El pasado 18 de agosto, en las céntricas oficinas de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el vicepresidente de la institución, Eduardo Bitran, fue el encargado de abrir un seminario sobre innovación en la minería. En medio de su exposición, a eso de las 10 de la mañana, ingresó al lugar el controlador del grupo Ultramar, Wolf von Appen, quien también es director de SQM. Atravesó el auditorio y se sentó en la primera fila para escuchar el discurso de Bitran.

La sola presencia del empresario, según comentan testigos presentes en el salón, incomodó al vicepresidente de la Corfo. De hecho, apenas terminó su exposición, Bitrán abandonó el lugar, sin quedarse al término de la actividad, que incluía la participación de otros profesionales. La molestia de Bitran fue evidente, según relatan cercanos al ex ministro de Obras Públicas. Fue él mismo quien prohibió que ejecutivos de Corfo establecieran cualquier tipo de contacto con directores de SQM, por el arbitraje que ambas firmas enfrentan por el salar de Atacama. Por eso, que Von Appen asistiera al encuentro fue leído como una provocación.

El episodio de mediados de agosto no ha sido un hecho aislado en la tensa relación que ambas entidades mantienen desde fines de 2012, cuando la Corfo –en pleno gobierno de Sebastián Piñera– inició una serie de auditorías a SQM, con el fin de determinar si el pago que ésta realizaba por el arriendo del salar de Atacama, contrato vigente hasta 2030, se ajustaba a lo establecido. Tras evidenciar que había irregularidades, Bitran, a la cabeza de Corfo, decidió atacar con dureza: en mayo de 2014 pidió la caducidad del contrato y sometió a SQM, controlada por Julio Ponce Lerou y cuestionada por el financiamiento irregular de la política, a un arbitraje cuyo plazo fatal es mayo de 2016.

Julio y agosto han sido los meses más álgidos en la relación Corfo-SQM. El día 9 del mes pasado, ante un inminente acuerdo de conciliación, la entidad pública decidió desechar la propuesta de SQM y, de paso, la del árbitro Héctor Humeres, quien convocó a esa cita de conciliación. “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, comenta una fuente de la estatal.

INQUIETUD EXTRANJERA

Las semanas previas a la reunión con el árbitro Humeres, cita en la cual las partes conocerían la propuesta del juez, las oficinas de diversos ministerios –e incluso de algunos personeros de la Corfo– recibieron la visita de abogados y de ejecutivos extranjeros, todos representantes de inversionistas que participan de la propiedad de SQM. El foco de la conversación fue siempre el mismo: conocer la disposición de la entidad pública para concretar un arreglo. Pero la respuesta fue siempre la misma: esperar la propuesta de Humeres.

De acuerdo a la información conocida, el 9 de julio, el árbitro ofreció cerrar el juicio, si ambas partes aceptaban el pago que debía efectuar SQM a Corfo: propuso una cifra de US$ 17,1 millones. El juez, además, exigía revisar ciertos aspectos del contrato. Pese a que en SQM hubo voluntad para aceptar esos términos, la Corfo se negó de inmediato: proponían finalizar el juicio si la minera no metálica le pagaba US$ 36 millones y revisar el contrato sin limitantes.

Con la conciliación caída, Corfo se enteró de que la propuesta de SQM era pagar sólo US$ 1,8 millones. Eso indignó a Bitran, quien extremó su postura de no ceder. Dado este escenario, los inversionistas extranjeros transmitieron su preocupación no sólo a la cabeza de Corfo, sino que también a Rodrigo Azócar, quien si bien dejó la gerencia corporativa de la estatal en noviembre del año pasado para asumir la presidencia de Metro, sigue involucrado en este caso y junto a Bitran han armado la estrategia contra SQM.

En esas conversaciones, algunas realizadas en las oficinas de Azócar en Metro, los extranjeros le habrían planteado su aprensión respecto al conflicto: no entendían por qué Corfo insistía en continuar con una agresiva estrategia contra SQM, si ellos habían dado claras muestras de cambios y de mayor transparencia: habían removido a Julio Ponce Lerou de la presidencia de SQM y del directorio, además de incluir nombres de consenso en la mesa directiva, como Dieter Linneberg. Según cercanos a los privados, Azócar habría puesto atención a sus requerimientos. Sin embargo, luego recibieron otro mensaje desde el gobierno: para ceder en el arbitraje, Ponce debía dejar la propiedad de SQM.

