Teresa Jotar, a sus 57 años, invierte todos sus días en muchachos en los que nadie invertiría nada. Lleva más de una década haciéndolo: como directora de Quimahue, el instituto nivelador de estudios que fundó en la localidad de Cañete -sector de alta vulnerabilidad, declarado por el gobierno como “zona de rezago”-, cada mañana recibe a 257 jóvenes que no tienen ningún otro lugar donde ir. Más de la mitad con problemas de drogas, muchos con conflictos delictuales, víctimas de prostitución infantil, casi todos hijos de familias destruidas. Su meta es ayudarlos a salir del pozo antes de que sea demasiado tarde, y no le va mal: con la ayuda de un equipo de especialistas y psicólogos expertos en vulnerabilidad, desde hace años logran que uno de cada cuatro lleguen a tener estudios superiores, y que casi la mitad logre conseguir un trabajo al salir de cuarto medio.

Hoy están por abandonar la vieja casona que ocupan en la localidad, para comenzar una nueva etapa: tras años de intentos por conseguir un crédito bancario -Quimahue, particular subvencionado y laico, es una rareza entre los centros de adultos en el país, que normalmente son municipales o de instituciones religiosas-, en este momento están construyendo un edificio de tres pisos, donde a partir de 2015 ampliarán su matrícula a alumnos de Curanilahue, Tirúa, Los Álamos y Lebu. En total 540 jóvenes vulnerables, para los cuales ya están gestionando la contratación del doble de profesores que los que hay actualmente.

-Nosotros le damos la mano a gente que nadie más les da. Ahora soñamos con hacer un jardín infantil para los hijos de nuestras alumnas, y un internado para los chicos mapuches, que caminan kilómetros desde las comunidades -dice la directora-. Para eso vamos a volver a postular al FIS. Es la única forma que tenemos de financiar estas cosas.

El año pasado, Quimahue se transformó en uno de los primeros cinco proyectos -entre más de 150 postulantes- en recibir financiamiento del Fondo de Inversión Social (FIS) de Ameris Capital (ex Claro y Asociados), el primer instrumento en Chile destinado únicamente a apoyar a iniciativas que tengan como objetivo generar un impacto social, y que a la vez sean capaces de retornar la inversión. En el caso de Teresa Jotar, luego de postular y pasar todo el 2012 por un proceso de auditorías financieras y reestructuración en la gestión del proyecto, recibió 600 mil dólares para construir su centro en Cañete, que tendrá que empezar a devolver, con un plazo de diez años a una tasa de UF+5% anual -la mitad del interés para rentabilizar la inversión, y la otra para pagar al equipo que la asesorará financieramente-, cuando el Estado le duplique la subvención por tener el doble de alumnos.

La idea detrás del fondo, que en 2010 fue lanzado con US$ 4.5 millones aportados por 21 inversionistas -entre ellos Patricia Matte, Jorge Claro, Hernán Levy, Manuel Ibáñez Scott, Sergio Cardone y Fundación AVINA-, es justamente ésa: abrir una puerta para que proyectos como Quimahue, iniciativas sociales que hoy, por no perseguir grandes retornos o no tener fines de lucro, no pueden acceder a financiamiento privado, sean capaces de crecer, escalar su impacto, generar ingresos y a la larga devolver la inversión recibida. Todo con tasas de ganancia bajas para los inversionistas, pero sin perder recursos. El concepto, un híbrido entre inversión y filantropía que comenzó a tomar fuerza en la última década en Inglaterra y EE.UU., tiene su propia institución auditora, el Global Impact Investing Ratings System, creado por la Rockefeller Foundation y Deloitte. Este año el fondo chileno fue ubicado como el cuarto con mejor desempeño entre los 63 fondos de inversión social que existen en el mundo.

