Fue uno de los anuncios centrales y más aplaudidos durante el último discurso del 21 de mayo de la presidenta Michelle Bachelet. Y a principios de enero, fue el líder del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien destacó la importancia del tema en la última cena anual de la entidad. El presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, había hecho lo mismo unos meses atrás ante los empresarios en Enade. Sin embargo, la reforma al código de aguas, un cambio medular en la manera en que hasta ahora se entendía el recurso en Chile -y cuyas implicancias impactarán directamente en múltiples sectores productivos-, no ha tenido la misma visibilidad que otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Mientras desde mayo el proyecto avanza sin contratiempos en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, los privados recién comienzan a articular sus fuerzas y preparan su arremetida.

Dicen que fue el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, quien redactó el código vigente desde 1981 en adelante. Un informe del Banco Mundial asegura que este texto permitió la “tenencia de fuertes derechos de agua privados y libremente transferibles, a la vez que limitaba la regulación del Estado”. Derechos que, por lo demás, son hasta ahora de carácter perpetuo y otorgados de forma gratuita por la autoridad. 

Hoy, el gobierno pretende modificar gran parte de estos puntos pero, por sobre todo, lo que busca es limitar el rol que hasta ahora han jugado el mercado y los privados en la gestión de este recurso. “Siempre hemos dicho que como el agua nos pertenece a todos, no existe propiedad privada sobre ella”, sostiene Reinaldo Ruiz (PS), quien en marzo de 2014 fue especialmente nombrado por Bachelet como delegado presidencial para este tema. De ahí que muchos consideren que los cambios obedecen ante todo a un asunto ideológico y que no aborda los verdaderos problemas de fondo. Incluso algunos piensan que esta reforma es tan relevante como lo fue la reforma agraria, dada la magnitud de los cambios que involucra.

Si hasta ahora existían derechos de aprovechamiento de agua que se otorgaban a perpetuidad, los nuevos tendrán una extensión temporal de hasta 30 años, aunque con la posibilidad de ser renovados. Adicionalmente, en el nuevo código se introducen otros conceptos como las causales de caducidad, con lo cual el Estado -sin necesidad de una declaración judicial- podrá revocar un derecho en el caso de que quienes sean sus titulares no estén haciendo uso efectivo del agua dentro de los plazos estipulados. 

Además, se crean usos prioritarios para el agua, anteponiendo el consumo humano y el saneamiento y la preservación ecosistémica a las actividades productivas. Esto, según distintos abogados, favorecería a las empresas sanitarias, por sobre otras industrias. Los derechos que fueron otorgados antes de la entrada en vigencia de esta reforma, seguirán vigentes, pero con nuevas limitaciones que responderán al interés público. De ahí que algunos expertos consideren esto una especie de expropiación. “Esto tiene un pecado, aquí no hay un pago de por medio pese al evidente menoscabo económico que eso supone”, señala un abogado del mundo sanitario.

“Está por verse qué actitud asumirán los titulares de actuales derechos de aprovechamiento de aguas que sean afectados por la reforma. No es descartable que se presenten demandas en tribunales nacionales o internacionales en contra del Estado de Chile como consecuencia de la misma”, comenta otro jurista.

Consciente de la magnitud de estos cambios, el mundo privado ha comenzado su arremetida. En particular, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) encargó un informe en derecho a los abogados Juan Colombo y Enrique Navarro, para clarificar la eventual inconstitucionalidad de algunos de los puntos anteriores. El informe de ambos ex miembros del Tribunal Constitucional fue presentado este miércoles ante el Comité Hídrico de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), presidido por el timonel de la SNA, Patricio Crespo. Por su parte, Carlos Estévez, a cargo de la Dirección General de Aguas (DGA), asegura estar tranquilo en este punto y comenta que otros expertos constitucionalistas como Emilio Pfeffer y Arturo Fermandois plantearon ante la Comisión de Recursos Hídricos que no hay un reproche al respecto.

En paralelo, los canalistas y agricultores elaboran una propuesta alternativa para sociabilizarla con la multigremial y luego discutirla con las autoridades. La idea es salir de la pasividad que hasta ahora ha marcado el actuar de los privados respecto de la reforma. En marzo, aseguran, desplegarán sus fuerzas.