Algunos accionistas de la minera no metálica han intentado destrabar el conflicto. Uno de ellos asegura que, hace 15 días, envió a uno de sus representantes a conversar con Ponce a sus oficinas. Le aseguró tener interesados para comprar su participación. Pero el empresario, como siempre, se negó. Por lo mismo, los extranjeros que están en la propiedad de SQM se han mostrado alertas: creen que Corfo llegará hasta las últimas consecuencias, incluido el cese del contrato, con lo cual SQM podría perder su principal fuente de riqueza: el salar, espacio de 28.054 pertenencias mineras, a las cuales SQM debe casi el 70% de sus ingresos anuales.

Pero la dupla Bitran-Azócar está lejos de ceder. Incluso más: solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que intervenga en el conflicto. Hace un mes, el organismo se hizo parte. Con esta estrategia se busca entregar una señal robusta a los tenedores de ADR –papeles garantes de acciones bursátiles en Estados Unidos– en la Bolsa de Nueva York: el arbitraje es entre el Estado de Chile y la compañía minera.

ACORRALANDO A PONCE

Cuando en 1993 la Corfo y SQM pactaron el arrendamiento de las pertenencias mineras hasta diciembre de 2030, se fijó un canon equivalente a US$ 15 mil por año, más un variable, correspondiente al 1,8% de las ventas anuales de litio y de cloruro de potasio. Cuando se realizó la auditoría en 2012, la Corfo detectó irregularidades históricas: SQM vendía a sociedades relacionadas, sin informarlas como tal, por debajo del precio de mercado. Por ende, la Corfo recibía menos dinero.

Bajo esa línea argumental, y en paralelo al juicio arbitral –el cual está entrando en la fase probatoria y que podría extenderse por seis meses– en la Corfo ya están en conversaciones para armar un equipo de abogados externos. La idea es repetir la exitosa fórmula que empleó en el caso Inverlink, pero esta vez para presentar una querella criminal. Al interior de la entidad pública llegaron al convencimiento de que este sistema de ventas entre partes relacionadas fue conscientemente utilizado para defraudar al Fisco, por lo cual iniciarían una arista para buscar encarcelar a quienes resulten responsables. De acuerdo a versiones gubernamentales, esto podría acelerar que Ponce ceda en renegociar la totalidad del contrato de pertenencias mineras y, además, ofrecer una salida mejor en términos pecuniarios.

Pero el camino para esa estrategia no ha sido fácil para la Corfo. Antes de que estallara el escándalo del financiamiento a políticos por parte de SQM, en especial de la Nueva Mayoría, el avance del arbitraje se vio entrampado por presiones desde el interior del oficialismo, con el fin de bajar la contienda con Ponce. De acuerdo a testigos del proceso, desde Hacienda e Interior llegaban constantes instrucciones para no escalar el conflicto y buscar una solución. Incluso han identificado a asesores del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, quienes continúan en la cartera y siguen realizando minutas sobre el arbitraje, el litio, con claras intenciones de favorecer a Ponce, según una fuente del Ministerio de Energía. Estas mismas personas han sido identificadas por recibir dineros de la empresa minera no metálica. Esos antecedentes serán entregados al Ministerio Público si se abre la arista penal.

Pero las presiones internas no han sido las únicas. En el entorno político también hay personalidades que han intentado destrabar el arbitraje. Una de ellas sería el lobbista Enrique Correa, quien asesora a SQM. El ex ministro ha sostenido varios encuentros para tender puentes entre las partes, todos sin éxito.

Algunos accionistas de la minera no metálica han intentado destrabar el conflicto. Uno de ellos asegura que, hace 15 días, envió a uno de sus representantes a conversar con Ponce a sus oficinas. Le aseguró tener interesados para comprar su participación. Pero el empresario, como siempre, se negó.

La Corfo ha sorteado los frentes de presiones y hoy es la que tiene el sartén por el mango. A las presiones que están ejerciendo contra los inversionistas extranjeros y la creación de un equipo jurídico para armar una ofensiva penal, la Corfo evalúa involucrar a la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN) en su arremetida. En Chile, la extracción de litio está limitada a 180.100 toneladas y es este organismo el que regula esa cuota. De acuerdo a los cálculos del equipo de Bitran, SQM llegará a ese límite en 2022, ocho años antes del término del contrato, por lo cual se verán obligados a solicitar un aumento en la cuota de extracción. Precisamente esa llave es la que podrían apretar, como una de las últimas opciones, en caso de que Ponce no ceda en sentarse a revisar el contrato. El capítulo sigue en puntos suspensivos.