A inicios de esta semana el presidente del Senado, Patricio Walker, emitió declaraciones que de inmediato causaron revuelo al interior de la Nueva Mayoría. El parlamentario DC dijo que la reforma tributaria hecha en 2014, actualmente vigente, necesita modificaciones, considerando el impacto que estaría provocando en la economía y en la desaceleración de las inversiones privadas. Una vez emitidas estas palabras, un tuit salió en su apoyo. El economista y ex consejero del Ministerio de Hacienda, Salvador Valdés, alabó la medida. "@patriciowalker habló desde la sensatez: por todas sus falencias, se debe corregir la reforma de 2014 antes de 2017", lanzó Valdés en la red social.

Los 115 caracteres que posteó Valdés no fueron los primeros contra la reforma tributaria, una de las tres modificaciones estructurales que prometió el actual gobierno. Desde su concepción, a inicios de 2014, Valdés fue un duro crítico del proyecto por los efectos que traería en la inversión, la generación de empleo y en el dinamismo de la economía. La inexistencia de los llamados "brotes verdes", término acuñado por el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas para referirse a la reactivación económica, le ha dado la razón.

Valdés, quien no es una figura cotidiana en los medios, aprovecha esta coyuntura para expresar su preocupación por los efectos que está teniendo la reforma. Desde su oficina en Clapes UC, centro de investigación que cumple un año y en el cual Valdés es el coordinador microeconómico, el economista dice que durante los próximos días lanzarán un estudio sobre los nulos impactos de la reforma tributaria en la disminución de la desigualdad. De paso, aprovecha estas líneas para criticar el modelo de financiamiento a la política que quiere promover el Ejecutivo. Está en desacuerdo con la prohibición de que las empresas queden marginadas del modelo y así lo planteó hace casi una década, en el primer intento de Michelle Bachelet por aumentar la probidad y transparencia en el Estado.

–Usted ha sido crítico de la reforma tributaria. ¿Cree que el no despegue de la economía le está dando la razón a lo que usted ha planteado anteriormente?

–Yo creo que el Banco Central fue claro al decir que los brotes verdes de enero no fructificaron y se quemaron. El Central, además, anuncia que las expectativas empresariales siguen en un nivel muy bajo y vaticinan que mientras ello no repunte, la economía no va a despegar. Entonces, esa discusión ya está zanjada y ahora está en manos del Ejecutivo, y también de la clase política, el dar un mínimo de tranquilidad y confianza. Y en eso, el tema tributario no es menor. El que el ministro de la Segegob, Marcelo Díaz, haya dicho que están abiertos a hacer ajustes a la reforma, parece que es signo de que están preocupados.

–En Clapes UC van a presentar un estudio con los impactos de la reforma tributaria. ¿Cuál sería uno de ellos?

–Uno de los impactos que hemos encontrado es que la reforma afecta negativamente el desarrollo de proyectos de largo plazo, gravándolos con un triple de impuestos. Eso termina favoreciendo el cortoplacismo y desencadena una menor inversión. En ese aspecto, uno ve que las franquicias para las pymes han ido empeorando los incentivos para el ahorro de los empresarios. Antes, si un empresario con determinado ingreso ahorraba más, su carga tributaria aumentaba, pero sólo un poco. Hoy, por lo mismo, sube bastante, entonces se castiga el ahorro. Nuestra conclusión es que la reforma tributaria no está cumpliendo sus propios objetivos, entonces debiese ser corregida como una forma mínima de coherencia y respeto a la opinión pública.

–Economistas como usted y algunos empresarios vaticinaron que la reforma tributaria tendría estos efectos. Ahora son políticos de la Nueva Mayoría los que expresan la necesidad de cambios, pero otros, también afines al gobierno, descartan tal opción. ¿Cree que está el ánimo para reconocer un error?

–Me pides un pronóstico político. En mi opinión, este Congreso es superideologizado y lo más probable es que no haga su trabajo y eso ocurre por haber elegido a parlamentarios ideologizados. El electorado tiene que ver qué clase de parlamentarios puso en el Congreso, y la respuesta es que eligió a gente extremista, quienes no consideran que hay un serio problema de actividad económica, que la inversión está disminuida y que terminará afectando los salarios y el empleo. Pero, volviendo a tu pregunta, creo poco probable que haya cambios. 

–El desempleo aún se mantiene a tasas moderadas, ¿prevé un quiebre de tendencia en el futuro cercano?

–Después de las fases de fuerte crecimiento que hubo antes de este gobierno, el nivel de los salarios y del empleo quedó muy arriba. Lo que ocurre, entonces, es que te vas quedando atrás respecto a lo que pudo haber sido y en relación a otros países. Lo que va a ocurrir es que las mejores opciones de empleo, en especial para altos ejecutivos, van a estar en el extranjero, porque acá, con este tipo de crecimiento, ese mercado laboral va a estar estancado. Ahora, sí hay que considerar que ha sido el sector público el que ha empujado el empleo. Este gobierno ha aumentado el empleo público, sacrificando sus compromisos fiscales. Y, dado esto, dudo que vayamos a cumplir los compromisos de balance estructural. La pregunta es si el electorado va a mirar para adelante o no.

–Si no se aprecia un gran deterioro en el empleo o en los salarios, entonces, ¿cree que el electorado se dé cuenta y haga un giro en el futuro?

