El martes recién pasado estaba todo dispuesto para que los trabajadores portuarios del Biobío recibieran, de manos del gobierno, la propuesta que pondría fin a meses de conflictos. Días después del Año Nuevo, los puertos de Chile quedaron paralizados, como si el feriado aún no terminase: durante 23 días ninguna nave logró salir o entrar a los recintos aduaneros. Sus trabajadores demandaban el pago retroactivo, desde 2005 hasta la fecha, del equivalente a media hora de colación que jamás se les incluyó en el sueldo. Con tira y afloja entre huelguistas y los empresarios concesionarios de puertos, y más de US$ 300 millones en pérdidas que ya se acumulaban para los exportadores de fruta, el gobierno de Sebastián Piñera decidió intervenir y les aseguró que pagarían con fondos estatales la deuda salarial.

Desde que se logró el acuerdo, aquel 26 de enero, que incluyó a los ex ministros del Trabajo, Juan Carlos Jobet, y al ex titular de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, pasaron los días, pero no el dinero hacia los bolsillos de los trabajadores. Una vez que asumió el actual gobierno, a través de su ministra del Trabajo, Javiera Blanco, les prometió que habría una pronta solución. Ésta llegaría finalmente el martes pasado, pero jamás se recibió.

Horas antes de que los trabajadores portuarios del Biobío se reunieran para esperar el documento, con el cual el gobierno les aseguraría la normalización de los pagos, sus dirigentes recibieron un llamado desde Santiago. Por segunda vez en menos de dos semanas, el borrador del proyecto de ley donde se incluirá la normalización de las horas impagas no les sería presentado, porque no estaba listo. Desde Santiago les dijeron, según afirman en la Unión Portuaria del Biobío -el grupo sindical que más presión ha ejercido y que ha llevado las vocerías-, que el documento les sería remitido finalmente el martes 29 de abril para que lo revisaran. Pese a que se trata de una espera de apenas siete días, las aguas ya comenzaron a agitarse.

Al interior de los puertos de Chile comenzó a correrse la voz de que el gobierno no tendrá listo el proyecto de ley en los plazos prometidos. Un nuevo traspié entre esta rama y las autoridades: el 14 de marzo, en una reunión en las dependencias del Ministerio del Trabajo, la misma Javiera Blanco les aseguró a los dirigentes que Piñera jamás firmó ni envió el acuerdo que habían logrado.

Pero no sólo el constante aplazamiento de las reuniones los tiene irritados. Según evidencian, el despacho y tramitación en el Congreso del documento no estarían listos antes del 31 de mayo, fecha que los portuarios dieron a la actual administración para pagar la deuda comprometida. Este miércoles, un día después de la fallida reunión con el gobierno, los trabajadores de los puertos de Iquique, Talcahuano y Lirquén, entre otros, comenzaron a movilizarse para analizar los pasos a seguir, en el cual no se descarta volver a paralizar los terminales la primera semana de junio.

La ola de rumores sobre el incumplimiento de los plazos también ha dejado al descubierto la principal amenaza que ven los trabajadores: que el no pago de las horas de almuerzo a contar de 2005 se deba más a un gallito interno en la Nueva Mayoría, basado en una diferencia de opiniones entre Hacienda, Trabajo e Interior, que a una simple falta de tiempo para preparar el documento legislativo. De hecho, desde el mismo gobierno fuentes señalan que no todos en la administración Bachelet están convencidos de que se deba honrar el acuerdo de Piñera. ¿La razón principal? Éste sería un problema exclusivo entre privados y avalarlo con recursos públicos abriría la puerta a otras demandas futuras. Como comenta un alto funcionario de Hacienda, éste podría ser el símil de lo que fue Barrancones para el anterior gobierno.

Mientras tanto, los privados que operan los terminales toman palco.

