El 17 de marzo de 2006, el ex gerente general de Drypers Andina —filial de CMPC en Colombia— Arturo Celis Caldas recibió una invitación. La trade marketing manager de Kimberly Colpapel, María Ximena Galvis, lo invitaba a “una visita de campo a Cali”, programada para el 23 de ese mes a las 14.00 horas. La actividad se había hecho extensiva también a ejecutivos de Tecnosur y Productos Familia, perteneciente en un 50% a la empresa sueca SCA, y en un 50% a la familia Gómez. Era la primera vez que CMPC, controlada por el grupo Matte, participaría.
Dos meses antes, a miles de kilómetros de distancia, en Chile, el ex gerente general de PISA (hoy SCA), Felipe Baraona, recibía la primera llamada del ex gerente general de CMPC Tissue, Jorge Morel, invitándolo a una reunión en un hotel. Este contacto, según la firma europea, marcaba el inicio de la colusión en el llamado cartel del confort en el país.
En 180 páginas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) —símil de la Fiscalía Nacional Económica— reveló los mails, reuniones y declaraciones que configuraron la supuesta colusión de los pañales en el país cafetero entre el 2000 y 2013. En 2014, la autoridad presentó el requerimiento en el que formuló cargos contra tres ex ejecutivos de Drypers (CMPC); seis de Familia (SCA); 26 de Kimberly, y nueve de Tecnoquímicas-Tecnosur, por haberse coordinado, fijando precios. La investigación está aún en proceso.
Según el organismo, CMPC —con sus marcas de pañales Chicolastic y Babysec y un 6,3% del mercado— ingresó al cartel en 2006. El mismo año que, según SCA, comenzó la coordinación del confort en Chile. Para la FNE y la SIC, no obstante, los acuerdos habían partido seis años antes.
A comienzos del 2000 —señala el escrito de la autoridad colombiana—, los supermercados comenzaron a exigirles a las marcas su participación en eventos promocionales. Según la declaración que dio un ejecutivo ante el organismo, los descuentos llegaron a ser casi del 40% de manera prácticamente permanente, “porque se inventaban eventos especiales, aniversarios y publicaciones semanales”. Así, presuntamente de manera concertada, Tecnoquímicas-Tecnosur (con el 47,8% del mercado y las marcas Winny y Velty), Familia (de SCA, con 22,9% del mercado con Pequeñín) y Kimberly (con un 13,9% de las ventas con Huggies) decidieron ponerle coto a esta situación.
El 2001, hubo algunos encuentros iniciales. En febrero de 2003 el representante legal de Tecnosur, Francisco Barberi, se reunió en Lima con tres altos ejecutivos de Kimberly (Juan Ernesto de Bedout, Mario Szeineaum y Patricia Kunzel Hernández) y acordaron, por primera vez, diseñar un archivo conjunto de precios.
Tres meses después, en las oficinas de Tecnosur, se sumó Familia (SCA), a través del jefe de Mercado de Baby, Mattias Gaviria, y la representante legal suplente, Luz Ángela Wills. En la oportunidad, se discutió sobre la estrategia de distribución de Familia y los precios de mercado de las compañías en el negocio de pañales. Estas listas fueron luego actualizadas en tres encuentros sucesivos en Panamá.
A esa fecha, en Chile, el cartel —según la FNE— llevaba también tres años. Al 2003 el ex controlador de PISA (hoy SCA), Gabriel Ruiz-Tagle, se había reunido en varias oportunidades con el ex gerente de CMPC Tissue, Jorge Morel, en hoteles, en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo y en una estación de bomberos con la finalidad de coordinar el alza de precios de los productos tissue, terminando con la guerra de precios desatada a comienzos de esa década.
