El 17 de marzo, la quiebra de Curauma llegó hasta el fiscal nacional. Ese día, la Superintendencia de Insolvencia remitió a Jorge Abbott una decena de papeles acerca del desempeño del síndico a cargo del proceso, César Millán Nicolet. Meses antes, la autoridad de quiebras había abierto un “proceso sancionatorio”, a raíz de múltiples denuncias recibidas contra el síndico; acusaciones que provenían en su mayoría de una sola persona: Ricardo Muñoz Parra, accionista minoritario de Curauma y ex gerente general de CB, grupo controlado por Manuel Cruzat Infante.

A fines de 2013, la justicia decretó la quiebra de Curauma S.A., el proyecto insignia de Cruzat. De ahí a la fecha, el círculo cercano a quien fuera uno de los principales empresarios de la década de los 80 ha recurrido a todas las instancias para denunciar irregularidades en el proceso y recuperar los paños emblema del proyecto, hoy en manos de EuroAmerica: 2.015 hectáreas en el Fundo Las Cenizas y 111,15 hectáreas en el sector La Luz, comunas de Valparaíso y Viña del Mar. La insistencia ante la Superintendencia de Insolvencia es sólo el último ejemplo de una serie de acusaciones que han efectuado. Cartas al director, querellas, demandas. Todos, a su juicio, han tenido alguna responsabilidad: EuroAmerica, el síndico, las autoridades, la justicia…Todos. Y este año, las medidas para poner en el tapete tales hechos se han intensificado, caiga quien caiga.

El resto de los actores no está dispuesto a aguantar. “La polémica ha sido iniciada por ellos. No sé si por la misma personalidad de Manuel Cruzat o porque está mal asesorado”, asegura el síndico Millán. Y su abogado, Gonzalo Alvarado, ya prepara querellas criminales.

En el intertanto, la pelea amenaza con cruzar incluso la frontera.

A LA CAZA DEL SÍNDICO

“Con fecha 19 de noviembre de 2015, le hice llegar una carta solicitándole formalmente que se informara, en la junta de acreedores de fecha 26 de noviembre de 2015, diferentes acciones judiciales que afectan al señor síndico César Millán Nicolet (…) Lamentablemente la referida solicitud formal no fue acogida y por ello tengo la obligación de advertir e insistir en ella”, se lee en la carta que Ricardo Muñoz Parra le mandó al secretario titular de la junta de acreedores de Curauma, el representante del BBVA Juan Pablo Domínguez, el pasado 27 de abril. En ella detalla todas las acciones judiciales interpuestas contra Millán. Es que desde 2014 a la fecha el principal blanco de críticas ha sido justamente el síndico.

El 18 de diciembre de 2013 se decretó la quiebra de Curauma. Tras haber vivido varios meses en España —país donde pasa la mitad del año—, Millán llegó justo dos días después y fue nombrado síndico. Para el abogado esto fue una mera coincidencia, ya que su retorno estaba planeado desde hace tiempo. Pero los representantes de Cruzat alegan que todo ha sido orquestado para favorecer a EuroAmerica. La señora de Nicholas Davis, presidente de la compañía, sería cercana a la señora de Millán. Según conocedores del síndico, ésta relación ha sido sacada a la luz por Cruzat sólo para enturbiar su imagen.

El 18 de diciembre de 2013 se decretó la quiebra de Curauma. Tras haber vivido varios meses en España, Millán llegó justo dos días después y fue nombrado síndico. Para el abogado esto fue una mera coincidencia, para los representantes de Cruzat todo fue orquestado para favorecer a EuroAmerica.

Más allá de ello, Cruzat se demoró justo un año en interponer la primera querella contra Millán, acusándolo de entregar el principal activo de Curauma —los terrenos— a EuroAmerica Seguros de Vida. Meses antes de la quiebra, Cruzat había interpuesto una demanda civil contra la aseguradora exigiendo los paños.

La relación entre ambos había partido diez años antes. En 2004 y, ante la mala situación financiera del grupo, EuroAmerica Seguros de Vida aceptó financiar 715.000 UF a cambio de que Curauma les transfiriera el dominio de los inmuebles. Se firmó en la oportunidad un contrato de arrendamiento con opción de compra. Hubo dos opciones de compra (2012 y 2013) por parte de Curauma, las cuales no pudo ejercer por falta de recursos. Cuando venció la última opción empezaron los problemas.