¿UN BIEN ESCASO?
Si hay algo en lo que la mayoría de los actores involucrados coinciden es que el escenario actual del agua es muy distinto que años atrás. “El actual código está pensado desde la abundancia del recurso, desde la disponibilidad, con pocas normas que hacen frente a la realidad del cambio climático, de los problemas de escasez y de la necesidad de racionalizar el uso del recurso”, señala Estévez, director de la DGA.

La última década fue la más seca que ha enfrentado el país en los últimos 150 años, lo que muchos atribuyen al cambio climático que afecta al planeta. Por otra parte, el crecimiento económico en los diferentes sectores ha multiplicado la necesidad del recurso con fines productivos. Lo anterior, según el Banco Mundial en un informe publicado en 2011, sólo hace prever que la competencia por el agua se incrementará, al igual que los conflictos y las presiones ambientales.

Es ese el contexto que, a juicio del delegado presidencial Reinaldo Ruiz, justifica la urgente renovación del código actual. “Esto no es un capricho, necesitamos poner al día nuestro sistema legal para asegurar la disponibilidad de agua para todos”, sostiene. Sin embargo, muchos cuestionan los supuestos sobre los cuales se ha construido el proyecto. María Cristina Betancour, gerente de Investigación y Desarrollo de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), por ejemplo, argumenta que más que escasez, en Chile existe desigualdad en la disponibilidad de agua a lo largo del territorio. Citando el mismo estudio del Banco Mundial, Betancour plantea que los recursos hídricos disponibles en el país son de 53.000 m3 por persona, muy por sobre el promedio mundial que es de 6.000 m3 por persona. El punto es que entre las regiones XV y Metropolitana esta disponibilidad promedio es de sólo 800 m3 por persona, bajo el mínimo necesario para el desarrollo sustentable que es de 2.000 m3 por persona.

Otro punto controvertido es la supuesta sobrexplotación de las cuencas, lo que a juicio de expertos en temas hídricos, no obedece a la realidad. “Se dice que prácticamente todas las cuencas del centro norte del país se encuentran sobrexplotadas o con un sobreotorgamiento de derechos, cuando en realidad esa circunstancia se encuentra fehacientemente establecida sólo respecto de algunas cuencas que se pueden contar con los dedos de una mano”, sostiene Alberto Cardemil Palacios, abogado y uno de los miembros del equipo a cargo del Grupo de Recursos Naturales de Carey.

“Parte muy significativa de las limitaciones que hoy observamos son consecuencia directa de la falta de acción del Estado, el que se quedó en más de 30 años rezagado respecto del desarrollo que el sector privado ha legado al país”, argumenta Patricio Crespo, presidente de la SNA. La construcción de embalses es, a juicio de múltiples sectores, una de las medidas que podrían ayudar a paliar la supuesta falta de agua. Ruiz, por su parte, asegura que como complemento a la reforma del código, el gobierno cuenta con un presupuesto de US$ 1.500 millones para ejecutar obras durante el actual mandato. Esto incluye iniciar la construcción de siete grandes embalses y otros 15 de menor tamaño, además del mejoramiento de canales.

La falta de información que existe en torno al agua es crítica. No se sabe a ciencia cierta cuánta agua hay en ríos, esteros y napas subterráneas. Se ignora también cuántos derechos de agua se han otorgado y, por lo tanto, cuántos quedan aún disponibles.

UN ESTADO SIN MÚSCULO
Pero uno de los puntos que más preocupa a los privados es otro: la falta de institucionalidad que existe en torno al agua, tema que según ellos, no está recogido en el proyecto. “Me valgo de la conclusión del estudio realizado hace 2 años por el Banco Mundial a petición del gobierno de Chile, que reconoce una institucionalidad dispersa e ineficaz, donde 4 ministerios y 42 reparticiones públicas realizan más de 105 funciones”, comenta Patricio Crespo. Lo anterior también lo comparten en la Sonami. “En Chile no existe una autoridad pública definida y con potestades suficientes para dirigir el uso del recurso y cada uno de los servicios públicos involucrados tiene su visión sectorial, muchas veces incoherente entre unos y otros”, agrega Betancour. “El Estado no tiene músculo, es un conjunto de competencias desordenadas”, apuntan desde una sanitaria.

