Hasta el Club de Polo llegaron, a fines de enero pasado, varios de quienes entonces intentaban poner fin al conflicto desatado entre los inversionistas de las sociedades controladoras de SQM. En una misma mesa se sentaron los abogados de Moneda Asset Management, Pedro Pablo Gutiérrez y su socio Cristóbal Jimeno; y Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, representantes de Julio Ponce, controlador de la minera no metálica. A ese almuerzo asistió, también, el empresario José Cox.

Las negociaciones para sellar un acuerdo entre las partes habían comenzado siete meses antes, y se mantuvieron bajo estricta reserva. Por eso, ese caluroso día de enero estaban todos optimistas. Pero algo salió mal.

Hay versiones contrapuestas de cómo Cox se convirtió en mediador en uno de los casos económicos más bullados del último tiempo. Desde el entorno de Ponce insisten en vincular al presidente Piñera en este tema. Sus abogados han señalado que Moneda aún mantiene las acciones que el mandatario tenía en las cascadas que son parte de la estructura que controla SQM -Norte Grande y Oro Blanco, entre otras-, las cuales traspasó al fideicomiso antes de asumir su cargo. Aseguran que Cox habría contactado a Darío Calderón, asesor de Ponce, para negociar una salida.

Consultado por este punto, el propio Calderón afirma que “las negociaciones comenzaron a iniciativa de don José Cox, quien me llamó por teléfono”. Los asesores de Ponce relacionan a Cox con Piñera, porque además de ser uno de sus mejores amigos es director de las sociedades de inversión Bancard y Santa Cecilia desde 2010, ambas del presidente Piñera.

Los abogados de Ponce indican que las intervenciones públicas del mandatario son motivo suficiente como para inhabilitar al superintendente Fernando Coloma. “Este gobierno sigue el caso cascadas como nunca antes se había hecho”, señaló Piñera el 15 de octubre en Radio Bío-Bío. 

Desde la vereda de enfrente, sin embargo, Cox escueto, pero enfático, señala: “Me involucré a motu proprio, conforme a una proposición de Darío Calderón, de encontrarle solución en conjunto a este ‘enredo’, en uno de los últimos directorios que ambos compartimos como representantes de la mesa de LAN”.

Un cercano al empresario afirma que Calderón se acercó a él por su reconocido expertise en negociaciones. Si bien Cox es un destacado hombre de negocios -tiene inversiones eléctricas e inmobiliarias, una empresa de molduras y una firma de servicios de telecomunicaciones y data center-, ha dedicado gran parte de su vida a mediar en conflictos. Ejemplos hay varios. Fue quien craneó la solución a la toma de Peñalolén en 2004; intermedió en los casos Lozapenco en 2002, e Inverchile en 1991; y asesoró al Banco Central en el conflicto con cinco instituciones financieras -para el término del proceso de cartera vendida a consecuencia de la crisis del año 82- en 1997.

Otra persona de su círculo enfatiza que Cox no sólo tomó el caso porque le atrajo encontrar una salida a un conflicto tan complejo como éste, sino que porque le pesaba su propio bolsillo: en marzo de 2012 compró un paquete de 87,5 millones de acciones, equivalentes a $ 500 millones de Norte Grande, inversión que se había venido a pique. No sólo eso: como parte del comité de administración de las platas de la Compañía de Jesús recomendó invertir en SQM a través de los fondos de Moneda. El perjuicio a la congregación  religiosa, dicen, también influyó en su decisión de involucrarse en el caso.

Lo cierto es que en uno de los últimos directorios de LAN, en mayo pasado, quedó zanjada la idea de que ambos se reunieran con Julio Ponce, para iniciar así la rueda de negociaciones.

PAZ ARMADA

Que la SVS tomara cartas en el asunto era la alternativa que manejaban los minoritarios desde comienzos de 2012. El regulador, de hecho, venía desde esa época mirando con lupa la minera controlada por Julio Ponce, y las transacciones de las sociedades con partes relacionadas. Incluso más: durante ese año llamó a declarar a gran parte de los involucrados en las operaciones, y les pidió a las corredoras antecedentes sobre compras y ventas de acciones de las sociedades.