LA PRIMERA TEMPESTAD

Javiera Blanco no perdió el tiempo. El 14 de marzo, tres días después de asumir, la ministra del Trabajo recibió en Santiago a una delegación de representantes de los portuarios. A puertas cerradas, el diálogo fue tenso. Blanco les dio malas noticias a los trabajadores: afirmó que, pese al compromiso de Sebastián Piñera de enviar un proyecto de ley para proceder al pago del acuerdo que depuso la movilización del sector, el escenario era distinto. La iniciativa no fue mandada -en la Alianza dicen que fue por la oposición, entre otros, del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la directora de Presupuestos, Rosanna Costa-, no había un informe financiero y los asesores del nuevo gobierno, aseguró Blanco, tendrían que partir de cero porque sólo contaban como respaldo con la minuta firmada por las ex autoridades. Por eso, les dijo a los trabajadores que el gobierno de Piñera los había engañado en las negociaciones y que el cambio de mando generaba un escenario distinto.

La respuesta de los portuarios fue directa. Los delegados le dijeron a la ministra que ellos interpretaban el acuerdo firmado por Piñera como un compromiso de Estado y que no estaban dispuestos a negociarlo nuevamente. Con la amenaza de una movilización en los primeros días de gobierno, Blanco notificó a La Moneda que el panorama era complejo. Sin embargo, se abrió un frente interno: no todos en el gobierno estaban de acuerdo con la forma de solución del problema.

Durante marzo, un grupo de altos funcionarios de Interior, Trabajo y Hacienda sostuvieron varias reuniones para decidir la postura oficial. Había un elemento en común: el diagnóstico era que el acuerdo de Piñera era malo y que sentaba un precedente peligroso para el Estado, interviniendo en conflictos entre privados y pagando directamente con fondos públicos. Pero las posiciones variaban en cuanto a cómo reaccionar frente al pacto firmado. Mientras Hacienda y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, eran partidarios de desahuciarlo y denunciar la actuación de Piñera como una decisión fuera de todo marco, Trabajo y otros asesores de Presidencia e Interior advertían que el riesgo de distraer la atención en la parte inicial del gobierno con un conflicto social era muy alto, y que convenía liquidar el tema de forma rápida y sin demasiada publicidad.

La pugna fue subiendo de voltaje. La tercera semana de marzo, cuando la posición de Hacienda había ganado peso en el debate interno, Blanco sorprendió con una reunión pública en que se comprometió a pagar a los portuarios los montos comprometidos, lo que causó molestia y confusión entre quienes rechazaban la alternativa. Pero la decisión, según fuentes de gobierno, vino directamente desde La Moneda, que no quiso arriesgarse a abrir el frente portuario.

Luego vino un nuevo giro. En palacio llamó la atención la fuerte ofensiva del senador RN Andrés Allamand, quien cuestionó el 28 de marzo en Icare el acuerdo de Piñera y se alineó con quienes lo consideraban como un fuerte perjuicio a futuro para la posición del Estado. La intervención provocó que los críticos internos retomaran fuerza. Así, se llegó a una “tercera vía”: una solución que incluye el pago a los trabajadores, pero sujeto a una serie de exigencias que no estaban incluidas en el pacto inicial, como dejar claramente establecido para adelante cómo se considerarán las horas de colación y quiénes serán sus beneficiarios. “Vamos a cumplir, pero el proyecto será claramente diferente al acuerdo. Se tiene que notar que es nuestro proyecto y que abordaremos temas de fondo”, dice uno de los miembros del grupo negociador.

Sin embargo, hasta esta semana no había claridad en el plazo para enviar el proyecto. En Hacienda calculaban que no estará listo al menos hasta la segunda semana de mayo, arriesgándose a tener que tramitar una ley express para sortear el ultimátum impuesto por los portuarios. Eso si todo sale bien, porque la idea de aprobar ese proyecto tiene detractores entre los propios parlamentarios de la Nueva Mayoría, como el senador Andrés Zaldívar (DC).

