Cuando el 6 de noviembre de 2013 Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos Bachelet se reunieron con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, la tramitación del crédito de $ 6.500 millones que pedían para que su empresa Caval comprara los predios en Machalí no fue el único tema de conversación. En la cita, Compagnon explicó además a Luksic que entre su expertise se encontraba la gestión territorial de proyectos. Eso dio origen a un vínculo del empresario con la nuera de la presidenta que, hasta ahora, se desconocía públicamente, y que se extendió hasta febrero de 2015, con el estallido del hoy llamado caso Caval.

Tres semanas después de esa primera reunión, el 29 de noviembre de 2013, Natalia Compagnon llegó hasta las oficinas de CCU en Vitacura para reunirse con Luksic y con el recién asumido gerente de Ingeniería de  la cervecera, Francisco Rodríguez (35). Era un momento especial para la compañía, que después de 15 años volvía a poner en carpeta proyectos y nuevas instalaciones. Necesitaban asesorías y estudios para conseguir los permisos pertinentes para la implementación de proyectos, y Luksic propuso que Compagnon ayudara en ese rol.

En ese entonces CCU afrontaba dos grande desafíos. Por una parte, la nueva planta que intentaban levantar en Paine enfrentaba la resistencia de la comunidad (el proyecto fue rechazado finalmente el 20 de mayo del 2014 por la Comisión de Evaluación Ambiental). Por otro lado, la empresa buscaba trasladar el edificio corporativo de la cervecera a Quilicura, donde se encuentra su planta de producción.

El encuentro dejó a Rodríguez y Compagnon conectados. Se reunieron varias veces, intercambiaron información y ella dio varios consejos. Entre ellos, recomendó al experto en estudios ambientales Rodrigo Pizarro para que realizara una propuesta de apoyo estratégico y gestión territorial sobre la problemática en Paine, documento que fue entregado a la CCU en diciembre de 2013, y que fue rechazado por la cervecera.

La relación de Compagnon con la firma siguió tan fluida como hasta entonces.

En diciembre de 2013, CCU se comprometió a realizar un Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) con la Municipalidad de Quilicura para que, de esa manera, ésta aprobara el permiso de edificación del nuevo plan, que contempla cuatro edificios en 10 mil m2, y pudiera así concretar la recepción final del nuevo edificio.

Compagnon recomendó para ese trabajo a la sociedad, SCR, de propiedad de Marcelo Carreño, entonces gerente de Administración y Finanzas de Caval, empresa de la que ella es dueña en partes iguales con Mauricio Valero. Carreño fue uno de los empleados de Caval que gestionaron el crédito con el Banco de Chile. De hecho, existen emails entre él y Juan Francisco Figueroa, ejecutivo del banco, con quien en primera instancia, la empresa de Compagnon intentó obtener los recursos.

SCR se había constituido en noviembre de 2012. No tiene página web y el único otro socio que figura en el Diario Oficial es la mujer de Carreño.

La empresa recomendada por Compagnon fue la que ganó la licitación para el EISTU en Quilicura. El 10 de enero se emitió la primera orden de compra a esa sociedad por 890 UF. En el proceso también concursaron la firma Ingeniar, que cobraba 635 UF por el trabajo; e ITransporte, cuya tarifa era de 925 UF.

El plan de SCR incluía al ya mencionado Rodrigo Pizarro -economista de la London School of Economics y doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad de Stanford- como coordinador ante la CCU; y a Claudio Sepúlveda, ingeniero civil mención en Transporte de la Universidad de Chile, en la ejecución técnica del estudio.

 

EL DESPEGUE DE SCR
Durante 2014, Compagnon operó como una asesora habitual de la CCU. Paralelamente, SCR, la sociedad del gerente de administración y finanzas de Caval, sumó nuevos contratos.

En febrero de ese año, CCU encargó un nuevo trabajo a la firma de Carreño: realizar un EISTU en Renca, cuando la cervecera, ante el inminente fracaso en Paine, armaba un plan alternativo en esa localidad. La idea era medir el impacto sobre el transporte urbano que generaría el nuevo proyecto. Ese mes se concretó una orden de compra por 1.100 UF para SCR. El pago se realizaría contra entregas: un porcentaje por la etapa de recopilación de la información; otro por la entrega del informe y el último, contra aprobación del mismo, e incluía procesamiento de antecedentes, estudio de base, análisis de oferta y demanda vehicular actual y futura, entre otros.

En marzo de 2014, tras la llegada del nuevo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Pizarro, quien hasta entonces había sido el principal interlocutor de SCR con CCU, dejó ese trabajo para asumir como jefe de la división de Información y Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

Aunque el ingeniero Claudio Sepúlveda seguía a cargo de la ejecución de este nuevo proyecto, tres personas tomaron el puesto que había dejado Pizarro. A partir de ese mes, la contraparte de CCU con SCR fue además de Carreño, María Luisa Valenzuela y Sol Herreros. Ambas también eran parte del organigrama de Caval: una como arquitecto y la otra como encargada de Proyectos Tecnológicos e Innovación de esa compañía.