En enero de ese año, un socio de Moneda escribió un informe titulado “Potencial abuso contra accionistas minoritarios”, el cual Qué Pasa hizo público en agosto de 2012. Éste llegó a manos de Ponce. Según uno de los cercanos al “empresario del litio”, el documento fue utilizado como “arma de presión” de los dueños de Moneda para que el controlador fusionara las cascadas. “Fue un chantaje que quedó en las actas del directorio de mediados de ese año. Si Ponce no lo hacía, Moneda amenazó con entregar el escrito a la SVS”, dice un cercano al controlador de SQM.

Las tratativas para “lograr la paz” entre Pablo Echeverría, presidente de Moneda, y Ponce comenzaron en abril de 2012; y por un carril independiente al de Cox-Calderón. Al mismo tiempo que el mercado hojeaba el texto con acusaciones de prácticas impropias graficadas en las operaciones efectuadas entre 2009 y 2010 y que fueron detalladas en el informe de Moneda, ambos empresarios intentaban frenar la guerra desatada entre Ponce y los inversionistas institucionales: Moneda y varias AFP. En esa primera reunión, realizada en las oficinas de la administradora de fondos privados, estuvieron además de Echeverría y Ponce, el abogado Pablo Guerrero, director de Moneda y asesor externo de las cascadas. Entonces Echeverría le manifestó su molestia por “el desvío de riqueza” de la compañía y hablaron sobre la idea de realizar cambios y mejoras a los gobiernos corporativos: subir la cantidad de directores independientes y la dieta de quienes conformaban la mesa de las distintas cascadas. Fue el primer acercamiento.

En un segundo encuentro, bastante más acalorado, realizado un mes después, Echeverría fue enfático en su solicitud: era necesario fusionar la estructura de cascadas para impedir que siguieran realizándose “operaciones indebidas y que afectaban a los minoritarios”. Ponce se resistió con fuerza.

Luego vino una seguidilla de e-mails que la defensa de Ponce tiene como prueba para el periodo probatorio que comienza en pocas semanas. Hay un mensaje de Echeverría a Guerrero, el 9 de junio, en el que el empresario le señala que no hay una solución integral por parte de Ponce, y que eso los deja en libertad de acción para poder entregar los antecedentes al ente regulador. Guerrero hace de puente entre ambas partes.

El 19 de julio, Echeverría, en otro correo electrónico, esta vez dirigido a Julio Ponce, lo invita a reunirse en sus oficinas al día siguiente. Se confirma la cita para el 20 de julio, reunión a la que también asiste el abogado Pedro Pablo Gutiérrez. “La propuesta de Ponce no cumplía con ninguna expectativa. En esa cita se recalcó que habían operaciones que no eran de interés social y que las iban a cuestionar por vías institucionales”, dice uno de los participantes de esa cita.

Los intentos por aunar posiciones fueron infructuosos y las relaciones quedaron completamente quebradas. En agosto, Moneda acudió a la SVS para denunciar el caso y entregar antecedentes.

 

 

 

"SITUACIÓN CRÍTICA"

En paralelo, José Cox -junto a Calderón- intentaba encontrar una solución al conflicto. El 5 de junio, a las 12 en punto, ambos se reunieron con Ponce en las oficinas de Calderón, en Nueva Las Condes. Allí, durante casi una hora, el empresario del litio se dedicó a narrar con todo detalle la historia de SQM, cómo funcionaba el negocio, y las cascadas. Al término de ese encuentro, Cox se comprometió a entregar un diagnóstico de la empresa manejada por Ponce.

El 31 de julio -mientras sucedía la junta de accionistas donde Pablo Echeverría denunció operaciones irregulares- Cox se dirigió a las oficinas de Calderón. Después de analizar la firma durante un mes y medio llegó a un diagnóstico que, él comentó a sus más cercanos, era “lapidario para Ponce”: “La situación de la empresa es muy crítica”, le señaló entonces el empresario a Calderón. Junto con eso, argumentó que una buena salida era encontrar el mecanismo para fusionar las cascadas.

