Rodrigo Bauzá Fernández (38) está en lo alto de un cerro. Desde allí observa los viñedos que están unos cuantos metros ladera abajo. En el valle, las vides pueblan las áridas tierras de la comuna de Monte Patria, en la IV Región, una de las zonas más golpeadas por la extensa sequía que afecta al norte de Chile y que ya se extiende por siete años.

Pese a lo exuberante del paisaje, del cual su familia es dueña de casi 90 mil hectáreas y donde abundan las plantaciones de uva y otros frutales, Bauzá tiene rabia. Está parado en lo que dice que fueron 50 hectáreas de nogales, y que hoy son sólo un puñado de troncos secos.

La impotencia del cuarto de los hijos de Lorenzo Bauzá Álvarez, un conocido agricultor y quien masificara el pisco que lleva su apellido, no es por la sequía. Sus nogales, explica, fueron víctimas de una amenaza distinta a la desertificación que vive la zona: en 2004 su familia se enteró que un proyecto minero se instalaría en medio de sus territorios. Eso, según ellos, significaba poner en riesgo la continuidad del negocio que habían construido por tres generaciones.

El epicentro de esa iniciativa es el cerro donde Bauzá está parado: la australiana Metminco, compañía de mediana minería especializada en extracción de cobre y que ya tiene operaciones en Perú, pretende ubicar en ese lugar un yacimiento a rajo abierto. Y ello explica por qué en esta área en donde hoy se encuentra Bauzá, quien es gerente general de la pisquera y vocero de la familia junto a sus hermanos Lorenzo y José Miguel, no haya más que tierra removida, piedras de color verdoso -características del sulfato de cobre- y tubos metálicos cuya profundidad promedia los 200 metros.

Todo es parte de los vestigios que dejaron los sondajes que realizó Metminco -tras recibir los permisos de la Corte de La Serena- hace cinco años en los campos de los Bauzá, con el fin de explorar la calidad de la veta para su proyecto Las Mollacas. Desde entonces la guerra en el valle de Rapel, al este de Monte Patria, está declarada y los bandos están lejos de reconciliarse.

Mientras los agricultores reclaman que se vulneró la propiedad privada y se dañaron las zonas de cultivo, generando millonarias pérdidas, los australianos esgrimen estar amparados por el código minero vigente, el cual otorga mayores concesiones a los dueños del subsuelo, derechos que ellos compraron en 2004.

Hace un mes la justicia reconoció que la minera, con sus sondajes, provocó daños en la propiedad agrícola. Pero esa sentencia es sólo la punta de iceberg de un conflicto con varios ribetes judiciales, que repercute al interior de la comunidad, y que ya llegó a oídos de los parlamentarios.

 

EL NUEVO VECINO

Hace diez años, Metminco -que buscaba ampliar sus operaciones en Sudamérica- puso sus ojos en la provincia del Limarí. De características netamente agrícolas, el lugar suponía para los australianos una gran riqueza mineral, debido a su formación geológica. Fue así que, tras visitar varios valles, contactaron al ingeniero Drago Domancic, quien tenía pertenencias mineras en la zona de Rapel, y le compraron las licencias, las cuales abarcan gran parte del subsuelo del campo de los agricultores. Era el lugar perfecto para construir Las Mollacas, proyecto que pretende extraer 13.500 toneladas anuales de cátodos de cobre y cuya inversión bordeará los US$ 60 millones.

Luego de tener las pertenencias, en 2005 Metminco pidió las servidumbres de tránsito, y el Tercer Juzgado de Ovalle -ratificado posteriormente por la Corte de La Serena- los autorizó a construir un camino de 15 metros de ancho por 1.500 de largo, para acceder al cerro donde habían comprado las pertenencias. De esto nadie supo en el campo de los Bauzá, hasta que vieron las primeras retroexcavadoras en la Hacienda Valdivia.

En ese momento, el patriarca del clan, que hoy tiene más de 80 años, quedó perplejo. No sólo habían ingresado a su propiedad; además estaban construyendo un camino en medio de sus viñedos. De inmediato ordenó a los trabajadores bloquear el paso y cercar las plantaciones para impedir el avance de las maquinarias. Entre recursos y causas judiciales transcurrió un par de años, hasta que en 2007 se produjo un quiebre mayor entre las partes. Los Bauzá acusan que la minera, con sus trabajos de sondaje, destruyó una plantación de 50 hectáreas de nogales, ubicada en la Hacienda Valdivia, uno de los campos que componen los territorios familiares y, según ellos, uno de los más productivos para el grupo empresarial: allí se concentra gran parte de la producción de uva para pisco y de exportación de la familia, la cual es vendida en Europa y también destilada en la pisquera.

Ahí, a metros del que será el corazón del yacimiento Las Mollacas, hay plantadas 120 hectáreas de uva pisquera, otras 150 de uva de mesa y otras 60 de nogales. Junto a estos sembradíos funciona además la procesadora de fruta de Agrícola Bauzá, firma que junto a la pisquera dan vida al holding familiar fundado en 1925 y que al año genera casi US$ 30 millones en ventas.

ENFRENTAMIENTOS IN SITU

Luego de diversos enfrentamientos verbales al interior de la Hacienda Valdivia, los cuales están documentados en el expediente que se acumula en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, donde en uno de ellos el receptor judicial Patricio Jorquera da cuenta de las trabas que la familia pisquera puso al paso de camiones, en 2007 Metminco solicitó una extensión de la servidumbre de tránsito, a una de exploración y explotación, para poder realizar sondajes en el lugar. Antes de que el tribunal otorgara los nuevos permisos, como terminó haciéndolo en agosto de ese año, la familia Bauzá realizó un acto que, posteriormente, resultó estratégico: en abril de 2007 la sociedad agrícola intensificó el programa de plantación de nogales, ampliando la cobertura hasta el cerro donde los australianos ostentaban las pertenencias mineras: son las 50 hectáreas de la discordia.

