Cortar definitivamente todo el financiamiento a campañas y evitar vínculos con la política. Es una de las definiciones que tomará en los próximos días el nuevo gobierno corporativo de SQM. Ya en las últimas reuniones de directorio se resolvió, por lo pronto, aumentar los controles internos, prohibir las facturas falsas y los aportes irregulares y separar el tema judicial de la labor de la empresa.

Tras la salida del directorio de Julio Ponce Lerou -quien estuvo al mando de la minera durante 28 años- y el reemplazo del gerente general Patricio Contesse por Patricio de Solminihac, en la empresa señalan que esperan marcar “un antes y un después” para comenzar a dejar en el pasado los escándalos y el desprestigio.

¿Pero, podrá realmente SQM desvincularse de la política? Expertos, analistas y miembros de la industria, coinciden en que la minera no metálica logró convertirse en el principal productor mundial de nitrato de potasio, litio y yodo, gracias a su relación privilegiada con el Estado. Contratos más que favorables para explotar los mejores yacimientos del país, falta de regulación y fiscalización en el sector, y legislaciones beneficiosas, son parte de la historia de éxito de la compañía.

UN SALAR EN ARRIENDO
“Mucho se ha escrito de cómo en los años 80, Pinochet le regaló la empresa a su yerno Julio Ponce Lerou, pero poco o nada se ha dicho del contrato de los 90 -bajo los gobiernos de la Concertación- cuando Corfo le dio a SQM, en bandeja de plata, el Salar de Atacama”.

La frase es de uno de los miembros de la Comisión Nacional de Litio, instancia que en enero entregó su informe final a la Presidenta Michelle Bachelet. Los expertos coinciden en que las condiciones del contrato de arrendamiento del salar son inusualmente blandas. Así lo dejaron de manifiesto en las páginas del documento titulado “Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile”, con las conclusiones de la comisión: “El Estado, a través de Corfo, firmó contratos de explotación en el Salar de Atacama en condiciones económicas y de largo plazo muy favorables para las compañías inversionistas, debido a la falta de experiencia estatal en la época que ellos se suscribieron. Luego, la Corfo vendió su participación y perdió injerencia directa en las operaciones del Salar. A su vez, la Corfo cuenta con una limitada capacidad para fiscalizar el cumplimiento operacional de los contratos”, señala el texto.

Hasta antes de los 90, Ponce Lerou y la recién privatizada Soquimich se dedicaban a trabajar los antiguos depósitos de caliche del norte donde se produce yodo y nitrato. El Salar de Atacama era propiedad de Corfo, que en 1986 constituyó una sociedad llamada Minsal Ltda., junto a la norteamericana Amax y la chilena Molymet para explorar la producción de litio, proyecto en que el Estado tenía un 25% de participación.

Fue en noviembre de 1993, bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con René Abeliuk como vicepresidente ejecutivo de Corfo, cuando Ponce Lerou entró al negocio. No estaba mayormente interesado en el litio, sino que en el potasio que escondía el salar, y que junto al nitrato producido por su empresa le permitiría fabricar el poderoso fertilizante natural nitrato de potasio. SQM adquirió el 75% de Minsal y firmó un conveniente contrato de arriendo con el Estado, extendiéndolo hasta 2030, que le otorgó derechos exclusivos sobre 140 mil hectáreas del salar, a cambio de un pago equivalente a 6,8% de las ventas del litio y el 1,8% de las ventas del potasio, su principal negocio.

En diciembre de 1995, durante la presidencia de Eduardo Frei, Corfo, bajo el mando de Felipe Sandoval, vendió a SQM su participación minoritaria en Minsal, la cual ya era una sociedad anónima. Siendo privada en un 100%, fue rebautizada como SQM Salar.

Tendrían que pasar 20 años para que un gobierno detectara que no se estaba cumpliendo el contrato. Un oficio de Contraloría de noviembre de 2013, ordenó a Corfo verificar si se estaba respetando el acuerdo comercial. La corporación acusó incumplimientos al menos desde 2009, ya que SQM vendía sus productos a empresas relacionadas por lo que el precio con el que se calculaba la cuota de arriendo resultaba más bajo. Tampoco se respetó la norma de que el precio de cloruro de potasio lo fijara una agencia externa independiente. Tras no llegar acuerdo por el pago de US $ 9 millones para zanjar la deuda, el 2014 acudieron a un arbitraje que será resuelto este mes de mayo.

El escenario más extremo es que Corfo ponga fin anticipado al contrato de arriendo del salar. Pero eso sería una sorpresa. El monto demandado es menor y la entidad estatal ha dejado pasar otras denuncias que han llegado contra SQM por supuestas violaciones al contrato, como la posibilidad de que esté sacando del país más litio que la cuota permitida, oculto en sus exportaciones de salmuera; que esté extrayendo cloruro de magnesio de manera no estipulado en el contrato, y que esté pasando a llevar el acuerdo al adquirir derechos de agua y pertenencias mineras en las zonas aledañas al salar.

