El viernes 12 de agosto fue sorprendido mientras dormía por un grupo de fiscales y policías que llegaron a su departamento, ubicado en Las Condes, para detenerlo luego de un año y medio de investigación. Harold Vilches, un tipo que a simple vista parece ser uno más de los estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor, tiene una vida bastante fuera de lo común. Su historia está relacionada al oro peruano extraído ilegalmente del Amazonas; involucra a una empresa estadounidense investigada por lavado de dinero; a una firma india que lo demandó por una estafa de más de cinco millones de dólares y un sinfín de operaciones de exportación del metal precioso a través de las cuales, según dos investigaciones judiciales, habría defraudado al fisco por más de $ 1.600 millones.
Se trata de un caso que ha obligado a autoridades a cambiar procedimientos relacionados a la importación y exportación de oro en Chile. Y que tiene al Servicio de Aduanas, al Ministerio Público, a la la PDI y al SII con los ojos encima. Según la Fiscalía, Vilches ha transformado al país en un pasadizo de tráfico ilegal de oro no minero –metal que es extraído de la fundición de monedas y joyas y no de faenas– al mundo, lo que afecta la reputación del país, el orden público económico y la buena fe mercantil. Y que podría ser la primera de otras empresas que operan irregularmente en el mercado nacional.
Harold Vilches tiene 23 años. Aunque es un hombre de poca vida social, acostumbra a jugar PlayStation con sus amigos, y va al cine una vez al mes. Su vida laboral es bastante más movida: entre 2012 y 2014 creó seis sociedades relacionadas a la comercialización de oro en el país, entre ellas Inversiones Aurum Metals S.A; Los Cipreses; Joyería Aurus SpA, y Alfa y Omega SpA. Esta última no tuvo movimientos en 2013. Sin embargo, en 2014 exportó US$ 37 millones, unos 920 kilos de oro.
La historia de Harold Vilches involucra oro peruano extraído ilegalmente del Amazonas; una empresa estadounidense investigada por lavado de dinero; una firma india que lo demandó por US$ 5 millones y un eventual fraude al fisco por más de $ 1.600 millones.
Las primeras alarmas se encendieron justamente por el salto que tuvieron sus empresas entre 2013 y 2014: porque de US$ 16 millones en 2013, los envíos se dispararon a US$ 57 millones un año después, más de la mitad de lo que movió esa industria en 2014: US$ 100 millones. Esas cifras generaron suspicacias, sobre todo considerando que Chile no es productor de oro.
Él operaba con total libertad: a las autoridades les ha dicho que el conocimiento de la industria lo adquirió de su padre, que tuvo una empresa comercializadora de metales que tenía oficina en el centro. Es sobrino de Enrique Barón, “el pastor” dueño de Joyas Barón, una de las más tradicionales joyerías de Santiago. Así, este veinteañero, en poco tiempo, comenzó a amasar varios millones de dólares que —según se ha establecido en la investigación— le permitieron comprar al contado una casa en Chicureo de $ 600 millones, donde instaló a vivir a sus papás y adquirió además una casa de $ 110 millones en Tunquén que pagó con cash, a la que ha ido sólo una vez. Se mueve en un BMW de $ 32 millones y tiene como empleados a varios familiares, entre ellos, su suegro Carlos Rivas; su mujer Scarlett Rivas, y Javier Concha, a los que dice pagar un sueldo cercano a los $ 1.5 millones. Todos fueron detenidos en sus respectivos domicilios el mismo viernes 12 de agosto en la madrugada, por operar en esta asociación, que además involucra a otra persona: Dagoberto Muñoz, al que Vilches ha insistido ante las autoridades que le compraba las monedas de oro, en su intento por justificar que el oro que él exporta es legal y no proviene del contrabando.
Alerta en el Amazonas
Las primeras luces llegaron desde la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (Sunat), a mediados de 2014, la cual alertó a su par en Chile de la explotación ilegal de oro que se efectuaba en la zona de Madre de Dios, en el Amazonas, provocando una severa catástrofe ambiental. La sospecha: el oro se traficaba a los países vecinos, incluido Chile.
