El lunes 30 de mayo iba a ser un día clave para la estrategia judicial del enigmático empresario Alberto Chang. Ese día, a las 17.00 horas, su abogado, José Hinzpeter se iba a reunir con los principales inversionistas que habían apostado por el fallido Grupo Arcano y con el liquidador Carlos Parada para terminar de diseñar el convenio que presentarían en la junta de acreedores del próximo 16 de junio. Se les daría una respuesta a los inversionistas, existiría la promesa de un pago y una de las problemática de Chang comenzaría a aminorarse. Sin embargo, Hinzpeter no asistió. “Comuniqué vía mail que no podría participar, ya que no contaba con una respuesta por parte de Alberto que garantizara que ese sería el camino”, relata el abogado.
Tres días después, tanto Hinzpeter —encargado de la arista comercial— como Carlos Castro —a cargo del tema penal— comunicaron su renuncia a la defensa de Chang, aduciendo diferencias profesionales en la estrategia. El empresario quedaba sin representación en el país, mientras desde Malta, a kilómetros de Chile, intentaba rearmar su defensa. En instancias en que las demandas en su contra suman y siguen y su madre, Verónica Rajii, continúa en prisión preventiva, los abogados le han sido esquivos. Hace un mes, Jorge Bofill y Ricardo Escobar declinaron representarlo.

“Nunca pudimos introducirnos mucho en qué pasaba con Alberto, con sus bienes en el extranjero, con sus cuentas corrientes, nunca lo pudimos definir con claridad”.

Hoy existen en torno a 900 inversionistas que reclaman el dinero que invirtieron en diferentes empresas vía el vehículo de inversión del Grupo Arcano, Onix Capital; el perjuicio suma entre US$ 80 y US$ 100 millones; Onix está siguiendo un proceso de quiebra, mientras la solicitud de extradición de Chang se verá finalmente hoy en la Corte de Apelaciones. En ese entorno, que poco tiene de auspicioso, el que alguna vez fue líder y ejemplo de emprendedores, está solo. El equipo completo de asesores dio un paso al lado y su nueva defensa es aún una incógnita.
Sus ex abogados, Carlos Castro y José Hinzpeter, trabajaron dos meses con él. Una actitud errática por parte de Chang marcó el comienzo del fin de la relación. Capítulos de descrédito y lejanía revelan el quiebre entre defensor y defendido, y evidencian la personalidad de un cliente, al menos, complejo. “Me sentí muy incómodo con la relación que tuve con Alberto”, reconoce Hinzpeter.

