A lo mejor por última vez. El próximo 14 de diciembre, la ex gerenta de Administración de La Polar, María Isabel Farah; el ex gerente general y presidente de la compañía, Pablo Alcalde; y el ex gerente de Productos Financieros del retailer, Julián Moreno, pisarán quizá por última vez lo que hace exactos cuatro años se transformó en un lugar recurrente.

El 14 de diciembre de 2011, los tres ejecutivos llegaban por primera vez al Centro de Justicia de Pedro Montt para ser formalizados por liderar uno de los escándalos financieros más emblemáticos del país: el llamado caso La Polar que, mediante la alteración de balances y la repactación de deudas sin consentimiento de los clientes, desplomó la acción, causando efectos perversos en sus accionistas y en el mercado en general. Ese día, los tres ejecutivos pisaron también por primera vez una cárcel para cumplir cuatro meses de prisión preventiva. Hoy, cuatro años después, los mismos ejecutivos se preparan para intentar dejar atrás Pedro Montt.

A comienzos de noviembre, el Ministerio Público se contactó con las defensas de los imputados para evaluar la posibilidad de ir a juicio abreviado, lo que evitaría el desarrollo de un juicio oral que podría durar un año, con sus consiguientes efectos económicos y de personal. Los abogados de Moreno, Farah y Alcalde se abrieron a analizar esa posibilidad. Hoy, a tres semanas de que esa salida deba ser planteada ante el Segundo Juzgado de Garantía, el fiscal a cargo del caso, José Morales, y las defensas ya trabajan en el acuerdo que les permitirá cerrar la bullada arista penal del caso La Polar.

LOS TRES O NINGUNO

Tres a cuatro fiscales, dos a tres profesionales y uno a dos administrativos. Esa es la carga de personal que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Centro Norte —liderada por Morales— debiera destinar si es que se llegara a juicio oral. Personal que tendría que estar un año preocupado sólo de este caso, descuidando el resto de las causas, dado que más de la mitad de las manos que tiene esa Fiscalía estarían con dedicación exclusiva en La Polar. Esa es la razón principal de por qué el Ministerio Público ha estado promoviendo la realización de un juicio abreviado —que duraría uno o dos días— y esa es también la razón principal de por qué es todos o ninguno. “Es un mandato de arriba y consensuado por todos. Para la Fiscalía el tema es preparar el juicio oral, hacerlo para uno o los tres es lo mismo”, señala un cercano al proceso.

Dado ello, la determinación está básicamente en las defensas. El problema radica en que para acceder a un procedimiento abreviado, los formalizados deben asumir los hechos que constan en la acusación; es decir, Farah tendría que asumir que entregó información falsa al mercado, que hizo uso de información privilegiada y que lavó activos; lo mismo debiera reconocer Moreno. Alcalde, en tanto, debiera asumir la entrega de información falsa y el lavado de activos. Sobre él no hay acusación de uso de información privilegiada.

Cerca de US$ 4 millones  en dinero y activos de Farah, Moreno y Alcalde mantiene incautados el Ministerio Público. De ese total, en torno a US$ 1,7 y US$ 1,8 millones tendrían origen ilícito, por lo que se les aplicaría la pena de comiso, quedando definitivamente en manos del Fisco.

Ligados al proceso aseguran que con los abogados de Julián Moreno, equipo que lidera Miguel Chaves, el tema está bastante avanzado. El débil estado de salud del ex gerente de Productos Financieros y su situación económica lo harían reconocer los hechos, aunque persista en su inocencia. Con María Isabel Farah —cuyo abogado es Alex Carocca— sucedería algo similar. El análisis con ella ha ido más lento, puesto que su padre murió el 2 de noviembre pasado por lo que no ha tenido “cabeza para analizar el tema aún”, destaca un cercano. Añade, sin embargo, que Farah no tiene energías para sostener el costo emocional y económico de un juicio oral.

La duda está con Pablo Alcalde, representado por Jorge Bofill. Cercanos precisan que él tiene el dinero para sustentar un juicio oral, y que el inculparse de algo que según él no hizo, lo complica en demasía. Ahora está justamente pensando ambas alternativas —dicen cercanos—: responsabilizarse e ir a un abreviado que durará máximo dos días, o estar un año con la presión mediática encima arriesgándose a recibir de todas formas una condena al final del proceso.

FóRMULA MATEMÁTICA

Cerca de US$ 4 millones en dinero, bienes y derechos sociales pertenecientes a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno mantiene incautados el Ministerio Público. Sobre ese patrimonio no se pueden celebrar hoy actos o contratos. Ahora, la Fiscalía debe determinar cuánto de ese total es de origen ilícito —derivado del lavado de activos que pesa sobre los tres imputados— y, por consiguiente, cuánto quedará en manos del Fisco, lo que se denomina la pena de comiso. Esta es, coinciden protagonistas del proceso, el principal escollo a superar para cerrar un acuerdo entre defensas y Ministerio Público que permita llegar a un juicio abreviado.

Hace un par de semanas, el fiscal a cargo del caso, José Morales, se reunió con cada una de las defensas para entregarles una fórmula matemática inédita —diseñada por la Fiscalía Nacional— que define cuál es el porcentaje de esos bienes que tienen un origen ilícito y que la Fiscalía pretende incautar. Según cálculos preliminares, en total sería en torno a un 40% del monto total que el Ministerio Público tiene en sus manos, es decir, una suma que bordearía los US$ 1,7 y US$ 1,8 millones, señalan altas fuentes de la investigación. El resto se dejaría a merced de los querellantes para que puedan resarcirse, vía acciones civiles, con el saldo del patrimonio de los imputados.

