El próximo 2 de julio Valparaíso cumplirá sus primeros diez años como “Ciudad Patrimonio de la Humanidad”. Como una mala coincidencia, el aniversario de este estatus se verá empañado -y amenazado- por el riesgo de que la ciudad puerto pierda tal categoría. Al menos eso se discutirá este lunes 17 en Nom Pen, la capital de Camboya.

Cuando aún sea de noche en el puerto, los altos funcionarios de la Unesco, quienes se reunirán en Asia para evaluar el ingreso de nuevas reservas naturales y patrimonios culturales a las categorías de protección de esta entidad, discutirán el actual escenario que enfrentan algunas obras declaradas como patrimonio. Una de las ciudades que aparecen en la “lista negra” es Valparaíso. También Castro, en la Isla Grande de Chiloé, integra este ranking. Ambas tienen un factor en común: la construcción de megaproyectos comerciales que atentan contra el patrimonio que se esperaba cuidar.

Al igual que la bullada construcción del centro comercial de Castro, Valparaíso vive hace años una guerra cuyo foco está puesto en el proyecto de retail. Pero mientras en Chiloé la pugna se da entre vecinos y la empresa constructora Pasmar, en la ciudad puerto la lucha traspasó las fronteras de defensores del patrimonio: hoy empresarios, políticos, autoridades comunales y la misma Moneda han levantado trincheras para atacar la obra comercial que será emplazada en las antiguas dependencias de la bodega Simón Bolívar.

Desde que en 2006 el Grupo Plaza -controlado por Falabella- hizo el anuncio del proyecto comercial, las olas en la bahía han estado más revueltas que nunca. Si bien en un comienzo el proyecto logró sortear los obstáculos puestos por vecinos y arquitectos, al modificar el diseño original del mall, hoy el escenario se ha teñido de causas judiciales. Las cosas se complican más aún cuando se hace visible que los grandes grupos portuarios -integrados por las familias Von Appen, Luksic y Urenda- han movido sus fichas para impedir la construcción. En ese mismo frente se encuentra La Moneda. Cercanos al gobierno afirman que no hay interés de que se materialice el nuevo plan.

Con supuesta fecha de inauguración para el primer semestre de 2015, siete años después de lo presupuestado inicialmente, el pasado 30 de mayo Mall Puerto Barón recibió una estocada que lo tiene en vilo: la Contraloría hizo dos serias observaciones que complican los planes futuros del Grupo Plaza.

La primera de ellas está relacionada con el acceso al futuro mall. Según el ente fiscalizador, Puerto Barón no enfrenta directamente una gran avenida, lo cual hace inviable su construcción. En segundo término, la Contraloría hace hincapié en que el terreno donde se emplazará el proyecto no puede subdividirse en varios lotes individuales para eludir ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con ello se abre la puerta para concretar lo que los oponentes buscan desde hace un tiempo: que el Grupo Plaza deba realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Hoy la superintendencia del ramo estudia los antecedentes, y en las próximas semanas decidirá si somete la obra a un EIA, lo cual pondría una nueva traba a la cuestionada obra.

EL PODER DE LOS PORTUARIOS

Públicamente no lo han declarado, pero extraoficialmente los principales usuarios del puerto -las familias Von Appen, Luksic y Urenda- han sido férreos detractores del proyecto en el Muelle Barón. De hecho ha trascendido que gran parte de la oposición que ha enfrentado el complejo comercial ha sido propiciada por alguno de estos grupos, quienes ven en el mall una amenaza para sus planes futuros.

Desde 1897 que diversos estudios y cartografías ponen a la zona de Barón y Yolanda (área al norte y contigua al cuestionado mall) como las zonas de extensión natural del puerto. Así lo indicó, por ejemplo, un estudio de desarrollo de la bahía que la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) encargó en 1995. Aún con este análisis en mano, en 2006 EPV cedió el terreno al uso privado. De ahí se explica la oposición que ha generado el proyecto entre los empresarios navales.