Según lo señalado por EuroAmerica en acciones judiciales, Cruzat desconoció los contratos. El empresario, sin embargo, los demandó, ya que asegura que en arriendo habían pagado mucho más de lo prestado (más de 1 millón de UF) y que los terrenos debían ser devueltos.

Esta ha sido la principal lucha de Cruzat. Ellos insisten en que los terrenos son su principal activo y que el síndico se los entregó a EuroAmerica por una cifra bastante menor al valor real, sabiendo que había una demanda civil interpuesta por este tema que prohibía efectuar actos y contratos sobre los paños. “El querellado, no obstante encontrarse en conocimiento que los bienes más importantes se encontraban en disputa con EuroAmerica Seguros de Vida y Administraciones y Proyectos EuroAmerica y que su tasación a la fecha era de más de US$ 500 millones (…) decide hacer entrega de los inmuebles disputados a los demandados. Todo ello en abierta contradicción a la voluntad de Curauma”, dice la acción judicial.

Millán se defiende, asegura que no se ejerció ningún acto sobre los terrenos, sino que se devolvió el uso de ellos a su dueño.

“Curauma tenía estos terrenos en comodato. Los terrenos no eran de Curauma”. Su abogado, Gonzalo Alvarado, añade: “Le recomendamos que devolviera los paños porque si había un incendio (era verano y los incendios forestales son habituales en la V Región), no teníamos cómo reaccionar, dada la falta de recursos. Esto fue autorizado por la junta de acreedores y ratificado por ellos”.

EuroAmerica interpuso una demanda arbitral contra Curauma, de la cual luego se desistió, previo acuerdo con el síndico. Incluso, cuenta Millán, la aseguradora estaba dispuesta a vender los terrenos en conjunto, pagarse y dejar el remanente para la masa acreedora, sin embargo, se percataron que Cruzat quería recuperar los terrenos para una empresa diferente, llamada Valcruz —de su propiedad—, y no para Curauma. Cercanos al empresario niegan esto y dicen que siempre se han querido los terrenos para responder a los acreedores. “Los perjudicados por las irregularidades denunciadas son en definitiva los 1.600 accionistas de Curauma S.A., afectándose la fe pública agravada por un funcionario (síndico) que tiene la calidad de colaborador de la justicia”, señala Muñoz Parra.

Finalmente, EuroAmerica compró créditos de la quiebra para ser parte de la junta de acreedores y defender sus inmuebles.

En total, el círculo de Cruzat ya acumula cuatro querellas contra el síndico: por obstrucción a la investigación, por estafa, por colusión, etc. Su finalidad es que Millán deje de participar en el proceso.

Muñoz Parra remitió todos estos antecedentes a la Superintendencia de Insolvencia, los cuales están en manos del fiscal nacional. Entre los papeles se encuentra una sanción que recibió Millán en 2015 por la Corte de Apelaciones de Santiago y una multa impuesta por la misma Superintendencia en 2009. Además de añadir que en determinadas quiebras que ha liderado (una de 2009 y otra de 2010), el abogado patrocinador de ellas ha sido Patricio Moscoso, socio de Millán en la sociedad Mall Music, según Dicom. “Se acabó hace varios años”, responde el síndico sobre esta sociedad.

Desde la Superintendencia aseguran a Qué Pasa: “Respecto a la Quiebra Curauma existe un procedimiento sancionatorio en curso, por lo que la ley de Transparencia no nos permite entregar información respecto a este proceso, sólo una vez que esté concluido y se hayan determinado sanciones podemos subir la información”.

El abogado de Millán asegura que en total han sido cerca de ocho los oficios que le ha remitido la autoridad, todos los cuales han sido respondidos. “En la medida que han ido mandando una serie de oficios, todos se le han ido contestando y no hay ni una cosa pendiente con la Superintendencia. Está todo fallado y resuelto”, refuerza Millán. El proceso de revisión por parte de la autoridad está, sin embargo, todavía en proceso.

