta un 15%.

 

LA PROMESA

En Santa Bárbara ocurre un fenómeno paradójico. Pese a que en la actualidad ya operan ahí las centrales Ralco y Pangue, es una de las comunas del país donde la electricidad es más cara. Allí una cuenta de luz promedio es del orden de $ 60 mil, pese a que en invierno se calientan con leña y que en las casas rurales los electrodomésticos son escasos.

Por eso para su alcalde, Daniel Salamanca, es primordial que estos megaproyectos tengan un impacto positivo para las comunas donde operan. Ignacio Cruz de Colbún, aclara que precisamente el aporte de Angostura debería traducirse en una baja del precio desde US$ 250 por MWh a US$ 170 por MWh, repercutiendo en un menor valor para los usuarios.  

No es la única aprensión del alcalde. A Salamanca le preocupa qué va a pasar cuando la central termine de construirse y sólo 50 hombres se queden trabajando en ella. “Lo que hay que pensar es qué pasa con comunas pobres como ésta cuando tengamos a los 1.200 locales que emplean en Angostura nuevamente sin trabajo”, reflexiona. A su juicio, debería existir una iniciativa que permita que estos grandes proyectos tributen o aporten una fracción de sus utilidades a la zona donde operan.  

Un horizonte de desarrollo para la comuna que Colbún quiere incentivar es la implementación de un circuito turístico, que nace a partir de la construcción del embalse, similar al que se realiza en Foz de Iguazú con la represa de Itaipú. El proyecto contará con un museo, un mirador, un perímetro de trekking, una playa pública y tres nuevos campings que reemplazarán a los recintos de la zona que deberán ser inundados. 

Eso sí, para los pobladores sería importante que no se opte por licitar estas unidades -lo que planea Colbún-, pues es un sistema que desconocen los pobladores y resulta demasiado complejo. “Ojalá que esos negocios queden en manos de gente de la comuna y no de empresarios afuerinos, si no qué gracia tiene toda esta promesa de desarrollo”, concluye el alcalde.