Por Paula Comandari Septiembre 25, 2014

Noviembre será crucial para los interesados en la industria del litio. Durante ese mes, la comisión que la presidenta Michelle Bachelet creó para definir una política pública respecto al mineral -luego de la fallida licitación realizada durante la administración de Sebastián Piñera- entregará sus conclusiones.

El contenido de esas recomendaciones, que debieran implementarse el próximo año, se ha mantenido en total reserva. Hasta ahora. Después de tres meses de trabajo, Ignacio Moreno, subsecretario de Minería, confirma lo que muchos actores buscaban desde hace años: la comisión propondrá que el litio, un mineral declarado no concesible en 1979, deje de serlo. “Ya no hay razones para que sea estratégico, debe ser concesible, pero bajo una ley especial”, dice el subsecretario, uno de los integrantes de la comisión.

Así, se abriría el mercado a nuevos competidores, dejando de estar en manos de sólo dos compañías: SQM, empresa controlada por Julio Ponce Lerou; y Rockwood, la firma de capitales norteamericanos. Pero para que ello ocurra, la comisión exige que el litio se rija por una nueva legislación, no por el Código Minero actual y la Ley Orgánica Constitucional. Eso requiere un quórum alto en el Congreso.

Desde el gobierno afirman que el trabajo de “convencer” a senadores y diputados respecto a por qué es relevante para el país que el litio deje de ser un material estratégico ya comenzó. Y esperan que los cambios a la legislación del mineral no metálico sean parte de las modificaciones constitucionales que Bachelet discutirá a partir de 2015.

Noviembre será clave para la industria. No sólo por el informe de la comisión, sino porque en esos días se conocerá el fallo del arbitraje que enfrenta a SQM y Corfo, institución que le arrienda las tierras para explotar el mineral. Entre ellas existe un contrato de arrendamiento desde mediados de los 80 -modificado en el 93 y 95 por las partes- que involucra el arriendo de 28 mil pertenencias que la estatal posee en el salar de Atacama. El arbitraje comenzó durante la administración pasada, luego de que Corfo realizara una auditoría a SQM, entre los años 2010 y 2012. El informe arrojó que se le debían US$ 5 millones. “Para fijar el monto adeudado, SQM consideró el precio de todas sus operaciones, incluyendo las ventas a empresas relacionadas, pese a que el contrato para calcular la renta señalaba que debían quedar fuera. Eso generó ese diferencial”, dice un ex funcionario.

El actual gobierno mantuvo esa línea de defensa y demandó en mayo a SQM a pagar US$ 9 millones -por los últimos cinco años- y poner fin al contrato de arriendo. Al mismo tiempo, SQM contrademandó a Corfo el mismo mes. Desde la compañía afirman “que en el 97 le explicaron a la estatal que gran parte de sus operaciones de litio eran entre relacionadas, por lo que debían calcular el precio considerando las ventas totales y que ese informe fue firmado por Corfo dando la autorización”. En todo caso, eso nunca quedó especificado en el contrato. 

De materializarse el fin de la concesión, cuestión que SQM desestima, la empresa lo resentiría: en ese salar, además de litio, que representa el 9% de sus ingresos, la firma explota potasio, que alcanza el 28% de las ventas anuales de SQM, las cuales bordean los US$ 2.200 millones. “El valor de la empresa y la razón de por qué todos quieren controlar esa compañía (lo cual se ha visto en el caso Cascadas) es por el potasio, porque les permite ser actores en la industria de los alimentos y fertilizantes, nichos muy rentables”, dice un analista del sector.

Con todo, si el arbitraje fuera a favor de SQM, en el mercado insisten que, de igual forma, se obligaría a las partes a modernizar el contrato, pues éste fue firmado hace más de 20 años, cuando el contexto del litio era completamente distinto. La estatal habría solicitado que frente a un nuevo conflicto entre las partes, éste deberá solucionarse en tribunales y no por medio de un arbitraje. 

INQUIETUD ASIÁTICA
Pese a que es un mercado pequeño -representa menos del 2% del mercado mundial del cobre-, cifras del gobierno estiman que el volumen del litio bordea los US$ 2.200 millones y que es una industria con potencial de expansión. “Su mayor proyección está en las baterías, cuyo uso mundial hoy alcanza el 29%, pero proyecta llegar al 50% en 2020. Depende del desarrollo que tenga la tecnología de las baterías y su masificación en los autos eléctricos”, dice Francisco Orrego, ex subsecretario de Minería.

Los números, en todo caso, son auspiciosos: si en 2010, las baterías producidas para autos eléctricos que utilizan litio fueron 141 mil, el año 2015 se espera que lleguen a 1 millón 732 mil, o sea 12 veces más. Este fenómeno se podría agudizar por la escasez del petróleo.

En ese sentido, hay coincidencia en que hoy ya no hay razón para que el litio sea considerado un  material estratégico, condición que se le dio a fines de los 70, en plena guerra fría, cuando se temía que el mineral fuera utilizado para fines nucleares. “Chile tiene una mina de oro que está perdiendo, el mineral está subexplotado. Sólo el salar de Atacama representa el 20% del litio a nivel mundial, pero hay otros 15 salares que debieran explotarse”, explica Luis Gallardo, presidente de la Cámara Chilena del Litio. Daniela Desormeaux, experta en litio, afirma que las expectativas deben acotarse, pero que es efectivo que, por ejemplo, el salar de Maricunga, ubicado en la III Región, “tiene alto potencial en términos de concentración tanto de litio como de potasio, y podría competir con varios proyectos que están entrando en Argentina. Australia, por su parte, está aumentando su producción, y Chile está perdiendo su liderazgo”.

