En su etapa final. Así está el proceso que finalmente calificará si la cuenta realizada por el síndico Herman Chadwick al amparo del Convenio Judicial Preventivo del patrimonio de la familia Wiesner —ex dueños de los terrenos de Machalí— fue lícita o no, gestión que podría determinar su futuro como síndico de quiebras.

Ayer, la Superintendencia de Insolvencia presentó su informe final acerca de las objeciones a la cuenta ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, lugar donde se tramita la causa y que había solicitado a la autoridad este reporte.

En el documento de 12 páginas, el Superintendente de Insolvencia (TP), Andrés Pennycook, parte haciendo un resumen del convenio. Recuerda que en 2011, la empresa Wiesner S.A. presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago, una proposición de Convenio Judicial Preventivo, con el objeto de proceder a una liquidación ordenada de activos. Aprobada la fórmula, se designó una comisión de acreedores, integrada por Banco Security, Rabobank y BCI. Luego se estipuló que Herman Chadwick Larraín actuaría como liquidador.

El 13 de mayo de 2015, el síndico rindió ante el tribunal la cuenta final de su gestión, y se llamó a junta de acreedores para su aprobación, instancia que la impugnó.

Tras el análisis, la Superintendencia se centra en dos objeciones a la cuenta que denotan errores en el actuar del abogado.

La primera dice relación con la falta de aprobación por parte de la junta de acreedores de los gastos derivados del convenio, entre ellos los $415 millones pagados a Juan Díaz, operador clave del caso Caval. “Se concluye que en ninguna de ellas (las actas de la Comisión de Acreedores) se presentó un presupuesto de los gastos generados por ocasión de la liquidación de los activos (…) y, por consiguiente, tampoco se aprecia en estas actas la aprobación de los mismos”, señala el informe.

En segundo término imputa el supuesto honorario adicional por $96 millones que habría recibido el síndico. Puntualiza que el pago de Chadwick fue fijado por los acreedores, de acuerdo a los honorarios legales de los síndicos de quiebra, que establecen que estos son proporcionales al monto de los repartos que se efectúen en la quiebra. Si es que se hubiese querido sumar un honorario adicional, se habría podido, siempre y cuando, se tuviera la aprobación de todos los acreedores, lo que no sucedió. Sin perjuicio de ello, existe una hoja entre los documentos acompañados por el abogado que refleja un monto por concepto de “honorarios adicionales” ascendente a $95.960.000 millones, razón por la que se objeta esa cifra.

Luego de este reporte entregado por la Superintendencia, el juzgado civil deberá fallar. Si el tribunal rechaza finalmente la nómina, la consecuencia derivaría en la expulsión de Herman Chadwick de los registros de síndicos.

La superintendencia señaló, además, que el pasado 4 de diciembre solicitó que se oficie al Ministerio Público para que informe si Chadwick percibió todo o parte de los $96 millones en cuestión, antecedentes que podrían complementar el informe final presentado.