“Debe haber alguna razón muy poderosa que desconozco para mantener el proceso, siendo que está viciado y es irregular”. Tajante es el ex seremitt de Valparaíso, Patricio Cannobbio, a la hora de abordar el tema que le costó su cargo hace dos semanas atrás: la licitación de las plantas de revisión técnica en la V Región.
El 5 de febrero pasado, el intendente Gabriel Aldoney le pidió su renuncia, tras apenas un año y medio en el cargo. Cuatro meses antes, Cannobbio —quien reemplazó a Pablo Malig, que estuvo sólo tres meses en el puesto— había invalidado la asignación de tres concesiones de plantas de revisión técnica en la región en instancias en que debían firmarse los contratos finales, luego de haber sido visados ya por la Contraloría. El ex secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones (seremitt) no estuvo dispuesto a firmar los documentos, lo que gatilló su salida del gobierno.
Su destino en la administración Bachelet se vio marcado por un proceso que comenzó varios años antes. En 2013, el gobierno de Sebastián Piñera impulsó la licitación de plantas de revisión técnica a lo largo de todo el país. El último procedimiento de esta naturaleza había sido en 2003, por lo cual, entendiendo que los contratos son a 10 años, los vencimientos debían empezar en 2014. El nuevo sistema sería revolucionario y se traduciría en plantas más modernas, con mayor capacidad y de un menor valor para el usuario. Para los planteros el negocio era redondo, ya que la cantidad de concesiones era menor y el uso de ellas obligatorio para los vehículos.
Entre 2003 y 2013 el parque automotor en el país había crecido 89%, hasta los 4,6 millones de automóviles. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el número de vehículos en la V Región pasó de 260.161 unidades a 439.392. Tal es así que para esa zona se decidió licitar ocho concesiones, el mayor número de licencias tras la Región Metropolitana.
El 5 de febrero de 2013 se abrió el proceso. De las ocho concesiones, se declararon desiertas cinco y se adjudicaron tres. Los problemas comenzaron ahí y aún no cesan. El lunes, el abogado querellante del caso Caval y cercano a Evelyn Matthei, Mario Zumelzu, a título personal interpuso una querella contra el subsecretario de Transportes, Cristián Bowen, por supuesto tráfico de influencia. El miércoles la acción fue acogida.
El último episodio viene a completar una trama de acusaciones por irregularidades en torno a la licitación en la V Región, que hoy tiene a Valparaíso viviendo como la única zona que opera en su totalidad con el antiguo sistema. “En Valparaíso le están haciendo honor a la historia. Averigüe desde cuándo no hay plantas nuevas en la V Región”, denuncia el dueño del grupo de empresas de revisión técnica Denham, Alejandro Denham. La respuesta a la pregunta: desde la década de los 90.
LICITACIÓN EN JAQUE
El 27 de diciembre de 2013, a las 12.05 horas, en la Intendencia Regional de Valparaíso y frente al notario Marcos Díaz León, se abrieron las ofertas económicas de los postulantes a una de las ocho concesiones que se licitaban en la V Región. La determinación había estado en manos de una comisión evaluadora —creada por la Subsecretaría de Transportes— presidida por la seremitt de Valparaíso de la época, Carmen Basualto Mateluna, y compuesta por varios funcionarios del Ministerio de Transportes que habían participado en otras comisiones evaluadoras del mismo proceso en otras regiones.
En el otorgamiento de las 8 concesiones, se evaluaron 35 ofertas técnicas. Cinco concesiones quedaron desiertas y se asignaron finalmente tres, que incluían plantas en las comunas de Quilpué, Valparaíso, La Calera, San Felipe, Viña del Mar y San Antonio. Los ganadores fueron Revisión Técnica San Dámaso, A. Denham y Cía y Applus Revisiones Técnicas de Chile.
San Dámaso era la única empresa oriunda de la V Región. Hoy opera tres plantas en Valparaíso. Denham, con 26 plantas a lo largo del país, era primera vez que apostaba por esa zona, al igual que la multinacional Applus, de origen español, con presencia en más de 70 países.
El lunes, el abogado querellante del caso Caval, Mario Zumelzu, a título personal interpuso una querella contra el subsecretario de Transportes, Cristián Bowen, por supuesto tráfico de influencias en el proceso de licitación de las plantas. El miércoles la acción fue acogida.
El 17 de enero de 2014, la Seremitt mandó todos los antecedentes a la Contraloría para la toma de razón, y a mediados de ese año asumió como seremitt de Valparaíso Patricio Cannobbio. Según recuerda, en ese momento se le señaló que debía firmar las resoluciones para otorgar las concesiones. “Luego que la Contraloría tomó razón se me dijo que firmara los contratos. Firmé sin haber hecho gran investigación, puesto que a esa fecha no consideraba que existieran grandes conflictos con excepción de lo operativo”, destaca. El gran problema que visualizó era el hecho de que convivieran dos sistemas: las antiguas plantas con los nuevos planteros que exigirían más, por lo cual varios buses optarían por ir a las ya existentes, pudiendo generarse reclamos de parte de los debutantes en el sistema. “El nivel central no quería perder más tiempo. Finalmente, hablé con el ministro y el subsecretario de los problemas operacionales que podían ocurrir y me dijeron que eran menores y que se podrían resolver”, señala.
