El martes, el gobierno anunció la salida de quien había estado a cargo de la Superintendencia de Casinos (SCJ) desde el año 2012, Renato Hamel Maturana. El próximo lunes, el director de Gestión de Servicios del Ministerio de Hacienda, Daniel García Fernández, tomará la posta —en forma transitoria y provisional— de la repartición.

Desde la secretaría de Estado aseguraron que la desvinculación respondió a los malos resultados obtenidos luego de un proceso de evaluación.

Hamel (independiente) asumió bajo el gobierno de Sebastián Piñera —vía Alta Dirección Pública— y se mantuvo con la administración Bachelet. Desde el cambio de mando que la labor del ex superintendente ha estado en entredicho. La polémica licitación del casino de Chillán —que debiera haber estado asignada hace más de un año y continúa en proceso, tras una serie de acciones judiciales— es sólo la punta del iceberg de una gestión marcada por demandas y acusaciones en torno a la entidad que previo a la era Hamel se había mantenido al margen del escrutinio público.

Entre el 27 de enero y el 1 de febrero pasado, la Superintendencia de Casinos fue notificada de cuatro demandas en su contra. Se trata de acciones por tutela laboral con ocasión de una serie de despidos, entre ellos las de dos abogados de la División Jurídica del organismo.

El organismo queda descabezado en instancias en que debe aprobarse el nuevo reglamento que normará todo el proceso de licitación de los casinos municipales. Se trata de siete salas —entre ellas el tradicional casino de Viña del Mar— que a fines de 2017 pasarán, de depender de las comunas respectivas, a la fiscalización de la Superintendencia de Casinos. Actualmente, la entidad regula una industria compuesta por 16 salas, con ingresos por $ 293.450 millones al año. Los casinos atraen a más de 5 millones de chilenos anualmente.

En medio de este proceso, que se define como la principal modificación normativa desde la creación de la industria en 2005, no sólo sale Renato Hamel, sino que la entidad es objeto de demandas de varios de sus abogados, a lo que se suman denuncias por acoso laboral que entrampan su normal funcionamiento.

LA SEGUIDILLA DE DEMANDAS

En sólo cuatro días la Superintendencia de Casinos fue notificada de cuatro demandas en su contra. Entre el 27 de enero de 2016 y el 1 de febrero pasado, las causas por tutela laboral con ocasión de despido se acumularon de manera inédita en las oficinas del organismo. En el portal del Poder Judicial no aparece ninguna acción de este tipo antes de 2015.

Los denunciantes eran dos abogados del organismo, Rosa Rojas y Felipe Díaz; la secretaria de la unidad de Administración, y Finanzas, Victoria Opazo Pradenas y el Fiscalizador, Paulo Palma Correa, quienes en noviembre de 2015 fueron notificados que no se les renovaría la contrata, utilizando como fundamento “el solo ministerio de la ley”, es decir, por la sola atribución del jefe directo. En noviembre de 2014, el gobierno había oficiado a todas las reparticiones para que, en caso de no renovar contratas, esto estuviera limitado sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de criterios objetivos que impidan discriminaciones arbitrarias. Esto es, debían sustentarse en procesos de evaluación de desempeño o en su defecto en la no continuación de programas o planes para los cuales se prestan los servicios en las respectivas instituciones.

Rosa Rojas Cabello —señala la demanda— llevaba una década en la institución como abogada de la División Jurídica. Desde el año 2010 asumía la subrogancia del área cuando no estaba su jefe directo —hoy Carlos Silva—, desde 2014 a junio de 2015 fue la encargada del Comité de Regulación de la SCJ y siempre había sido evaluada con la máxima calificación.

