Hace un mes y medio, José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, pidió a los directores de dos sociedades Cascadas -Pampa Calichera y Oro Blanco- que le enviaran los borradores y actas de las sesiones realizadas en marzo de 2011. Quería hacerse una idea real de lo que en el mercado ya era un secreto a voces: la eventual falsificación de las actas que dan cuenta de la Operación Linzor, una de las transacciones que sirvió de base para las multas cursadas por la SVS.

La idea era recopilar los antecedentes que pudieran demostrar que, en el marco de la arista penal, aquí se configura un nuevo delito: la entrega de información falsa a la SVS, por lo tanto, al mercado. Esto porque el fiscal tiene en sus manos dos versiones que se contraponen respecto a lo que sucedió en esas sesiones de directorio. ¿Quién está mintiendo? Eso es lo que en sus diligencias Morales intenta dilucidar.

De hecho, ya cuenta con las declaraciones del abogado Pablo Guerrero, socio del estudio Barros y Errázuriz, quien entonces era abogado y director de Pampa Calichera y Oro Blanco, y de Moneda; la de Patricio Phillips, el director que en la comisión investigadora sobre el caso Cascadas de la Cámara de Diputados, del 1 de octubre, comparó a Julio Ponce Lerou con Bill Gates, como generador de riqueza; la de Claudia Morales, secretaria de actas; y la del hasta hoy único imputado en la causa: Aldo Motta, gerente general -y responsable- de las sociedades.

EL SISTEMA DE LOS 3
A fines de 2010, Alejandro Ferreiro, quien entonces era director de otra de las sociedades -Norte Grande- propuso un mecanismo que luego se permeó a las demás sociedades que conforman la estructura de propiedad de SQM. Cualquier operación que involucrara más de US$ 30 millones debía ser aprobada por unanimidad en el directorio. O bien, contar con el visto bueno de al menos tres de los miembros de la mesa. En este punto radica gran parte del problema que investiga Morales.

El acta original de la junta extraordinaria de Pampa Calichera -para muchos considerada un borrador- dice expresamente que la sesión se realizó el día 28 de marzo de 2011. Que estuvieron presentes todos los directores -incluido su presidente, Julio Ponce Lerou- salvo Luis Eugenio Ponce y Kendrik Tayllor Wallace, quienes se excusaron de asistir. Tanto Guerrero como Phillips se conectaron telefónicamente “en forma continua, ininterrumpida y permanentemente” a la mesa, dice el acta del 28. En este documento -donde queda por escrito la sesión de Pampa Calichera- se detalla el préstamo que recibiría Oro Blanco para comprar acciones de SQM A en el Mercado por US$ 300 millones.

Esta acta cuenta con la firma de todos los directores que asisten -presencial y virtualmente- a la reunión. Menos la de Julio Ponce Lerou. Otro detalle: varios de los directores pusieron su media firma -una mosca- en todas las páginas de las actas en cuestión. La de Guerrero aparece en el acta original de Pampa y también en la de Oro Blanco, pero no se encuentra en los documentos que recibió la SVS y que hoy maneja la fiscalía. ¿La razón? Dicen que la primera página de ambas actas -tanto las de Pampa como las de Oro- fueron modificadas y se les agregó un párrafo que cambia todas las cosas.

En su declaración ante la fiscalía Guerrero es claro y enfático: es la del día 28 de marzo el acta que realmente corresponde a la sesión de directorio, la misma que estuvo pegada al libro de actas durante varios meses.

Al otro lado de la vereda, Motta insiste en que la sesión se llevó a cabo el 29 de marzo y que el acta del 28 es un simple borrador. Eso, apoyándose en lo que dice la ley respecto a los documentos de directorio: mientras un acta no esté firmada por todos los integrantes de la mesa, no puede constituirse como tal. Aunque varios directores desestiman esa versión, porque en la práctica, como dice uno de ellos, la mayor parte de las actas no cuentan con todas las firmas, pero igualmente funcionan como reflejo de la conversación ocurrida en el directorio. Además, agrega el mismo director, una vez que el documento está pegado en el libro, no se puede cambiar. Si esto sucede es de total gravedad, porque genera sospechas de la confiabilidad de lo que ocurre en una compañía, afirma otro director. 

Al interior de la fiscalía estiman que el sistema de actas en Chile es desordenado y poco confiable. Por esta misma razón, la SVS estaría creando un reglamento para obligar a que estos documentos estén sujetos a un método más prolijo.