El ex presidente Sebastián Piñera intentó impulsar el mercado: a través de un contrato especial, proceso que finalmente fue declarado desierto, pese a su gran promoción en el extranjero. Ello provocó inquietud en el mercado, especialmente en Asia, los principales compradores del litio chileno. Desde el Ministerio de Minería reconocen que durante el viaje de Aurora Williams, en el marco de la APEC, en julio pasado, las autoridades chinas y japonesas preguntaron específicamente por el marco legal del litio chileno. La ministra de Minería salió del paso, explicando que se había formado una comisión especial para enfrentar el tema.

La preocupación se trasladó a Chile. Varias de las agencias que representan a empresas asiáticas en el país, por ejemplo la japonesa Jogmec, le hizo llegar al Ministerio de Energía en dos oportunidades las inquietudes que tenían firmas como Toyota, Sony y Panasonic sobre las garantías que existían en el país para la producción del mineral. Y si podían confiar en que Chile seguiría produciendo al mismo ritmo.

¿LITIO PARA ENERGÍA ELÉCTRICA?
En el mercado afirman que el principal “afectado” por la desregulación del mercado será SQM, porque dejará de operar en un mercado cerrado en el país. Patricio de Solminihac, vicepresidente ejecutivo de la firma, sin embargo, señala “que lo lógico es que exista libre comercialización”. “Como empresa nos beneficiaríamos con la apertura, porque tenemos la tecnología para competir y porque podríamos explotar el litio en otros salares”, añade el ejecutivo.

Pero en el gobierno consideran que las barreras de entrada a esta industria son tan altas -por los altos niveles de inversión y el lento retorno de utilidades- que ven difícil la entrada de nuevos actores. Luis Gallardo, de la Cámara Chilena del Litio, opina justamente lo contrario. Él junto a otros 14 empresarios mineros poseen 6.300 hectáreas en el salar de Llamara. Allí, una empresa australiana realizó estudios que identificaron que en ese lugar había reservas de litio. “Nosotros no tenemos espaldas financieras para explotar el material, pero hemos recibido propuestas de extranjeros. Personalmente, me he reunido con ejecutivos de Mitsui y Hyundai, compañías que quieren ser parte del proceso de producción, aprovechando las ventajas competitivas que tiene Chile”, explica Gallardo.

Las condiciones favorables para producir se explican en varios puntos: aquí se encuentran las mayores reservas, los costos de producción son bajos y el calor y la ausencia de lluvia en el Norte hacen que el proceso de extracción sea bastante más sencillo que en otros lugares del planeta.

La comisión creada por la mandataria, en todo caso, tiene puestos los ojos en preservar los recursos naturales de los salares, más allá de la actividad económica. Por ello, los expertos le plantearán a Bachelet la necesidad de ver al salar como un todo y que la nueva legislación regule no sólo la explotación de litio, sino que también la de potasio. En este punto, ponen especial énfasis en la regulación del uso de aguas en los salares. Si eso se delimita, dice un experto del sector, empresas como Codelco se podrían ver afectadas, porque “muchas veces utilizan aguas de los salares para otros de sus proyectos mineros”.

Las exigencias respecto a la producción del litio serán distintas a las del cobre. Desde el gobierno, afirman que en ese mercado se ha especulado con las tierras. Para impedir esto, en el futuro esperan que las concesiones para la explotación de litio sean entregadas sólo a aquellos que efectivamente presenten proyectos en sus pertenencias. La regulación también será distinta: los salares son ecosistemas vivos, por lo que si se bombea una parte del salar, se afecta el salar completo, eso exige mucha regulación, sobre todo para dar señales de tranquilidad a los pueblos originarios, que también han participado en las citas de la comisión y miran la discusión de cerca. La disposición de la mesa es que ellos reciban parte de las ganancias que obtengan las empresas que produzcan minerales en los salares.

La fiscalización es otro de los puntos estratégicos que ha abordado la comisión. Varios de sus miembros están al tanto de la denuncia que la Cámara del Litio presentó a Corfo, en 2012, en la que sostienen que SQM habría exportado mayor cantidad de los minerales permitidos en el contrato de arriendo. Es más: un abogado minero explica que es posible que ese contrato termine antes del plazo estipulado (2030) porque habrían copado la cuota máxima de explotación: 180.100 toneladas antes de esa fecha.

Esta información es desmentida por SQM. Desde la compañía aseguran que hasta la fecha han explotado menos de la mitad de la capacidad otorgada y que, en cambio, han invertido sólo en el salar de Atacama US$ 1.600 millones, además de generar valor a Corfo y al país.

Más allá de los dimes y diretes, en la comisión hay consenso respecto a que varias instituciones del Estado no cuentan con las herramientas para cumplir con la labor de fiscalización. “La DGA no tiene instrumentos para verificar que los derechos de agua no se vulneren, ni Aduana puede verificar que los envíos cumplan con la cantidad estipulada, porque la información la entregan las empresas. Eso debe cambiar”, dice un miembro de la comisión. Para ello pedirán que los balances que entreguen las compañías sean mucho más detallados de ahora en adelante.

Los desafíos que se ha propuesto la comisión respecto al mercado del litio son bastante ambiciosos: buscan que en el mediano plazo se potencie una nueva industria asociada a este mineral. ¿Cómo? La idea es que se generen joint ventures para invertir en aleaciones, una especie de acero liviano, en base a litio y aluminio, muy apetecido en la industria aeronáutica. Además, esperan que se utilice el mineral para la fusión nuclear como fuente de energía eléctrica, aunque esto no haya sido comprobado comercialmente, y para generar energía solar. Así, explica un miembro de la comisión, Chile ganaría en innovación, empleo y tecnología. Algo que suena bien, pero que genera dudas en cuanto a su factibilidad entre los entendidos del sector.

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