Ruiz sale al paso de estas críticas y adelanta que dentro del primer semestre, de manera paralela a la discusión del nuevo código, un comité formado por cinco ministerios (MOP, Energía, Medio Ambiente, Minería y Agricultura) planteará una agenda en la cual se abordará la institucionalidad como tema prioritario, al igual que la reutilización de las aguas. De hecho, este grupo sesionó siete veces durante 2014 y ya tuvo su primera reunión de este año el 5 de enero pasado.

No es la única dificultad con la cual ha tenido que lidiar Ruiz. La falta de información que existe en torno al agua es crítica. No se sabe a ciencia cierta cuánta agua hay en el país a nivel de ríos, esteros y napas subterráneas, así como tampoco se conocen las variaciones de los caudales. Se ignora también cuántos derechos de agua se han otorgado y, por lo tanto, cuántos quedan aún disponibles. Tampoco se conocen los valores a los cuales se transan estos derechos entre privados, lo que a su vez ha fomentado la especulación. El mismo Banco Mundial destacó que los mercados del agua en Chile son “informales y sin transparencia, lo que resulta en una gran dispersión de precios, costos de transacción adicionales y una asimetría de información entre los participantes”. 

“No entiendo cómo muchos de los defensores del modelo neoliberal pueden sostener que éste es un mercado que opera bien, cuando ni siquiera hay información sobre los precios, y funciona de forma poco transparente”, señala un ejecutivo desde una sanitaria.

La especulación que se ha dado durante los últimos años, y que se ha traducido incluso en transacciones millonarias, debería cambiar con el nuevo código, que establece derechos de aprovechamiento limitados en el tiempo y expuestos a caducar por su no uso, lo que a juicio de Cardemil podría reducir esta práctica.

La ausencia de un registro completo y actualizado sobre los derechos de aprovechamiento de agua es también un punto crítico. Si bien existe un registro público, según el Banco Mundial, éste sólo contaría con el 20% de los derechos de aguas legítimos y reflejaría menos del 50% de las transferencias que se han realizado entre los propietarios. Desde una hidroeléctrica apuntan a que no existen incentivos para inscribir los derechos: por ejemplo, quienes están en los registros desde 2005 están obligados a pagar una patente por el no uso del agua, cuestión que esquivan con éxito aquellos que no están inscritos.

“Claramente tenemos un problema de información. No sabemos exactamente cuánta agua está disponible, lo que sí sabemos es que esto está generando un conflicto, porque el agua escasea, es una cuestión de observación”, reconoce Reinaldo Ruiz.

IMPACTO EN INVERSIONES
Mientras Reinaldo Ruiz asegura que el proyecto podría estar aprobado incluso durante este año, el sector privado apuesta a una tramitación más bien larga, en la cual, y según ellos mismos, lograrán eliminar los puntos que consideran más críticos. Las estrategias para lograr este fin han sido distintas: mientras algunos apuestan por transmitir su visión en la Comisión de Recursos Hídricos, otros han comenzado una tarea más subterránea y se han reunido en más de una ocasión con personeros de La Moneda y del Ministerio de Hacienda.

En esa última instancia han manifestado un punto que preocupa transversalmente a todos los sectores: el impacto que esta nueva reforma podría tener en las inversiones. De hecho, algunos aseguran que esto ya se nota en los proyectos de las compañías. “Para nuestro sector hay un asunto que claramente es preocupante, y es que introduce mayor incertidumbre para la materialización de los proyectos de inversión”, comenta Betancour. “El impacto es severo, sobre todo en aquellos sectores que lideran la inversión en innovación y nuevos emprendimientos, tal como está ocurriendo en todos los sectores de la economía”, destaca Patricio Crespo, de la SNA. 

Algo más cautelosos están en el mundo hidroeléctrico, ya que sostienen que el efecto aún no se ha hecho evidente en los proyectos ligados a ese rubro. Eso sí, reconocen que dado que los nuevos derechos serán otorgados con un plazo de 30 años, sí será más difícil obtener financiamiento para estas nuevas iniciativas.

“En general, nuestros clientes han reaccionado hasta ahora con cautelosa preocupación, tratando de entender no sólo cómo el proyecto podría impactar su negocio, sino que, además, cómo podría afectar el desarrollo de Chile en general”, remata Cardemil.