El martes pasado los rectores de las principales universidades privadas del país se reunieron a almorzar en Viña del Mar. Eran unas 30 personas, incluidos algunos ejecutivos bancarios. Todos llegaron hasta el restaurante Chez Gerald en plena Avenida Perú. Allí, dieron por finalizado el primer encuentro de rectores en regiones, organizado por la red de planteles académicos Universia. Durante dos horas conversaron distendidamente sobre distintas materias. Fue en la breve sobremesa cuando saltó un importante tema a la palestra: la complicada situación financiera por la que atraviesan las casas de estudio.
Varios de los presentes comentaron que años atrás las universidades vivían tiempos de vacas gordas: abundaban las conversaciones con inversionistas y los millonarios proyectos de infraestructura llenaban las páginas de los diarios. En esa época de oro, inversionistas como Apollo, Laureate y Linzor pusieron sus fichas en el rubro: compraron la Uniacc, la Universidad Andrés Bello y la Universidad Santo Tomás, respectivamente.
Pero la irrupción del movimiento estudiantil en 2011, combinada con la aversión al lucro que se instaló en el país y las irregularidades en las que incurrieron algunas instituciones -como la Universidad del Mar- hicieron tambalear las apuestas. El futuro se volvió incierto. Y la banca esto lo sabe.
LAS VACAS FLACAS
“La situación de las universidades es más crítica que la que vivieron en su momento las empresas del salmón”, comenta el gerente general de un banco. Según afirma el alto ejecutivo, hoy los planteles se ven enfrentados a una reticencia por parte de los bancos para conseguir financiamiento. Sostiene que en la industria no quieren involucrarse con un sector que actualmente está en el ojo del huracán y que es fuertemente cuestionado por la calle. Asegura que el flujo de dinero no se encuentra 100% cortado, pero que son pocos los que sortean todas las pruebas a la hora de obtener recursos.
El rector de una universidad privada que asistió al almuerzo del martes comparte este duro diagnóstico. De forma categórica recalca que cualquier transacción que involucre a una universidad es hoy “absolutamente impensable”.
Desde la banca aseguran que hoy las universidades tienen muchos flancos abiertos. La calle cuestiona a aquellas que lucran, las instituciones financieras no quieren aparecer como sus financistas y, en el ámbito legal, las aguas están más que revueltas a la espera de un cambio de gobierno que podría anunciar reformas profundas en el marco regulatorio. A esto se suma que los estudiantes, en algunos casos, se han mostrado más reacios a pagar, precisamente por la mala calidad del producto que reciben. “De parte de los alumnos hay menos disposición moral a cancelar sus créditos”, comenta el gerente de una entidad financiera.
Este nocivo cóctel ha provocado que algunos bancos pongan en la lista negra a los planteles como posibles sujetos de crédito. Se ha cerrado la llave de paso y, evidentemente, esto ha tenido repercusiones en las casas de estudio. A menor financiamiento, menos recursos para nuevos proyectos, especialmente aquellos destinados al desarrollo inmobiliario.
La situación es todavía más compleja, precisamente por tratarse de un problema educacional. Un banquero asegura que en el caso de los salmones, por ejemplo, podían enajenar los activos de las empresas si es que éstas no estaban en condiciones de pagar. “Con las universidades es mucho más difícil que nosotros podamos ejercer el legítimo derecho que tenemos a rematar sus bienes, porque no podemos dejar a los alumnos en la calle”.
Los bancos no son los únicos que han recortado los flujos hacia las universidades. Las donaciones particulares también se han visto mermadas ante el desalentador panorama por el que pasa la educación superior en Chile. Entre 2011, año en que los movimientos sociales se apoderaron de la agenda, y 2012, los aportes de privados a las casas de estudio cayeron en $1.400 millones, a un total de $23.500 millones, según dio a conocer el propio Ministerio de Educación. El ajuste equivale a una baja de 5,9%, realidad diametralmente opuesta a la que existía justo un año atrás: entre 2010 y 2011 las donaciones particulares a los planteles crecieron en un 50%, a una cifra que bordeaba los $25.000 millones.
CALLEJÓN SIN SALIDA
La principal crítica contra el actual sistema universitario apunta al lucro que algunas entidades han obtenido a través del tiempo. Esto, pese a que legalmente las universidades son corporaciones de derecho público y, por lo tanto, no deben repartir los excedentes que generan entre sus controladores, sino que reinvertirlos en los mismos centros. Para poder retirar las ganancias, algunas universidades crearon en el pasado sociedades inmobiliarias, a las que les arrendaban los inmuebles que utilizaban para las actividades académicas. Así, eran esas sociedades las que se quedaban con los beneficios.
Hoy este esquema está bajo la lupa, y por eso cualquier movimiento en esta dirección genera tantas suspicacias que las universidades los prefieren evitar. “Es un corralito universitario”, asegura enfático el rector de una casa de estudios.