CONTRA LA SVS

“Señor Contralor, Ricardo Muñoz Parra denuncia ante la Contraloría General de la República el actuar irregular de la Superintendencia de Valores y Seguros en el sentido de no hacer cumplir la ley y normas específicas (…) Por otra parte, la SVS se ha negado a investigar las denuncias debidamente fundamentadas”. El 24 de marzo, Muñoz Parra insistió en sus denuncias ante el contralor Jorge Bermúdez. Ya a fines del año pasado había remitido antecedentes al superintendente de Valores, Carlos Pavez, cuestionando —vía otro oficio— su actuar por archivar su solicitud sin considerarla.

“Respecto a la Quiebra de Curauma existe un procedimiento sancionatorio en curso, por lo que la ley de Transparencia no nos permite entregar información respecto a este proceso, sólo una vez que esté concluido y se hayan determinado sanciones podemos subir la información”, dijo la Super. de Insolvencia.

En esta oportunidad, el foco fue EuroAmerica. Muñoz acusó a la compañía por no informar como hecho esencial el acuerdo de demandar en juicio arbitral a Curauma por incumplimiento de contrato, a raíz de la problemática con los terrenos. En el mismo escrito denunció que EuroAmerica Seguros de Vida no comunicó, como transacción entre partes relacionadas, el hecho de haber pasado los terrenos desde la firma antes mencionada a una filial llamada Administraciones y Proyectos EuroAmerica, también demandada por Curauma. Eso entre varias otras denuncias.

EuroAmerica respondió todas las acusaciones ante la Superintendencia de Valores el pasado 8 de enero. En resumen, aseguró en su respuesta que tales actuaciones no fueron informadas, ya que no afectaban su situación patrimonial.

Dado ello, la Superintendencia le insistió a Parra en lo ya dicho un año atrás cuando le había mandado otro oficio: “Considerando lo expuesto por los auditores, que los activos ya no son de propiedad de la compañía y que usted no ha aportado ningún antecedente que permita llegar a un criterio contrario al de la administración y de los auditores, podemos estimar sobre este particular que la compañía informó la materia consultada”. Añade que la venta de los inmuebles sí fue informada en 2013 en respuesta a otro oficio. “La transacción con la relacionada no se expresa en nota de los estados financieros de septiembre y diciembre de 2013, situación que esta Superintendencia se encuentra analizando. Sin embargo, estimamos que su efecto no amerita un reenvío de los estados financieros, considerando que a la fecha de estos estados financieros era una operación conocida e informada”, señaló la autoridad.

El principal acreedor de la quiebra de Curauma es la Tesorería General de la República, con cerca del 60% de las acreencias. Todas las decisiones del síndico han sido aprobadas con prácticamente el 90% de los votos. Tal apoyo hizo que el 24 de septiembre de 2015, el presidente del directorio de Curauma, Antonio Espinoza, asistiera a la junta de acreedores con miras a hacer ver a los acreedores las supuestas irregularidades en el proceso. Curauma se ha restado de las juntas para no avalar, dicen, el actuar del síndico. En la oportunidad, Espinoza explicó las disputas con EuroAmerica y las denuncias al síndico, acusándolos de los problemas de Curauma.

Aseguró ante los acreedores que los votos favorables que respaldan el actuar de Millán han respondido “al desconocimiento de las verdaderas implicancias e información que sí está en poder del síndico y que no ha sido debidamente transmitida a la junta de acreedores”. Repasó todo lo obrado. Y luego de ello, los acreedores siguieron votando a favor.

En paralelo, el fiscal Carlos Gajardo también investiga el caso, luego que los abogados de Millán interpusieron en 2014 una denuncia ante la Fiscalía Oriente por quiebra fraudulenta al no existir ningún tipo de contabilidad. Administraciones y Proyectos EuroAmerica interpuso una querella contra Curauma por lo mismo, que también está en manos de Gajardo. El fiscal ha avanzado en la investigación y no se descarta que formalice a los cercanos a Cruzat por este tema.

El círculo del empresario, sin embargo, ya se prepara para llevar esta batalla a la justicia internacional de ser necesario. “Haremos todo por recuperar los terrenos”, señalan. Mientras Millán y sus asesores trabajan en acciones penales contra parte de sus acusadores. Y la Superintendencia alista su determinación.