Ante esa alerta, las autoridades nacionales comenzaron a fiscalizar la situación del oro en el país y se percataron de un dato clave: que las exportaciones habían crecido exponencialmente y que no coincidían con la cantidad de oro que se produce en el país.
Además, percibieron una compleja realidad: la mayor parte de las 19 empresas que envían el producto a distintos puntos del mundo existe hace sólo un par de años. Y que inesperadamente la cantidad de kilos exportados en 2014 se duplicó respecto al año anterior: pasó de 1.300 kilos a 2.600 kilos.
“Entre fines de 2014 y principios de 2015, Aduanas confirmó el perfil de riesgo de eventuales operaciones de contrabando de oro no minero que podían tener a Chile como locación de salida hacia otros destinos y uso del paso por territorio nacional como mecanismo de blanqueo de transacciones de origen ilícito”, explica Juan Araya, director nacional de Aduanas.
El escenario se volvía delicado: “La imagen de Chile podría verse seriamente afectada porque se convierte en un canal de tráfico, y el negocio sucio de fragua aquí”, dice una fuente que ha seguido de cerca la investigación.
La información fue enviada al Ministerio Público a través de una denuncia presentada por el Servicio de Aduanas en mayo de 2015 y una querella interpuesta en noviembre de ese mismo año por contrabando y presentación de documentación maliciosamente falsa.
Con esos antecedentes en mano, fue el fiscal Emiliano Arias quien inició la investigación del mercado del oro no minero en el país, que involucró a cerca de 15 empresas, y que terminó con el foco puesto en Vilches.
La indagación incluyó la coordinación con el fiscal de Miami, Michael Cherwin, quien estuvo en Chile, al mismo tiempo que Arias envió a un grupo de detectives a suelo americano. Las investigaciones llegaron a un mismo destino: la empresa NTR Metals LLC, indagada allá por lavado de activos y compra de oro ilegal en Latinoamérica. La firma era, además, uno de los más importantes clientes de Vilches.
La coordinación llegó al FBI, que también tomó cartas en el asunto.
Un cliente descontento
En mayo de 2014, Aduanas le incautó a Vilches 50 kilos de oro en barras, unos US$ 2,2 millones que éste intentaba transportar desde el aeropuerto de Chacalluta, en Arica, hacia Santiago. El destino final: Dubái, donde se encuentra la empresa Fujairah Gold FZC, filial de Vedanta, una de las más grandes compañías indias en la industria del oro, con la cual Vilches había cerrado un negocio millonario: se comprometió a proveer a la firma con 2.930 kilos de oro a cambio de US$ 5,2 millones, que quedaron en garantía, en caso de que el comprador recibiera el oro y no cumpliera con el pago. Así reemplazó a la empresa de comercio internacional EFAD, la cual había sido su proveedor por muchos años. Desde la firma afirman que “les ofreció trabajar de forma más responsable y ordenada y que no percibieron nada irregular en su actuar”. Sin embargo, en enero de 2015 su abogada Catherine Lathrop, presentó una querella por estafa en contra de Vilches por apropiarse de los US$ 5,2 millones que Fujairah dejó en garantía en el Banco Santander, sólo para cobrarse en la eventualidad de recibir el oro y no pagar por él. El problema: “En vez de ocuparlo para la operación, Vilches se apropió del dinero que Fujairah dejó como garantía. El banco la ejecutó, porque él la utilizó para créditos propios”, explica Catherine Lathrop, quien señala que en la investigación descubrieron que la Mina Pura Fe, a la que Vilches aseguraba comprarle el oro, no existía a la fecha que comprometió la entrega y que incluso hoy no tiene producción.
Las primeras alarmas se encendieron por el salto que tuvieron sus empresas entre 2013 y 2014: porque de US$ 16 millones en 2013, los envíos al extranjero se dispararon a US$ 57 millones un año después, más de la mitad de lo que movió esa industria en 2014: US$ 100 millones.
Pero el tema es bastante más complejo que una estafa. El oro se contrabandeaba desde Perú, y se ingresaba oculto a Chile a través de una asociación ilícita con claras evidencias de lavado de activos, lo que le abrió las puertas a la Fiscalía para interceptar los teléfonos de Vilches y sus empleados y desenmarañar un complejo ovillo de una oscura organización cuyo centro de operación es un búnker en Recoleta, que tiene una pared de 4 metros, dos puertas blindadas con lector de huella digital, cortinas metálicas eléctricas, techo encementado y murallas de acero como medidas de protección.