Según un ejecutivo del grupo Ultramar, de propiedad de los Von Appen y quienes concesionan el Puerto 1, “públicamente no se puede decir nada para evitar represalias de EPV, pero éste es un negocio mal hecho que afecta el movimiento de la carga en el puerto”, relata. Efectivamente EPV concesiona los espacios en la bahía y, al mismo tiempo, juega un rol preponderante en futuras licitaciones, espacios a los cuales todos aspiran.

Quien no ha tenido temor en manifestar públicamente su rechazo es Beltrán Urenda, accionista principal del Grupo Empresas Navieras. El presidente del consorcio naval confesó hace unos meses a Qué Pasa su oposición al proyecto. “Creo que hay que tener un acceso al puerto no sólo por el sur, sino también por el norte. No veo la razón de por qué no lo han hecho. Y también es crucial no quitarle espacio al puerto, que tanto ha costado ganar. No se puede entregar ese lugar para construir un mall. ¡Eso es un disparate! Hay miles de lugares para hacer un centro comercial”, dijo entonces. Cercanos a los Urenda reconocen haber conversado con políticos de la UDI -partido del cual el patriarca fue senador en la década de los 90- para manifestar su rechazo al centro comercial. Hoy quien fuera asesor legal de Urenda por más de 20 años, Mario Zumelzu, lidera la oposición al centro comercial, a través del estudio jurídico que comparte con Gonzalo Cornejo y Cristián Letelier*, ambos asesores del partido de derecha.

Pero los inversionistas nacionales no serían los únicos complicados con el proyecto de Falabella. A inicios de abril, en un salón del hotel Ritz-Carlton de Santiago, la española OHL se adjudicó la disputada concesión de la zona 2 del puerto, inmediatamente contigua al área que ocupará el mall. De acuerdo a un ejecutivo del grupo se les hará compleja las maniobras de carga y descarga con un proyecto comercial a un costado. No podrán acopiar contenedores como se hace hasta ahora en ese espacio, y tendrá que derivar los containers excedentes al puerto seco en Placilla, varios kilómetros cerro arriba.

LA FIRMA DE BACHELET

La actual batalla, que tiene revolucionado al puerto, data de octubre de 2006, cuando a inicios de ese mes un decreto supremo, firmado por la entonces mandataria Michelle Bachelet, autorizó la transacción entre Mall Plaza y la Empresa Portuaria Valparaíso.

Según consta en el contrato entre ambas partes, EPV cedió el terreno en concesión para construir un proyecto comercial y habitacional que recuperase el borde costero. El Grupo Plaza, por otro lado, se comprometía a realizar un centro comercial que, además, dotara de equipamiento urbano al paño portuario.

Pero el contrato, visado en la notaría de Marcos Díaz León, contempló ciertas irregularidades según los opositores. La principal falta radica en el compromiso de EPV de pagar 495.000 UF (unos US$ 23 millones) a la empresa privada para que ésta construya y mantenga los espacios comunes por 30 años, plazo que dura la concesión. Según el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Naves (Asonave), Carlos Manterola, este ítem resulta grave, ya que son espacios que serán a beneficio del grupo de retail y cuyos costos provienen de arcas fiscales. En Mall Plaza se defienden: el proyecto entregará dos plazas -Barón y Francia- a la comunidad, más la habilitación de nuevas estaciones del Merval y un nuevo borde costero, como explica el gerente corporativo de Desarrollo de Mall Plaza, Cristián Somarriva.

Pero el pago de dinero por la mantención de áreas comunes no es el único punto cuestionado hoy por los opositores al proyecto. Un posible fraude al Fisco por parte de los ejecutivos de EPV es lo que tiene judicializado el acuerdo de 2006. En sus páginas, el contrato explicita que la cadena de centros comerciales podrá destinar un lote de este terreno (unos 30.000 metros cuadrados) para la construcción de departamentos. De ser así, deberá pagar a la empresa estatal 2,25 UF por m2, más el 10% de la venta de cada unidad habitacional que desarrolle. Este precio sería el que es objeto de investigación: cuando EPV compró, en agosto de 2003, los ex terrenos de Segetrans, pagó 19 UF por m2. Es decir, el precio de reventa sería el 12% del valor original. Con o sin conocimiento de estos antecedentes, Bachelet y el entonces ministro de Transportes, Sergio Espejo, autorizaron la venta a través del cuestionado Decreto Supremo 144.

