Fue como una bomba que detonó este miércoles. La información de que la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento para indagar el actuar de tres cadenas de supermercados, que habrían actuado de manera concertada para fijar precios mínimos para la carne de pollo, desató una guerra de declaraciones, acciones y hechos esenciales en el mundo político y económico.

Aunque de menor envergadura que la colusión del "cartel del papel confort",  Cencosud, Walmart y SMU fueron señaladas con el dedo por la FNE y a partir de hoy por el gobierno. Los aludidos se defienden, alegan inocencia e incluso acusan persecución y "aprovechamiento político". El gobierno responde y promete acelerar el proyecto que penaliza con cárcel la colusión, tal como lo hizo en octubre pasado, sin resultados evidentes.

El remezón en el empresariado

Desde Cencosud, emitieron un comunicado en el que responden que "la compañía descarta de plano haberse coludido con su competencia, por lo que se defenderá enérgicamente para demostrar su inocencia. Aquí no existe colusión".

A esto se suma una carta de Nicolás Ibáñez (D&S), que rechazó "enfáticamente el intento de la Fiscalía Nacional Económica de perseguir, desprestigiar y enlodar a las empresas de supermercados aludidas en el requerimiento presentado el día de hoy (ayer) ante el Tribunal de la Libre Competencia".

También dijo que la FNE  y el TDLC expusieron este caso en la prensa "con un claro intento de aprovechamiento político".

No conforme con ello, agregó que resulta "inaceptable que el intento del gobierno, a través de esta maniobra inconducente y claramente mediática, de tratar una vez más de desprestigiar a los empresarios".

A su turno, Walmart expresó que la empresa "no ha sido notifica del mencionado requerimiento".

Desde otra posición, la Sofofa reaccionó y señaló por medio de un comunicado, que retiera su condena a "cualquier acto que atente contra la libre competencia y transparencia del mercado, rechazando enérgicamente cualquier acción que genere algún tipo de perjuicio a los consumidores y a la fe pública".

El organismo, liderado por Herman von Mülhenbrock, detalló que "la Comisión realizará su investigación y llevara adelante las acciones que están establecidas en su reglamento".

Cabe recordar que la misma instancia se encuentra indagando los pasos de CMPC, en el marco de la colusión de las papeleras, a lo que sumaría ahora este otro caso. 

La visión del gobierno

No sólo la presidenta Michelle Bachelet y sus ministros del área económica salieron a deplorar la ocurrencia de los hechos que denuncia la FNE, en torno a los supermercados.

El ministro del Interior, Jorge Burgos, recogió el guante que lanzó Ibáñez y contestó duramente a sus alusiones, respecto del presunto interés de La Moneda por levantar el caso.

Según señaló "la FNE llega a una conclusión después de una larga investigación, que existen a su juicio fundamentos para determinar que hay maniobras colusivas contrarias al funcionamiento del mercado. ¿Qué hace la Fiscalía? Presenta una acusación ante el ente jurisdiccional que resuelve, porque hay una institucionalidad, que es el Tribunal de Libre Competencia".

"Será el Tribunal de Libre Competencia, que como ha ocurrido en muchos casos, creo que en la mayoría, respalde la decisión de la Fiscalía, o eventualmente -de acuerdo a los procedimientos- tenga una opinión distinta".

En la misma línea, acotó que "ahí es donde las personas que se sienten injustamente acusadas, como el empresario que señala, pueden defenderse, en vez de estar haciendo adjetivaciones que no tienen justificaciones y anunciar persecuciones que no existen. La institucionalidad funciona para todo el mundo".