En el intertanto, en Colombia todas las reuniones eran preparadas por los directivos-ejecutivos de las empresas. Eran ellos los que se contactaban con sus pares de la competencia. Definían fecha, lugar y qué empresa cubriría los gastos de la reunión. Si era en Cali, el anfitrión era Tecnoquímicas-Tecnosur; si era en Medellín, Familia (SCA), y si era en Bogotá, Kimberly. Las reuniones —que duraban entre 4 a 5 horas— derivaban en la fijación directa de precios de los pañales, con la implementación de márgenes, o en la fijación indirecta de precios, mediante la concertación de descuentos, además de reglar las características del producto. En cada reunión existía una pauta a discutir, donde se verificaba el cumplimiento de los acuerdos nuevos, se planteaban nuevos desafíos y se compartía información del mercado. “Los acuerdos de precios que se podían lograr en las reuniones de las diferentes categorías dependían exclusivamente de las cabezas, presidentes, pues ellos eran en última los que determinaban lo que debía hacerse (…) Estos hechos eran ampliamente conocidos por todas las áreas”, señala una declaración dada por un ejecutivo ante la SIC.
Al igual que en Chile, la colusión de los pañales en Colombia comenzó el 2000. Sin embargo, la autoridad cafetera reveló que CMPC —a través de su filial Drypers— entró al cartel recién en 2006, luego que una gerenta de Kimberly los invitara a una reunión, y que otro competidor les mandara un mail.
UN CENTENAR DE CORREOS
El 1 de julio de 2003, María del Pilar Correa, de Tecnoquímicas-Tecnosur, remitía un correo a ejecutivos de Familia y de Kimberly. “De acuerdo a nuestro último acuerdo, el 1 de julio nuestros precios deberán subir 5%. Este incremento, es obviamente, sobre el objetivo que ya deberíamos haber alcanzado, por lo tanto, les estoy enviando nuevamente los precios objetivos a los que debemos estar apuntando a partir de dicha fecha”.
Ese es el primer email de los cerca de 700 que contiene el expediente de la causa en Colombia. Todos ellos fueron enviados por correos personales e incluían órdenes de modificación de valores y listas de precios.
La filial de CMPC apareció recién a fines de 2005 en uno de los mails. El 13 de diciembre de ese año y bajo el asunto “Reunión”, María del Pilar Correa le remitía a Alejandro Botero, de Familia, y Arturo Celis, de Drypers, un documento en PowerPoint denominado “Bogotá-2.ppt” que contenía una presentación de los resultados de un encuentro realizado ese mes en la capital cafetera, donde se habían acordado los precios de los pañales para diferentes medidas y marcas.
Al igual que lo ocurrido en Chile, donde SCA acusa a CMPC de haber sido coaccionada y presionada a participar en este acuerdo, con la amenaza de hacerla desaparecer del mercado; en Colombia la situación se repetía, siendo el actor dominante el que hacía el seguimiento del acuerdo y presionaba a cumplirlo. En ese caso no era CMPC, sino Tecnoquímicas. El monitoreo era casi en paralelo en ambos lados del Cono Sur.
Mail del 30 de noviembre de 2007 de parte de CMPC a SCA en Chile. “Te adjunto archivo con la realidad del mercado al día de hoy. Como puedes ver, estás tremendamente desposicionado en relación a lo conversado… Se ve que aprovechaste del fin de mes. Hablemos urgente este tema”.
Mail del 2 de mayo de 2007 de parte de Tecnoquímicas a Kimberly y Familia (SCA) en Colombia. “Anexo les envío el chequeo de precios del fin de semana pasado para todo el canal de supermercados. Etapa 3 de Huggies Ultratrim está muy por debajo del objetivo. Asimismo Pequeñín Premium y Extraconfort en este último fin de semana están muy por debajo”.
Los monitoreos en Colombia eran continuos y detallados, incluían chequeos de precios por marca, por canal, por región, por etapa. “Te cuento que acabo de hablar con la persona encargada de droguerías y me informa que tu precio sigue debajo de Pequeñín y mío. Quiero saber si vas a seguir con estos precios. Pues de ser así me toca bajarme. Me parece una bobada que no subas el 3%”, rezaba el mail mandado por Tecnoquímicas a su competencia a fines de 2007. Las declaraciones existentes en el expediente dan cuenta que si las otras compañías no hacían caso, el líder del mercado bajaba los precios. Y como su distribución era directa y no vía distribuidores —plantea un testimonio—, su capacidad de reacción era muy rápida.
