Era la tradición. Como cada año de elecciones, los candidatos a algún puesto de representación popular acudían a las oficinas centrales de D&S . La firma, antiguamente controlada por la familia Ibáñez, era uno de los tantos destinos donde los candidatos llegaban para pedir financiamiento. Pese al cambio de dueño de los hipermercados Lider en 2008, a manos del gigante Walmart, el “platillo” siguió corriendo por las oficinas de D&S. Hasta el año pasado.

En la antesala de las elecciones municipales, y cuando se iniciaba el proceso de recaudación de fondos, los jefes de campaña se llevaron una sorpresa: Walmart cortó el presupuesto para cruzadas políticas. Y, como dice el eslogan de la supermercadista, “para siempre”.

Tras analizar el caso, los máximos ejecutivos del retailer decidieron terminar con esta práctica. Si bien no eran de los mayores aportantes -alrededor de $25 millones a repartir entre todos los partidos y candidatos en cada proceso electoral, casi un cuarto de lo que donan otras corporaciones-, el análisis fue simple: no existía un criterio interno para definir a quién se le daba y a quién no. A esto se sumó que en Walmart comenzaron a dudar de la reserva del donativo como establece la Ley 19.884 que norma el financiamiento de campañas. Un ejecutivo afirma que los partidos igualmente terminaban sabiendo a quiénes entregaban el aporte.

Vigente desde 2003 y puesta en práctica para las elecciones municipales del año siguiente, la ley que regula el financiamiento electoral está en la mira tras conocerse la relación entre Corpesca, la mayor acuícola de Chile (controlada por el grupo Angelini), y la diputada Marta Isasi. Esta última cuestionada por supuestas asesorías prestadas a la firma de Angelini (y financiadas por la empresa privada), en medio de la discusión para cambiar el marco normativo del sector pesquero.

Desde que estalló este caso no sólo la ley de aportes a campañas está bajo escrutinio público. También lo está la relación empresa-política. Muchos se preguntan por qué las empresas financian campañas, si éstas no votan. Ése ha sido el principal cuestionamiento en columnas de diarios y redes sociales. Así, las firmas han quedado en entredicho. Su injerencia no es menor: sólo el 16% de los recursos de una campaña provienen de financiamiento fiscal, un 18% de créditos que asume el postulante con la banca y el 9% de aportes propios, según estadísticas del Servel de 2010. Casi el 60% restante se obtiene de aportes corporativos.

Desde el mundo privado también lanzan dardos: financiar una cruzada al parlamento o a la presidencia no es del agrado de los directorios, pero es una práctica arraigada. Como lo hacen todos, no se puede escapar. “Se intenta entregar a la Concertación y a la Alianza por igual, para evitar conflictos”, comenta un accionista de Falabella.

UN ACUERDO CON RESERVAS

En 2003 Pablo Longueira y José Miguel Insulza llegaron a un acuerdo para una nueva ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral que incorporaba los aportes secretos. “Es discutible que el donante pueda hacer pública la donación, porque se trata de evitar que éste pueda cobrar cuentas después”, defendía el entonces ministro del Interior ante el Senado. Lo hacía en un tenso ambiente: la legislación era uno de los pactos en medio del caso MOP-Gate. Y la fórmula generaba polémica en su coalición.

Chile era el único país de Latinoamérica que no tenía una ley de ese tipo. El proyecto original, enviado por el ex presidente Ricardo Lagos, obligaba a hacer público cualquier aporte que superara las 20 UF (cerca de $450 mil al cambio actual). Pero en las negociaciones se incorporó una fórmula propuesta desde el Centro de Estudios Públicos (CEP) que permitía acogerse a la reserva en ciertas donaciones. Lucas Sierra, coordinador académico del CEP y quien trabajó en la propuesta, explica que para evitar que el esquema se prestara para abusos, el secreto era vital. “¿Por qué funcionaba antes el cohecho? Porque la certeza de que cumples tu promesa facilita la corrupción. Si no hay certeza de que le donaste a alguien, queda una situación de incertidumbre en que no es fácil generar extorsión”, plantea.

