Los canales de televisión estaban advertidos: a comienzos de marzo recibieron una carta del Servicio de Impuestos Internos (SII) que les pedía expresamente información tributaria de sus figuras emblemáticas. Presentadores, actores, rostros de prensa. Incluso ejecutivos.

Hasta las casas televisivas llegaron varios funcionarios del Departamento de Grandes Contribuyentes, quienes durante dos o tres días intentaron acceder a la información que requería el servicio liderado por el abogado Julio Pereira. La hipótesis fue analizada varios meses antes de comenzar esta investigación: había antecedentes suficientes como para presumir que existían personas que, pese a tener una relación de dependencia con los canales, no cuentan con un contrato laboral, sino que reciben su sueldo por medio de sociedades, que entregan factura a las estaciones. Esto se traduce en que esas personas, en vez de pagar el 40% de su sueldo bruto en tributos -correspondiente al tramo más alto de ingresos-, pagan sólo el 20 %, que es lo que deben desembolsar las sociedades. Eso podría configurarse como delito de evasión.  

No fue una noticia grata para los canales. Uno de ellos se negó de plano a entregar la información. Otros accedieron a dar datos por goteo: esgrimían que los contratos de esas personas eran privados y que, por ello, se limitaban a enviar sólo los libros de remuneraciones, retenciones, contabilidad tributaria, documentos de sustento de gastos, etc.

Hace dos semanas, sin embargo, el SII volvió a atacar. De no recibir todos los documentos pedidos, los canales arriesgaban a que el servicio les rechazara los gastos. Ello les generaba consecuencias complejas: cifras millonarias quedaban en signo de interrogación. No sólo eso: podrían arriesgar multas por no entregar los documentos, lo que a la larga generaría otras repercusiones, como no acceder a condonaciones en los casos contractuales que el SII considerara irregulares. La presión se sintió y en los últimos días han llegado a las oficinas del ente fiscalizador todos los antecedentes requeridos. 

La arremetida del SII va más allá: esta semana comenzó a contactar a varios los rostros -todos ellos con sueldos mayores a $ 10 millones- que tengan irregularidades en sus sociedades. Desde el servicio estiman que varios de ellos pasan por medio de sus compañías gastos personales. Algunos rostros emblemáticos de prensa de los canales, por su parte, insisten que nunca realizarían prácticas como ésas, porque el único capital que tienen es su credibilidad.

El servicio ha puesto la lupa sobre varias materias relacionadas a figuras ancla de las diferentes estaciones. Una de ellas es si sus casas están bajo su nombre o bajo sociedades. Lo mismo con los autos que usan. Se ha detectado que varios de ellos los han inscrito bajo sociedades. Ello tiene dos ingredientes: no pagan IVA y no realizan retiros, con lo que evitarían el pago del 40% por concepto de impuestos. Eso es ilegal y podría terminar en manos de la justicia. De hecho, se estima que dentro de 15 días varias figuras de las casas televisivas serán llamadas a declarar al SII.   

 

“Pagar las deudas”

Hoy existe una carpeta en una oficina del servicio que comenzó fiscalizando a los canales, pero que en poco tiempo podría terminar con personeros del ente fiscalizador también en las radioemisoras. 

Si bien es una práctica que se ha registrado por años en la “industria audiovisual”, una denuncia del senador Juan Pablo Letelier y la actriz Esperanza Silva, a inicios del año pasado, alertó al organismo que dirige Pereira. “De las miles de acusaciones que aterrizan en el SII, son elegidas las que tienen un potencial de recaudación muy alto. Como este caso”, explica un abogado tributario. 

En junio debiera estar resuelto este conflicto. Aunque no se vislumbra que será un proceso sencillo. En los próximos meses, el SII exigirá que los canales -o sus rostros, dependiendo del contrato que exista entre ambos- paguen todos los impuestos que el servicio ha dejado de percibir los últimos tres años, a lo menos.

Sólo por poner un ejemplo: si un presentador de noticias -que tiene un contrato civil y no laboral- gana $ 10 millones mensuales, paga $ 2 millones de impuestos, en vez de $ 4 millones al mes, como lo haría si estuviese contratado y pagara el Impuesto Único de Segunda Categoría. Esta cifra, en términos anuales, se traduce en $ 24 millones. Y por los tres años investigados se empinaría a los $ 72 millones. Un problema que tienen los canales por ser ellos los agentes retenedores.

