El martes pasado, en una sesión especial, la Cámara de Diputados sometió a análisis en sala las medidas que deben ser adoptadas para salvaguardar la jibia, recurso de la especie de los calamares y cuya extracción en Chile está en manos de pescadores artesanales e industriales. De acuerdo a lo discutido en la sala aquel día martes, los parlamentarios se abrieron a entregar la exclusividad del manejo del recurso al sector artesanal y, al mismo tiempo, incluir indicaciones que promuevan el fin de la pesca de arrastre, una de las banderas de lucha de los pescadores de caletas.

Pese a la discusión de los argumentos para apoyar o rechazar el cambio en la extracción de este calamar, el centro de atención no estuvo en la sala, sino en las tribunas y pasillos del Congreso. Fue en esos lugares que representantes de la pesca artesanal y de las empresas industriales coincidieron por primera vez desde que se conoció el aporte que Corpesca –firma pesquera ligada al grupo Angelini– hizo al senador UDI Jaime Orpis, investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Desde ese entonces, entre ambos sectores ha comenzado una soterrada guerra y no precisamente por la jibia, sino por el botín completo: la actual Ley de Pesca.

Desde que estalló esta arista del caso de financiamiento irregular de la política, veta que incluiría pagos de Corpesca a Orpis por más de $235 millones durante cinco años, han sido diversos los sectores que han hecho hincapié en la revisión de la actual normativa, vigente desde 2012, debido a las dudas sobre la legitimidad de ésta. Además de los cuestionamientos que rondan a Orpis, quien participó en la votación de la Ley de Pesca, se suma el caso de la ex diputada independiente Marta Isasi, quien también habría recibido pagos de Corpesca.

Y mientras existen sectores que llaman a revisar la normativa pesquera vigente, conocida como “ley Longueira” –por haber sido promovida por el entonces ministro de Economía–, otros han ido más allá y han solicitado la derogación de la misma, para que se abra una nueva discusión sobre el mejor modelo para normar la pesca en Chile. 

A diferencia de la discusión que se realizó durante la tramitación de la ley en 2012, cuando hubo bandos claros entre pescadores industriales y artesanales, en esta naciente guerra por la “Ley Longueira” las trincheras están más difusas: por un lado, los industriales del Biobío, agrupados en la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) –coloquialmente conocidos como las “7 familias”–, defienden la normativa vigente. Junto a ellos, algunos gremios de trabajadores, como la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), también abogan por la no derogación de la actual normativa, aunque se abren a perfeccionamientos, algo que también están impulsando sindicatos de la Región del Biobío, el epicentro de la pesca en Chile y zona que concentra el 60% de los desembarcos y cuya industria mueve casi US$ 700 millones. En oposición a los deseos de este último grupo de asociaciones, existen otras federaciones de pescadores artesanales que buscan la derogación de la ley, como lo han manifestado Pymepes, Condepp y otras entidades gremiales. A ellos se ha unido una de las empresas industriales que siempre ha estado al margen de sus pares de Asipes: Lota Protein. Todos ellos han impulsado una carrera para buscar la eliminación de la “Ley Longueira” y no han ahorrado esfuerzos –económicos, políticos ni mediáticos– para conseguirlo, incluso con la asesoría de ex funcionarios de los gobiernos de la Concertación, como Eduardo Bitrán, Marcelo Trivelli o Laura Albornoz. Las aguas de la industria pesquera chilena, en especial en la zona del Biobío, están más revueltas que nunca.

ACUSACIONES CRUZADAS

El pasado viernes 3 de julio, siete representantes de sindicatos de pescadores, plantas pesqueras y capitanes de puerto, todos basados en la Región del Biobío, enviaron una carta al diario La Tercera. En la misiva, los firmantes criticaron el oportunismo –como lo catalogaron en el texto– de algunos sectores y empresas para pedir la derogación de la Ley de Pesca. Según sus argumentos, la sola discusión de un nuevo marco legal genera incertidumbre en los trabajos que entrega el sector pesquero industrial, que totaliza más de 36 mil personas.

“Nuestro sector enfrenta la incertidumbre debido a una injustificada y oportunista campaña para anular una legítima ley de la República, por reprochables actos que atentan contra la probidad. Sin embargo, estamos convencidos de que la actitud dolosa de dos parlamentarios y una empresa no es razón suficiente para cuestionar una institucionalidad tramitada y aprobada con transversalidad en el Congreso. De esto se han tomado las organizaciones y representantes de inversionistas extranjeros que se han propuesto la licitación absoluta de los recursos pesqueros chilenos, para intentar una vez más imponer este mecanismo”, explica en uno de sus párrafos la carta publicada.

Esta misiva esconde un misil directo a la empresa que estuvo más activa en la tramitación de la “Ley Longueira” en 2012: la noruego-danesa Lota Protein.