PRIVADOS MIRAN DESDE LA BAHÍA

Durante el conflicto de enero, los concesionarios privados de puertos -liderados por las empresas de las familias Von Appen, Luksic y Matte- se abstuvieron de aceptar el pago de las remuneraciones pretendidas por sus trabajadores. Luego de acercamientos entre los ministros de Piñera y ambos bandos, se logró el acuerdo. Éste incluyó, además de la promesa de que el Estado pagaría la deuda, un bono para terminar el conflicto, de $1,5 millones por cada trabajador.

Luego del apretón de manos, los privados desembolsaron la cantidad prometida y, con esto, dieron por cerrado el conflicto. Pero los últimos acontecimientos y el retraso de la autoridad en la divulgación del proyecto de ley comienzan a inquietarlos. Desde uno de los grupos reconocen que el gobierno no ha dado pruebas suficientes de que el trato con la administración anterior se cumplirá. Por lo mismo, como relatan, han encargado que sea la Cámara Marítima y Portuaria la que tenga acercamientos con el gobierno, para conocer detalles del nuevo pacto.

Según comentaron los privados, inicialmente el acuerdo entre el gobierno anterior y los trabajadores los excluyó de la mesa. “No creo que ahora quieran considerarnos si ya no lo hicieron la vez anterior. Esto es un acuerdo de Estado con los trabajadores, no nuestro”, recalca un ejecutivo de una concesionaria portuaria.

El nuevo presidente de la Cámara Marítima y Portuaria, Jorge Marshall, afirma que tampoco conocen el borrador del nuevo trato con los estibadores portuarios, sin embargo “tenemos la disposición a revisarlo para restablecer la normalidad en los puertos y, además, queremos ser partícipes de una agenda a futuro”.

REMANDO CONTRA EL TIEMPO

En las últimas semanas, las negociaciones con los trabajadores portuarios han recaído en los subsecretarios Francisco Javier Díaz (Trabajo) y Marcos Barraza (Previsión Social). Si bien ha habido avances, los dirigentes han comenzado a impacientarse. El plazo del próximo martes 29 es el tercero que han recibido desde el 11 de marzo: Blanco en un comienzo se comprometió a mandar el proyecto a fines de ese mes, y luego Díaz anunció a los sindicatos, en una reunión a mediados de abril en Arica, que conversarían la propuesta tras Semana Santa.

La Moneda ha explicado a los trabajadores que el trabajo en otros temas, como el proyecto anunciado esta semana que pone fin al Multi RUT, ha retrasado la elaboración en mayor detalle del acuerdo. Pero en Hacienda apuntan a que existe un punto más engorroso: aún no existe completa claridad de cuántos son los beneficiados con el pago de la media hora de colación, ni hasta qué año se reconocerá de forma retroactiva. La situación se mezcla con la informalidad del sistema de trabajo en varios puertos. Por eso, desde el gobierno se ha pedido a los portuarios avanzar en ese tema, pero además se evalúa incorporar al proyecto puntos que regulen hacia adelante ese mercado laboral, los “temas de fondo” del sector, según dicen en La Moneda. Los sindicatos rechazaron una propuesta que incluía este punto: le dijeron al gobierno que están disponibles para conversar, pero como parte de una “agenda larga” y una vez que el tema del bono esté zanjado.

No es todo. En el Ejecutivo han analizado formas para que las empresas portuarias deban hacer un desembolso y estén obligados a mejorar las condiciones del sector, sobre todo como una señal política. Ronda la preocupación de que el desenlace del caso sea tomado por trabajadores y empresas de otros sectores estratégicos como un ejemplo ante próximos conflictos. En La Moneda están siguiendo de cerca, por ejemplo, la movilización de un grupo de casi 20 mil trabajadores subcontratistas de la fundición de Ventanas, que exigen una compensación por las dos horas que se demoran en llegar y dejar su trabajo, y que hoy no están siendo reconocidas. Un asunto en que, tras el precedente de los portuarios, se podría invocar la intervención del gobierno. “Acá se puede abrir una caja de Pandora”, comenta un asesor de Hacienda. “Si se paralizan los subcontratistas de la minería o los trabajadores de los aeropuertos, ¿cómo los convencemos de que no traten de que el Estado intervenga?”.