La tradición en exploraciones y perforaciones petroleras de Venezuela hizo que la canadiense Quantec Geoscience pusiera sus ojos en Caracas. Era el inicio de 2008 y Mario Rada tenía 22 años cuando vio el anuncio. La firma, prestadora de servicios de prospección para grandes mineras, estaba en búsqueda de jóvenes profesionales venezolanos para destinarlos a yacimientos de Australia, Canadá, Argentina y Chile. Rada, recién titulado de ingeniero geofísico, postuló pensando que terminaría en Norteamérica. El ingeniero fue contratado al poco tiempo, y en abril de ese año aterrizó en Santiago. A los pocos días terminó en la aridez de Vallenar, en el primero de sus proyectos de prospección minera en el país.

La forma como llegó el venezolano -hoy de 27 años- no es atípica. Las grandes inversiones mineras proyectadas, que suman más de US$ 100 mil millones para los próximos ocho años, implican la creación de 100 mil nuevos puestos de trabajo en el sector, muchos de ellos altamente calificados, como el de Rada, quien hoy tiene otro empleo: es ejecutivo en una institución financiera de Santiago.

La escasez de mano de obra en la minería en Chile tiene a las compañías buscando talentos en el exterior. Pero enfrentan un escollo: la ley no permite que más del 15% de la dotación de una empresa provenga del extranjero.

Ante esto, y luego de darse a conocer las bajas cifras de desempleo del país (6,4% durante 2012), la falta de mano de obra ha comenzado a hacerse evidente en otros sectores. Construcción, agricultura, servicios y el comercio ya acusan los desafíos del pleno empleo. De ahí que el Ejecutivo decidiera, hace unos meses, modificar la actual Ley de Extranjería, que data desde 1975.

El presidente Sebastián Piñera tiene en su poder un proyecto que perfeccionaría las políticas migratorias. Al mismo tiempo, permitiría que más fuerza laboral foránea ingrese al territorio, emulando lo que han hecho naciones como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El borrador del texto será presentado al Congreso en marzo.

Voy y vuelvo

Fueron siete ministerios los que participaron en la creación de la nueva ley, que será ingresada al Parlamento bajo el nombre de Política Nacional Migratoria: Salud, Economía, Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y Agricultura. El proyecto introduce profundos cambios a la forma en que el Estado se relaciona con la creciente masa forastera que llega a Chile.

Según los últimos datos que proporciona el Departamento de Extranjería, durante 2012 se entregaron 100.017 visas a extranjeros, en su mayoría para trabajar en el país. La cifra representa un incremento del 31% en relación a 2011.

Pese al salto cuantitativo en la cantidad de inmigrantes, hay sectores que siguen sin llenar todas las plazas de trabajo. Además de la minería y su escasez de personal calificado, la construcción presenta déficit en ciertas especialidades, como carpinteros, técnicos en fierros, soldadores y operadores de grúas. Todo por la movilidad de éstos a la minería, que ofrece mejores salarios.

El rubro agrícola es otro de los más afectados. Según un estudio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), faltan 39.437 trabajadores para las labores de siembra y cosecha, siendo la Región del Maule la más afectada, con un déficit de 10 mil trabajadores.

La salud pública también ha enfrentado la carencia de médicos. En Chile faltan casi 1.400 especialistas, y en atención primaria hay más de 3.500 profesionales de nacionalidad ecuatoriana supliendo la demanda.

De ahí la urgencia de hacer cambios profundos a la ley.

El texto legal que será dado a conocer en marzo incluirá un tipo de visa hasta ahora sólo existente en naciones del Primer Mundo. De ser aprobada la ley, Chile será el único país de Latinoamérica -y uno de los pocos a nivel global- en ofrecer permisos temporales de tres meses para ingresar al territorio y ejercer algún tipo de actividad. El diseño es un traje a medida para el sector agrícola, que requiere mano de obra en períodos breves de tiempo, como en los meses de verano. Pero no será de uso exclusivo de este rubro.

