El conflicto palestino-Israelí, el mar chino, la intervención militar francesa en Mali. A pesar de ser un país neutral, Suiza siempre está en medio de los conflictos más encendidos. Es que además de sus relojes y sus bancos, desde hace 20 años atrás el país más mediterráneo de Europa Occidental ha comenzado a ser reconocido por el resto del mundo como experto en mediación y en resolución de conflictos.
La historia se remonta a la década de los 70, cuando la construcción de plantas nucleares —todas ubicadas en su territorio de habla alemana— se enfrentó con la resistencia de la población. En el mejor de los casos, los proyectos quedaban bloqueados en los tribunales, pero en más de una ocasión se llegó a la violencia. Los atentados con explosivos y los sabotajes a las centrales habían dejado de ser poco comunes en un país que está acostumbrado al orden y las soluciones pacíficas. En este escenario, la mediación apareció como la solución más exitosa.
La mediación o resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) es un instrumento mediante el cual las partes en conflicto recurren a una tercera parte neutral que los asista en encontrar una solución antes de llegar a tribunales. El mediador no impone posturas ni dice lo que piensa, sino que facilita el intercambio de opiniones entre las partes y los incita a explorar otras soluciones. En términos simples, un mediador es un experto en saber escuchar y en hacer que otros se escuchen.
Esta es la fórmula que desde hace varios años atrás el gobierno Suizo, a través de su embajada en Chile, busca transmitir en nuestro país, y que se comenzará a materializar gracias a la firma de un acuerdo de colaboración entre la Universidad Católica y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, que empezarán a trabajar en un currículum conjunto para formar mediadores en resolución de conflictos ambientales, un tema que en Chile sigue pendiente.
En los últimos años, el conflicto con las comunidades locales se ha vuelto la tónica de los grandes proyectos de inversión en Chile. HidroAysén, Barrancones, Castilla, Pascua Lama: es larga la lista de proyectos mineros e hidroeléctricos que han sido bloqueados en los tribunales medioambientales de nuestro país. Según un mapa publicado en agosto por el Instituto de Derechos Humanos, hasta el año pasado se habían identificado 102 puntos de conflicto socioambiental a lo largo del territorio nacional.
Herbert Binggeli, rector de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna y experto en el tema, cree que es posible dar vuelta este escenario.
—Uno de los mayores malentendidos es que hay proyectos que no se pueden hacer. No puede existir un problema que no tenga solución, siempre se puede encontrar una salida—afirma el académico.
En Suiza, sin embargo, el camino no fue fácil. Para que funcionara, el gobierno sabía que era necesario que la mediación estuviera institucionalizada. Lograrlo les tomó dos décadas de prueba y error, donde el obstáculo más grande fue lograr que el instrumento tuviera legitimidad ante todas las partes.
Hoy, sin embargo, ser mediador es una profesión prestigiosa, y para ejercerla hay que estar acreditado por la Federación Suiza de Asociaciones de Mediación o por la Federación Suiza de Abogados, instituciones autónomas que ofrecen garantías tanto en la resolución de conflictos locales como en las grandes disputas internacionales.
La apuesta es llegar a algo similar en Chile.
Mediación a la chilena
Fueron los suizos los que tomaron la iniciativa. En 2013, el equipo de la embajada de Suiza en Chile comenzó a analizar en qué ámbitos podía fortalecer la colaboración con el gobierno. De aquel ejercicio nacieron proyectos como la comuna energética, con el que se está impulsando el uso eficiente de la energía en varias comunas de Chile, y el compromiso por aumentar las ERNC.
Compartir su experiencia en mediación también se volvió una de las prioridades, en línea con las misiones estratégicas del país en política exterior. En 2015, el Departamento Federal de Asuntos Internacionales de la Federación Suiza adoptó la resolución de continuar fortaleciendo el rol del país en mediación como un método para resolver conflictos en el mundo.
En este contexto, durante 2013 y 2014 invitaron a distintas figuras del mundo público y privado a viajar a Suiza para que tuvieran una primera aproximación a esta herramienta. La idea era que la experiencia los volviera embajadores del tema en Chile. Eduardo Bitran, Eduardo Engel, Luis Larraín y el director ejecutivo de Barrick Chile, René Muga, fueron algunos de los miembros de la delegación que recorrieron distintas ciudades para ser testigos de cómo en Suiza es posible llevar a cabo grandes proyectos de energía e infraestructura con el apoyo de la población.