PLAN DE ACCIÓN

Carlos Castro y José Hinzpeter conocieron a Alberto Chang el 15 de abril. Habían tomado un avión un día antes desde Chile a Malta. Habían decidido representarlo, pero poco y nada sabían de él. El nexo fue su madre, Verónica Rajii, hoy en prisión preventiva tras ser formalizada por estafa e infracción a la Ley General de Bancos.
Castro conocía a Rajii desde hacía años. El abogado era amigo de un sobrino y, además, tenían cercanía por el deporte, desde que ella era tesorera del Comité Olímpico, y él, titular del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. La relación derivó en que Castro fuera una de las primeras personas contactadas por Rajii cuando recibió el polémico mail de Chang —a mediados de abril— donde insinuaba un posible suicidio. En ese contexto, Rajii le pidió que asumiera su representación y también la de Alberto Chang.
Fue cosa de días para que se sumara José Hinzpeter al equipo. Castro es penalista, y se necesitaba a alguien que manejara el área civil, expertise de Hinzpeter quien conocía a Rajii hace 15 años y era cercano a Castro. El 14 de abril partían a Malta a conversar con Chang. El empresario les explicó el negocio y la actual debacle. “Alcanzó a pagar $ 3.000 millones (unos US$ 4,4 millones de US$ 80 millones). Se le acabó la caja y no pudo pagar más”, cuenta Hinzpeter.
Los tres días que estuvieron en Malta se convirtieron en la única instancia en que vieron a Chang. Ahí se definió el camino que se seguiría en materia penal y civil. “Se aceptaría la liquidación forzosa que había pedido un inversionista de Onix, ya que a través de un tribunal se podría saber a quién se le debe, con pagaré en mano y, además, se incorporarían voluntariamente bienes (de Chang) a esa quiebra”, dice Hinzpeter. Eran tres o cuatro inmuebles, autos y dineros por cobrar a los bancos que, entre todos, sumaban US$ 5 millones. A ello se agregaría la enajenación de las acciones de sociedades en las que se invirtió.
A través de Verónica Rajii —que tenía un poder amplio de administración del empresario desde 2014— se le entregó a Hinzpeter un mandato general sobre todos los bienes de Chang en Chile.
En lo penal, cuenta Castro, lo clave era saber dónde estaban las inversiones. “No se trata de un pago, sino de acreditar si las inversiones fueron hechas o no”, explica. Hasta el día de hoy, sólo han recibido dos certificados de sociedades que tienen valor y que suman US$ 17 millones. Chang aseguraba —dicen los abogados— que existía una tercera, que costaba US$ 15 millones, cuyo certificado a la fecha de la renuncia de Castro y Hinzpeter no había llegado. Del resto, nada más. “Es lo único que ha podido acreditar. Lo otro se supone que está en sociedades que no tienen ningún valor, porque los proyectos están en desarrollo”, dice Hinzpeter.
Ante la insistencia de los abogados, Chang respondía que la información ya se enviaría, pero nunca lo hizo. En el intertanto, se armó un equipo que duró poco más de un mes. De dos pasaron a ser seis. Castro y Hinzpeter sumaron un segundo abogado penalista, un experto en derecho internacional que debía ver la extradición; un traductor, dada la cantidad de documentos que llegaban del exterior, y una agencia de comunicaciones. “En 40 días teníamos todo bastante bien armado”, explica Castro.
Hinzpeter añade que el contacto con los 15 principales inversionistas —que, señala, representan en torno al 70% de la deuda— era fluido y ya se barajaban alternativas para pagar algo de lo que se debía, que incluso incorporaba la opción de ayudar a madurar aquellas sociedades que según Chang estaban en desarrollo, para luego enajenarlas y obtener los dineros.
Pero toda esta planificación, que inicialmente marchaba bien, se cayó en días. Chang ya sondeaba nuevos representantes.

NUEVOS NOMBRES

“Fue un instante sorpresivo”. Así describe José Hinzpeter la sensación tras enterarse de que Alberto Chang había recibido a otros abogados chilenos. El 10 de mayo, Jorge Bofill y Ricardo Escobar se habían reunido en Malta con el empresario. Hinzpeter y Castro mantenían su patrocinio vigente y ya lo habían representado en la audiencia donde fue formalizado por estafa, infracción a la Ley General de Bancos, Ley de Mercado de Valores y lavado de activos; frente a inversionistas y en la petición de extradición. Las especulaciones apuntaban a un cambio en el equipo, sin previo aviso.

“No se trata de un tema de pago, sino de acreditar si las inversiones fueron hechas o no. Alberto dijo que nos haría llegar  los certificados que acreditaban tales  inversiones. Hasta hoy eso no ha ocurrido. Nunca pudimos determinar dónde se invirtieron los dineros”, dice Carlos Castro.

“Lamentablemente nunca hubo una comunicación de ese estudio (Bofill Escobar) ni en forma previa, durante o en forma posterior al acontecimiento. Me llamó la atención la falta de comunicación entre colegas”, asegura Castro.