Según el jefe del Departamento de Extranjería, Mario Cassanello, se espera que el empleador tramite el permiso para que tenga una vigencia de entre dos y cuatro años. De esta forma el trabajador extranjero viene, para el caso de la agricultura, por temporadas de siembra y cosecha, no superior a 90 días, y luego debe abandonar el territorio. “Y puede volver a repetir el ingreso hasta que dure la visa que tramitó su empleador”, explica Cassanello. Según lo que dice el proyecto de ley, el forastero no podrá cambiar de empleador estando en el país. Ello deberá negociarlo fuera de Chile, tal como ocurre en potencias agroalimentarias como Australia y Nueva Zelanda, directos competidores de Chile en la exportación de fruta fresca.

Esas visas temporales o “rotatorias”, también podrán aplicarse a investigadores, científicos y profesionales que quieran venir al país por pocos días o semanas. Junto a ello, la ley contempla la creación de un consejo asesor interministerial, el cual analizará dónde falta mano de obra, para luego aprobar el incremento -por breves períodos- de la cuota máxima de extranjeros en una empresa, hoy situada en 15%.

El frente interno

Un punto que atravesó toda la discusión en la elaboración del nuevo reglamento fue la protección al trabajador chileno. Desde el mundo sindical se temió por una apertura indiscriminada de las fronteras, y la amenaza sobre las plazas de trabajo y el salario.

El ministro subrogante del Trabajo, Bruno Baranda, afirma que la no modificación de la cuota del 15% de trabajadores extranjeros es una señal de que las puertas no se están abriendo sin control. “En el proyecto se incluyeron salvedades para la cuota de personal foráneo, pero se insiste en una cantidad máxima, porque lo que se pretende es crear trabajos de calidad para todos, sin olvidarnos que aún debemos incorporar a aquellos sectores que están fuera del mercado, como las mujeres y jóvenes”, comenta Baranda.

Fue él mismo quien revisó la legislación de otras naciones, entre ellas la de Oceanía. En eso, se dio cuenta de que en estos países había olas migratorias que seguían las temporadas de siembra y cosecha en distintos lugares, pasando de California a Canadá y luego al hemisferio sur. Son precisamente los trabajadores que quiere atraer la nueva ley.

La preocupación por no alterar el mercado doméstico no sólo inquieta al gobierno. En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aseguran que deben darse las garantías para un trabajo de calidad tanto para el migrante como para el nativo.  “Para operar sistemas efectivos de inmigración con plenos derechos hay que invertir también en fiscalización del Estado en los mercados laborales, para evitar la informalidad y la violación de derechos de los trabajadores”, explica la especialista del organismo Sarah Gammage.

Sin cambios sobre la marcha

Cuando Mario Rada ingresó a Chile en 2008 lo hizo como turista. A los pocos días firmó un contrato y con el documento ya legalizado cambió su estatus por una visa que le permitiera emplearse en la minería; eso sí, si renunciaba o era despedido, debía regresar a Caracas.

Sin embargo, el trabajo en Quantec no resultó lo que esperaba y, antes de renunciar, solicitó una nueva visa, esta vez temporal, que lo autorizaba a quedarse un año más. Pero se encontró con el problema de que muchas empresas no contratan a extranjeros con este estatus migratorio. Por ello, a los meses solicitó la permanencia definitiva, la cual tiene hoy, con vigencia hasta 2015. En abril próximo, al completar cinco años en Chile, podría optar a la nacionalidad.

Ese peregrinar por Extranjería es algo común entre quienes llegan al país. La gran mayoría, provenientes de países vecinos, ingresan como turistas, buscan empleo y luego solicitan un nuevo tipo de visa. Esta situación cambiará con la nueva ley, según la cual quien ingrese como turista no podrá emplearse en Chile para cambiar su estado migratorio. Para hacerlo deberá tramitar un permiso laboral en el Consulado chileno en su país de origen, como ocurre en la gran mayoría de las naciones, y los empleadores chilenos deberán exigirlo.

El camino a la nacionalidad también sufrirá alteraciones. El plazo para hacerse chileno se reducirá de cinco a tres años. Todos cambios necesarios, según los investigadores de Libertad y Desarrollo Natalie Kramm y Jorge Ramírez. Ambos coinciden en la necesidad de un perfeccionamiento de la ley, especialmente cuando se vaticina que las tasas de desempleo seguirán rondando el 6% en el mediano plazo, apuntan.

Es la manera en que Chile se prepara para abrir sus puertas al trabajador cuando es forastero.