Hoy Vilches acumula varias investigaciones: una en Arica por contrabando de oro; otra en Pudahuel, por declaración maliciosa de documentos aduaneros; una en la Fiscalía Oriente, por estafa, y la principal, y que agruparía finalmente a todas, que es la que inició Arias y que hoy está en manos de Tufit Bufadel, a cargo de la recién inaugurada Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.
“Logramos acreditar que los imputados conforman una asociación ilícita dedicada a lo menos, desde 2014, a la exportación de oro de contrabando a EE.UU., lo que nos tiene muy satisfechos, porque el tribunal calificó los antecedentes que aportamos como serios y abundantes”, dice Bufadel.
Un año de seguimiento
Luego de ser sorprendido en Arica, y a través de las escuchas telefónicas, el Ministerio Público logró detectar la nueva estrategia de Vilches: cambiar la entrada del oro desde Tacna, Perú, por El Paso Los Libertadores de Argentina para sortear así la vigilancia que se había desplegado en Arica.
Durante un año lo dejaron operar con el fin de desenmascarar su modus operandi, que incluía a un ciudadano argentino y otro chileno que internaban el oro al país, y a quienes la PDI sorprendió escondiendo los fajos de dólares en Alusa foil. Según la Fiscalía, esta operación era coordinada por su mujer, en cambio los que llevaban el oro a Miami eran su suegro y su cuñado, quienes aterrizaban allá por un par de horas, y volvían inmediatamente a Chile.
Aun cuando Harold Vilches insiste en que el oro es legal, y que proviene de monedas de oro nacional, hay un ingrediente que echa por tierra su versión. De acuerdo a los antecedentes que el propio Vilches ha entregado a Aduanas en sus declaraciones juradas, ha fundido unas 31 mil monedas de $ 100 pesos, un número que excede a las monedas de oro que circulan en el mercado nacional. De hecho, la última vez que se acuñaron monedas de cien fue en 1976 y sólo fueron 3.000.
Este veinteañero proveniente de una familia de estrato medio, en poco tiempo comenzó a amasar varios millones de dólares que le permitieron comprar al contado una casa en Chicureo por $ 600 millones, donde instaló a vivir a sus papás, y adquirió además otra casa de $ 110 millones en Tunquén que pagó con cash, a la que ha ido sólo una vez.
Dagoberto Muñoz, también formalizado en esta causa, es un punto estratégico en el negocio: es su empresa Kilates, creada en 2013, la que supuestamente le vende las monedas a Vilches. Pero según el Ministerio Público, esta es una empresa de papel: no funciona en ninguno de los domicilios que informa, no tiene empleados, y no le ha vendido a nadie más que a Harold Vilches: 32 de las 33 facturas que posee son para sus sociedades, aun cuando Muñoz se dedica a la mudanza de muebles y vender un puñado de monedas en el Café Haití.
Además, según los peritajes de la investigación, las monedas de oro tienen un 90% de oro, y 10% de cobre, mientras que las barras de Aurum y las demás sociedades contienen además plata y paladio, algo que Vilches explica que ocurre producto de la contaminación en el proceso.
Qué Pasa consultó a Marko Magdic, quien fue jefe del Departamento de Crimen Organizado y Cooperación Internacional del Ministerio del Interior durante la administración de Sebastián Piñera, y quien hasta esta semana figuraba como representante legal de Vilches, para obtener su versión sobre la investigación, pero Magdic se limitó a declarar que “esta semana él y Matías Schmidt —abogados que lideraron la defensa de Vilches— renunciaron a ella esta semana.
La red dorada
Harold Vilches, según ha podido determinar la Fiscalía, funcionaba más o menos así: ingresaba el oro oculto en gavetas desde Argentina y luego, a través de declaraciones maliciosamente falsas, lo exportaba a Estados Unidos como si éste fuera legal y como si fuera producto nacional, lo que claramente es falso. Además, lo ingresaba a Chile sin tributar, generando distorsiones, porque probablemente se había comprado a un precio bastante menor que el de venta, dado que provenía de la minería ilegal.
