En Chile hay un auto por cada cuatro habitantes. El incremento del 60% que ha tenido el parque automotor en la última década fue una de las razones principales que impulsaron al gobierno de Sebastián Piñera para modernizar el sistema de plantas de revisión técnica. El actual modelo, que data de 2003, estaba quedando chico y aprovechando que en 2014 vencerán las licencias otorgadas hace una década, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) se abocó a la tarea de llevar a cabo estos cambios. Durante los últimos meses de 2012 se presentó el plan que fue catalogado por las autoridades como un “cambio radical”. En el nuevo proceso no sólo se renovarían las concesiones, sino además se aumentaría el número de plantas, la cobertura geográfica de éstas y, se mejoraría la calidad tecnológica de los planteles. Todo esto acompañado de un pilar fundamental: tarifas más baratas para los casi cuatro millones de usuarios que hay en el país, en un negocio que mueve entre US$ 70 millones y US$ 100 millones anualmente.

El comienzo de año fue el momento escogido para dar el puntapié inicial a esta revolución tuerca. El 16 de enero se publicaron las bases de licitación para renovar las concesiones en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y la Metropolitana, en las cuales se pretende pasar de 61 plantas a 94, casi un 55% adicional. La idea es tenerlas operativas con el inicio de 2014, al igual que las ubicadas en las regiones restantes, proceso de licitación que vendrá a continuación del ya en curso. 

Tras meses de redacción, el MTT publicó las bases que limitaron el abuso de posición dominante, para asegurar precios a público más bajos. Dentro de las cláusulas que incluyó el documento aparecen resguardos para evitar concentraciones: ningún operador podría tener más del 25% del total de plantas en una región. 

Con todo listo, comenzó el proceso. Se eligió la Región de O’Higgins como la primera en iniciar estos cambios. El 3 de julio se puso como fecha para presentar ofertas para operar plantas de clase A y B: veinticuatro empresas acudieron al llamado. Cada una de las cuatro áreas, que en total suman 9 plantas a nivel regional, podía ser ganada por sólo una de las postulantes. Rengo, Litueche, Santa Cruz, San Vicente, San Fernando y Rancagua formaban el gran pozo. 

Pero pasó un mes desde esa fecha y el proyecto estrella quedó en entredicho. Hoy la licitación se encuentra judicializada y con la amenaza de que se anule por completo. Un supuesto error en la adjudicación de dos concesiones en Rancagua a un mismo grupo empresarial, lo cual estaba expresamente prohibido en las bases de licitación según acusan algunos postulantes, tiene a todo el sistema en una guerra declarada. La cartera de Transportes es el principal blanco y ya se solicitó que la Contraloría intervenga en el conflicto: un sumario a las autoridades del ministerio podría venir en camino y La Moneda ya monitorea este caso.

 

LA CARTA

El mediodía del seis de agosto, en el salón Prat de la Intendencia de O’Higgins, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) abrió los sobres con las ofertas para las cuatro concesiones en la VI Región. Con  precios prometidos que variaban desde los $ 7.850 hasta los $ 17.600 por cada atención, la Comisión Evaluadora decidió adjudicar las cuatro concesiones a Bureau Veritas Certification Chile S.A., Revisiones Serviden Ltda., Inversiones Lesta SpA, y a Inspectorate Servicios de Inspección Chile Ltda. Fue en ese momento que se desató el conflicto.

Apenas tres semanas antes de la apertura de las ofertas uno de los postulantes, Applus Revisiones Técnicas S.A., había advertido que algo saldría mal. Tras conocer que Bureau Veritas e Inspectorate estaban en carrera, decidió intervenir. ¿Su alerta? Ambas compañías pertenecen al mismo grupo empresarial, contraviniendo, a su juicio, las bases de la licitación.

Al abrir los sobres y conocer a los ganadores, la sorpresa de los representantes de Applus fue grande: el 17 de julio habían mandado una carta al seremi de Transportes, Sebastián Camiruaga, advirtiendo de este error. En la misiva el gerente general de la compañía, José Eugenio Martínez, le expresó que las dos sociedades, que pertenecen al holding francés especializado en certificación de calidad Bureau Veritas, estaban inhabilitadas para competir. En el sobre le adjuntó documentos extraídos de la página web de Bureau Veritas, donde se daba cuenta de la relación entre ambas empresas. La carta fue recibida en paralelo por la subsecretaria de Transportes Gloria Hutt en Santiago.

El 23 de julio Camiruaga respondió. Explicó que derivaría los antecedentes a la Comisión Evaluadora, encargada de certificar el proceso, y que ésta -conformada por él mismo junto con los funcionarios Carlos Mora y Mario Esquivel- analizaría los antecedentes. Dos semanas después se entregaron dos concesiones (equivalentes al 50% de la región) a las cuestionadas firmas.

Ahí la ofensiva de Applus no se hizo esperar. El 21 de agosto descargaron su primera artillería: ingresaron un oficio ante la Contraloría, solicitándole al contralor Ramiro Mendoza que iniciara un sumario interno en Transportes. El documento, que aún está siendo analizado por el equipo de Mendoza, busca las eventuales responsabilidades de los administrativos del ministerio en la entrega de estas concesiones. Se denuncia que tanto el seremi como la subsecretaria Hutt estaban al tanto de estas anomalías, pero que el proceso siguió normalmente. Y los dardos apuntan más alto: le solicitan al ente fiscalizador que oficie al titular de la cartera, Pedro Pablo Errázuriz, quien deberá entregar, si así lo estima Mendoza, todos los antecedentes del proceso de licitación nacional, para evitar vicios futuros. 