En mayo de este año la embajada organizó junto a Valor Minero, y con el patrocinio de los ministerios de Energía, Minería y Medio Ambiente, un encuentro en Las Majadas de Pirque, donde profesionales de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna comenzaron a entrenar a los asistentes, por primera vez en suelo nacional, en habilidades de mediación socio-ambiental.
Pero faltaba dar un paso. La mediación sólo funciona cuando se institucionaliza, y para eso es necesario que la herramienta se pueda aprender y enseñar in situ. Entonces fue cuando la Universidad Católica, a través del Centro UC de Políticas Públicas, entró en el juego.
Con la asesoría de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna, el objetivo es ofrecer, en un par de años más, el primer diplomado en mediación en conflictos socioambientales de Chile.
No es la primera vez que la Católica se mete en este tema. Hace cinco años atrás lanzó, en conjunto con la Universidad de Queensland en Australia, un diplomado en Relaciones Comunitarias, que aborda las relaciones industria-sociedad. La idea es que ambos programas puedan complementarse.
—Necesitamos nuestros recursos naturales con una mirada de sustentabilidad. Pero cuando tú anuncias que viene un proyecto de minería, la construcción de una hidroeléctrica o una línea de transmisión, las comunidades tienen temor. Falta una instancia independiente que les dé confianza a las partes —explica Ignacio Irarrázaval, director del centro.
Los académicos tienen claro que el currículo chileno se debe que adaptar a las características de la realidad nacional. Por ejemplo, en muchos de los conflictos socioambientales están involucradas comunidades de origen indígena, cuyo sentido de pertenencia con el Estado chileno puede diferir. Para casos como estos, quedarse con la experiencia de Suiza no basta.
—La mediación no puede ser una imposición. Todas las partes tienen que estar dispuestas a participar. Por eso mismo, no puede ser un copy-paste. Vamos a ayudar a la UC para que pueda formar un currículo de mediación a la chilena —explica Binggeli.
Pura tradición
En junio de este año, el gobierno suizo inauguró con una gran ceremonia el túnel de base de San Gotardo, que con 57 kilómetros se volvió la galería ferroviaria más larga del mundo. La construcción tomó 17 años, no sólo por ser un desafío de la ingeniería —el túnel permite atravesar los Alpes en 20 minutos, con una profundidad máxima de 2.300 metros bajo las rocas—, sino porque la población tuvo la oportunidad de votar en tres referendos acerca del proyecto, el primero en 1992.
Parte del éxito que ha tenido la mediación para resolver conflictos de distinto tipo en Suiza se debe a que la participación ciudadana es una de las tradiciones más arraigadas en el país. Su origen data de 1848, cuando los 25 cantones que hoy forman el país decidieron unirse en la Antigua Confederación Suiza. Hoy esa tradición está respaldada de manera legal en la Constitución, donde está consagrado el derecho de la población a participar en la creación de políticas públicas.
Esto se logra a través de un sistema de cinco pasos claramente establecidos. Cuando un proyecto es creado por las autoridades, primero pasa a un proceso de consulta, donde participan las comunidades locales y otros grupos de interés. Con la ayuda de un mediador, lo que resuelvan tiene incidencia directa en el proyecto. Luego el proyecto es votado por el Parlamento, aunque la decisión final la tienen los ciudadanos, a través de un referéndum.
Los proyectos de inversión no están exentos de este mecanismo, explica Binggeli.
—Justo en este momento en Chile estamos en un proceso de modificación a la Constitución. En este sentido, para varios sectores darles más participación a los ciudadanos es sinónimo de caos. ¿Qué dice la experiencia suiza?
—Definitivamente, más participación significa más caos. Pero ahí es cuando entra la mediación. En una democracia la gente tiene que poder influir en la creación de políticas públicas a través de las mayorías. Y puede que tomen decisiones incorrectas, pero es parte del proceso. A veces hay que votar tres veces antes de llegar a un buen proyecto. Una democracia que funciona no siempre va a estar del lado ganador, a veces también toca perder.
—¿Y la gente va a votar en los referendos? Porque en Chile uno de los principales problemas es la tasa de abstención.
—Hay muchas votaciones, así que la gente vota sólo cuando le interesa. Es un error pensar que tienen que votar siempre. Y tal vez los chilenos no votan en las urnas, pero salen a la calle, que es algo muy poco frecuente en Suiza. Eso también es votar, votar con los pies.