Desde el inicio del llamado caso Caval, en febrero de este año, y a medida que se sucedían las revelaciones sobre la magnitud y los alcances del negocio, el nombre de Herman Chadwick Larraín comenzó a repetirse. También las dudas, suspicacias y acusaciones sobre el papel del abogado, quien en su primer encuentro con el fiscal Luis Toledo guardó silencio, prolongando las interrogantes que ahora están bajo la lupa de la Fiscalía y de la Superintendencia de Insolvencias y Reemprendimiento.
Chadwick es pieza clave en el escándalo en el que ha derivado la compra de tres terrenos en Machalí por parte de la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, y su socio Mauricio Valero. Fue el encargado de vender los campos de la familia Wiesner a Caval, en el marco de un convenio judicial preventivo que impediría que las deudas los llevaran a la quiebra. Si bien el proceso fue exitoso —se pagó el 100% de los pasivos, con un saldo a favor de más de $2.364 millones para la familia Wiesner—, aún persisten acusaciones contra la actuación del síndico. Concretamente, una de las grandes interrogantes es su cercanía y pago de $415 millones a Juan Díaz, gestor inmobiliario vinculado a la UDI, que trabajaba en la modificación del uso de suelos de los terrenos de Machalí.
Chadwick Larraín es uno de los pocos actores del caso que aún no declaran en la causa. A mediados de agosto se acogió a su derecho a guardar silencio, a la espera de contar con la carpeta actualizada. Dos días después, Juan Díaz optaba por la misma estrategia, algo que según la defensa del síndico no es más que “una mala coincidencia”. Hoy, la causa está en manos de Cristián Paredes, aunque se prevé que en los próximos días el fiscal Toledo reasuma la investigación.
Además, y al igual que los principales bancos acreedores —Bci y Rabobank—, la familia Wiesner objetó la cuenta final de Chadwick por los pagos realizados a Díaz sin previa aprobación. A fines de septiembre, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento hizo lo suyo. La superintendenta Josefina Montenegro cuestionó varios aspectos del proceso, poniendo el caso en su radar. Un par de meses antes —el 22 de abril— los ex propietarios de los terrenos interpusieron una denuncia criminal contra todos quienes resulten responsables por perjuicio a su patrimonio.
Hace dos semanas, Chadwick contestó las objeciones de la autoridad. En ellas puso a disposición del 4° Juzgado Civil de Santiago —donde se tramita el proceso administrativo— los $415 millones pagados a Juan Díaz y los $3,5 millones (140,86 UF) que —según la autoridad— existirían de sobrepago. Además, defendió los $96 millones que Helga Riffart depositó en una cuenta vinculada a un socio de Chadwick.
Mientras tanto, su defensa está a la espera de poder declarar apenas sea llamado por el fiscal del caso Caval. En el medio, una historia difícil de explicar.
EL VÍNCULO CON JUAN DÍAZ
Un llamado a Herman Chadwick cambió el devenir del caso. Algunas semanas después de ser designado como síndico interventor en el marco del convenio judicial preventivo que debía liquidar los campos del matrimonio de Patricio Wiesner y Helga Riffart, Juan Díaz contactó al síndico. Díaz —que había sido condenado por estafa en 2004 y que solía trabajar en tareas de cambio de uso de suelo y como gestor inmobiliario— se había enterado de su nombramiento y sabía que dentro de su mandato estaba la necesidad de modificar la zonificación. Díaz le habló entonces de Cynthia Ross: arquitecta, sobrina de Wiesner , con experiencia en la materia y que, de hecho, trabajó en la Municipalidad de Machalí entre 2012 y 2014. Luego, a través de las declaraciones del ex dirigente UDI Patricio Cordero se sabría que Juan Díaz había trabajado en 2012 con Caval y que su relación con Mauricio Valero continuaba.
Según la defensa del síndico, Chadwick y Díaz no eran cercanos. Díaz, en tanto —según las declaraciones de Ross ante el fiscal— aseguraba que habían trabajado juntos desde hacía años, que mantenían una relación de amistad y que sus vínculos abarcaban a otros integrantes de la familia Chadwick.