“El negocio de oro no minero se presta para eso: no hay obstáculos para comprar barato y vender caro, haciendo maniobras ilegítimas para lavar esa diferencia”, explica Felipe Muñoz, socio y gerente comercial de Aurica Metales, comercialización de divisas en metales preciosos para inversiones financieras, quien asegura que durante varios años “Vilches ha movido más que la Bolsa de Santiago, lo que al menos llama la atención”. En 2013, por ejemplo, las operaciones que se efectuaron en la Bolsa llegaron a $ 393 millones de pesos, mientras Vilches exportó a EE.UU. US$ 16 millones.
El Ministerio Público corroboró que Vilches efectuó 130 operaciones, entre 2013 y 2016, que incluían envíos de barras de oro al extranjero. Además de los 50 kilos —unos US$ 2,2 millones— que incautó Aduanas en mayo de 2014, un año después, en abril de 2015, le confiscó otros 20 kilos, unos US$ 1,2 millones, que intentaba sacar del país. Ambos envíos se encuentran resguardados en la Casa de Moneda, por un tema de seguridad.
La Fiscalía de Alta Complejidad de Occidente pudo acreditar que 10 de esas operaciones, efectuadas entre junio de 2015 y enero de 2016, son producto de contrabando: son 26 barras de oro, que pesan 117 kilos, e involucran montos por 4 millones de dólares, generando un perjuicio fiscal de $ 1.004.609.465. En la causa de Arica el perjuicio se empina a los $ 640 millones.
Harold Vilches provocó que Aduanas tuviera que modificar las normas de exportación: elevaron los requisitos respecto de la comercialización de oro en Chile que, a diferencia de las demás industrias mineras, tenía una normativa bastante débil: era un formulario que requería la sola declaración jurada ante notario de que el oro enviado al extranjero era legal.
La historia tiene un ingrediente más: el intento por ocultar el origen ilícito del oro, lo que configuraría el delito de lavado, el cual se efectuaba a través de la corredora de bolsa Essex, la cual está regulada por la SVS y pertenece a Luis Mella Pino. La dinámica: Vilches le transfería el dinero en cheques o transacciones en dólares, y Essex lo movía en el mercado cambiario. No existen pruebas de que en Essex estuvieran al tanto de la ilegalidad del negocio, y ni Mella ni nadie más enla corredora se encuentran imputados. En Essex sí cumplieron, como indica la ley, con informar de las operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.
Los próximos pasos
Harold Vilches provocó que Aduanas tuviera que elevar los requisitos respecto de las importaciones y exportaciones de oro en Chile que, a diferencia de las demás industrias mineras, tenía una normativa bastante débil: era un formulario que requería la sola declaración jurada ante notario de que el oro enviado al extranjero era legal. Desde enero de 2015 se les impuso como exigencia —incluido los otros metales preciosos como la plata y el paladio— un certificado de análisis químico, emitido por un laboratorio acreditado ante el INN, la exigencia de una completa descripción de las mercancías en las declaraciones de embarques, entre otras materias.
Su caso, además, tiene a varias instituciones mirando a la industria de cerca, porque las irregularidades podrían estar extendidas a otras empresas. Mientras tanto, Vilches está a la espera de la causa abierta en Arica, que lo formalizará por contrabando el lunes próximo. Además, pese a que la Fiscalía de Alta Complejidad acreditó delitos por asociación ilícita, delitos aduaneros y lavado de activo, la idea es insistir para que la Corte de Apelaciones cambie el arresto domiciliario por la prisión preventiva.
Además, podrían abultarse los delitos en contra de quienes participaban en esta asociación: esta semana el SII presentó una querella por delitos tributarios contra Dagoberto Muñoz, por presentar facturas ideológicamente falsas, lo que abre las puertas para investigar a Vilches por los mismos hechos.
*Actualización: Hoy la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados Scarlett Rivas Fuentes, Harold Vilchez Pizarro, Carlos Rivas Araya, Javier Concha Montes, Luis Mella Pino y Dagoberto Muñoz Paredes.