Si a este monto se le suman los intereses y las multas, los canales se enfrentan a un serio problema: una deuda por cada una de esas figuras de al menos $200 millones.  Si se considera que muchos rostros de entretención pueden llegar a ganar $ 20 millones y casi el cien por ciento de ellos es remunerado por medio de sociedades, los montos adeudados por cada estación podrían rozar los US$ 10 millones. O incluso más.

Esta misma fórmula se replica casi en la totalidad de los conductores de noticias. Pagar esa deuda es lo que exigirá el SII por estos días. De no haber acuerdo con las empresas televisivas, el tema podría terminar en una querella criminal en tribunales.

 

Nerviosismo en los canales

En los pasillos de los canales no es desconocido que estalló este conflicto. Hay nerviosismo y preocupación. Y muchos rostros ya piensan en cambiar sus contratos. En el 13 reconocen lo que está pasando. Sergio Vergara, gerente de Asuntos Legales, señala que “recibieron del SII un requerimiento respecto de información tributaria de algunos rostros del canal. La empresa ha facilitado toda la documentación requerida en tiempo y forma, y ha sostenido reuniones con los rostros para responder sus inquietudes. Hasta el momento, no hemos recibido información alguna que señale que sea la empresa la sometida a fiscalización”.

Todos los agentes televisivos afirman que les llegó la misiva. El gerente de Asuntos Legales de TVN, Hernán Triviño, indica que la estación “recibió una petición de información por parte del Servicio de Impuestos Internos. No obstante que no constituye una fiscalización, según ha manifestado el propio SII, el canal está proporcionando la información solicitada, en su afán de transparencia y con la tranquilidad de un adecuado cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. Esta explicación se repite también en el resto de las estaciones.

Varios rostros, sin embargo, afirman que los dardos apuntan directamente a las casas televisivas. Que ellos han intentado negociar un contrato, pero que sus ejecutivos se han negado siempre. Incluso más: varios rostros afirman que  constituir  una sociedad y entregar factura fue una condición impuesta por los canales. En la misma vereda, otro profesional dice que ellos son los más perjudicados con el sistema, porque deben tener un contador, declarar impuestos todos los meses, y además, no cuentan con indemnizaciones en caso de despido, ni previsión ni salud.

Si bien muchos contadores argumentan que los rostros, pese a que trabajan para un canal, no están siempre en sus dependencias, y paralelamente tienen un programa de radio y realizan eventos, por lo que “son una empresa”, en el SII no validan ese argumento. “Alguien puede tener un contrato, y boletear sus otros trabajos”, explica un abogado.   

 

“Mal negocio”

Desde TVN afirman que este sistema opera en la industria porque se hace cargo de las particularidades de la actividad televisiva. Sostienen que los contratos civiles encuentran raíces profundas en las características de este medio, y “no tienen nada que ver con la elusión, sino con la periodicidad a la que están sujetos los programas y obras, que corresponde a ciclos que se construyen por temporadas”. 

Varios abogados no concuerdan con este argumento. Manuel José Montes, experto laboral, afirma que si hay dependencia, jornada y remuneración fija mensual, estamos frente a una relación que podría calificarse como laboral. “Si los empleadores utilizan un contrato civil se exponen a temas complejos. Se les puede acusar de contrato simulado, hay riesgo porque no están pagando el Impuesto Único y porque no se paga la previsión. No es un buen negocio para ellos”, añade el jurista. Otro reconocido abogado afirma que si alguien tiene un contrato civil y renuncia anticipadamente, el canal perdería una eventual demanda por incumplimiento de contrato “porque pondría excepción de incompetencia del juzgado civil al demostrar que tiene dependencia con el canal”.

El tema es aún más complejo y alcanza a directivos de los canales. Dentro de la investigación, el SII indaga si hay ejecutivos que tienen un doble contrato; es decir, que reciban parte de su sueldo a través de un contrato y además facturen a la misma estación por medio de una sociedad. “Esto sería gravísimo”, dice un abogado tributario. Otros ponen el ejemplo de lo que ocurrió con varios ejecutivos de una eléctrica, hace algunos años, cuando fueron allanadas sus casas por recibir sus bonos por medio de sociedades y pagar impuestos por 20% , en vez de 40%. Todos ellos se enfrentaron a un juicio. Lo que pase en esta industria está por verse.