El 31 de marzo, el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y el presidente de CGE, Rafael Villaseca, coincidieron en el lanzamiento de la red de gas por cañería en la ciudad de Rancagua. Media hora antes del inicio de la pauta de prensa, ambos se juntaron en uno de los salones del Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de O´Higgins.

En el lugar, según quienes participaron del encuentro, ambos conversaron del impulso que traería para la industria gasífera el desarrollo de la red de gas por cañería en la zona centro y sur. De acuerdo a lo expresado por el titular de Energía, la gasificación de este territorio permitiría mejorar los niveles de calefacción de millones de chilenos y, al mismo tiempo, bajar los niveles críticos de contaminación, producto de la quema de leña húmeda.

En la cita a puertas cerradas, Villaseca, quien además es consejero delegado de la multinacional Gas Natural Fenosa, la empresa hoy controladora de CGE, Gasco y Metrogas, le habría comentado a Pacheco que estaba optimista con el impulso gubernamental a esta industria, en especial al modificar la ley vigente, que data de la década del 30.

La conversación con Pacheco no fue la única que Villaseca, en su rol de delegado de Gas Natural Fenosa (GNF) tuvo con autoridades de gobierno por este mismo tema. Tres semanas antes de la cita con el titular de Energía, Villaseca acudió a las oficinas del Ministerio de Hacienda y sostuvo un breve encuentro con Alberto Arenas. En la reunión, el ejecutivo de la multinacional hispana también le habría manifestado al titular de Hacienda que GNF estaba optimista por ampliar sus inversiones en Chile, y una de esas vías era el desarrollo de la red de gas de cañería. De acuerdo a versiones de esa reunión, ambos habrían hablado de las grandes oportunidades que tendría GNF en el país, luego de haber aterrizado en Chile en noviembre de 2014, tras la compra de CGE por 2.550 millones de euros, operación que se transformó en la más grande hecha por una firma de capitales españoles fuera de la península ibérica.

Pero el clima de buenas relaciones y de optimismo parece haberse esfumado durante el mes. Los encuentros entre los ejecutivos de GNF y las autoridades de gobierno se redujeron a cero. La decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de pedir el cambio de los estados financieros de Metrogas, filial de GNF, congeló el ambiente de optimismo entre los privados y el gobierno.

El 2 de abril se hizo pública la solicitud que la SVS hizo a Metrogas, pidiéndole que rehiciera el balance de 2014 y el comparativo de 2013. Según el organismo fiscalizador liderado por Carlos Pavez, la firma consideraba como activos, y no como gastos, las instalaciones de reconversión hechas en los domicilios de los clientes. Según un análisis realizado por la clasificadora de riesgo Humphreys, esta modificación tendría un impacto de US$ 120 millones en la distribuidora de gas. 

Luego de la arremetida de la autoridad, Metrogas y los recién llegados de Gas Natural Fenosa han acusado un trato discriminatorio por parte del gobierno, han puesto en duda las futuras incursiones empresariales e, incluso, han cuestionado el clima de inversión que existe en Chile, dejando entreabierta la puerta a recurrir a instancias internacionales para solucionar este impasse público-privado.

ENTRADA CON SOBRESALTOS
Máximo Pacheco recuerda que, a mediados de 2014, llegó a su oficina Rafael Villaseca y un grupo de ejecutivos bancarios. El propósito del encuentro era conocer en detalle la agenda energética que el gobierno había presentado a inicios de año, junto con la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda.

En esa reunión, como señala el ministro, Villaseca le dijo que estaban buscando oportunidades de inversión en Chile. Hoy, según declara Pacheco, desconoce si por ese entonces ya tenían entre manos hacerse del control de la CGE. “Jamás se tocó el tema”, asegura.

Fue en ese entonces que Pacheco les dijo a los inversionistas que el gobierno buscaba bajar los precios de la energía, y que tenía en carpeta desarrollar proyectos de redes de gas de cañería, para combatir la contaminación en la zona centro-sur. “También hablamos, y lo recuerdo bien, del vacío legal que existía en el mercado del gas por cañería, porque la legislación, que data del siglo pasado, dejaba en desprotección a los consumidores”, dice Pacheco.

Junto con detallarles a los representantes de GNF los propósitos de su cartera, Pacheco le comentó a Villaseca que estaba en la mira del gobierno regular el máximo de utilidades que obtenían las empresas de gas domiciliario.

