A casi dos semanas de que se oficializara la llegada de Rafael Guilisasti al directorio y presidencia de sociedades Cascadas, las críticas a su decisión están lejos de cesar.
Pese a sus intentos por dar una impronta de profesionalismo a su nuevo rol —tras asegurar que no estaba disponible para ser "palo blanco" de nadie y que el objetivo era dar el paso a una nueva era en las sociedades— la controversia no se ha atenuado; más bien, el malestar y las críticas dirigidas al ex integrante de Corfo han ido "in crescendo" en los últimos días.
La prueba más reciente de esta explícita molestia —cuya ofensiva ha sido liderada por Eduardo Bitrán, pero respaldada también por otros actores de gobierno, como el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes— es el contraataque que la Corporación concretó este martes, al presentar ante la Contraloría General de la República una consulta para pedir un pronunciamiento.
Según detalla hoy La Tercera, Corfo barajaba dos vías para encausar las acciones en contra el ex consejero, al evaluar si recurría a la Contraloría o al CDE. El objetivo: que se dé una señal, respecto a la tesis de si Guilisasti incurrió en faltas a la probidad, al asumir como nuevo mandamás de las sociedades cascadas, inmediatamente después de dejar su cargo en la Corporación de Fomento de la Producción.
El argumento de fondo del organismo es que el traslado de Guilisasti compromete los intereses de Corfo, puesto que él tiene conocimiento de los puntos centrales de la estrategia jurídica con que Corfo enfrenta la situación de SQM en tribunales.
Ex contralor fustiga paso a Cascadas
En paralelo a la arremetida de Corfo, el ex contralor Ramiro Mendoza, también deslizó duros reparos a Guilisasti, según detalla Pulso.
"Creo que fue impropio lo que hizo. El conflicto de interés no está definido por la simultaneidad de la decisión, sino que está definido por la naturaleza del interés".
Ramiro Mendoza.
A la vez, planteó: "creo que fue impropio lo que hizo. El conflicto de interés no está definido por la simultaneidad de la decisión, sino que está definido por la naturaleza del interés. Entonces creo que esa es la principal conclusión que uno saca".
Agrega que "Guilisasti dice: yo asumí después que me había ido de Corfo. Si se hubiera dado en el mismo momento, ya no sería un conflicto de interés ya sería casi una figura casi penal. Es raro. ¿No sé qué le pasó Rafael Guilisasti en eso? Él es cuidadoso. ¿No sé qué le pasa a la gente en Chile hoy?".
Respecto de la intensificación de las críticas al ex consejero, Mendoza plantea que esto responde al escenario generalizado de desconfianza de la ciudadanía: "la gente se siente pasada a llevar. Eso está muy malo, y es lo que me preocupa".
Implicancias políticas
Los cuestionamientos a Guilisasti también han tenido eco en el mundo político. Así, para el mediodía está fijado en el Congreso un punto de prensa de la bancada PC-IC, para expresar su rechazo a las acciones de Guilisasti.
En la actividad los parlamentarios integrantes del bloque solicitarán la renuncia de Rafael Guilisasti de la Comisión Asesora Presidencial de Productividad, frente a la controversia que ha suscitado su paso desde Corfo a la presidencia de las sociedades cascadas de SQM.
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Reacciones por informe de cascadas
Según detalla La Tercera, distintas fueron las evaluaciones luego de que el fiscal Andrés Montes declarara en reserva el informe sobre el caso Cascadas del CEAL de la U. Católica de Valparaíso. Al respecto, el abogado de Julio Ponce Lerou, Jorge Bofill, resaltó que el documento habría concluído que “en las operaciones investigadas existió racionalidad económica y que ellas eran parte de una política habitual y sistemática de las propias compañías”. Bofill enfatiza que esa conclusión ratificaría lo que “siempre hemos sostenido como defensa: las operaciones cuestionadas con todas reales”.
Por otra parte, el abogado de Moneda Asset Managment, René García, planteó que “el informe habla de malas prácticas del gobierno corporativo y uso de información privilegiada que benefició a algunas sociedades”.
Mientras que Mauricio Daza, representante del accionista minoritario Roberto Lobos, “lo que demostraría el informe es que las cascadas cumplieron económicamente con su objetivo, pero el fin último de las operaciones era que sólo una de las sociedades, las de Julio Ponce, tuviera ganancias y eso está sancionado con cárcel”.