Consultado sobre esta materia, Somarriva explica que hoy no está en los planes de la firma la construcción de viviendas en la zona, dejando ese lote sin obras a construir.

LA MONEDA TOMA PALCO

El mall tiene tantos flancos abiertos que incomoda no sólo a las autoridades regionales, sino también al poder central en Santiago.

Tras haber recibido el apoyo de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, hoy el centro comercial no cuenta con el respaldo de la administración Piñera. De hecho, a inicios de abril de 2012 el diputado Joaquín Godoy (RN), quien se ha opuesto férreamente a la obra, le mandó un correo electrónico al presidente Sebastián Piñera. Éste mandató a María Luisa Brahm, ex jefa de asesores de palacio, a que recabara datos sobre el proyecto y se juntara con el parlamentario de la Quinta Región. El 20 de abril de ese año Brahm y Godoy se encontraron en el Segundo Piso de La Moneda. Discutieron el proyecto y, a la semana siguiente, los dos lideraron una acalorada cita con los representantes del Sistema de Empresas Públicas (SEP) -entidad de la cual depende la Empresa Portuaria Valparaíso- y con el presidente de esta última, Alfonso Mujica. Se discutió la viabilidad del proyecto y el cuestionado contrato entre la estatal y el retailer. Tras esta cita, Godoy solicitó un encuentro con la directora de Presupuestos, Rosanna Costa, para esclarecer cómo se materializaría el pago de dinero por mantención de obras urbanas.

El discurso de La Moneda fue claro: el Estado no puede desconocer un acuerdo cerrado en el pasado. Pero, al mismo tiempo, mandaron otro mensaje: el gobierno no hará nada por apoyar el cuestionado centro comercial. “Al Estado no le conviene pagar US$ 25 millones por una obra de espacios comunes tal como está estipulado en el contrato de 2006”, le habría dicho la titular de Presupuestos a Godoy.

De ahí que desde esa fecha ningún organismo estatal ha apoyado la causa privada.

UN NUEVO ENEMIGO

El 4 de junio pasado, en medio de la Plaza Aníbal Pinto, un grupo de manifestantes, envueltos en un lienzo donde se leía “No al Mall Barón”, exigía al ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez Mackenna, que estudiara los permisos de vialidad que la Subsecretaría Regional del ramo entregó años atrás, como forma de respaldar la construcción comercial. Al centro de los manifestantes destacaba el abogado Mario Zumelzu.

Conocido jurista de la Quinta Región y asesor parlamentario de la UDI ha tomado un rol activo en esta causa. Pero su participación ha sido reciente. El 12 de abril pasado presentó el primer recurso de ilegalidad contra el permiso de edificación. Desde ahí, representando a Asonave y a la Federación de Trabajadores Portuarios de Valparaíso, ha tomado la batuta en causas contra el retailer. Según confiesa, se había mantenido ajeno a esta pelea, hasta que el dirigente regional de la UDI Manuel Millones lo contactó para que asesorara las causas contra Grupo Plaza. “Acá no hay razones políticas. Esto es un proyecto ilegal e inmoral. El Estado está subsidiando un proyecto privado”, enfatiza.

Junto con esto, aclara que pese a que uno de sus clientes habituales es el arquitecto Mario Zulueta, quien está desarrollando un proyecto de centro comercial en Avenida Argentina y a cuadras del Puerto Barón, su cruzada legal no tiene relación con este mall, sino con evitar un desfalco a las arcas fiscales y truncar el desarrollo del puerto.