El otro abogado demandante es Felipe Díaz Wittig. Trabajaba en la Superintendencia desde noviembre de 2006, encargado de la coordinación y seguimiento de las metas de desempeño de la División Jurídica y siempre había sido evaluado en la Lista 1 de calificación.
También fue desvinculado un tercer abogado: Pablo Fuentes, el cual fue recontratado a honorarios por tres meses. El mismo ofrecimiento le hicieron a Rosa Rojas, quien no aceptó. Así, en medio del proceso de preparación del reglamento que sustentará la nueva ley de casinos, Carlos Silva desvinculó a tres de los cuatro abogados que tiene a su cargo. Sólo quedó Ricardo Saavedra, presidente de la Asociación de

En julio de 2015, el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago falló a favor del ex jefe de Informática de la SCJ, Máximo Lardies, quien demandó a Hamel tras haber sido despedido por supuestas “represalias”, luego que interpusiera una denuncia por acoso laboral.

Funcionarios de la Superintendencia de Casinos de Juego, entidad que se reunió con Hamel para abordar este punto. Saavedra defiende lo realizado. “La respuesta del superintendente se apegó a lo señalado en diversos dictámenes de la Contraloría General de la República, según la cual la autoridad puede adoptar la decisión de no renovar una contrata por el solo ministerio de la ley”. Añade que “nosotros podíamos visualizar diversos problemas de índole administrativo que podían haber sido causales para la no renovación, tales como problemas de relaciones interpersonales, conflictos con la jefatura, malas calificaciones”.

Si bien la explicación que les dio Carlos Silva a los trabajadores despedidos se tradujo en el “solo ministerio de la ley”, las acciones judiciales presentadas por los afectados revelaron nuevos antecedentes.

En diciembre de 2014, Rosa Rojas detectó —en el contexto del proceso de postulación para un permiso de operación de un casino en Chillán— que la boleta de garantía que deben presentar los interesados (en este caso Chillán Casino Resort de Boldt-Peralada y Marina del Sol Chillán), y que debe estar vigente por todo el proceso, estaba próxima a vencer ese 31 de diciembre. Rojas mandató a Ricardo Saavedra la preparación de un borrador oficio, recordándole a ambas sociedades este punto. Recién el 2 de enero se despachó el documento. Considerando eso y que Marina del Sol acompañó la boleta de garantía recién el 7 de enero, es decir, fuera de plazo, Carlos Silva encargó un informe jurídico reservado a Ricardo Saavedra para que evaluara las consecuencias de lo ocurrido. “El jefe de la División Jurídica solicitó la máxima discreción respecto de la realización de dicho informe”, señala la demanda de Rosa Rojas. En el reporte, Saavedra concluye que Marina del Sol había incurrido en un incumplimiento legal y reglamentario respecto de la obligación de mantener vigente su boleta de garantía bancaria durante todo el proceso, lo que conllevaría a que quedara fuera de dicho proceso de otorgamiento.

El 10 de marzo, Silva mandató a Saavedra a que copiara el informe que preparó en un pendrive o CD al resto de los abogados del equipo, “prohibiéndoles que dicho informe circulara por correo electrónico institucional”, se lee en la demanda de Felipe Díaz.
El 12 de mayo, el otro competidor, Boldt-Peralada, envió una solicitud a la SCJ pidiendo dejar fuera a Marina del Sol por no haber mantenido al día la boleta de garantía. El 4 de agosto, la Superintendencia dictó su resolución al respecto, rechazando la solicitud de Boldt, permitiendo que Marina siguiera en el proceso, pese al reporte que señalaba que debía quedar excluida.

El informe fue revelado el 23 de noviembre de 2015 por el diario El Mostrador, señalando que este había sido ocultado al Ministerio de Hacienda. La publicación generó indignación en el gobierno, intensificando el enojo del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco —jefe directo de Hamel—, que ya estaba molestó con la gestión del ex superintendente por la demora del proceso en Chillán.

El mismo día de la publicación, Silva citó a todos los abogados a una reunión, señalándoles la gravedad de la filtración del informe y que ello traería consecuencias para la División Jurídica. “En esa reunión se hace presente que se quiere dañar al Superintendente”, señala una de las demandas. Rosa Rojas recomienda que se haga un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, proceso que jamás se realizó.