En su primer encuentro con el fiscal Toledo, Chadwick se acogió a su derecho a guardar silencio. Su defensa justificó tal decisión en el hecho de no contar con la carpeta actualizada. Dos días después hizo lo mismo quien había trabajado para él en el proceso, Juan Díaz.
A mediados de junio, en la oficina del síndico, Chadwick y su socio Andrés Orchard escucharon la propuesta de Cynthia Ross, acompañada de Díaz, para modificar la zonificación. El 29 de septiembre de 2011 se cerró el primer contrato que unió laboralmente a Chadwick y Díaz. Este último se haría cargo de los honorarios de Ross.
Contactado por Qué Pasa, Herman Chadwick no quiso realizar declaraciones. Sí lo hizo su abogado, Ciro Colombara. “La primera vez que el señor Chadwick contrató al señor Juan Díaz fue con motivo del convenio de la sociedad Wiesner S.A.”, asegura.
Fue el primero de dos contratos entre ambos por este caso. El segundo fue posterior a la venta de los paños: del 15 de mayo de 2014. Luego vendrían dos acuerdos más fuera del tema Wiesner.
En la carpeta investigativa hay más de 30 correos entre Chadwick y Díaz, desde 2011 hasta 2014. Uno puntualmente, del 21 de noviembre de 2014, llamó la atención de la Fiscalía porque podría demostrar un vínculo habitual entre ellos. Dice:
"Estimado Herman trabajando en lo acordado. Estoy terminando la carpeta de entrada de antecedentes de Renca, la próxima semana hacemos el levantamiento topográfico en conjunto con la muni. (…) Antofagasta está en su etapa final y falta un informe de evaluación que será entregado la próxima semana por la Seremi de Bienes Nacionales. Machalí estamos en conjunto con la Muni revisando cómo dejar el terreno con la mejor normativa de capacidad y de viabilidad de acceso… Y ten como siempre mucha confianza que estoy trabajando a full para terminar exitosamente las pegas encargadas. Un gran abrazo".
La Superintendencia de Insolvencia le pidió al síndico aclarar el segundo contrato entre Chadwick y Díaz (de mayo de 2014), entendiendo que el objeto de su trabajo se encontraba supeditado a la enajenación de los terrenos, lo que se había materializado a fines de 2013. Si bien Chadwick asegura en sus descargos que había un monto pactado que se cubriría una vez pagado el 100% de la deuda, el síndico optó por dejar a disposición del tribunal la totalidad de lo cancelado a Díaz: los $415 millones.
El abogado de la fiscalía de Rabobank Chile, Franciso Javier Conejeros, llegó el 6 de julio de 2015 a declarar frente al fiscal Toledo. Fue este último quien le exhibió por primera vez los contratos entre Chadwick y Díaz. La sorpresa fue inmediata. “Ninguno de estos contratos fueron sometidos a conocimiento, aprobación, autorización o acuerdo ni de la comisión de acreedores, como tampoco se citó a alguna junta extraordinaria de acreedores para tratar estas contrataciones”, sentenció Conejeros. Previamente había precisado que por ley todo tipo de gastos imputados a la masa debían ser aprobados por una junta. A renglón seguido, constató que los dineros pagados a Díaz (11.000 UF) estaban muy por sobre el valor que se paga para tareas equivalentes.
Dos días después, el 8 de julio de 2015, la reacción del abogado encargado de las gestiones de cobranza por parte del Bci en la comisión, Andrés Silva, era similar. “De lo que puedo leer (…) se pactó por corretaje a un tercero y con dineros de la masa honorarios por cerca de 11.000 UF en favor del Sr. Díaz, que constituye una cantidad que no me fue expuesta en detalle, pues de haberlo sido habría pedido que mi cliente ratificara dichas contrataciones y o comisiones dados los montos involucrados”, declaró.
