Prometía ser un histórico proyecto de reforestación debido a sus dimensiones. En pleno desierto de Atacama, donde la lluvia y la sombra escasean, tres mil hectáreas serían plantadas con tamarugos. Ésta sería apenas la primera etapa de un proyecto que abarcaría un total de 20 mil hectáreas, las cuales cambiarían el rostro de la desértica comuna de Pozo Almonte.

El futuro bosque no sólo sería un oasis. También una fuente de ingresos para un grupo de empresarios, quienes vieron en la sequedad de Tarapacá una oportunidad. La venta de los frutos, cáscaras y leña de esta especie de espino serían parte del negocio. Pero el pozo mayor vendría del bono que el Estado entrega a los inversionistas que crean proyectos de reforestación, amparado en el DL 701. Casi US$ 4 millones de recursos fiscales estaban sobre la mesa, monto que incitó a inversionistas como Antonio José Cox Pérez, Robert Sommerhoff y a otros 12 empresarios a entrar en este proyecto.

Iba a ser el plan de reforestación más grande, pero con el correr de los meses se ganó otro superlativo: uno de los casos más cuestionados al interior de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). La entidad, mandatada por ley para entregar bonificaciones a este tipo de proyectos, rechazó el plan presentado por los socios privados, argumentando falta de experiencia, bajas inversiones y poca supervivencia de los árboles. Los empresarios, a través de la sociedad Raíces del Desierto Limitada, iniciaron una cruzada legal y administrativa para revertir la decisión. Una aventura que hasta ahora se ha visto teñida por acusaciones de falseamiento de datos, ocultamiento de información, y hasta denuncias por vicios de corrupción en el organismo público. La Contraloría se hizo parte y ordenó una investigación, la cual arrojó que Conaf debía hacer el pago. La justicia también ya está en el proceso para decidir el futuro de los tamarugos de Pozo Almonte, pero a la fecha los privados todavía no ven un peso. En enero pasado, esta rencilla, que data desde 2006, volvió a reflotar con la presentación de un recurso de protección para recuperar el dinero invertido.

SEMILLAS EN EL DESIERTO
Cuando en 2005 el ingeniero Guillermo Pino asesoró a una compañía extranjera para forestar los lindes del lago General Carrera, en Aysén, con pino ponderosa, especie vulnerable según la legislación chilena, se dio cuenta que había una oportunidad de rápida retribución económica en esta actividad. Aunque finalmente el proyecto no prosperó, Pino comenzó a buscar un terreno en las cercanías de Iquique, su ciudad natal, para idear un negocio. Tenía la convicción de que podía hacer un plan de forestación en el desierto más árido del mundo, para luego presentarlo a la Conaf y solicitar la bonificación.

Luego de conversar con el Arzobispado de Iquique, consiguió que la entidad le arrendase un terreno de casi 3.500 hectáreas cerca del poblado de La Tirana, sitio donde plantaría los tamarugos. También conversó con el entonces director de la Conaf, Carlos Weber, para discutir la idea. Con todo en marcha, juntó a los inversionistas: 14 en total, que en conjunto pusieron más de $1.500 millones. Él quedó como representante de la sociedad, a la cual bautizaron como Raíces del Desierto.

Corría el segundo semestre de 2005 y en la pampa nortina comenzó el movimiento de tierra. Más de 3.000 kilómetros de mangueras -para el riego por goteo- fueron instaladas, y las primeras plantas fueron depositadas en su lugar definitivo. Así transcurría el proyecto, hasta que comenzaron los primeros roces con la Conaf.

En enero de 2006, seis meses antes de que la sociedad Raíces presentara la solicitud formal para acceder a la bonificación, un equipo de técnicos de la corporación forestal apareció en el predio El Carmelo-Santa María, en La Tirana. La entidad quería ver in situ el avance de los trabajos.