El jueves 9 de mayo, el fiscal Carlos Gajardo, quien investiga el lucro en las universidades, aseguró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que actualmente son 12 las entidades bajo sospecha. La Universidad San Sebastián acaba de engrosar la lista por el presunto lucro obtenido al comprar las inmobiliarias dueñas de edificios que arriendan.
Un abogado cercano a uno de los grupos educacionales explica que los ingresos por concepto de matrícula no han disminuido. Sin embargo, la imposibilidad de retirar estos fondos junto con las mayores restricciones crediticias tienen hoy en jaque a algunos planteles educacionales.
Los rectores presentes en el almuerzo en Viña del Mar coincidieron en que esta situación afecta especialmente a aquellos planteles más pequeños o a los que están 100% enfocados en impartir carreras universitarias. Distinta es la realidad de aquellos grupos que administran centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales.
TRANSACCIONES CONGELADAS
Los mismos rectores saben que hoy existen universidades “a la venta”. El tema es que en el escenario actual difícilmente ocurrirá la enajenación.
Según conocedores del sistema, en los próximos años se generarán fusiones entre universidades dando paso a un sector más concentrado, tal como ha ocurrido en la banca, las AFP y los supermercados, entre otros: los más eficientes terminarán absorbiendo a los más pequeños e ineficaces. Pero eso podría tomar tiempo: hoy nadie reconoce estar abierto a invertir en una universidad. Nadie, como afirman en los círculos empresariales, dice estar dispuesto a vincularse a una operación que sea cuestionada por las autoridades, ni mucho menos por la opinión pública.
Un ejemplo de lo trabadas que están las negociaciones es el caso de la Universidad Central. Tras negociar un convenio de asociación con el grupo Norte Sur (ex dueños del Banco del Desarrollo) para que éstos tomaran el control del plantel educacional, el acuerdo se desestimó a fines de 2011, por el rechazo de académicos y estudiantes a una eventual venta. El fondo privado decidió retirar la oferta y descartó de plano sondear algún tipo de incursión en la educación superior.
Similar sería el caso de la Universidad Pedro de Valdivia. Entre los rectores de las casas de estudio ha trascendido que el plantel privado, ligado al empresario Ángel Maulén, ha buscado la opción de integrar a un socio a la propiedad. Sin embargo, tal road show ha terminado con cero oferentes, producto del delicado momento que atraviesa el rubro. El cartel de “se vende” que tiene el edificio de la Facultad de Medicina de la misma universidad en Avenida Apoquindo es una prueba más de que las cosas no están funcionando como sus dueños quisieran.
Otros que suenan como candidatos a buscar cambio de controladores son la Universidad Bolivariana y la Uniacc. Esta última, propiedad del grupo norteamericano Apollo, niega que esté buscando algún tipo de comprador. “Está claro que aún tenemos pérdidas en la operación, pero no hemos pensado en salirnos de este rubro”, relata un ejecutivo ligado a esta institución.
EL PLAN B
Las universidades reconocen que han tenido que apelar a la creatividad. A la hora de buscar financiamiento para nuevos planes de expansión, han surgido nuevas alternativas. Un ejemplo es el caso de la Universidad de Concepción. Aun cuando es parte del Consejo de Rectores ha debido idear nuevas fórmulas para conseguir financiamiento. La entidad acaba de inscribir en la Superintendencia de Valores y Seguros la emisión de un bono corporativo para recaudar cerca de US$ 200 millones. El centro de estudios ha señalado que con el monto buscan refinanciar su deuda y también obtener recursos para sus inversiones inmobiliarias con fines educacionales.
En la mayoría de los casos, las universidades han apostado por otra estrategia: hacerse lo más eficientes posible, disminuir sus costos, aumentar sus excedentes y esperar, con la “casa en orden” cualquier cambio en el marco regulatorio.
La salida más reconocida entre los rectores, sin embargo, es la que utilizan algunos planteles que dentro de su estructura también administran institutos profesionales y centros de formación técnica. Como este tipo de entidades se rigen por una regulación distinta -son sociedades anónimas-, los controladores han apostado por canalizar a través de estos las inversiones y así asegurarse beneficios. Eso sí, están conscientes de que esta alternativa funcionará en la medida en que el marco legal permanezca tal y como está y no sea sometido a cambios como se pretende con el de las universidades.
Dentro de este plan, algunas corporaciones, como es el caso de Laureate -dueños de la Universidad Andrés Bello y del instituto AIEP- y el grupo Santo Tomás -que administra la universidad del mismo nombre, una red de colegios y centros de formación técnica-, han puesto sus fichas en materializar las inversiones inmobiliarias a través de edificios “multifuncionales”. El primero de estos grupos ha desembolsado casi US$ 700 millones en la última década y, en el caso de Santo Tomás -controlada por el fondo Linzor Capital y el empresario Juan Hurtado- ha destinado US$ 160 millones en los últimos tres años, para construir edificios donde convivan tanto sus universidades como los CFT y los institutos. Según un rector, esta es la única alternativa para un corralito que no da luces de terminar.