“Como comisión no recibimos información en torno a la contratación ni las labores que debía cumplir el asesoramiento contratado por el Sr. Chadwick. Lo anterior tanto a nivel formal como informal, ni aun por correos electrónicos ni llamados telefónicos. (…) Siempre asumí que la gestión de venta era misión del liquidador, sin perjuicio de alguna contratación técnica menor”.
En septiembre, ambos bancos aludieron justamente a este hecho para objetar las cuentas del síndico. En su defensa ante el 4º Juzgado Civil, Chadwick sostuvo que su mandato era amplio, lo que le permitía realizar este tipo de actos. Añadió que el cambio de uso de suelo, si bien no se alcanzó a materializar, sí avanzó lo suficiente como para sextuplicar el valor de los inmuebles y asegurar el pago del 100% de los acreedores. Los trabajos del síndico lograron, de manera prácticamente inédita, subsanar toda la deuda, y dejar un saldo a favor de más de $2.364 millones.
Tanto los representante del Bci y de Rabobank en la comisión de acreedores como la familia Wiesner y la autoridad cuestionan el pago que realizó el síndico Chadwick a Juan Díaz. Los $145 millones cancelados no contaron con la autorización de las entidades financieras.
De manera coincidente, en el mismo mes de mayo, Juan Díaz le pediría a Cynthia Ross —según consta en su declaración— analizar un terreno en Renca para cambiar el uso de suelo de industrial a residencial también por mandato de Chadwick. El paño era de Inmobiliaria 22 Limitada, vinculada a María Victoria Quiroga Moreno, hermana de Isidoro Quiroga.
LAS REDES CHADWICK
Hijo de, sobrino de, primo de... Herman Chadwick Larraín (47 años, casado, cinco hijos) pertenece a una de las familias más influyentes de Chile. Es hijo del abogado, ex alcalde de Providencia y ex presidente del Consejo Nacional de Televisión, Herman Chadwick Piñera (UDI) y sobrino del ex ministro Andrés Chadwick Piñera(UDI). Su padre es, además, primo hermano del ex presidente Sebastián Piñera (RN), quien empleó a su hermana, María Irene Chadwick Larraín (UDI), como asesora en La Moneda. Hoy es ella quien le maneja las comunicaciones.
Antes de morir, su abuelo, Herman Chadwick Valdés —quien fuera conservador de Bienes Raíces de Santiago entre 1977 y 1997— lo nombró administrador de sus bienes y sociedades familiares. Chadwick Larraín tenía sólo 26 años. Hoy, dedica parte de su tiempo a cumplir con ese encargo.
Si bien sus familiares abarcan también otras corrientes políticas —su tía María Teresa Chadwick Piñera está casada con el ex ministro de los gobiernos de la Concertación José Antonio Viera-Gallo—, la UDI es el primer partido que surge a la hora de hablar de los Chadwick. Sin embargo, Chadwick Larraín no es militante. Su amigo Francisco Orrego asegura que su máximo contacto con la política se dio en la universidad, cuando pensó en vincularse con actividades partidistas, pero de RN. Algo que quedó en nada. “Nunca fue cerrado políticamente. Cuando fui candidato a diputado me apoyó”, asegura su amigo y ex subsecretario de Ricardo Lagos, Clemente Pérez.
LAS ACUSACIONES DE MANSOUR
El 14 de julio, Nabil Mansour, representando a Inversiones Groppo —vinculada a Pedro Heimpell—, aportó nuevos datos a su declaración ante el fiscal Toledo. Relata que en 2006, el entonces alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, le presentó a Juan Díaz. En 2012, ya eran amigos, por lo cual supo de la venta de los terrenos en Machalí. Mansour decidió ir por el negocio. “Esa es la sociedad que yo representaba, cuya oferta se gestionó a través mío, y con la que me entendía directamente con Juan Díaz, quien actuaba, a su vez, como intermediario de Herman Chadwick”, declaró ante el fiscal Toledo.