A la luz del código minero, este acto es crucial en la disputa entre ambos bandos. La ley vigente señala que quien tenga las concesiones del subsuelo podrá explotar libremente el mineral siempre y cuando en la superficie no haya casas ni cultivos. En caso contrario, la sociedad minera deberá pedir autorización al dueño del predio, además de pagar una indemnización si se provocaran daños. Los Bauzá, reacios a autorizar cualquier movimiento en la Hacienda Valdivia, se confiaron en que su actuar los había dejado inmunes. Sin embargo, las maquinarias de Metminco ingresaron al terreno en agosto de 2008. “Ellos plantaron nogales después que nosotros teníamos los derechos y servidumbres para explorar la veta. Eso está acreditado”, explica el abogado de la minera, Antonio Ortúzar. Los Bauzá discrepan.  Por lo mismo, la disputa está judicializada, retrasando la puesta en marcha de Las Mollacas, yacimiento que todavía no presenta su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), algo que en Metminco explican que harán en los próximos 6 meses.

Los sondajes hechos por los australianos en 2008 fueron la gota que rebasó el vaso. Luego de la remoción de parte de sus cultivos, la familia Bauzá solicitó la indemnización por los daños de los nogales, y la justicia acogió el caso. Hace un mes, el 19 Juzgado Civil de Santiago falló a favor de las pretensiones de la familia pisquera, pero no fijó un monto a compensar. Según un peritaje independiente realizado por Alberto Undurraga, los daños alcanzarían los $ 415 millones. Metminco presentó un recurso de casación en la forma, dilatando la pelea en tribunales. 

BÚSQUEDA DE ALIADOS

Al interior de la destilería de Pisco Bauzá lo primero que destaca es un gran lienzo gris que dice “No a la mina. Salvemos el valle”. El gerente general reconoce que él lo mandó a hacer, porque quería visibilizar la batalla contra los australianos. De instalarse la mina, según sus palabras, su familia perdería el 50% de la producción de uva de mesa y la totalidad de la uva pisquera, clave para sustentar el negocio que le reporta al holding la venta de 220 mil cajas de pisco por año. Ello, según sus palabras, por la contaminación del aire y del agua que generaría la mina. Metminco, por su lado, ha manifestado su intención de respetar estrictos protocolos medioambientales, junto con no interferir en los cultivos de Bauzá. Sin embargo, un mapa elaborado por la ingeniera Ángela Suckel a petición de la australiana, muestra que la zona de chancado, plataformas de explotación y los botaderos de la mina se superponen a varias hectáreas de los viñedos vecinos. De todas formas, en la minera aclaran que el proyecto final será presentado cuando ingresen el EIA.

Mientras el conflicto entre ambos se ventila en tribunales, tanto los Bauzá como Metminco no agotan esfuerzos y recursos para situar a las comunidades en su trinchera. Por un lado, los mineros han puesto en terreno a Andrea Pastorino, funcionaria de la empresa, quien ha recorrido las comunidades explicando los beneficios del proyecto. Entre éstos, destaca la contratación de mano de obra local, mejores sueldos y la entrega de beneficios, como computadores a escuelas y ropa deportiva en clubes de fútbol.

Los Bauzá no se han quedado de brazos cruzados. Al lienzo en la entrada de la destilería le siguió la compra de 300 banderas negras, como señal de protesta. En paralelo, está la creación de un comité social -integrado por regantes, juntas de vecinos y agricultores-, el cual tramitará su personalidad jurídica durante los próximos días, para llevar a cabo acciones que puedan paralizar el proyecto. Según Bauzá, los vecinos también son parte del caso, ya que serían los más afectados con la instalación del yacimiento en sus terrenos. “Yo produzco 2,5 millones de kilos de uva pisquera y compro otros 6 millones a casi 300 productores de la zona. Con la minera se acaba todo eso”, grafica Bauzá.

En octubre pasado, la agrupación tuvo un importante avance: parlamentarios de la Nueva Mayoría, liderados por los senadores electos Jorge Pizarro y Adriana Muñoz, visitaron la zona para escuchar el problema. “Hay que avanzar en la revisión del código minero. En la etapa de exploración no hay mayor regulación, y las mineras entran como Pedro por su casa, destruyendo campos y cauces de agua. Es urgente legislar, y creo que hay que hacer esos cambios”, explica la futura senadora, quien reconoce que está en su interés el presentar iniciativas para modificar la fase exploratoria de las mineras.

“Éste es un valle fuertemente productivo. Es fundamental revisar el uso del recurso hídrico para las mineras cuando éste no existe, como en esta zona. Habría que revisar el Código”, plantea el actual presidente de la Cámara Alta.

Los próximos seis meses serán clave en esta pugna. Mientras los Bauzá esperan que la justicia reconozca la intromisión de los australianos y dé por muerto el proyecto, Metminco se prepara para finiquitar el estudio y someterlo a evaluación. En el intertanto, las posiciones entre ambos parecen estar más distantes que nunca. El viernes pasado el representante legal de la mina, Antonio Ortúzar, acudió a las oficinas de Bauzá en Santiago. La idea era acercar posiciones y explicarles que su proyecto era generar un yacimiento pequeño, que no afectaría al valle. La respuesta de los Bauzá fue la misma de siempre: no hay posibilidad de ser vecinos.