La idea era crear un sistema a cargo del Servel que no permitiera a los candidatos saber quiénes les enviaban recursos. Se fijaron límites: un máximo de 1.000 UF ($22,5 millones) para donaciones a un candidato a senador o diputado, 1.500 UF ($34 millones) para la presidencial y 10.000 UF ($225 millones) en una misma campaña. A este régimen se podían acoger personas naturales y empresas, estas últimas con  beneficios tributarios. “Las experiencias indican que los aportantes reservados, que en los hechos reales son las empresas,  no lo harían si fuera público”, señala Giorgio Martelli, administrador electoral de la campaña de Michelle Bachelet en 2005, y quien ha colaborado en las postulaciones de Eduardo Frei en 2009 y en la actual de Bachelet.

La ley del 2003, además de la donación reservada, contempló otras dos fórmulas: anónima -para montos menores a  20 UF- y pública para aquellos que desearan hacer aportes más allá de los límites fijados para donativos secretos. Pero es la primera fórmula la más usada y polémica. Según  un estudio del académico Claudio Agostini, para las elecciones parlamentarias y presidenciales 2009-2010 hubo 4.721 donaciones en todo el país. Las reservadas alcanzaron $14.292.684.194, el 43,3% de los ingresos totales.

Quien quiere hacer una donación reservada primero deposita el monto en una cuenta del Servel. Luego, en un proceso aparte, selecciona en una máquina el partido o candidato al que quiere destinar su aporte. A la semana siguiente, el organismo electoral transfiere parte del monto al beneficiario, pues se divide en varias entregas para que éste no pueda saber el monto exacto y así no identifique al donante.

Eso en la teoría. En las colectividades y las empresas coinciden en que la relación es más compleja. De hecho, el 52,5% de los 242 candidatos que recibieron aportes reservados en 2009 tuvieron apenas entre uno y siete donantes, cifra que se considera como una “zona gris” que permitiría identificar con facilidad quién es la firma detrás del dinero, por las rondas que hacen los mismos partidos y postulantes.

EL GERENTE TIENE LA PALABRA

Faltan seis meses para la elección parlamentaria y presidencial y los jefes de campaña aún no visitan las oficinas gerenciales de las principales empresas de Chile. Pero al interior de las compañías saben que es cosa de días para que las delegaciones, compuestas por entre cuatro a cinco personas, comiencen a desfilar por los edificios corporativos una vez definida la plantilla de candidatos.

Por lo mismo, ya está todo preparado. Los directorios de las principales compañías ya aprobaron presupuestos para donaciones, que varían entre $ 100 millones y $150 millones a repartir entre todas las postulaciones al Congreso. Si bien la ley permite hasta $ 225 millones a entregar a las candidaturas, el promedio de donativos de las corporaciones se sitúa por debajo de esa cifra. Y pese a que el monto está fijado, se prevé que este año la presión de los partidos y candidatos será más intensa: la inscripción automática elevó el universo electoral y, por ende, el límite de gasto de todas las campañas, por lo que se requerirán más fondos.

Según relata un accionista de Falabella, es el gerente general el que tiene que escuchar las diversas propuestas y decidir, a discreción, cuánto da y a quién.

En Forus, según un ejecutivo del grupo, el panorama es similar: seis meses antes de la elección comienzan a visitar las oficinas del gerente las distintas delegaciones. El presupuesto es similar al de otras compañías, no más allá de $150 millones. Luego de que todas las comitivas políticas visitan la oficina del gerente general -quien por decisión del directorio determina los montos-, pasa entre uno y dos meses para que la compañía haga el aporte ante las oficinas del Servel, entidad que destinará bajo el carácter de reservado el aporte a cada partido político o candidatura. Este modus operandi se repite en la mayoría de las empresas.

En una firma pesquera, que prefirió el anonimato dado el cuestionado caso de la diputada Isasi con Corpesca, comentan que cada año electoral el escenario es el mismo. El encargado de las finanzas de una campaña, o de todo un partido político, acude a las oficinas de las empresas. Solicita fondos y la gerencia queda en estudiar el caso. Y aunque los montos se traspasan a través de los mecanismos que el Servel tiene habilitados, esta fuente reconoce que las cantidades igualmente quedan acordadas de antemano. “Todos saben quién les da y cuánto”, afirma.

SIN MEMORIA

No sólo la forma cómo se negocian los donativos es común para toda la industria. También es el cómo se reparten. Las diversas empresas consultadas coinciden en que ambos bloques mayoritarios reciben parte de los montos aportados por el directorio, aunque también coinciden en que son los partidos de derecha los que más dinero recaudan, por la red de contactos que tienen. “No puedes darle a uno y no al otro, porque te podría jugar en contra”, afirma el director de una compañía de alimentos. Esa es una de las principales razones que esgrimen las compañías para entregar donativos en años electorales: evitar potenciales conflictos.