El 30 de noviembre fueron despedidos los abogados antes nombrados. Los reemplazantes no tardaron en llegar. En medio de un proceso de cambio normativo, se contrató a Pascual Cortés Carrasco, 27 años, y que había jurado hace tres meses; Gloria Donoso Azar, proveniente de la Municipalidad de Quinta Normal, comuna liderada por la DC Carmen Gloria Fernández; y a Raúl Retamal Gajardo, profesor de la Universidad de Los Lagos, al igual que el jefe de la División de Estudios y Autorizaciones de la SCJ, Luis Ruz, y que Hamel, además fue abogado del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv).

Ninguno de estos nombres llegó vía concurso público. Conocedores del proceso precisan que si bien es potestad del jefe de servicio decidir si se realiza un proceso abierto o no, la Superintendencia de Casinos tenía un protocolo y que tanto Hamel como Silva habían firmado una circular interna y un acuerdo con el Servicio Civil para que todo fuera por concurso público. Cercanos a la Superintendencia dicen que esto se obvió en esta oportunidad por la premura en la necesidad de contratar abogados en la División Jurídica.

A la fecha, ninguno de estos nombres ha sido actualizado en el portal de Transparencia.

LA COFRADÍA DC

Durante 2014, las modificaciones al interior de la Superintendencia de Casinos se sucedieron. Tras ser ratificado en el cargo, en marzo de ese año Renato Hamel se rodeó de personas vinculadas a la DC.
Su mano derecha era Luis Ruz Olivares, cercano a la Democracia Cristiana, quien llegó en octubre de 2014 a liderar la División de Estudios —hoy División de Autorización y Estudios—. Ruz es administrador público de la Universidad de Concepción y ex subdirector Nacional de Injuv.

Si bien inicialmente era la División Jurídica —a cargo de Carlos Silva desde 2011— la más importante de la Superintendencia, hoy ésta ha perdido relevancia y todas las autorizaciones de casinos —que si bien requieren un respaldo normativo— ingresan por el área de Ruz, quien solicita los estudios pertinentes a Jurídica. “En el último semestre, la División Jurídica no participaba en nada”, destacan altas fuentes de la industria. Es en ese escenario donde se tramitaba el proceso de asignación del casino de Chillán y el reglamento que sustentará la nueva ley de casinos.

Ruz es profesor de la Universidad de Los Lagos desde hace años. En 2014, también hacía clases ahí el operador DC Freddy Ramos, mano derecha de Yasna Provoste en su paso por el Ministerio de Educación, quien a fines de ese año fue contratado a honorarios por la Superintendencia para colaborar como enlace y comunicación con el Ministerio de Hacienda y otras jefaturas superiores. En enero de 2015, se le contrató nuevamente, pero ahora para levantar información sobre las percepciones manifestadas por el mundo político—en particular de los parlamentarios— respecto del mercado no regulado de las máquinas tragamonedas, según consta en el Portal de Transparencia de la SCJ.
Desde comienzos del año pasado, Renato Hamel también hace clases en la Universidad de Los Lagos. Dicta la cátedra de Teoría de la Administración.

En 2015, el ex superintendente completó el equipo con un conocido DC de la V Región, el ex director nacional de Aduanas (entre 2008 y 2010) Karl Dietert, el cual llegó a liderar la División de Fiscalización. Este último era quien, dicen fuentes de la industria, subrogaba a Hamel. Pese a ello se nombró a un hombre de Hacienda para reemplazarlo de manera interina.

RECURSOS DE PROTECCIÓN

Las denuncias interpuestas por los abogados de la División Jurídica vinieron a completar un cuadro que había comenzado antes. En febrero de 2014, el ex jefe de la Unidad de Informática, Máximo Lardies, y la ex jefa de Administración y Finanzas, Mónica Albornoz, presentaron un recurso de protección en contra de Hamel ante la Corte de Apelaciones, y una denuncia ante la Contraloría por acoso laboral y hostigamiento, que se basaba básicamente en una reducción “arbitraria” de remuneraciones y una “persecución” por parte de Hamel. Si bien los recursos fueron rechazados, la Superintendencia, al tomar conocimiento de los hechos, “les remitió (la denuncia), por correo electrónico, a más de 29 funcionarios de la institución, cuestión que lo indispuso con la mayoría del personal”, dice la demanda interpuesta por Lardies.