–Yo creo que sí se ha dado cuenta, porque la compra de bienes durables de consumo ha disminuido, y la compra de automóviles ha caído. Ahí tienes un signo de preocupación del consumidor.

–¿El actual momento de Chile es producto del fenómeno de la “trampa del ingreso medio” o fue causado sólo por medidas como la reforma tributaria?

–La trampa del ingreso medio es una realidad empírica, pero cuyas causas son múltiples y varían de un país a otro. Para el caso particular de Chile, lo que ocurrió es que el electorado, a nivel de elecciones parlamentarias, en vez de optar por candidatos moderados, eligió candidatos extremistas.

–Pero no era de extrañar que eligieran parlamentarios que apoyaran las reformas propuestas por Bachelet.

–Ése es el punto. Cuando el electorado vota por personas que dicen que sí a todo, en vez de hacerle contrapeso al Ejecutivo y ponerle un control de calidad, se arriesga a que pase lo que sucedió.

–¿Cómo evalúa la decisión de sacar a Alberto Arenas de Hacienda? 

–Creo que Arenas reveló su talante y su calidad como ministro cuando entregó el bono de $ 1 millón a ciertos funcionarios públicos del país, específicamente en Atacama. Fue el primer ministro de Hacienda en décadas que promueve y aprueba en tres días una ley, tirando por el suelo el sistema de remuneraciones que existe. Entonces ahí uno se da cuenta de que el ministro perdió el rumbo. ¿Debía estar más o menos tiempo en el cargo? Considerando ese antecedente, y por el bienestar del país, no debió haber estado en ese cargo desde el comienzo.

–¿Qué expectativas tiene con la llegada de Rodrigo Valdés?

–Hay cierta expectativa de que cambien las cosas y es una buena noticia su nombramiento, pero es una noticia que es una esperanza y no una realidad. Eso se verá cuando haya cambios. Si el comité político lo apoya en sus medidas y él se empodera, se pueden ver buenas cosas.

¿EMPRESA Y POLÍTICA? SÍ

–¿Cómo se soluciona el financiamiento a la política?

–Más que las leyes, acá han fallado las prácticas. Se ha dicho que la reforma de 2003 no permite financiar las precampañas ni las primarias. Eso es falso. Los artículos 21 y 21 bis de la Ley 19.884 explicitan que los partidos políticos, en períodos fuera de campaña, pueden recibir todo tipo de aportes privados y sin límite de montos. Lo que nunca estuvo permitido fue armar partidos falsos, protopartidos, como el creado por Peñailillo y Martelli, porque legalmente no son sujetos de donación. 

–Pero también se dio el caso que fueron los candidatos quienes se saltaron esta vía y recibieron directamente el financiamiento de las empresas. 

–Eso tampoco es legal. Lo que tenemos no es que no existiesen los canales, porque siguen abiertos hasta el día de hoy, sino que fue la práctica la que falló; los parlamentarios y ciertos grupos insistieron en usar vías ilegales. En el caso del protopartido de Peñailillo, el G 90, uno ve que fue la propia presidenta quien autorizó su formación, y si estaban recaudando fondos, se entendía entonces que era de manera ilegal. Ahí uno se pregunta por qué la presidenta prefiere que su campaña se financie de manera ilegal, a través de este grupo, teniendo la opción que se hiciera a través de los partidos que la apoyaban. Eso es muy extraño y ella tendrá que dar esa explicación.

–De todas formas se instala la pregunta si es apropiado que las empresas financien la política. ¿Lo es?

–Una cosa incorrecta es la corrupción y la extorsión y eso hay que erradicarlo. Tenemos el caso del presidente de la comisión de Minería de la Cámara de Diputados, quien estaba financiado por la principal minera chilena o el caso del parlamentario financiado por Corpesca. Eso es inaceptable. Pero yendo a la pregunta si deben las empresas financiar la política, yo creo que sí, pero bajo estrictas condiciones y he propuesto medidas para ello. Chile ha avanzado en desarrollar un sistema de donaciones mixtas y hay que seguir perfeccionándolo. En el primer gobierno de Bachelet propusimos mejoras, las cuales no fueron tomadas en cuenta y hoy, con esta crisis, se opta por la posición extrema, de prohibir todas las donaciones.

–¿Cree que una persona jurídica que no vota pueda financiar la política?

–Poder aportar a una campaña es una garantía de los ciudadanos para expresarse en política, y esa expresión puede ser donando recursos, y de manera individual o colectiva, como un sindicato o una empresa.

–Si bien sindicato y empresa son personas jurídicas, en el primero se asume que hay una votación y consenso antes de decidir a qué partido se hace una donación. Dudo que Carlos Délano les haya preguntado a sus accionistas qué partido financiar.

–Las personas detrás de un sindicato o de una empresa tienen todo el derecho a tener su ideología, y así como el señor Gajardo, del Colegio de Profesores, tiene derecho a ser comunista, el señor Délano tiene el derecho de tener su ideología y donarle a cierto partido.

–Pero no creo que los accionistas de Penta sean todos UDI.

–Tampoco todos los profesores son comunistas. Cuando en el Reino Unido, por ejemplo, los sindicatos deciden donar a un partido, se les exige que haya una votación. Acá se le podría exigir lo mismo a una sociedad anónima. Esto se puede manejar y se ha hecho en otros países, entonces no se trata de inventar la rueda. Se puede copiar de esos sistemas. Entonces, no creo que el sindicato comunista tenga derecho a donar, y la empresa, no, como se ha planteado por algunos.