“Lo más complejo es qué bienes se imputan. La Fiscalía planteó un criterio único, matemático y que es conocido por todas las defensas. La negociación con todos es conocida por todos”, subrayan fuentes del Ministerio Público. “La fórmula consiste en que la misma cantidad de dinero que ellos hayan obtenido de origen ilícito debe ser incautada de aquellos bienes que están con prohibición de celebrar actos y contratos”, añaden.

Hoy, el patrimonio que, a juicio del Ministerio Público tiene origen ilícito, se compone de todos los bonos que los tres ejecutivos ganaron durante el período que se cometió el delito (entre 2006 y 2011), puesto que estos bonos estaban sujetos a desempeño y, al alterar los balances, mejoran las utilidades y ganan estos dineros extras. En el caso de Farah, este monto llega a los $ 120 millones; en el caso de Alcalde, a $ 375,9 millones; y en el de Moreno, a $ 166 millones.

Además, existen bienes muebles que también habrían tenido procedencia ilícita a juicio de la Fiscalía. Los derechos sociales (participación en sociedades) se están dejando fuera.
La discusión con las defensas está en qué bienes entran en esta pena de comiso. “Lo que la Fiscalía está tratando de hacer es preferir dinero a casas a incautar, aunque todo eso es parte de la negociación”, dice un involucrado en la causa. El Ministerio Público, no obstante, no recibirá fórmulas alternativas, puntualizan cercanos a la Fiscalía.

LIBERTAD VIGILADA

Cinco años como máximo deben ser las penas que arriesgan los imputados para acceder a un juicio abreviado. La modificación a la Ley de Lavado de Activos fue justamente lo que gatilló esa posibilidad. En febrero, se estableció que la condena sujeta a ese delito no puede ser mayor a la pena del delito original, que en este caso dice relación con las infracciones a la Ley de Mercado de Valores, que justamente son menores a cinco años. Antes, el lavado de activos tenía una pena superior a cinco años, a la que se sumaba la del delito base, lo que imposibilitaba llegar a un juicio abreviado con los tres principales formalizados en La Polar.

De alcanzarse un acuerdo con las defensas, el 14 de diciembre el fiscal Morales pedirá la pena tope de cinco años. Además quedarían inhabilitados para ser director o gerente de empresas reguladas por la SVS. El precedente ya está con el ex gerente general del retailer, Nicolás Ramírez, con quien justamente se alcanzó un juicio abreviado en septiembre de 2014, y se pidió también el máximo de cinco años.
Resorte del juez serán los beneficios a los que podrán optar los imputados para no cumplir la pena privados de libertad. Existe prácticamente unanimidad en que los ejecutivos serán condenados y no absueltos, por lo cual se espera que el tribunal les otorgue el beneficio de libertad vigilada que les permite cumplir las sanciones libres. La intachable conducta anterior y las medidas preventivas que ya cumplieron —prisión preventiva y arresto domiciliario— apoyarían tal determinación. “Sería muy extraño que el juez ordenara cárcel. La Fiscalía, además, no va a pedir que cumplan pena privativa”, destaca un abogado del caso.

Es probable que, durante la audiencia del 14 de diciembre, el ex gerente corporativo de Finanzas, Santiago Grage, que también está imputado en la causa, no sea condenado, sino que sea suspendido condicionalmente. Es que, dado que la pena que arriesgaría no sería superior a los tres años, puede acceder a esta salida alternativa que se traduce en terminar el proceso cumpliendo ciertas condiciones. Esto, siempre y cuando, se alcance un abreviado con el resto. De terminar en juicio oral, irían los cuatro.

QUERELLANTES ALINEADOS

Múltiples son los querellantes que ha ido sumando el caso La Polar. Desde las AFP hasta el mismo retailer se han ido haciendo parte de la causa. Hoy, sin embargo, su visión es prácticamente generalizada: respaldar al Ministerio Público con el juicio abreviado y cerrar la arista penal, sin apelar tal resolución ante la Corte de Apelaciones.

De alcanzar un acuerdo con las defensas para ir a juicio abreviado, el Ministerio Público solicitaría una pena de cinco años. Además, los ejecutivos quedarían inhabilitados para ejercer cargos ejecutivos en empresas supervisadas por la SVS.

“En razón del transcurso del tiempo, del desgaste que ha significado esto para los accionistas, y considerando que en un escenario de juicio oral no serán condenados con pena efectiva, estimamos que el juicio abreviado es un camino adecuado”, señala la abogada de accionistas minoritarios, Bárbara Salinas. “Creemos que vía juicio abreviado serán de todas formas condenados. A los accionistas les interesa que carguen con el peso de una condena penal, además, esto tendrá incidencia en los juicios civiles que se están llevando a cabo y que espero permitan subsanar en algo el enorme daño patrimonial y moral causado”, agrega.

Más allá de ello, el abogado de AFP Cuprum Gonzalo Medina insistiría, tal como lo ha planteado en otras audiencias, en tipificar ciertos hechos bajo el delito de estafa, lo que no obstante no alteraría el máximo de la pena y, por consiguiente, el desarrollo de un juicio reducido, sino que serviría para reforzar su posición en los juicios civiles, aseguran cercanos al proceso. Es que si bien el 14 de diciembre se cerraría la batalla penal y se dilucidaría la condena de los protagonistas del caso, los afectados seguirán su pelea en la otra instancia con miras a poder resarcir en parte el perjuicio económico causado.