Si bien este acto está dentro de las facultades del organismo público, como aseguran hoy en la entidad, en febrero de 2006 se decidió -mediante un documento que no fue entregado a los privados- comunicar al personal de la Conaf que el proyecto de Raíces sería rechazado por no cumplir con el mínimo de 75% de las especies plantadas con buen nivel de prendimiento. Es decir, con un alto grado de adhesión al terreno. Fue ahí que los privados se pusieron nerviosos. Según alegan, no sólo se les negó el acceso a dicho texto, también denuncian que fue falsificado, basándose en peritajes contratados por Raíces. Además, reclaman que el formulario de acreditación recién se presentó el 20 de julio de 2006, por ende, no correspondía evaluar -y decidir el futuro de la bonificación- cinco meses antes.

De ahí que los empresarios fijaron sus ojos en Fernando Olave, que en ese entonces ya lideraba la gerencia de Normalización y Fiscalización de la Conaf.

El primero de estos desencuentros tuvo que ver con la injerencia del departamento que lideraba Olave. Según los reclamos que han hecho a la Contraloría y a la propia dirección de Conaf, que entre 2006 y 2010 fue ocupada por Catalina Bau, le correspondía a la oficina regional de Tarapacá revisar este proceso y no al organismo central en Santiago. Olave replica y asegura que el propio Weber, ex director de Conaf, pidió que se hiciera de esa manera, debido a la gran envergadura del proyecto y a la poca capacidad técnica que tenía la oficina regional.

Con el proceso en curso, los privados ingresaron formalmente la solicitud en julio, donde pedían la bonificación de 2.937,5 hectáreas, donde Raíces argumentaba que los tamarugos tenían más del 75% de prendimiento. Dos meses después, la Conaf repitió los testeos en terreno.

Entre el 11 y 15 de septiembre de 2006 la cuadrilla de técnicos, encabezada por el propio Olave, llegó a Pozo Almonte para hacer una nueva inspección, con el fin de decidir qué superficie sería sujeta de bonificación estatal. Al mes siguiente Olave citó, en su oficina de Santiago, a Ricardo Souter, otro de los representantes de Raíces. A puertas cerradas -como recuerda hoy Souter-, Olave le habría recalcado que no aprobarían la bonificación, porque no cumplían con los estándares mínimos.

Ante ese escenario, los ejecutivos de Raíces comenzaron a indagar. Luego de indagaciones a través de la Contraloría, consiguieron un documento interno, en el cual los técnicos Patricio Jorquera y Mauricio Núñez, quienes recogieron los datos recopilados en la visita de septiembre, reconocían que había 2.207,5 hectáreas que sí tenían un prendimiento mayor al 75% exigido por la ley. A ello sumaron, luego de una pesquisa hecha por la Contraloría al computador de Olave, un correo electrónico escrito por Núñez y dirigido a Olave, en el cual se hablaba de que dicha bonificación tendría un costo de $ 1.300 millones para la corporación. Ambas pruebas ya son parte del expediente judicial del caso.

Independiente de ese informe, que daba cuenta de un prendimiento mayor al 75%, en noviembre de 2006 Olave y el director regional de la Conaf I Región, Jorge Torres, se juntaron con las autoridades del Arzobispado de Iquique, para informarles que el proyecto sería rechazado. Los ejecutivos de Raíces reclaman que los dueños del proyecto eran los inversionistas y no la Iglesia, por ende, esa reunión debían sostenerla con ellos. Solicitaron un encuentro con la directora Catalina Bau, para expresar su molestia.

LOS ASESORES EXTERNOS
El 13 de diciembre de 2006 Bau y Olave recibieron a los inversionistas. En la cita se plantearon las inquietudes de los representantes de Raíces y los ejecutivos de Conaf explicaron que el documento que acreditaba una potencial bonificación de 2.207 hectáreas era un borrador, y no representaba el documento final. Ante la molestia de los empresarios, la ex directora de Conaf accedió a autorizar una nueva revisión a los tamarugos, que quedó programada para el 3 de enero de 2007.