En paralelo, las reuniones continuaban. Entre 2008 y 2011 hubo al menos diez encuentros en torno al cartel de los pañales. La mayoría de ellas en hoteles. La última, el 10 de mayo de 2011.
En Chile, desde 2006 a 2012 hubo ocho citas entre ejecutivos de CMPC Tissue y gerentes de SCA, con miras a coordinar los precios del confort. Los lugares escogidos también eran hoteles. El último encuentro fue a fines de 2013, el tema: la preocupación por la participación que estaba ganando Kimberly-Clark en el mercado del tissue, firma que era parte del cartel de los pañales en Colombia.
“Esta delegatura encontró que de conformidad con la información obrante en el expediente, existen pruebas que indicarían que las posibles conductas anticompetitivas (…) podrían estarse adelantando en otros países”, señaló la SIC.
EXPANSIÓN DEL CARTEL
“Está delegatura encontró que de conformidad con la información obrante en el expediente, existen pruebas que indicarían que las posibles conductas anticompetitivas (…) podrían estarse adelantando igualmente en otros países en los que algunas de estas empresas también desarrollan la actividad de producción, distribución y comercialización de pañales”, asegura la SIC en la versión pública del escrito. Cuatro son los correos electrónicos que la autoridad plasma como antecedente para acreditar tal expansión del cartel.
El primero data del 10 de diciembre de 2002, entre el gerente para Ecuador de Kimberly, Antonio Caicedo, y el director general de Kimberly en EE.UU. de la época, Glenn Abraham Karlov. En él, Caicedo le comenta la llegada de una nueva competencia en el mercado de pañales. Asegura que una firma les pidió una reunión para supuestamente hacerles su marca propia. Ellos se negarían, contactándose con Familia (SCA) para que hiciera lo mismo. “No sé si te parece, pero sería muy interesante que a nivel regional confirmaras de esta decisión de las dos compañías en Ecuador”, señala el correo.
En un segundo email, del 5 de diciembre de 2005, un nuevo ejecutivo en Ecuador de Kimberly le remitía un correo a Caicedo, ahora a cargo de la operación en Venezuela, para que recibiera a una gerenta de Familia. “Yo me reuniré con ella la próxima semana para tratar temas de precios y competencia”, le señalaba el emisor.
El expediente contiene también una serie de declaraciones que —según constata la autoridad— podrían ser calificadas como indicios graves de que las compañías en cuestión llevarían varios años realizando acuerdos anticompetitivos, alcanzando niveles internacionales, dada su presencia regional. Frases como “No tengo dudas que todo el mundo sabía a nivel regional de los acuerdos, todo el mundo es todo el mundo” se repiten en al menos tres declaraciones de testigos.
ESPONTÁNEA DILUCIÓN
En 2011, el cartel del confort en Chile comenzó a diluirse. El incendio en una planta de SCA y la consiguiente pérdida de producción y de participación, además del término de la petición de sugerencias de precio por parte de los supermercados, hicieron que el seguimiento por parte de CMPC decayera, pese a que existen registros de que al menos hasta 2013 hubo contactos.
En paralelo, y tras el estallido de la investigación por parte de la SIC, el cartel de los pañales terminó en Colombia.
En noviembre de 2013, el organismo antimonopolio llegaba a las oficinas de Familia buscando antecedentes al respecto. Los días 22, 23 y 24 de julio del año siguiente, la autoridad hacía lo mismo en las dependencias de Drypers. Ese mes, el grupo Matte se enteraban en Chile de la investigación.
Dos compañías en Colombia —entre ellas Familia— se acogieron al beneficio de delación compensada.
El 4 de diciembre de 2014, la Fiscalía Nacional Económica inició la investigación orientada a la colusión de productos tissue. En marzo de 2015, CMPC se autoinculpó. En octubre hizo lo mismo SCA.
Ahora, mientras el expediente en Colombia suma más de 1.300 documentos, en Chile el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia comienza recién a ver la causa. El resto de Latinoamérica, en tanto, ya pone a los productos cuestionados en su radar.