Pero ahí no terminaron los descargos de Applus. El 26 de agosto demandaron al ministerio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). En el documento el concesionario -que tiene 7 plantas- acusa nuevamente vicios en el proceso, y no sólo explica que Bureau Veritas e Inspectorate están relacionadas. Sus cuestionamientos  apuntan a otro de los postulantes al polémico proceso de la VI Región: Grupo Empresarial Denham, ligado a Alejandro Denham, el mayor concesionario de plantas de este tipo a nivel nacional.

En el documento de 18 páginas Applus pide que la licitación de la VI se suspenda y que, además, se anule todo el proceso, debido a las inhabilidades de las compañías. La demanda ya fue acogida por el TDLC y podría afectar las intenciones de Transportes. 

Pero Applus no fue el único. Revisiones Técnicas San Dámaso presentó un recurso de reposición en las oficinas del ministerio. Acusaron el mismo concepto: Bureau Veritas e Inspectorate pertenecen al mismo dueño y debieron ser descalificadas. Exigen la anulación del proceso.

Otras dos sociedades también han mantenido los fuegos abiertos. Una de ellas es Guly S.A., firma uruguaya que presentó una demanda ante el TDLC, denunciando que las bases de licitación le impedían participar del llamado, al no haber iniciado operaciones en Chile. La otra es Ramírez y Compañía, operador de plantas de revisión técnica en O’Higgins, el cual también comenzó un proceso en el mismo tribunal, denunciando que las bases imponen barreras de entrada. Solicitan que éstas sean modificadas y su reclamo ya fue escuchado: aunque el TDLC no acogió la suspensión de la licitación pedida por Ramírez, la Fiscalía Nacional Económica ya se hizo parte en la causa. Ya pidió la suspensión de todas las licitaciones, hasta que se modifiquen las bases. 

 

EL FACTOR DENHAM

Veinticinco páginas componen las cuestionadas bases, y cinco de sus líneas son las que han generado la mayor polémica. De acuerdo a la demanda interpuesta por Applus, el documento que invitaba a participar a las empresas incluía inhabilidades que dejarían automáticamente fuera a algún oferente. Una de ellas es la presentación de dos o más ofertas ligadas a un mismo socio. “Estarán inhabilitados de participar las personas jurídicas en que uno o más de sus socios, a través de una sociedad distinta, haya concurrido al presente proceso de licitación [… ] Esto se aplicará respecto de aquellas especies de sociedades cuya naturaleza legal permita la identificación de la persona de sus socios”. 

A juicio de Applus, las bases son claras en impedir que Bureau Veritas y Denham se presenten a la licitación con dos empresas distintas. Cercanos a Bureau Veritas defienden el actuar, ya que leen en aquel párrafo que ello excluye a las sociedades anónimas, donde resulta difícil identificar a los tenedores de esas acciones. Alegan que las bases ya pasaron por Contraloría, entidad que dio el visto bueno. Junto con ello, acusan que las intenciones de Applus son boicotear el proceso, que según las tarifas presentadas por Bureau Veritas, entregará precios un 30% más bajos. 

En el ministerio, en tanto, prefieren no referirse al tema mientras haya un proceso judicial en curso.

Pero Denham también aparece en la mira. Según la demanda de Applus, el empresario -que tiene 29 plantas a lo largo de Chile- se habría presentado a la licitación con tres sociedades: Revisiones Técnicas UVT, Revisiones Servidem (que ganó una concesión) e Inversiones Lesta serían de su propiedad, ya que en el proceso coincidieron los terrenos inscritos entre las tres compañías. 

Denham se defiende. Sentado en su oficina de Renca el empresario -que se hizo conocido por denunciar la solicitud de dinero para pagar campañas parlamentarias precisamente en la VI Región hace una década en una de las aristas del  “Caso Coimas”- explica que es normal que las empresas coincidan en las direcciones que inscriben en las licitaciones, ya que son los dueños de esos terrenos los que conversan con varios actores y, al final de los procesos, venden los inmuebles a quien resulte ganador. Sin embargo, UVT aparece domiciliada, según el registro del ministerio, en calle Montevideo 2144, la misma dirección donde está la oficina de Denham, quien alega no tener conocimiento de quién sea el accionista de esa firma.

Pero el mayor concesionario de Chile también apunta  contra la francesa Bureau Veritas. No sólo pide que sea descalificada por haber concurrido con más de una sociedad. También lanza otro misil: la francesa ha certificado a la mayoría de las plantas de revisión técnica de Chile. Entre ellos, a Denham. “Ellos me han analizado por diez años. Conocen todo mi negocio, les he abierto la empresa y una semana antes de presentar las ofertas (julio de 2013), me comentaron que irían a la licitación. Ahora serán concesionarios de plantas y a la vez certificadores de plantas”, explica el empresario.

En el ministerio están al tanto de esta realidad. Afirman que de quedar el grupo Bureau como concesionario, no podrá certificar a este tipo de empresas. De todas maneras, están abiertos a acatar lo que dictamine alguno de los organismos que revisan el caso. Incluida la anulación del proceso.