-No queremos parecernos a la filantropía. No estamos haciendo caridad, estamos invirtiendo con nuestros valores -dice María José Montero, economista y gerenta del proyecto en Ameris Capital-. El FIS es una oportunidad para que inversionistas puedan generar un impacto en su entorno, generando rentabilidad social. Y por el otro lado, para que las instituciones sociales que hoy carecen de financiamiento, puedan tenerlo y lograr autosustentabilidad.

Las diferencias con la filantropía son dos: que los proyectos tienen que ser capaces de generar mecanismos para devolver el préstamo a diez años -y para eso reciben asesoría financiera y la gestión de Ameris Capital, con reuniones mensuales y auditorías constantes-; y que, en este caso, los inversionistas no deciden directamente a qué proyectos inyectarán sus recursos: de eso se encarga un comité formado por cinco miembros de la consultora financiera y dos inversionistas. La idea es generar una distancia en donde sólo primen los méritos de los proyectos.

-La inversión en proyectos sociales todavía tiene una lógica amateur en Chile, intuitiva, y tiene que ver con cercanías del aportante -dice Jorge Larraín Matte, uno de los inversores-. Este fondo exigió una profesionalización, y permitió a la gente que tiene intereses y recursos para invertir en este tipo de proyectos, delegar a un comité que elegiría los mejores, con una metodología bien hecha,  de forma no arbitraria y con razones puramente racionales.

De los cinco proyectos financiados, cuatro han sido educacionales. El colegio Luis García de la Huerta, de la localidad de Codao, en Peumo, perteneciente a la Protectora de la Infancia y con índices de vulnerabilidad de más del 70%, recibió en 2012 medio millón de dólares del FIS. Lo que necesitaban era construir la infraestructura para que sus 428 alumnos pudieran pasar por primera vez a jornada completa, y de esa forma mejorar su alimentación, darles un mejor entorno, mejores profesores y potenciarlos en el Simce. A un año de concretar la inversión, que como Quimahue, van a pagar con el aumento al doble de la subvención estatal, ahora están pensando volver a postular para agregar enseñanza media, y transformarse en un liceo técnico.

Francisco Loeser, gerente general de la Protectora de la Infancia, cuenta que antes de eso, estuvo durante tres años buscando créditos en bancos para la ampliación sin obtener nada: le explicaban que no eran sujetos de crédito, porque era demasiado complejo embargar a una fundación en caso de no darse los pagos. Luego alguien le comentó si había oído hablar de inversión social.

-Para la fundación es una estrategia de pensamiento distinta, porque nos obliga, más que a pasar el platillo de las donaciones, a generar un modelo de negocios -dice Loeser-. Y generó un proceso de aprendizaje, de cómo crear un sistema de inversión. En la medida que las fundaciones vayamos aprendiendo estas cosas, nos va a permitir generar los proyectos que antes no podíamos.

 

UNA SOLA BILLETERA
Todos en el FIS -gestores, inversionistas, miembros del comité- repiten lo mismo: que tan importante como el dinero que aportan es la posibilidad de transmitir el conocimiento de gestión del mundo financiero a los proyectos de naturaleza social. Y saben que eso es tan importante para los proyectos como para ellos mismos: los contratos que hacen estipulan un análisis mensual de la gestión, y en caso de necesidad, el planteamiento de estrategias para mejorar la inversión. Es la forma que tienen de asumir el riesgo que no se atreven a asumir los bancos: que las cosas salgan mal. Para eso también tienen alianzas con instituciones como Nevasa, el estudio de abogados Carey, la U. Católica y la U. Alberto Hurtado.     

También tomaron algunas precauciones extra: no comenzar con un fondo muy grande -el mínimo para poder echarlo a andar eran US$ 4.5 millones-, y apostar en principio sólo por proyectos relativamente consolidados, con tres años de estados financieros auditados y capacidad de gestión. Las startups quedaron afuera, al menos en esta primera etapa. Una estrategia conservadora, dentro del riesgo que significaba invertir en empresas con objetivos sociales y fundaciones sin fines de lucro.  La idea, primero que todo, era demostrar que se podía invertir en proyectos sociales sin perder dinero.