Para los industriales, y para parte de las federaciones de trabajadores pesqueros, la empresa con base en Lota, filial de TripleNine Group –uno de los mayores fabricantes de harina de pescado del mundo–, es quien estaría detrás de esta arremetida por cambiar la Ley de Pesca, para impulsar el sistema de licitación de los recursos pesqueros en vez del reparto de cuotas de pesca, como rige hoy en día. Fue durante la tramitación de la ley anterior que esta misma compañía solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un pronunciamiento sobre las supuestas barreras de entrada que tendría el sistema de cuotas para empresas industriales que no tenían grandes porciones asignadas de manera histórica, como era el caso de Lota Protein. Para esa campaña, la empresa se hizo asesorar por el ex ministro Enrique Correa. El ente antimonopolios desechó las pretensiones de la compañía. 

Luego, en la tramitación de la ley en el Congreso, tampoco prosperó el interés de la firma escandinava, imponiéndose el sistema de cuotas de captura.

De ahí que para algunas grandes pesqueras tenga sentido que Lota Protein esté promoviendo la derogación de la ley actual. En respuesta, la gerente de asuntos corporativos de la empresa, Riola Solano, en entrevista con El Diario de Concepción, hizo un emplazamiento a los industriales para que transparenten sus aportes a políticos durante las últimas campañas, haciéndose eco de acusaciones que sindican que fueron empresas de este rubro, y de la Región del Biobío, las que también realizaron aportes a distintos parlamentarios.

Pero no ha sido Lota Protein la única que ha pedido un nuevo marco legal. Hace un mes atrás se creó la “Alianza Regional contra la ley Longueira”, conformada, entre otras, por la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Empresarios Pesqueros, Pymepes. A esta organización, activa en la petición de una nueva ley de pesca que incluya el sistema de licitaciones, se le sindica –por parte de las grandes empresas– como un “brazo armado” de Lota Protein. Ello se sustentaría tanto por la similitud del discurso, de querer cambiar el modelo por uno que se abra a licitaciones, como por el hecho, que en su web aparecen 12 compañías como asociadas a Pymepes, pero que en la práctica sólo cuatro estarían activas y las ocho restantes serían apenas una fachada. 

Al recorrer las direcciones de las empresas que aparecen en el sitio web, en efecto la gran mayoría de las empresas ya no existen y en su lugar hay sólo sitios vacíos. Ante esta acusación, el gerente general de Pymepes, Alfredo Irarrázaval, comenta que la web no ha sido actualizada desde 2010 y que esos socios han quebrado, pero que hoy son otros los que completan la nómina de asociados, totalizando 10. De paso, descarta recibir recursos por parte de Lota Protein.

Sobre estas imputaciones, Lota Protein –a través de su reciente asesor comunicacional, el ex intendente metropolitano Marcelo Trivelli– respondió: “Esta es una acusación delirante que rechazamos absolutamente. Esta es una ley que tiene problemas de fondo, tanto en su origen como en su implementación, por ello el programa de la presidenta Bachelet indica la necesidad de revisarla. Lota Protein no compra conciencias ni votos. Colaboramos y seguiremos colaborando, de ser necesario, con quienes tenemos comunidad de intereses, porque insistimos en que el país necesita y exige una ley más justa y sustentable”.

LA REVISIÓN DEL GOBIERNO

Mientras se da el fuego cruzado entre ambos bandos, el actual gobierno no ha sido indiferente ante las pretensiones de revisar la “Ley Longueira”. De hecho, en el programa de campaña de Michelle Bachelet se mencionó la idea de estudiar la normativa y hacer cambios, de ser necesarios.

Ha sido por esta razón que, además del intercambio de cartas y entrevistas en medios locales del Biobío y que promete volverse nacional, las entidades han comenzado un trabajo para asegurar la vigencia de la actual ley, en un bando, y el cambio de la normativa, por el otro.

Fue en este último grupo donde un nombre llamó la atención: hace unas semanas la abogada –y ex ministra del Sernam en el primer gobierno de Bachelet– Laura Albornoz, confidenció que fue contratada para hacer asesorías a Lota Protein. Tal como ella, en el pasado fue su colega en el mismo gabinete, el ex ministro de Obras Públicas Eduardo Bitrán, quien también asesoró a la firma noruego-danesa.

Consultada sobre el alcance de la asesoría, la hoy directora de Codelco comentó a Qué Pasa que se trata de un trabajo en el cual se le han encargado informes de análisis de posibles reformas a la ley, ya que a su juicio la actual normativa no beneficiaría –como fue promovida la ley en 2012– al sector artesanal.

Además del trabajo con Albornoz, Lota Protein también ha encargado estudios a economistas, con el fin de avalar su postura de abrir el mercado pesquero. Estos estudios ya habrían sido entregados al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dado que el gobierno se ha propuesto un plazo de ocho meses para que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revise la normativa y sugiera perfeccionamientos. 

Esta alternativa es vista por los industriales como una oportunidad para que la FAO dé un sello de calidad a la actual ley. Los opositores, en cambio, ya anuncian que comenzarán un trabajo con los parlamentarios para que sea el Congreso el que modifique con mayor profundidad el texto legal. Una travesía que ya promete ser tanto o más agitada que la anterior discusión de la Ley de Pesca.