Prácticamente en paralelo, en marzo de 2014 se creó la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Casinos de Juego —presidida por Ricardo Saavedra—, y dentro de sus primeras acciones (el 2 de abril) estuvo elaborar una carta de apoyo al superintendente, dadas las denuncias de Albornoz y Lardies.

El 20 de junio se abrió un sumario en contra de Lardies, por el uso de videos internos —en que aparece consolando a Albornoz— en la denuncia por acoso.
A comienzos de 2015, ambos funcionarios fueron despedidos —aunque desde febrero de 2014 que ya no trabajaban en el organismo por estar suspendidos a raíz de sumarios internos—, razón por la cual demandaron a la Superintendencia, representada por Hamel, señalando que era un acto de represalia. Si bien la acción de Albornoz fue desestimada por extemporánea, la de Lardies siguió adelante.

“El tribunal, sin ánimo de desconocer la existencia de un sumario legalmente tramitado, se decide por la tesis de la demandante, estableciendo que existe una represalia en el caso concreto”, reza la sentencia del 31 de julio de 2015 del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. Añade que “el hecho de que el superintendente afectado por la acción judicial y denuncia administrativa se haya abstenido de actuar en el sumario en cuestión no resulta impeditivo para configurar la represalia. En efecto, al ostentar la autoridad máxima del servicio, innegablemente la representa, sin que pueda exigirse que sea él mismo (persona natural) quien tome la decisión de la destitución por una imposibilidad normativa”.

Así, se le ordenó a la Superintendencia indemnizar a Lardies con más de $ 16 millones. El 2 de noviembre pasado, la Corte de Apelaciones ratificó esa sentencia y hoy el proceso está en la Corte Suprema. Si se ratifica, la entidad deberá pagar la suma a Lardies.
Mónica Albornoz era quien se encargaba de todas las licitaciones, entre otras responsabilidades. En su cargo, jefa de Administración y Finanzas, quedó el contador Erwing Rodríguez Cifuentes —oriundo de Concepción y secretario de la Asociación de Funcionarios en 2014—, quien tenía grado 12 en septiembre de 2014, y en noviembre subió a grado 5.

Qué Pasa intentó tener la visión de Renato Hamel frente a todos estos temas, sin embargo fue desvinculado un par de horas antes de la reunión agendada.

REGLAMENTO EN RETROCESO

En diciembre de 2017 dejarán de operar los llamados casinos municipales. De esta manera, previo a ello, se deberán licitar las plazas de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales.

Si bien el 5 de agosto de 2015, la presidenta promulgó la nueva ley de casinos que modifica el funcionamiento de estas salas, el reglamento que contendrá las bases de licitación de las dependencias ha ido avanzando lento. Este es otro de los motivos que han generado cuestionamientos sobre la administración de Hamel.

El reglamento ha ingresado dos veces a Contraloría y ha debido ser retirado por Hacienda, ante las problemáticas que presenta. La última vez que reingresó fue el 8 de enero. Desde el gobierno aseguran que es normal que la entidad plantee sus aprensiones y deba irse corrigiendo. Sin embargo, ya existe un retraso, puesto que se cree que recién podría salir en marzo o abril, lo que redundaría en que fuera prácticamente imposible cumplir los plazos para que, a fines del 2017, las salas municipales terminen y pasen a manos de la Superintendencia de Casinos, y a ser administradas por el operador que gané la licitación, sin que se genere un vacío.

Daniel García, nombrado de manera interina, es quien ha manejado este proceso al interior de Hacienda. De hecho, con él se han reunido ya los operadores para ir socializando las bases.
Dado este escenario, la tarea no será fácil para quien asuma la dirección de la Superintendencia de manera permanente. Renato Hamel dejó una serie de tareas inconclusas y denuncias en marcha que hacen que, al menos hoy, la baraja no esté a favor de su sucesor.