La oferta no prosperó (los Wiesner pedían 0,6 UF el m2 y Groppo ofrecía 0,56 UF). Mansour denunció irregularidades en el proceso:
"En la declaración anterior, no aporté un dato que yo conocía, cual era que yo sabía que el síndico Sr. Herman Chadwick y Juan Díaz cobraban por este negocio una comisión equivalente a esa época a una suma cercana de 28.000 UF, que ellos pedían para supuestamente sufragar gastos derivados de sus gestiones en el cambio de uso de suelo (…) En efecto, Pedro (Heimpell) me dijo que tal suma o comisión estaba siendo cobrada por Herman Chadwick, lo que a él le constaba luego de haber sostenido una reunión con él y Juan Díaz”, declaró al fiscal.
Aunque Mansour no estuvo nunca directamente con Chadwick, señala en su declaración que Heimpell con el síndico se vieron en más de una oportunidad. Según Mansour, fue durante el primer semestre de 2012 que Chadwick pidió el dinero. “Recuerdo incluso que Pedro estaba molesto con el cobro de esta comisión, porque no estaba dentro de las condiciones iniciales de este negocio, y solamente apareció al final”.
En la segunda declaración dada por Nabil Mansour —representante de Groppo, una de las sociedades que ofertaron por los paños de Machalí—, denunció que Chadwick y Díaz cobraban una comisión adicional de 28.000 UF. El abogado del síndico, Ciro Colombara, negó esa acusación.
El abogado Ciro Colombara niega tajantemente que Chadwick haya pedido esa suma de dinero.
Además, en su declaración ante el fiscal, Mansour contradice la cuenta que presentó Chadwick ante el 4º Juzgado Civil de Santiago. En ella, el síndico plantea que hubo dos ofertas previas a la de Caval: una de Groppo y una de Aginsa. Esta segunda sociedad es de Mansour. “No he ofrecido comprar ni personalmente, ni a través de alguna sociedad como Aginsa Ltda., los terrenos ubicados en Machalí y que son objeto de investigación. Lo que afirma el síndico Sr. Chadwick a fojas 944 del expediente indicado que tengo a la vista, no es efectivo, simplemente si bien yo soy el representante de la empresa Agencia Inmobiliaria de Santiago Ltda., a esa fecha yo era mandatario de Groppo Ltda.”.
Mansour incluso desliza una explicación ante Toledo: “No reconozco tampoco haber participado en la génesis de un borrador de promesa de compraventa que tengo a la vista. La única explicación lógica que puedo señalar, simplemente como una elucubración, es que Chadwick y Díaz estaban ganando tiempo y necesitaban una excusa para que el negocio con Heimpell no prosperara”.
Los bancos acreedores nunca conocieron ofertas previas a la de Caval. Hubo cinco reuniones entre la comisión y Chadwick y nada se dijo al respecto. “Durante el año 2012 ni en la reunión de enero del año 2013 el síndico informó acerca de la existencia de ofertas para la adquisición de los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena”, atestiguó el abogado de Rabobank. “De haber tenido esta información, el síndico debió haber informado a la comisión y haberse dejado constancia en el acta respectiva”, señala.
El abogado de Chadwick explica que efectivamente nunca se informó, porque todas las ofertas eran menores a 0,6 UF/M2 como exigían los Wiesner. Con Caval finalmente se cerró la venta en diciembre de 2013 en ese monto.
LOS PAGOS CUESTIONADOS
Abogado desde 1993, Chadwick estudió Derecho en la Universidad Católica e hizo un MBA en 2006 en el mismo establecimiento. Según su amigo Clemente Pérez, ese fue siempre uno de sus activos profesionales: manejar las leyes y también la gestión de las compañías. Desde 2000 ejerce como síndico. Su oficina, en El Golf 40, la comparte con su padre y otros abogados.
A fines de julio de 2014, Helga Riffart entregó $95,6 millones a una sociedad vinculada a un socio de Chadwick. El pago fue objetado por la autoridad y la familia Wiesner. El síndico aseguró que era un negocio aparte de su gestión y que no lo vinculaba. Un testigo refutó ese planteamiento.
