El tema lo comentó entre sus más cercanos. Y lo dejó claro en medio de su campaña presidencial: su gobierno, de ser electa, sería implacable contra aquellos  empresarios que infringieran la ley e incluso contra aquellos que utilizaran “triquiñuelas” para enriquecerse indebidamente. Entonces Michelle Bachelet habló sobre varios puntos, incluida la idea de combatir la elusión -más allá de la evasión- y volver a instaurar la colusión como delito penado por ley, cuestión que derogó el gobierno de Ricardo Lagos.

Bachelet le habría comentado a un grupo íntimo de colaboradores, como revela uno de ellos, que se tendría que acabar el acuerdo tácito de que a los hombres de negocio no se les toca en Chile como ha sido hasta ahora. Esa intención de poner mano dura a los “delitos de cuello y corbata” quedó plasmada en su programa. “Se impulsará una revisión integral de la legislación penal vigente, sin perjuicio de lo cual nos haremos cargo de reformas urgentes, especialmente en el ámbito de los delitos económicos, frente a la premisa de superar el paradigma de una legislación anclada en una visión clasista y estereotipada de la delincuencia”.  

Esta decisión política nace justo después de que la presidenta regresara de Estados Unidos, donde durante tres años fue directora de ONU Mujeres. Por ello, quienes la conocen bien están convencidos que la mandataria se inspiró en la regulación norteamericana, donde no existe impunidad para los grandes empresarios que cometen delitos. Eso lo pudo vivir in situ. Durante su estadía fueron temas recurrentes en el ámbito público los casos de pena carcelaria por delito tributario de la empresaria Marta Stewart, el caso Madoff y las abultadas sanciones contra JP Morgan y Bank of America.  

En Estados Unidos las penas son severas, las empresas responden con multas billonarias y quienes infringen la ley se van presos. Así de simple. “Esta legislación le hizo sentido a la presidenta, por eso sintió que el sistema chileno debía norteamericanizarse; no sólo perseguir el enriquecimiento indebido de los pobres, sino que también el de los ricos”, explica un cercano colaborador.

En su equipo económico reconocen que “efectivamente no existen los incentivos ni la legislación es lo suficientemente disuasiva para que las personas y empresas dejen de cometer delitos económicos. Existe la idea de que la regulación debiera ser bastante más dura”. En esa línea, explican, pretenden impulsar el proyecto que crea una Comisión de Valores y Seguros, un gobierno corporativo para la SVS más parecido al Banco Central, con mayor poder y autonomía.

Pero eso es sólo una parte de un capítulo que esta vez tiene a los empresarios como protagonistas. 

MULTAS Y CÁRCEL
Pocos meses después de asumir su cargo como presidenta comenzaron a aparecer las primeras señales que daban cuenta de que la decisión política de enfrentar las malas prácticas empresariales había permeado a los distintos órganos que regulan y fiscalizan la actividad.

En mayo, el SII presentó una denuncia al Ministerio Público para que iniciara una investigación por evasión tributaria -generando un perjuicio fiscal estimado en $12.200 millones- contra los ex controladores de Johnson’s, Maxo y Alberto Calderón.

Lo mismo hizo el servicio en agosto pasado, cuando denunció a los controladores de Penta -Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano- por delito tributario provocando un perjuicio fiscal de más de $400 millones. Esto, dice un ex funcionario público, habría terminado hace pocos años en una negociación entre cuatro paredes y con los denunciados pagando la multa en privado. “Eso demuestra que se está generando un cambio cultural importante: la presidenta no tiene tejado de vidrio, porque no maneja una gran riqueza, ni pertenece al club empresarial”, añade un importante abogado de la plaza.

Al interior del SII afirman que el servicio maneja un brochure con varios casos económicos que en cualquier momento podrían ver la luz.

Las abultadas multas en el Caso Cascadas hablan del mismo proceso. Es más: el abogado de uno de los multados afirma que hace muy poco tiempo esta investigación jamás habría terminado en una arista penal. Ahora, dice un penalista, los “fiscales actúan como los fiscales federales en Estados Unidos que no se aminoran frente a los poderosos, cosa que en Chile antes no pasaba”.

El propio fiscal nacional, Sabas Chahuán, señaló esta semana, que casos como éste -que involucra a conocidos ejecutivos y empresarios como Julio Ponce Lerou, Manuel Bulnes y Leonidas Vial- podrían terminar con sanciones privativas de libertad. Tal como ocurre en mercados desarrollados, donde las infracciones a la ley de mercados se sancionan enérgicamente.