Chang les explicaría luego que su estrategia era tener dos abogados aparte que manejaran bien el tema internacional y que se relacionaran con su estudio jurídico en Malta y en Londres. Un grupo a cargo de Chile y otro del exterior. “Cuando explicó eso nos pareció razonable”, precisa Hinzpeter. Al final, Bofill y Escobar, tras analizar los antecedentes aportados por Chang, optaron por no involucrarse en la causa. Escobar envío una breve declaración a los medios explicando que “El señor Alberto Chang nos encargó buscar una solución global para la situación del Grupo Arcano y luego de realizar una investigación preliminar concluimos que no era factible cumplir tal mandato”.
Ahí las especulaciones se incrementaron, apuntando a que las versiones de Chang respecto a sus inversiones podían no tener asidero. El distanciamiento entre el empresario y sus abogados en Chile comenzó a intensificarse. “Hay una especie de enfriamiento. Insistimos mucho en que había que acreditar las inversiones en el extranjero”, reconoce Castro. Hinzpeter precisa que la relación nunca fue muy llevadera. “Nunca pudimos introducirnos mucho en qué pasaba con Alberto, con sus bienes en el extranjero, con sus cuentas corrientes, nunca lo pudimos definir con claridad”.

La distancia creció a días de que el lunes 30 de mayo, Hinzpeter tuviera que reunirse con el liquidador de Onix e inversionistas para terminar de preparar el convenio que presentarían el 16 de junio y que pondría de manifiesto la disposición de Chang al pago. El jueves 28, el abogado le mandó un mail al empresario pidiéndole que confirmara su compromiso de sumar sus bienes al acuerdo. Y no hubo respuesta. El lunes, Hinzpeter no asistió a la reunión, y recién el martes Chang le respondió, “sin una definición clara, que no quería todos los bienes, etc.”, recuerda. El miércoles 31 recibió un mail del abogado Rodrigo Mateluna, señalándole que sus poderes generales sobre los bienes de Chang habían sido revocados. Eso marcó el fin.
El cambio de actitud no tiene explicación para los abogados.
Carlos Castro señala, sin embargo, que cuando la revocación se firmó, su comunicación con Verónica Rajii se había interrumpido por el paro de Gendarmería. Sin embargo, dejaron entrar a Mateluna y a un notario. “El abogado le habría dicho a Verónica que nosotros estábamos al tanto de esta revocación, lo que no era cierto, Alberto nunca nos dijo nada”, cuenta.
Mateluna niega esta versión: “Le dije a Verónica que Alberto había decidido separar la administración judicial de la representación de los bienes. Nada más. Nunca dije que ellos sabían. Eso es un tema del mandante”.
Tras este hecho, Castro y Hinzpeter decidieron renunciar al patrocinio. “No podíamos continuar sin cumplir lo que les habíamos prometido a los inversionistas, al liquidador y, aún más, lo que habíamos acordado con el mismo Alberto”, dice Hinzpeter.
Castro siguió adelante con la representación de Verónica Rajii. “Cuando le conté todo esto, me pidió muy afligida que no la dejase y decidí seguir por un tema de afecto hacia ella y porque creo firmemente en su inocencia”.
Rajii con su hijo no tiene ningún contacto, según sus ex abogados. Su condición se ha deteriorado en el hospital penitenciario donde está recluida: ha perdido 14 kilos en un mes. Castro confía en que su colaboración con la investigación, entre otros aspectos, podría traducirse en una reducción en la medida cautelar. Si bien Hinzpeter no tiene el patrocinio, también está colaborando en su defensa.
El nombre de Rodrigo Mateluna sonó fuerte tras la renuncia de Castro y Hinzpeter. Él, sin embargo, señala tajante: “No soy abogado de Alberto Chang, ni de sus sociedades ni de su madre en este momento. Se me contrató para una gestión puntual, la que cumplí a cabalidad”.
El empresario no tiene abogados en Chile. Hoy será un defensor público quien lo represente ante la Corte de Apelaciones que fallará la solicitud de extradición. Así, a miles de kilómetros, Chang sigue sondeando qué abogado volverá a trabajar con él, mientras sus ex representantes en Chile reiteran que si se prueba que las inversiones fueron realizadas no hay delito, aunque a la fecha la totalidad de estas aún no se acreditan.