Si bien es el gerente general quien decide cuánto y a quién, otras empresas han optado por definir una estrategia. La que más destaca es entregar montos de acuerdo a la cantidad de votos que obtuvo el partido en la elección anterior. Ése es el caso de Telefónica, que en 2004 fijó como política interna el entregar montos proporcionales a los votos que sacó el partido en la cruzada anterior.

Los empresarios operan de una manera similar a la hora de reportar estos egresos. Ninguna donación de una compañía a una campaña política queda registrada en la memoria anual de éstas. Desde el sector privado explican que los aportes se incluyen dentro del ítem de gastos de operación de la firma y que, por tratarse de montos pequeños -en comparación con los ingresos totales de un holding- éstos caen en esa categoría. “Generalmente los indexamos como gastos de marketing o en el área de asuntos corporativos”, explican en una empresa de retail.

Pero no sólo efectivo es lo que buscan los cazadores de recursos. La alianza empresa-partido ha encontrado otra fórmula para hacer donativos: la entrega de materiales. Pinturas, maderas y polietileno, que las compañías destinan originalmente para ampliaciones de locales o faenas, son redirigidas a los partidos políticos como una forma de donación. “Es más fácil que yo, que estoy construyendo cierta cantidad de locales, en vez de usar 100 tarros de pintura, use 90 y los otros 10 los regale a un partido político. Eso se da mucho”, comenta un ejecutivo de Cencosud.

EL DEBATE DEL MODELO

Los US$150 millones que el magnate de los casinos Sheldon Adelson gastó para apoyar a candidatos republicanos en la elección estadounidense de 2012 marcaron un nuevo récord y una polémica. Desde 2010, las estrictas leyes sobre financiamiento de campañas en ese país quedaron superadas tras un fallo de la Corte Suprema que autorizó a organizaciones a operar de forma separada de las candidaturas para recaudar fondos de empresas y personas de forma ilimitada.

El ejemplo ilustra uno de los puntos que plantean los defensores del sistema chileno: las firmas igual van a aportar en política, así que es mejor que lo hagan en un marco definido. “La política en Chile siempre se ha financiado con las empresas. Si no, se va a negro o se canaliza de otra manera, como en Estados Unidos”, plantea Lucas Sierra.

En círculos de izquierda se pide reformar la ley para que las empresas no puedan donar dinero. De hecho, en diciembre pasado Sierra y Francisco Javier Díaz, en representación del CEP y de Cieplan, levantaron una propuesta de cambios al actual sistema de financiamiento, que incluye una rendición de cuentas online durante la campaña, penas más severas para los infractores y aportes públicos para los partidos, entre otros puntos. Sin embargo, una de las discrepancias fue qué hacer con las personas jurídicas. “Las empresas no votan y por lo tanto no tienen por qué aportar a las campañas”, plantea Díaz, vicepresidente del PS.

Otras propuestas, como la ingresada en la Cámara Alta a inicios de este año por los senadores José Antonio Gómez (PR), Alejandro Navarro (MAS) y Pedro Muñoz (PS), proponen un camino distinto: obligar a que todo donante de campañas políticas sea público. La crítica en la derecha es que eso restringiría los aportes que legítimamente quieran hacer las firmas por temor a represalias. “Si se hacen aportes en que las empresas transparenten su decisión, la contribución bajaría al 10%. Quedarían expuestas a presiones, sea porque dan o porque no dan”, plantea el senador UDI Hernán Larraín, uno de los parlamentarios que ha seguido el debate sobre financiamiento.

Larraín señala que hay que concentrarse en otras áreas, como que no hay control sobre el gasto que se hace fuera del período de campaña y establecer aportes fiscales para el funcionamiento de los partidos a cambio de mayor transparencia. “Hoy son verdaderas cajas negras en que nadie sabe cómo se financian”, asegura.

Lucas Sierra afirma que algo clave es incentivar a las personas naturales a que donen, estableciendo estímulos como un descuento tributario o que el Estado sume un porcentaje extra a cada aporte, en un sistema de matching funds. “Hay que equiparar el trato, porque la ley está cargada hacia las personas jurídicas”, explica. “Y si se confunden muchas donaciones chicas, al candidato le va a costar mucho más tener la certeza de que una empresa le donó”.