LITIO ¿ESTRATÉGICO?
Desde que recibió en enero el informe de la Comisión del Litio, Bachelet ha guardado silencio. Los comisionados confían en que se pronunciará sobre las recomendaciones del Consejo Asesor en el próximo discurso del 21 de mayo. La conclusión más dura del documento es la constatación de la ausencia del Estado durante décadas en el tema de los salares. No hay profesionales competentes, no hay recursos, no hay conocimientos respecto a ese tema.

Al ser definidos como un ecosistema líquido, el proceso de explotación de los minerales es único y complejo, ya que la extracción de salmuera en un sector específico, puede afectar a otro sector a kilómetros de distancia. Pero los únicos estudios en hidrogeología del salar con que cuenta el Estado son los aportados por los propios técnicos de SQM y en base a ellos toma las decisiones medioambientales y estratégicas. “Faltan estudios fidedignos e independientes que permitan al Estado cuantificar las reservas de los salares y establecer un régimen de explotación más racional”, señala el informe.

SQM controla el mercado. El único competidor al interior del salar es la productora de litio Rockwood Holdings, la cual tiene permitida una cuota de extracción de salmuera diez veces menor y pese a que viene pidiendo desde hace años un aumento, este le es denegado por razones ambientales.

El informe de la comisión critica que no hay fiscalización real a las labores de los privados en el salar, ni hay transferencia tecnológica de importancia en ese trabajo industrial que se proyecte a la actividad académica y científica del país; que no hay estímulo para agregar valor extra a la materia prima. También se señala que el litio en particular quedó excluido de manera explícita de la ley de impuesto específico a la minería.

Pese a que se recomienda crear una corporación estatal para los salares -y algunos miembros sugirieron equiparar las regalías y los gravámenes de las sales a los de las utilidades de Codelco (10% sobre las ventas)- el informe no llega más lejos. Señala expresamente que cualquier medida no debe afectar al contrato vigente con SQM.

Por otra parte, la empresa se anotó otro triunfo: aunque se discutió en profundidad al interior de la comisión y prometía ser el anuncio más importante del gobierno, finalmente se acordó mantener la condición del litio como sustancia estratégica, es decir, no concesible. La calificación fue definida en Chile en 1976 en medio de la guerra fría, cuando se determinó que el litio era de “interés nuclear”. El escenario ha cambiado y el producto abunda en el mundo, e incluso el 2014 la ministra de Minería, Aurora Williams, y el subsecretario Ignacio Moreno, afirmaban que la denominación de “estratégico” debía ser revertida, ya que no permitía un desarrollo adecuado de la industria.

Sin embargo, argumentando el delicado ecosistema de los salares, así como eventuales necesidades energéticas futuras, la comisión recomendó dar carácter constitucional a la condición estratégica del litio.

En la práctica, para SQM eso significa una barrera en el ingreso de nuevos actores al mercado que puedan hacerle competencia.

Hoy muchos miran con sospecha la única licitación que se ha intentado en materia de litio, durante la administración de Sebastián Piñera, la fallida licitación de Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL). Entonces el ministro de Minería, Hernán de Sominihac, debió inhabilitarse por el alto cargo de su hermano en SQM. El proceso lo lideró el subsecretario Pablo Wagner -actualmente formalizado por eventual delito de cohecho en el caso Penta e investigado por pagos de SQM a su cuñada-. Habían 40 empresas interesadas, pero se retiraron sólo al conocer las bases. Finalmente postularon tres y ganó con una oferta de US$ 40 millones para explotar 100 mil toneladas de litio en 20 años.  Pero la licitación fue anulada al conocerse que SQM tenía numerosos litigios abiertos con el Estado, lo que le impedía adjudicarse el contrato. El convenio no se lo dieron al segundo postulante, sino que simplemente se canceló definitivamente el proceso.

LAS AGUAS DEL NORTE
Pero los negocios de SQM no terminan en el litio y el potasio, que le generan más del 75% de sus ganancias. En los depósitos de caliche de la Región de Tarapacá trabajan la minería tradicional para producir yodo y lideran el mercado, gracias a una dura estrategia para intentar manejar los precios y anular a sus competidores SCM Cosayach y DSM Minera.

La fórmula: en una zona de escasez hídrica, a través de disputas judiciales y expeditos trámites ante los organismos del Estado, han logrado adquirir en las últimas dos décadas numerosos derechos de aguas. Así, en el Salar de Llamara son dueños de prácticamente la totalidad de los recursos y también controlan varios derechos y cuencas en Sur Viejo y la Pampa del Tamarugal. Aunque conseguir derechos de aguas puede tardar varios meses e incluso años, y requiere permisos del Ministerio de Bienes Nacionales y luego de la Dirección General de Aguas (DGA) y hacer un pozo para demostrar que se cumplan los estándares requeridos de flujo de agua, SQM lograba conseguir rápidamente las aprobaciones, adelantándose a sus competidores que desde los años 90 vienen denunciando a Contraloría y a la DGA, la existencia de pozos falsos e informes hidrogeológicos errados.

En cualquier caso, aunque muchos de los derechos de agua nunca han sido explotados, SQM lograba con esto inmovilizar a la competencia, la cual era llevada a juicio en el caso de que utilizaran esas aguas para sus faenas sin el permiso legal. La nueva reforma al Código de Aguas, en caso de ser aprobada en el Congreso, impide mantener derechos de agua sin utilizarlos.