El 30 de enero de 2015 se dictaron las resoluciones que adjudicaban las concesiones. Y cuando la Contraloría validó esos dictámines, los participantes descalificados — TÜV Rheinland y Tecnirap— revisaron las ofertas técnicas presentadas por sus competidores. Ahí se dieron cuenta que el motivo detrás del rechazo de sus ofertas también estaba en los participantes ganadores.
Con esos antecedentes, TÜV Rheinland, representada por el abogado Samuel Guerrero, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del seremitt Patricio Cannobbio, por la “grave afectación de los derechos constitucionales de mi representada”. Días después, el abogado Roberto Arteaga, en representación de Tecnirap y otros operadores, hizo lo mismo.
TÜV Rheinland señaló que el proceso de licitación y adjudicación se hizo con “absoluta inobservancia a las bases de licitación”. Planteó haber postulado a la concesión número 3, siendo descalificado por el incumplimiento de un requisito técnico, en el cual también incurrieron las adjudicatarias. Este decía relación con el área de medición de ruido, la cual debía tener una superficie determinada contenida en las bases y en decretos supremos del Ministerio de Transporte y que se resumía en una zona techada y pavimentada de 18 metros por 8,5.
La falencia se replicaba en los ganadores. Por ejemplo, señala el requerimiento, en el caso de Applus, la superficie techada era de sólo 12 metros de largo por 5,5 de ancho, mientras en San Dámaso era de 4 metros de ancho por 13 de largo.
La zona de medición de ruido fue una de las características que incluyeron las bases del proceso licitatorio del año 2013. Las exigencias planteadas fueron idénticas en todas las regiones del país y los participantes entregaron sus ofertas prácticamente en paralelo en todo Chile, por lo que las opciones de variar una propuesta en una zona respecto a otra eran nulas. El área de medición de ruido fue de tal importancia que, por ejemplo, en Concepción el 70% de los oferentes quedaron eliminados por no cumplir con las medidas solicitadas.
Las actas de apertura de ofertas económicas así lo revelan. Tanto en Rancagua como en Valdivia y Concepción, la comisión evaluadora fue sumamente exigente respecto a ese requisito. Aún más, en la Región Metropolitana, un mes antes de la resolución en Valparaíso, San Dámaso quedó excluido de postular por Pudahuel y Puente Alto, por incumplir esa medida. 30 días después, la comisión evaluadora de la V Región, compuesta por varios integrantes de la RM, daba el visto bueno a la misma propuesta. De nuevo Valparaíso marcaba la excepción a una dinámica que se había sostenido en todo Chile.
“La Seremitt de Valparaíso cometió graves irregularidades, toda vez que desconocemos por qué se habría procedido a adjudicar las concesiones 1, 3 y 5 a tres empresas que no cumplían con las bases de licitación”, destacó el recurso.
Si bien la Corte declaró extemporánea la acción de Arteaga, y respecto a la de TÜV Rheinland no entró en el fondo, argumentando que no era objeto de un recurso de protección, pues no se plasmaba en forma evidente la vulneración de una garantía constitucional, las acciones sirvieron para hacer evidente que algo andaba mal.
DENUNCIA FUNCIONARIA
A mediados del 2015, dos ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones le remitieron un informe al Ministro Andrés Gómez-Lobo, señalando que existían irregularidades en el proceso en Valparaíso. El secretario de Estado le mandó el documento al seremitt Patricio Cannobbio, para los fines que estimara conveniente.
El ex seremitt recuerda que empezó a investigar las denuncias y se encontró con irregularidades que iban más allá de los problemas operacionales que había advertido inicialmente.
“Lo que más me extrañó es que la comisión evaluadora no se haya dado cuenta de cuestiones tan evidentes, considerando que muchas veces han sido rechazadas propuestas por lo mismo. Había una con el puesto de revisión interrumpiendo la vía de evacuación, ¿cómo nadie observó esto? ¿Cómo la comisión evaluadora no tomó razón de estos problemas y le comunicó al subsecretario de la época que esto no podía continuar si hay irregularidades?”, señala.
El de 13 de octubre de 2015, Cannobbio emitió una resolución invalidando las adjudicaciones, dejando sin efecto las citadas concesiones. Ante esta resolución, Denham interpuso un recurso ante Contraloría, que aún está en espera. Y San Dámaso elevó un recurso jerárquico al subsecretario de Transportes para invalidar la resolución de Cannobbio.
El gerente general de Denham, Claudio Cobos, defiende su licitación. “La explicación (del seremitt) es que nosotros no cumplimos una parte que dice relación con el área de ruido. Nosotros en los planos pusimos el área de ruido, y el seremitt quería que pusiéramos un plano de elevación y eso las bases no lo piden”, señala. “Nosotros presentamos un reclamo ante Contraloría, diciendo que no es posible que si usted tomó razón por una cosa que ya fue evaluada se diga que es inválido”, añade.