-La responsabilidad es preservar el capital, la rentabilidad es secundaria -dice Eduardo Muñoz, presidente de Nevasa y miembro del comité de inversiones-. Si perdemos dinero estamos traicionando la causa del FIS, porque creemos que esto es tan bueno que puede perpetuarse. Pero si fallamos, es muy difícil que vuelva a haber otro fondo de inversión social. 

TECHO es uno de los dos proyectos a los que han aportado más recursos a la fecha: un millón de dólares para el área de vivienda definitiva. Con esto, en la fundación lograron superar el problema que los venía trabando en los últimos años: el desfase que se daba entre los diez meses de plazo de las promesas de compraventa de los terrenos en que pretendían reubicar a las familias de los campamentos erradicados, y los 2 a 3 años que se demoraba el gobierno en otorgarles los subsidios. En ese lapso, con la firma de nuevas promesas, los terrenos podían subir hasta un 10% su precio, y las operaciones se entrampaban. Ahora, encontraron una nueva fórmula: en los dos últimos terrenos comprados, uno en Curacaví en junio del año pasado, y el otro en San Pedro de la Paz a comienzos de año, ha sido el FIS quien ha puesto el 70% del dinero, que TECHO retornará una vez obtenidos los subsidios. Entre ambos, darán vivienda definitiva a 128 familias.

El otro proyecto al que aportaron un millón de dólares fue a Lumni, un fondo de inversión dedicado a pagar estudios a alumnos universitarios, con el compromiso de que éstos devuelvan un 10% de su sueldo durante 40 meses. Con ellos crearon el fondo Ilumina, destinado solamente a estudiantes de carreras técnicas, más riesgosos como inversión y con mayor impacto social. Para manejar este fondo, el FIS designó a uno de sus miembros en el directorio de Lumni, y ya han financiado los estudios de 166 estudiantes técnicos, el 83% de la primera generación de su familia en tener estudios superiores. “Para nosotros que aparezca un fondo así es esencial para poder crecer”, dice Liliana Manns, gerenta general de Lumni. “Viene a abrir el mercado, a ocupar el lugar que podría tener el Estado, o un banco, que en otros países sí son aportantes con inversión de impacto. Pero aquí eso no pasa, por lo que tenemos que levantar plata de privados”.

Actualmente, en el FIS están evaluando otros dos proyectos, con lo que en 2015 pretenden terminar de invertir los US$ 4.5 millones, y levantar un nuevo fondo. Dicen que no ha sido fácil, que por su naturaleza no obtienen ningún tipo de apoyo de Corfo, y que, a diferencia de Inglaterra y otros países pioneros en inversión social, en Chile tampoco hay beneficios tributarios. Pero están mirando otras alternativas, como por ejemplo, importar el modelo inglés de usar las cuentas corrientes abandonadas en los bancos hace más de 15 años para inversión social, o rebajar un poco las exigencias a los proyectos, para tener un mayor volumen donde invertir. La meta, a corto plazo, es terminar de demostrar que la inversión social puede ser rentable. A largo plazo, hacer crecer el fondo hasta una cifra importante, tal vez US$ 100 millones. Creen que pueden conseguirlo.

-El inversionista tiene dos billeteras, una para invertir y hacerse rico, y otra para donar y ser bueno; y esas billeteras no conversan. Invierto en una industria de mano de obra infantil, y luego dono a Unicef -ejemplifica María José Montero, directora del FIS-. Nosotros creemos en mezclar esas billeteras, y decir: sí, puedo sacrificar un poco de rentabilidad buscando resultados sociales. Nosotros ya tenemos retorno de capital, somos una realidad. El tema es cuánto nos vamos a demorar en crecer: lo podemos hacer contra viento y marea, o con el viento a favor.