Mientras se hacían los preparativos para esa nueva visita, el 19 de diciembre Olave envió un correo al director regional de Conaf, Jorge Torres. En el texto, Olave adjuntó el memorándum N° 3158, en el cual se sugiere que la oficina regional rechace las pretensiones privadas, argumentando que tras la visita de enero de 2006 (seis meses antes de ingresar la solicitud formal de bonificación), la plantación mostraba signos de haber sido replantada con ejemplares nuevos, deficiencias en el riego y alta sequedad de los tamarugos. Además, el memorándum explicaba que la oficina provincial debía estudiar la posibilidad de denunciar, ante la justicia, a los inversionistas por adulterar datos para conseguir dineros públicos. Olave niega que haya pedido a Torres que rechazara la presentación antes de la visita en terreno acordada con la ex directora Bau, y afirma que sólo le remitió a Torres las consideraciones técnicas del equipo de Santiago, quienes habían visitado el predio. Sin embargo, el memorándum dice: “…para una superficie de 2.937,5 hectáreas, del cual se desprende, en opinión de esta gerencia, que la citada solicitud debería ser rechazada, por las razones que seguidamente se establecen”.

Sin conocer esta comunicación interna entre Olave y Torres -la cual salió a la luz con posterioridad cuando Contraloría inició una investigación-, el 3 de enero se realizó la visita y, el 17 de enero, el Arzobispado de Iquique recibió una carta donde se comunica que el prendimiento de los tamarugos era cercano al 44%, por lo cual se rechazaba la bonificación.

Pero entre ambas fechas, específicamente el 12 de enero de 2007, el abogado de Raíces, Hugo Lecaros, recibió un llamado en su celular. Eran dos abogados, quienes le solicitaron una reunión. Se trataba de Sergio Rojas y Walter Gallegos, quienes le comentaron que podían asesorarlos para conseguir, ante la Conaf, la totalidad de la bonificación.

Se juntaron en la oficina de Lecaros en calle Miraflores. Rojas y Gallegos, sin comentarle cómo conocían el detalle de su caso, le habrían dicho que sabían que su solicitud enfrentaba problemas. Lecaros les preguntó el costo de tal trabajo y la cifra solicitada rozaba los $ 200 millones. Raíces decidió rechazar la oferta.

Cinco días después, el Arzobispado recibió la carta de rechazo de la bonificación.

LA CONTRALORÍA
Con este embate a sus pretensiones, los privados decidieron seguir dando la pelea. Encargaron un estudio a la Universidad de Chile, y el 31 de enero de 2007 la casa de estudios informó que 2.913,5 hectáreas tenían un prendimiento por sobre el 75%. Volvieron a la carga, pero nuevamente la Conaf rechazó sus aspiraciones.

La diferencia de resultados es abordada por Olave. “Hay muchos factores metodológicos, de muestreo, intensidad de la muestra en el campo, etc., que pueden intervenir”, asegura el funcionario público para argumentar la diferencia de resultados. De todas formas, como agrega, es la Conaf la entidad mandatada por ley para fiscalizar y no otros organismos.

Pese a este revés, la ex directora Bau abrió una puerta para los inversionistas: en mayo de 2008 solicitó a la Contraloría una investigación, para acallar las acusaciones de irregularidades que hicieron los privados.

En su trabajo el organismo, que consideró entrevistas a todos los involucrados y la revisión de correos electrónicos de funcionarios de Conaf, logró acreditar que la Conaf cometió un error, que la obligaría a pagar: por ley, la Conaf tiene 180 días para pronunciarse sobre el pago de bonificaciones. Según Contraloría, ese plazo venció el 16 de enero de 2007. El rechazo final llegó el 17 de enero, con el argumento de que Conaf se excedió en el máximo legal y tendría que desembolsar la totalidad de lo pretendido por Raíces del Desierto. Es decir, la bonificación por las 2.937,5 hectáreas.

Ése es el motivo por el cual la defensa de los privados, liderada por el abogado Matías Riesco, presentó el recurso de protección en enero pasado. Para obligar a la Tesorería, oficina pagadora, a que desembolse los casi US$ 6 millones pretendidos. Una vez obtenido el botín, iniciarían una cruzada judicial que busque castigar las irregularidades, a su juicio, cometidas en estos ocho años.

*Este artículo ha sido corregido en su versión digital para aclarar que el señor José Cox aludido corresponde a Antonio José Cox Pérez y no al empresario José Cox Donoso.