En mayo de 2014, se dio la orden para que otras 780 UF entraran a SCR. Esto luego de que la cervecera hiciera cambios sustantivos al proyecto original del nuevo edificio de Quilicura, pues decidieron aumentar el flujo de transporte en esa área. Ese mismo mes, SCR concretó nuevos ingresos: otras 100 UF, luego de que CCU solicitara que el estudio en Renca, en vez de junio, se adelantara para mayo.

Los ingresos por el proyecto en esa zona no terminaron con ese pago: en septiembre de ese año, CCU decidió incorporar a Renca, además de la planta de bebidas, el área de Transportes. Ese cambio implicó modificar nuevamente el proyecto. Así, ingresarían otras 690 UF a la caja de SCR .

EL NEGOCIO FRUSTRADO
En abril de 2014, Natalia Compagnon volvió a reunirse personalmente con Andrónico Luksic. Esta vez lo hicieron en las oficinas de Quiñenco, en el barrio El Golf. En esa cita, que duró una hora, también participó Carolina García de la Huerta, quien ese mes había asumido la gerencia de Asuntos Corporativos y Comunicaciones del holding. Entonces el grupo enfrentaba varios conflictos: además del rechazo de las comunidades en el proyecto cervecero de Paine, existían frentes en los puertos de Antofagasta y San Antonio.

El departamento de Asuntos Corporativos buscaba asesorías para entender lo que sucedía en las localidades donde los Luksic tenían interés y en las zonas donde el grupo contemplaba proyectos a futuros. La idea era acceder a información concreta sobre las comunidades que se oponían a sus iniciativas. Ellos ya manejaban una propuesta, pero Luksic sugirió que se escuchara la de Compagnon. En ese encuentro, a la nuera de la presidenta le encargaron una propuesta de levantamiento territorial en distintas zonas del país, las situaciones de los proyectos y sus plantas, y un diagnóstico crítico, además de presentar una fórmula sobre cómo enfrentar las distintas problemáticas.

A mediados de mayo, Compagnon volvió a las oficinas de Quiñenco. Esta vez llegó acompañada de su socio en Caval, Mauricio Valero. Realizaron una presentación y dejaron una propuesta para entregar una asesoría de apoyo estratégico relacionado a la instalación y modificación de las plantas productivas de la CCU, y apoyar la toma de decisiones de la firma. Además, ofrecían diseñar una estrategia para que se cumplieran ciertas normativas y asesorar a la empresa en su relación con los actores involucrados en sus proyectos. La iniciativa se materializó a través de FVM, la sociedad de Valero, en la cual tiene como únicos socios a su mujer y su hermana. Esta es la sociedad que obtuvo exclusividad para la reventa de los terrenos de Machalí con una comisión del 26% sobre las utilidades.

La propuesta, finalmente, fue descartada por Quiñenco.

Por su parte, SCR siguió ganando espacio dentro de la cervecera de los Luksic. Un mes después de ese encuentro, en junio de 2014, la sociedad de Carreño fue encomendada con otro proyecto: realizar un prediseño de ingeniería para dar una solución vial aceptable para el Serviu, que dividió el terreno donde hoy se emplaza la planta cervecera de la CCU, con el paño aledaño, también de los Luksic, para hacer un cruce que llegara a la Ruta 5 Norte. Por ese estudio, la sociedad del empleado de Compagnon, cobró 2.900 UF.

En total, entre enero y noviembre de 2014, CCU emitió órdenes de compra a SCR por 6.460 UF, casi $ 162 millones, cuyo 90% ya fue pagado a la firma.

De todos estos trabajos, sólo el EISTU de Quilicura ya pasó por la revisión de la autoridad: el 17 de octubre de 2014 ingresó a la ventanilla única de la Seremi de Transporte, y salió con observaciones dos meses después: el 19 de diciembre. En febrero de 2015, volvió a entrar al sistema, y aún esperan la aprobación.

Justo 20 días después de que Revista Qué Pasa revelara el negocio de Caval en Machalí se hizo público el organigrama de la empresa y todos sus empleados. Fue entonces cuando en CCU se encendieron las alarmas: tres de los empleados de Caval figuraban como prestadores de servicios e interlocutores de la CCU, a través de SCR. Inmediatamente después, el departamento de auditoría interna de la cervecera levantó una investigación para revisar los contratos realizados con esa sociedad y si estos cumplieron los procedimientos, normas y políticas de la compañía.

Fuentes de la cervecera afirman que recién entonces descubrieron el vínculo de la nuera de la presidenta con la sociedad de Marcelo Carreño. Ese mismo mes CCU puso fin a la relación laboral con SCR.