Tres meses después de la reunión en el Ministerio de Energía, las conversaciones entre los españoles y los entonces controladores de CGE, las familias Marín, Hornauer y Pérez-Cruz, estaban tan avanzadas que el memorándum de la Oferta Pública de Acciones (OPA) estaba en desarrollo. Fue en ese entonces, en octubre, que el Ministerio de Energía anunció lo que le había planteado a Villaseca: se pondría atención en el máximo de utilidades que se registraba en la industria del gas. Metrogas, el principal actor en la industria del gas domiciliario por cañería, era uno de los activos que la multinacional hispana estaba comprando.

Según el reporte hecho por la Comisión Nacional de Energía (CNE), Metrogas habría obtenido una rentabilidad de 11,4% en 2012, y de 16,9% en 2013, superior al 11% que establece la actual ley. Con este capítulo abierto, los españoles, tomaron el control de CGE y sus filiales al mes siguiente, y luego de declarar exitosa la OPA, empezaron a ver cómo enfrentar esta nueva realidad.

A principios de este año el gobierno envió un proyecto de ley para modificar la actual rentabilidad máxima, limitándola al 9%. Durante el mismo período se comenzó a gestar el otro conflicto que hoy tiene enfrentados a ambos sectores: el oficio de la SVS.

QUIÉN PAGA LA CUENTA
En octubre de 2014, cuando comenzaron los cuestionamientos desde Energía hacia la rentabilidad de Metrogas, en las oficinas de la SVS procedieron a analizar por qué la empresa podría estar excediendo el máximo de utilidades.

Fue en ese entonces, un mes antes que GNF lanzara la OPA por CGE y sus filiales, que la SVS mandó un oficio reservado a Metrogas, pidiendo detalles de cómo la empresa indexaba las inversiones hechas para convertir domicilios al gas de cañería. Fue en los sucesivos oficios, todos con carácter reservado, en los que la autoridad fiscalizadora se dio cuenta que algo andaba mal. Al menos, a juicio de ellos: Metrogas reconocía dichas conversiones como activos de la compañía y no como gastos.

Fue ahí cuando el regulador les pidió rehacer los balances de 2014 y el comparativo con 2013, para dar cuenta del cambio: a juicio de Pavez y de su equipo, Metrogas debía considerarlas como gastos y no como activos. El rehacer los estados financieros significaría un impacto cercano a los US$ 120 millones para la firma gasífera. Pero, más allá del impacto monetario, en la empresa -y sus mismos controladores- han calificado la acción como discriminatoria y un claro borrón a las reglas del juego imperantes.

“Vemos con preocupación cómo en los últimos meses se han sucedido una serie de acciones y procesos, en distintas instancias gubernamentales, legales y parlamentarias, que han generado incertidumbre, en especial en el sector del gas natural”, dijo el vicepresidente de CGE, Antonio Basolas, frente a la junta ordinaria de accionistas, el 16 de abril pasado.

El mismo ejecutivo ahondó en una acción discriminatoria por parte del gobierno, al mandar un oficio, “que va dirigido a una única compañía, no va dirigido al sector, ni a otros sectores como resolución general”, agregó en la misma instancia.

En ese entonces, Metrogas les pidió a las cuatro auditoras más grandes del mercado que elaboraran un estudio, el cual fue lapidario: las cuatro firmas contradijeron los informes presentados por la SVS y, a su vez, agregaron que desde 1996 que los estados financieros se han venido entregando de la misma manera. Y, cada uno de ellos, ha sido aceptado por el superintendente de Valores de turno.

Pero en la SVS ven las cosas de otra manera.

De acuerdo a los informes solicitados a Metrogas, y tal como aparece en uno de esos documentos internos en la SVS, “no se evidencia que Metrogas asuma los riesgos asociados a los bienes y recursos convertidos y, más aún, resulta contradictorio con lo publicado al reverso de sus boletas, que indican: ´Metrogas le recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, las instalaciones de redes interiores son de responsabilidad de los propietarios, por lo cual deberán velar por su buen estado de conservación´”. Es decir, según el análisis de la autoridad, quien asume el costo de las instalaciones es el cliente, y no la compañía. De ahí basa la SVS su criterio para exigir el cambio en los estados financieros.

En la SVS no les sorprende la cruzada que han emprendido Metrogas y GNF, empresas que anunciaron que acudirán a la justicia civil para revertir la solicitud del ente fiscalizador. Pero sí les llama la atención, de acuerdo a fuentes en el organismo, que los nuevos dueños estén con tal grado de sorpresa ante este proceso, el cual se inició reservadamente el 10 de octubre, un mes antes de la venta de CGE a Gas Natural Fenosa. Es decir, según estas versiones, debió habérsele informado a los compradores.

Tanto en el gobierno como en la empresa esperan que este impasse no afecte el desarrollo de futuras inversiones, aunque por ahora ambas partes no han vuelto a conversar sobre cómo se seguirá desenvolviendo la relación entre la empresa española y las autoridades.