El problema mayor, en todo caso, radica en el contenido de las actas. La versión que hoy está pegada al libro cuenta con un párrafo que fue incluido con posterioridad, donde se detalla que la operación de venta de 5 millones de acciones de SQM A, de propiedad de la filial Inversiones Global Mining, al precio mínimo de $27.100 por acción, fue realizada previa autorización telefónica el día 28 de marzo, por los directores Pablo Guerrero, Patricio Phillips y Julio Ponce Pinochet. Tal como el sistema creado por Ferreiro propone. Y que la sesión, en cambio, fue llevada a cabo un día después, el 29, el mismo día en que fue cursada e informada la transacción.

En el acta que existe de Oro Blanco, hoy hay más detalles inexistentes en la versión original, o borrador, como le llaman algunos. Allí se detalla que tres directores de Oro Blanco: Roberto Izquierdo, Pablo Barahona y Pablo Guerrero autorizaron telefónicamente la operación para participar en la adquisición de un paquete de acciones de SQM A que se ofrecerá en el mercado mediante órdenes directas.

Esto es desmentido, categóricamente, por Guerrero en su declaración. No fue posible contactar al abogado, pues se encuentra fuera de Chile.

En la fiscalía sospechan que el cambio de fecha -y también la modificación de la hora en que fue realizada la sesión- busca demostrar que Julio Ponce nunca se enteró de esta operación. De hecho, en sus descargos ante la SVS, el controlador de SQM deja claro que desconocía esa transacción bautizada como Linzor, y que fue considerada ficticia en la SVS. “Nuestro representado no tuvo participación alguna. Le fueron informadas en la sesión de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera, el 29 de marzo, una vez que habían sido implementadas y materializadas en la Bolsa”.

¿DE QUIÉN ES LA CULPA?
Ante la fiscalía, Claudia Morales ratifica los dichos de Aldo Motta. La sesión se realizó el 29 y cuenta con un párrafo donde los directores aprueban la operación. Todos los otros documentos que circularon, son para ellos simples borradores.

Al interior de la fiscalía confirman que José Morales, en busca de pruebas, le solicitó a la secretaria, las actas y borradores que ella misma habría enviado por correo electrónico. Pero ella argumentó no poder hacerlo: le robaron su computador, dijo. 

En las actas de Oro Blanco hay otro detalle al que el fiscal Morales habría prestado atención para intentar comprobar que aquí hubo falsificación de actas: en ese documento se propone vender en remate público en la Bolsa de Comercio, 163 millones de acciones de Calichera A, a un precio mínimo de $726 por acción. El remate se inscribió el día 28 y según la SVS se realizó al mediodía del 29 de marzo. Como los remates requieren al menos 20 horas de difusión, resulta “imposible que esa decisión se haya tomado el mismo día”, dice un abogado que conoce la causa.

Lo que la fiscalía quiere determinar es cuándo se modificaron las actas. Para ello, ya tiene planeada nuevas diligencias: podría llamar a declarar a otros directores, incluido Julio Ponce.

Los primeros datos que manejan es que los documentos fueron alterados entre mayo y agosto de 2012, justo después de que la SVS solicitara a SQM excluir el efecto contable de la transacción Linzor, pues era una operación entre relacionadas. Esto, luego de que meses antes, Mauricio Daza, representante del accionista minoritario de SQM Roberto Lobos, presentara una querella en contra de los responsables del delito de transacciones ficticias por esta misma operación.

La tesis perseguida por la fiscalía es que el documento fue modificado para diluir la responsabilidad de la administración, y demostrar por escrito que la operación fue aprobada por los directores que velan por el interés social de las compañías.

De probarse esta teoría, el fiscal formalizaría a Motta y Morales. Se espera que esto ocurra en diciembre de este año, y los cargos se centrarían en entrega de información falsa al mercado, aun cuando varios abogados afirman que es improbable configurar ese delito, pues las actas representan información para los accionistas, no para el mercado.

La fiscalía, sin embargo, no considera lo mismo. Y espera que quienes falsificaron las actas sean sancionados. La pena por este delito fluctúa entre los 541 días y los 5 años, aunque rara vez los imputados terminan presos, pues se considera la irreprochable conducta anterior. De lo que no se salvarían es de quedar inhabilitados para ejercer cargos gerenciales en sociedades abiertas y directorios durante dos años. Eso, según muchos, sería el peor castigo.