El dueño de Denham, Alejandro Denham, fue el primero en poner una planta de revisión técnica en Chile, en el año 1977. Para él lo que ocurre en Valparaíso tiene otra explicación que no dice relación con los nuevos participantes. Plantea que en la V Región se da una situación particular: las plantas deberían haber cerrado hace más de diez años y siguen operando vía prórrogas, ya que no se licitan nuevas concesiones. Los principales actores de ese mercado son San Dámaso y Revitec. “Hubo una licitación (en 2003) y no fue adjudicada a ninguna planta nueva, ampliando los contratos antiguos. Hubo postulantes en ese proceso y quedaron curiosamente fuera”, destaca.
A mediados de 2015, TÜV Rheinland, descalificada en el proceso, interpuso un recurso de protección acusando que “la Seremitt de Valparaíso cometió graves irregularidades, toda vez que desconocemos por qué se habría procedido a adjudicar a tres empresas que no cumplían con las bases”.
El consejero regional de Valparaíso, Manuel Millones (UDI) refuerza la idea. “Todas las plantas se debieron renovar hace 3 años y por extrañas circunstancias ello no ocurrió y siguieron los mismos empresarios, los cuales están en el negocio por varios años más a costo cero y sólo aumentando sus utilidades”, acusa. “Las plantas desde su misma instalación han estado llenas de cuestionamientos y de situaciones anormales, lo que se dice es que este negocio es tan turbio como el de la basura”.
CAMBIO DE CRITERIO
El recurso de inhabilidad evacuado por Patricio Cannobbio movió las agujas en el Ministerio. El subsecretario de Transportes, Cristián Bowen —quien ha liderado el proceso—, le pidió a la misma comisión que se había conformado el 2013 que informara las variables que consideró para adjudicar. Dentro de esa comisión está Maritza Robledo, hoy seremitt subrogante en reemplazo de Cannobbio. Participantes del proceso precisan que ya este solo hecho era irregular, puesto que era evidente que la comisión no se iba a retractar.
Entremedio, y entendiendo que había un recurso jerárquico en proceso, Eduardo D’Hainaut García, ex asesor del MOP, condenado en el caso MOP-Gate y director de Imaginacción Diseño de Negocios —filial de la consultora Imaginacción—, le pidió una reunión a Bowen, vía Ley del Lobby, en nombre de Applus, para abordar justamente el tema. El subsecretario accedió y se juntó con él el 29 de octubre pasado por media hora. Cannobbio señala que representantes de Applus también se reunieron con él, cuestionándole la invalidación del proceso.
El 12 de enero de 2016, la comisión evaluadora de 2013 ratificó lo obrado. Aún más, conociendo el largo historial de propuestas rechazadas por no cumplir con la medición de ruido, señaló que si bien las bases de licitación son claras en exigir un área para instalar un puesto de medición de ruido, “los valores mínimos (8,5 metros por 18 metros) citados por el señor secretario regional obedecen a un análisis propio”. Manuel Millones denuncia algo más irregular: “De acuerdo a las informaciones, estos funcionarios no se pudieron constituir y sólo tuvieron que firmar un documento ya elaborado en la misma Subsecretaría y que dio luz verde a la aceptación del recurso y con ello, por tanto, se invalidó lo obrado por el ex seremi”.
Un mes después, se le pidió la renuncia a Cannobbio. “Yo hubiese esperado que me hubiesen explicado la razón de por qué me piden la renuncia. Entiendo que la razón principal es haber ido en contra, ya que siempre me estaban diciendo que tenía que adjudicar, pero si se trata sólo de ser obedientes, colóquennos un computador en el puesto de los seremi que diga sólo que sí”.
Bowen hizo caso omiso a todos los antecedentes presentados. El 10 de febrero del 2016 acogió el recurso jerárquico de San Dámaso, adjudicando las plantas.
Según aseguró la Subsecretaría de Transportes a Qué Pasa por escrito: “En todos los casos se ha aplicado un criterio uniforme (…) Todo el proceso de licitación y sus respectivas etapas de apelación se han cumplido de acuerdo a lo estipulado por la ley”. Añadieron que la salida del ex seremi no respondió a este proceso en particular, sino a una larga evaluación previa.
El día de su salida, Cannobbio le remitió una carta al intendente Aldoney, acusando presiones y vicios en el proceso de licitación de las plantas. “Mantenía la mejor impresión de mis jefaturas, cuestión que sostengo, pero al parecer tuvieron que ceder a presiones externas de influyentes connotados y no necesariamente de nuestra región”, escribió.
Sus dichos hicieron que el lunes el abogado Mario Zumelzu interpusiera una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del subsecretario por tráfico de influencias. “Fue él quien instó para que todo este proceso, calificado como irregular y fruto de influencias por el Sr. Cannobbio, terminara como terminó”, señala la acción. “Es más, frente a este querellante, el 8 de febrero de 2016, se ufanó que quien decidía ‘todo esto, soy yo’, plasmó Zumelzu en la querella.
El miércoles la acción fue declarada admisible, abriendo nuevamente un proceso que intentará invalidar una licitación que a dos años de su inicio aún no logra cambiarles la cara a las plantas de revisión técnica de Valparaíso.