Chadwick es reconocido como uno de los síndicos más importantes del país, a cargo de las quiebras más relevantes de los últimos años. Ha liderado los procesos de Rabié, Pesca Chile, Burger Inn, Clínica Alemana de Puerto Varas, entre otras. Ha participado también en los casos de La Polar, Campanario, Mario Silva Leiva, Operación Océano, Aerocontinente, Grupo Inverlink, etc. Sus pares reconocen que su labor se caracteriza por recuperar los créditos de los acreedores y para eso armó un equipo de 20 personas que le colaboran en estas tareas. Hasta hoy nunca se le había cuestionado públicamente un proceso.
A fines de julio de 2014, Helga Riffart pagó $95,6 millones a la sociedad Vicuña y Cía., ligada al socio de Chadwick, Andrés Orchard. La Superintendencia de Insolvencia y la misma familia Wiesner cuestionaron ese pago, asegurando que no estaba consignado en la cuenta final de liquidación. El síndico respondió en sus descargos que esos “honorarios adicionales” no eran parte de su cuenta, ya que fue una asesoría financiera que le habría hecho de manera directa Orchard a Riffart. Esta última lo cuestionó igual.
En mayo de 2014, ya enajenados los terrenos, Patricio Wiesner contactó a su contador de antaño, Jorge Lufín, para que le ayudara nuevamente, entendiendo el saldo a favor que tenían. En su declaración del 8 de junio de 2015 ante el fiscal, aseguró que fue el mismo Wiesner quien le confesó que tras la venta a Caval se le otorgó un premio a Chadwick por $96 millones vía un cheque de Riffart. “Hago presente que es el síndico quien señala que la factura la hicieran a nombre de esa sociedad, la cual al parecer fue creada para estos efectos”, relató Lufín ante Toledo.
Otro cuestionamiento que realizó la Superintendencia de Insolvencia fue respecto de los honorarios del síndico, que se habrían excedido en $3,5 millones. La suma bruta cancelada, alcanzó las 7.510,76 UF, debiendo haber retirado 7.369,81 UF. Chadwick señala en su defensa que el problema fue sólo de cálculo y no “de mala fe”.
La declaración dada el 18 de mayo de 2015 por el ex dirigente UDI, Patricio Cordero —quien trabajaba para Caval desde 2012 y era cercano a Juan Díaz— reafirmó las dudas, apuntando a un posible pago de honorarios después de la venta de los paños, y que de hecho un porcentaje de la enajenación que materializara Caval iría a su bolsillo.
Según atestiguó ante el fiscal Toledo: “Luego de la venta de Machalí, ignoro si Juan Díaz tenía compromisos adicionales con Chadwick en relación a la venta de estos terrenos. Sin embargo, él me dijo que parte de la venta, al menos $400.000.000 iban a corresponder a Herman Chadwick. Yo no indagué más en eso, pero esas fueron afirmaciones de Juan Díaz en varias oportunidades”.
Hoy, los cercanos a Chadwick aseguran que el caso Caval se ha transformado en un dolor de cabeza para un hombre que en el pasado se ufanaba de la protección que le entregan sus lazos. Reclaman que la fiscalización ha sido excesiva, como si fuera una quiebra, considerando que es un convenio judicial y por tanto con carácter privado.
Pero el abogado Ciro Colombara dice que está tranquilo: “La investigación del fiscal Toledo ha ido demostrando que todas las acusaciones eran falsas, por lo que no hay infracción penal alguna, y en cuanto a la controversia civil, tenemos la certeza que el tribunal civil en definitiva debiera aprobar la cuenta. Los errores formales que se pueden haber producido han sido subsanados”.
Colombara asegura que su cliente quiere declarar luego ante el fiscal. Mientras tanto, el abogado adelanta los próximos pasos. “Ejerceremos acciones en contra de quienes han hecho imputaciones falsas en contra del Sr. Chadwick”, advierte.