Tras varias conversaciones telefónicas, Cox se comprometió con Calderón a tantear un posible acuerdo con los “Moneda Boys”, quienes han liderado la batalla contra Julio Ponce. La única condición que puso Calderón fue que cualquier propuesta de solución no comprometiera el control que Ponce posee en la compañía.

Cox tenía la excusa perfecta para negociar en un ambiente distendido con Echeverría: a comienzos de noviembre de 2012 la administradora de fondos lo invitó junto a varios de sus clientes, como René Cortázar, Felipe Briones, Carlo Solari y Juan José Cueto, a un viaje a Machu Picchu. Entre paseos y caminatas, la propuesta de Cox tuvo buena acogida: Echeverría estaba dispuesto a negociar un fin al conflicto, fusionando parte de las cascadas, porque, según él, la actual estructura se prestaba para que se hicieran cosas incorrectas. La idea de Cox era fusionar Oro con Calichera, y Potasio con Nitratos, a través de una fórmula en la cual Ponce no perdía el control (ver recuadro).

Hay una serie de e-mails entre Calderón y Cox, de mediados de noviembre, donde escueta y muy vagamente se habla sobre las cascadas. En una conversación telefónica entre ambos, Calderón afirma que para entrar al detalle fino sobre un eventual acuerdo había que negociar con Raimundo Labarca, el abogado de Ponce y a quien Cox conocía bien: fue su asesor en el conflicto que su empresa Tricahue tuvo con Endesa. Ambos se reúnen a fines de ese mes, en las oficinas del estudio Vergara, Labarca & Cía.

Paralelamente, Labarca, Calderón y Gutiérrez, en tres oportunidades conversaron sobre un eventual deal que permitía poner paños fríos al conflicto. Desde el círculo cercano de Ponce afirman que “mientras se analizó la idea de fusionar, lo que era complejo para Ponce, la contraparte se comprometió a mediar con el superintendente para que detuviera la investigación o para que, al menos, los cargos fueran menores”.

Desde el otro bando, indican, sin embargo, que no había manera de asegurar que la SVS pusiera fin a la investigación, aunque sí estaban dispuestos a desistirse de sus denuncias y bajar el perfil a sus reclamos, lo que podía influir en el ente regulador. Un abogado corporativo, ajeno al conflicto, apunta a que “el avenimiento entre las partes le es indiferente al ente regulador y que seguramente la SVS hubiese seguido con la indagación. Sin embargo, la fiscalía -que también investiga el caso- generalmente considera los acuerdos entre las partes, por lo que existían posibilidades de que un acuerdo hubiese frenado la arista penal”.     

En enero, las conversaciones no fluyeron como los comensales esperaban. Sobre la mesa estuvo la posibilidad de que Potasio -que tenía el 10% de Calichera- hiciera una OPA a Oro Blanco para que los minoritarios vendieran sus acciones en Oro y recuperaran las Calichera que vendieron hace algunos años. Para los asesores de Ponce, ésa era una “alternativa generosa”, por lo que no estuvieron dispuestos a aceptar la propuesta de Cox, que era fusionar Calichera y Oro, y Potasio y Nitratos, una opción que dejaba satisfechos a los minoritarios al reducirse a la mitad la tasa de descuentos de Oro Blanco y Norte Grande (de 75% a 35%), valorizándose su capital. Para Cox y los abogados de Moneda era una manera decorosa de salir del conflicto, porque de alguna manera se “indemnizaban” los perjuicios que durante los últimos años habían sufrido las cascadas aguas arriba. De paso, era la vía con la que Ponce contaba para neutralizar a sus principales enemigos, argumento que no convenció a los asesores del controlador de SQM.

El almuerzo, por eso, terminó en fojas cero. Un día después, José Cox se contactó con Darío Calderón y renunció a la mediación, sin percibir ningún honorario (el compromiso era que sólo recibía si lograba armar el puzle para solucionar el conflicto).

Ocho meses después, la SVS formuló cargos contra Ponce y otros tres ejecutivos de SQM por presuntas infracciones contra la Ley de Mercado de Valores y la de Sociedades Anónimas. La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad -encabezada por José Morales-, por su parte, llamaría a Cox a declarar para que entregue los antecedentes que él maneja sobre el caso.