Con temas de colusión, los norteamericanos son incluso más estrictos. Al menos, desde 2004, cuando subieron las penas de 5 a 10 años. En Chile, en cambio, los carteles dejaron de ser delito: son sólo faltas administrativas y es el Tribunal de la Libre Competencia el que debe dictar sentencia. Esta semana, sin embargo, y como señal de que el Gobierno intentará que las cosas funcionen de otra forma, el titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, salió al paso y señaló que están evaluando reponer la pena de cárcel para los responsables de colusión.

Los delitos tributarios, por otro lado, rara vez terminan en cárcel en nuestro país. Existen casos aislados, relacionados al fraude al IVA, pero nunca a las infracciones al impuesto a la renta que en algunos casos generan grandes perjuicios contra el Estado. La brecha es sideral respecto a lo que sucede en Estados Unidos: las penas son de 5 años, y se hacen efectivas, además de ampliarse cuando la infracción se ha repetido en el tiempo.

PIÑERA VS. BACHELET
Uno de los mayores déficit de la regulación penal en Chile es que hoy los delitos por los cuales pueden ser penalmente responsables las personas jurídicas, o sea las empresas, son sólo en casos específicos, como lavado de dinero, cohecho de funcionarios públicos y financiamiento del terrorismo. Pero no corre para la mayor parte de los delitos económicos, como los que atentan contra el orden de la administración de las sociedades, contra el orden del mercado de valores y mercados regulados, los delitos contra la libre competencia y los tributarios.

“Chile es un paraíso penal para los ilícitos lucrativos cometidos por personas ricas”, dice enérgicamente uno de los juristas que participó en la comisión de expertos convocada por el ex presidente Sebastián Piñera, la cual trabajó, entre enero y diciembre de 2013, para presentarle al mandatario una innovadora propuesta de Código Penal. “Si bien, la presidenta puede estar impulsando hoy el tema de instaurar sanciones que obliguen a los empresarios y a las empresas a someterse a reglas, la mirada de imponer restricciones a la actividad empresarial coincidentes con la economía de mercado es un movimiento general, que incluso tuvo cabida en el gobierno pasado”, añade el mismo abogado.

De hecho, en el anteproyecto presentado el 30 de diciembre por esta comisión -integrada entre otros por Héctor Hernández, Antonio Bascuñán, Jorge Bofill, Juan Domingo Acosta- hubo varias innovaciones para combatir los delitos económicos. Como la creación de un sistema flexible de multas (días/multa) -“las actuales son fijas, demasiado altas para los pobres, insignificantes para los ricos e irrisorias respecto a mercados desarrollados”-, dice otro de los expertos que se sentó en la mesa, la instauración del comiso de ganancias, crucial para desincentivar cualquier delito económico, en el sentido de que esta figura obliga al individuo o a las empresas a devolver la plata y cualquier inversión realizada con las ganancias indebidas. Incluso de no existir responsabilidad penal, tal como sucede en Estados Unidos.

Todos estos puntos mantuvo el mandatario en el proyecto que finalmente envió al Congreso un día antes de terminar su mandato. Aunque hay una materia que el presidente Sebastián Piñera dejó fuera, pese a que todas las recomendaciones fueron realizadas por unanimidad de los miembros: la parte que permitía perseguir penalmente a las empresas que cometieran delitos económicos, entre ellos, los tributarios y los que afectaran la Ley de Mercado de Valores. Así como los delitos contra el medio ambiente. De esta forma el proyecto de ley fue enviado el 10 de marzo al Congreso.

Si bien la presidenta Bachelet vio como opción retirar el proyecto, finalmente optó por dejarlo en el congreso. Dicen que en esta decisión influyó que la OCDE haya considerado que el país avanzaba con la presentación de esa iniciativa. Aunque anunció  la creación de otra comisión para perfeccionar algunos puntos.

En cuatro meses, los expertos deberán finalizar el proyecto final, para que entre en discusión parlamentaria y poder contar así con una nueva definición para la arena judicial.

Desde el gobierno, afirman que dentro de la estrategia estará reponer las penas impuestas a las empresas por conflictos económicos, incluidos los tributarios, lo que implica que una empresa puede llegar a disolverse si enfrenta delitos complejos. Porque, como en Estados Unidos -tal como Bachelet observó con atención- la idea es desplegar todos los medios para impedir que la riqueza mal obtenida quede impune.